Es normal que en las democracias modernas, los partidos políticos en coyunturas políticas formalicen alianzas electorales aun cuando existan entre ellos diferencias ideológicas, para proponer a un mismo candidato común o coaligado para competir en las elecciones en busca del voto para la conquista del poder público.
La decisión del Congreso del Estado de México de suprimir de la Constitución Local y del Código Electoral la figura de las candidaturas comunes, manteniendo las coaliciones, restringe y limita la libertad de asociación de los partidos políticos al cambiar sin pudor las reglas del juego democrático.
Las coaliciones electorales son más gravosas y más complicadas que las candidaturas comunes por la rigidez de los requisitos para conformarlas, perjudicando a los partidos integrantes con la reducción del financiamiento y porcentajes de votación.
La celeridad con la que actuó el congreso mexiquense, fue directamente proporcional al tamaño del temor del gobernador Enrique Peña Nieto a la posible alianza del PAN-PRD, para postular un candidato común a las elecciones de gobernador en 2011 en EDOMEX, y evitar así un paso en falso rumbo a los pinos.
La reforma legislativa aprobada evidencia un claro retroceso a los espacios de participación ciudadana alcanzados en la entidad mexiquense, y que ahora se pierden para beneficiar el proyecto personal del gobernador Enrique Peña Nieto, eventual candidato del PRI a la presidencia en 2012.
Las razones de la oposición para concretar esas alianzas en los hechos son tan variadas que van desde razones ideológicas de mera oportunidad y hasta pragmatismo político.
Pero para Enrique Peña Nieto “el crimen organizado y las alianzas son “grave amenaza” para la sociedad”.
De esa declaración se infiere que dicho gobernador pretende meterle miedo al electorado mexiquense con la intención de que en el 2011 y el 2012 sufraguen mayoritariamente por el PRI y sus candidatos, para conservar la gubernatura mexiquense y de paso recuperar la presidencia de la republica.
Por su parte el Diputado Adrián Fuentes Villalobos “autor” de la iniciativa de reforma dijo “la candidatura común sólo busca la ganancia electoral inmediata por lo que los triunfadores pueden asumir el cargo ganado sin obligarse a cumplir ningún compromiso ni con el electorado ni con los partidos postulantes”, adema de pretender “confundir al electorado”. En suma argumentos pueriles.
En la real politik la personalidad de Enrique Peña Nieto es un producto político de mercadotecnia más acabado de Televisa, un político con aspiraciones de divo del espectáculo del pop, alguien cuya vida, pública y privada, se modela y se moldea en algún set televisivo.
Pero de ahí a decidir que su voluntad se convierta en ley en el territorio mexiquense donde ejerce el poder, nos revela la otra parte de su personalidad despótica, autoritaria y antidemocrática que se rige por sus miedos y caprichos.
Negar la competencia, rechazar la posibilidad de perder, no en las palabras sino en los hechos, prohibir ganarles, eliminar de la manera más burda posible al adversario, esa es la lectura que deja lo sucedido en el Estado de México.
Los partidos políticos afectados con la reforma anunciaron la interposición de una acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para que declare infundadas dichas reformas controvertidas y en consecuencia dejarlas sin efecto.
En definitiva en los hechos la ley Peña Nieto es inconstitucional y antidemocrática; constituye una regresión al viejo régimen. Con la supresión de las candidaturas comunes el gobierno mexiquense convirtió sin proponérselo en el principal promotor de la coalición PAN-PRD. Pudo más el miedo y el capricho que la inteligencia política.
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