IMPUESTO A LA TENENCIA DE LOS BURROS.

Desde los tiempos del imperio romano, los excesos y la mala aplicación de los impuestos se asocian con tiranías, dictaduras y autoritarismo como el gobierno de Antonio López de Santana que llego a cobrar impuestos por la posesión de caballos, perros y demás animales domésticos.

Viene a cuento lo anterior porque el Congreso local de Sonora a propuesta del Gobernador Guillermo Padrés Elías, aprobó el aumento y creación de nuevas contribuciones entre otros destaca el impuesto a la producción, sacrificio y tenencia de ganado, particularmente la de los burros y otros equinos.

No cabe duda que a los congresos locales y a los gobernadores de las entidades federativas, pareciera que les tiene sin cuidado el futuro de sus poblaciones, endeudan sus haciendas públicas en el afán de salir bien librados en el corto plazo, se desempeñan como gobernantes ricos pero con gobiernos pobres, en tanto el Estado no tiene para pagar sus deudas, los funcionarios se incrementan y se dan una vida de lujo.

Tengamos presente que el gobernador panista Guillermo Padrés al igual que los políticos de otros partidos, en lugar de revisar las cuentas públicas estatales y municipales y fincar responsabilidades a los funcionarios del gobierno de Eduardo Bours para resarcir el daño patrimonial, se fue por la fácil, lastimar a la mayoría de la población con una la alza y nuevos impuestos, para pagar los intereses de la deuda, que evitaría la quiebra financiera.

Sobra decir que gobierno tiene todas las atribuciones y facultades para cobrarnos, imponernos obligaciones, crear ‘dolorosos pero necesarios’ nuevos impuestos y alzas a los establecidos, para cubrir los cráteres financieros dejados por sus antecesores, reconocer derechos y justas demandas a quienes no producen ni pagan y como buenos tecnócratas, cobran lo que ordena una computadora programada por ellos.

Está visto que la voracidad recaudatoria del gobierno sonorense no tuvo límites al pretender cobrar 100 pesos por tenencia de burros y caballos, en forma grotesca se manifestó el síndrome de santana, que generó en las redes sociales del Twitter y Facebook un alud de comentarios críticos y burlescos contra el gobierno estatal.

Como queda dicho, la noticia del cobro a burros y equinos en Sonora trascendió a nivel nacional. En gira por Nayarit, el titular de la Sagarpa, Enrique Martínez, dijo sentirse sorprendido sobre la pretensión de la entidad para gravar con 100 pesos por concepto de tenencia a los semovientes, caballos y burros.

Por otro lado la reforma fiscal promovida por Padrés ha provocado el rechazo de los sonorenses quienes han manifestado públicamente sus protestas en las principales poblaciones de Sonora, en contra del impuesto contribución del fortalecimiento municipal, la tenencia vehicular y el impuesto a la producción, sacrificio y tenencia de ganado asnal entre otros, afectan a la economía familiar.

Se dice que los gobiernos estatales y municipales tienen la necesidad de encontrar alternativas para mejorar el perfil de sus deudas y buscar la mejor manera de financiarlas. Al efecto algunas soluciones que se han planteado enfrentan dificultades legales, como la falta de definición y alcance del concepto inversiones productivas.

Del mismo modo es un error político tratar de sanear, la economía de las entidades federativas a través de la vía impositiva, máxime tratarse de una época de crisis económica y de seguridad, por lo que deben buscarse otros mecanismos para obtener otras fuentes de financiamiento y reducción del gasto corriente.

En definitiva el gobierno sonorense en su afán recaudatorio para salir de la quiebra financiera en que se encuentra el gobierno estatal, son capaces de extender el impuesto para cobrarle tenencia a perros, gatos y otras mascotas, además el Impuesto especial sobre puertas y ventanas, y porque no cobrar también por la luz natural y el aire que se respira.

lucarrso@hotmail.com

Twiter: @luiscarrs

AL FIN LIBERARON A FLORENCE CASSEZ.

Finalmente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación inmediata de la ciudadana francesa Florence Cassez Crepin, privada de su libertad desde hace siete años acusada de secuestro por la PGR a instancias de Genaro García luna Titular de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

Una observación importante, la 1ªSala no entró al estudio de la legalidad sobre la inocencia o culpabilidad de Cassez, sino a la constitucionalidad de los hechos derivados de las graves violaciones a los derechos humanos de la francesa, por parte de la AFI, registradas durante su detención y las horas posteriores a su presentación, suficientes para revocar la sentencia de 60 años de prisión y como consecuencia decretar su inmediata y absoluta libertad.

Aquí surge la pregunta obligada: ¿Cuáles son los derechos humanos fundamentales violados a Florence Cassez?

Son los derechos: A la presunción de inocencia; a la prohibición de incomunicación; al debido proceso legal; a contar con una defensa oportuna y adecuada; a contar con asistencia consular; a contar con un traductor competente, y a que la investigación sea imparcial.

La violación a esos derechos fundamentales produjo un efecto corruptor en la totalidad del proceso seguido en contra de Florence Marie Louise Cassez Crepin, viciando tanto el procedimiento en sí mismo como a sus resultados.

Florence Cassez no recibió el trato de no autora o no participe del delito de secuestro, ya fue que fue expuesta por Genaro García luna y Luis cárdenas Palomino repetidamente y a profundidad en un montaje mediático en Televisa y TV Azteca, frente a la sociedad, autoridad persecutora y victimas como la culpable del hecho delictivo, como una condena anticipada.

Así pues, al quedar demostrado que la entonces AFI y la PGR violaron la presunción de inocencia y no cumplieron con el debido proceso en el caso Cassez, no se podía saber si era culpable o inocente. Luego entonces “las personas que dicen ‘como es qué ya la liberaron si es culpable’, están diciendo una ocurrencia, como resultado de la manipulación mediática.

En cuanto las víctimas, deberá atendérseles, otorgándoles justicia mediante la certeza de castigo a los responsables mediante procesos judiciales claros y transparentes, no plagados de inconsistencias y violaciones de los derechos humanos, que constituyen vicios de origen que contamina el proceso, poniendo el riego la impartición de justicia a las víctimas.

No es de sorprender que en el contexto actual los vientos sexenales hayan cambiado, la decisión de la SCJN Corte de liberar a Florence Cassez fue jurídica y políticamente correcta, como tribunal constitucional hizo prevalecer el estado de derecho.

Por otro lado la sentencia de la SCJN es un golpe para el gobierno de Felipe Calderón, que defendió a Genaro García Luna y a Luis Cárdenas Palomino del montaje reconocido por ellos, armado para “presumir” el arresto de la banda de secuestradores de los “Zodiacos” y de la ciudadana francesa. Calderón defendió y ensalzó en todas las formas y en todos los tonos el trabajo de sus policías, provocando un conflicto diplomático con Francia.

Aquí viene otra pregunta a nuestra mente ¿Se procederá penalmente contra Genaro García Luna, señalado como autor del montaje mediático sobre la detención de Cassez, por haber actuado de manera irresponsable y haber fracasado, para ser sancionado?

Huelga decir que organizaciones sociales de defensa de los derechos humanos celebraron la decisión de la SCJN que concedió el amparo liso y llano ordenando la inmediata liberación de Florence Cassez, después de siete años prisionera acusada de secuestradora.

En cambio las organizaciones defensoras de la victimas como Isabel Miranda de Wallace de “Alto al Secuestro”, rechazaron el fallo de la corte diciendo que la SCJN abrió una puerta a la impunidad y Ezequiel Elizalde tachó a la justicia de una porquería. Sin detenerse a reflexionar que quienes impidieron se hiciera justicia a las víctimas no lo fueron los ministros de la Corte, sino García Luna y la PGR quienes violaron derechos humanos.

Del mismo modo Florence Cassez al llegar al aeropuerto Charles de Gaulle de París dijo a la televisora privada BFM “Creo que fui declarada inocente por la Corte que decretó mi libertad total y absoluta, hasta el último momento pensé que podía rechazar mi recurso judicial una vez más”.

En definitiva el fallo de la SCJN del caso de Florence Cassez evidenció los desaseos del sistema de justicia penal mexicano, sentando un precedente para los derechos humanos y una llamada de atención para el ministerio publico y policías investigadoras para proceder con eficacia y probidad en la integración de las averiguaciones y recabación de evidencias, para un debido procedimiento, para no hacer nugatorio el derecho de justicia a las víctimas.

lucarrso@hotmail.com

Twiter: @luiscarrs

LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE.

México vive una realidad caracterizada por la desigualdad social que profundiza la pobreza y que es producto del cambio del papel del Estado y de sus políticas económicas. En otras palabras el cambio del estado keynesiano al neoliberal que ha provocado el crecimiento acelerado del hambre y la pobreza extrema.

¿A qué viene lo anterior se preguntará el lector? Viene a cuento por la puesta en marcha en Las Margaritas, Chiapas, de la Cruzada Nacional contra el Hambre por el presidente Enrique Peña Nieto, que inicialmente beneficiaría a 7.4 millones de beneficiarios en 400 municipios del país, con altos niveles de pobreza extrema y carencia alimentaria.

Así pues la cruzada que lanzó Peña Nieto tiene como objetivo atender las necesidades alimenticias más urgentes y garantizar la producción futura de alimentos.

De tal manera consideramos que la Cruzada mediática con sus cinco ejes, no acabará con el hambre y la pobreza, si no está acompañado de un cambio radical de modelo económico, que se aparte del neoliberalismo excluyente, que ha caracterizado la política económica desde hace tres décadas, donde se ha observado un incremento apresurado de la desigualdad y la pobreza.

De ahí que Peña Nieto se en la Margaritas Chiapas se haya presentando con dos facetas, una de neoliberal con su tentativa de que participe la iniciativa privada en Pemex y a la otra de asistencialismo social para amortiguar a los pobres los efectos de la globalización de la economía.

Tengamos presente que el modelo neoliberal ha facilitado una concentración económica inusitada, acumulación capitalista basada en la liberalización del mercado, en la apertura al comercio mundial, en la quiebra de la industria nacional y el incremento de la desocupación.

En otras palabras no se terminará con la marginación extrema con más dadivas públicas, que profundizan las políticas paternalistas y clientelares del pasado.

Cabe señalar que vivir al día, con ingresos menores a los 20 pesos diarios constituye un atentado a la dignidad humana, una comida al día consistente en tortilla, café y algunas verduras para millones de niños es un agravio que no se debería permitir.

A ello habrá que sumarle la falta de agua potable, vivienda, salud, educación y sobre todo nutrientes para que el ser humano enfrente los retos que requiere la existencia y que hoy únicamente garantizan la subsistencia.

De tal suerte que México es un país con niños desnutridos y con enfermedades producto de la insalubridad, que no tiene futuro y mucho menos alternativa en el corto ni mediano plazo.

Por otro lado la desigualdad social va progresivamente deteriorando el tejido social, totalmente susceptible al incremento de la pobreza, que va formando un estado crítico fundado en la indigencia y la exclusión social, constantes de un modelo de vida tan salvajemente excluyente y selectivo.

De todo ello se desprende que el primer paso para derrumbar al neoliberalismo tendría que ser atacado en el centro de du linea de flotación, mediante una estrategia de redistribución de la riqueza, establecimiento de un nuevo impuesto sobre la riqueza o patrimonio de las familias más adineradas que va más allá del ISR, IETU o el IVA

En definitiva los pobres no deberían ser considerados objetos, sino sujetos del desarrollo que no necesitan más dádivas asistencialistas, sino la pobreza hay que erradicarla más poder, riqueza y empleo para poder participar activamente en la vida económica y política del país. Por lo tanto La verdadera cruzada debería ser en favor de la justicia social, no por el fortalecimiento del paternalismo y clientelismo de de siempre.

lucarrso@hotmail.com

Twiter: @luiscarrs

TRANSPARENCIA VS OPACIDAD.

La transparencia es la madre de la rendición de cuentas. El acceso oportuno a los registros del gobierno es la piedra angular de toda democracia. Sin este acceso, los ciudadanos son incapaces de vigilar las acciones y decisiones de sus gobiernos.

Viene a cuento lo anterior por la presentación pública que hizo el presidente Enrique Peña Nieto y demás servidores públicos federales de la declaración patrimonial, porque sentó las bases de un sano precedente, en materia de información y transparencia en México.

Al efecto, expresó el primer mandatario del país. “La transparencia será fundamental en la Presidencia Democrática que me he propuesto conducir. Es una obligación sustantiva para dar confianza a una sociedad mexicana más plural, más informada y más participativa”.

Cabe precisar que aun cuando el presidente no tiene obligación legal de hacer pública su declaración patrimonial, hubiera sido políticamente correcto darla a conocer con el valor de las adquisiciones de los bienes muebles e inmuebles y de las inversiones financieras, así como sus ingresos, para generar la credibilidad y confianza que requiere la sociedad en sus autoridades, para alejar la especulación y el sospechosísmo.

Por tanto la Sociedad tiene el derecho de conocer el contenido de la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos de México, de los bienes y valores con que cuentan, en relación con el salario, prestaciones, compensaciones, gastos de representación que perciben, con respecto al acceso al erario público, que inciden directamente en la función pública para evaluar el comportamiento patrimonial.

Como esta visto quienes ocupan puestos públicos y reciben remuneraciones económicas provenientes de los contribuyentes por la prestación de sus servicios, habrá que permitir a la ciudadanía fiscalizar la congruencia entre los ingresos de sus gobernantes y su patrimonio, de manera que sea fácil detectar cualquier desviación o mal uso del erario.

De ahí que sin verificación, un sistema democrático como el de México, estará mutilado, porque se podrá elegir a los gobernantes, pero ignorando si estos cumplen con su responsabilidad, con rectitud y honestidad. La discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos debe quedar atrás.

Así pues si no se conoce lo que los gobernantes hacen, y cómo lo hacen, la sociedad está impedida a fiscalizar su tarea. En la opacidad, los gobernantes y servidores públicos medran y preservan su impunidad. La declaración patrimonial pública de todos los servidores públicos tendrá que ser de un ejercicio común y rutinario

Empero cabe preguntar ¿Por qué el estado mexicano mantiene en secreto la situación patrimonial de los servidores públicos? La respuesta es porque el principio de secrecía está por encima del de transparencia, porque los que detentan el poder público consideran más útil y confortable el recurso de la opacidad e impunidad.

Porque además así lo establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que la publicitación de la situación patrimonial se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate.

Porque la información de la situación patrimonial será publica y estará disponible hasta por un plazo de tres años posteriores a que el servidor público haya concluido su empleo, cargo o comisión.

En las relatadas condiciones el régimen vigente de responsabilidades de los servidores públicos y de transparencia y acceso a la información a nivel nacional y estatal deberían renovarse, reformarse y actualizarse para cumplir sus objetivos en un Estado de Derecho, para prevenir y castigar la corrupción en el servicio público, que desnaturaliza la función encomendada, así como garantizar su buena prestación.

Por consiguiente oponerse a estas medidas propuestas es favorecer la opacidad, e iría en contra de la transparencia y el respeto a la ciudadanía.

En definitiva es necesario reformar la constitución, las leyes de responsabilidades y de transparencia y acceso a la información con nuevas bases jurídicas actualizadas para prevenir y castigar la corrupción en el servicio público, que desnaturaliza la función encomendada, así como garantizar su buena prestación.

lucarrso@hotmail.com

Twiter: @luiscarrs

LEY GENERAL DE VICTIMAS INOPERANTE.

Ley General de Víctimas recientemente promulgada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto es una norma legal porque paso todas las etapas del proceso legislativo, pero es inconstitucional, misma que resultará inoperante para proteger y salvaguardar las víctimas de algún delito y familiares de estas.

Al efecto de prisa, el Presidente de la República cumplió su palabra al poeta Javier Sicilia, promulgando tal cual la citada legislación, capitalizando políticamente el desistimiento de la controversia constitucional promovida por el gobierno de Felipe Calderón ante la Suprema Corte, aun cuando contuviera vicios de inconstitucionalidad e inviabilidad financiera.

De ahí que el presidente Peña Nieto reconoce que el citado ordenamiento jurídico es perfectible. De lo que se deduce que el gobierno actuó con prisa solo para complacer un capricho al poeta rebelde líder del movimiento paz y justicia.

¿Por qué decimos que esta nueva legislación es inconstitucional? porque el Congreso de la Unión no tiene facultades para emitir una Ley general que obligue a los Estados y municipios en esta materia. En otras palabras el congreso no tiene atribuciones para obligar a estados y Municipios en materia de protección de víctimas del delito.

Así pues, en lugar aprobar primeramente una reforma constitucional que facultara al propio congreso otorgándole atribuciones para obligar a las entidades federativas y ayuntamientos en materias de victimas se fueron por la fácil aprobando solo la ley.

Por tanto los delincuentes victimarios que hayan ofendido u causado menoscabo a sus víctimas, podrán eludir el pago de la reparación del daño, promoviendo un juicio de amparo para hacer nugatorios los derechos a las víctimas, todo ello como consecuencia de una ley inconstitucional. Al Hacer jurisprudencia La SCJN adiós ley de víctimas.

En cuanto una autoridad estatal o municipal que haya violado derechos humanos a los que quieran cobrar la reparación del daño, para no hacerlo les bastaría interponer una controversia constitucional ante la SCJN, que sin lugar a dudas traería como resultado el desaparecer la Ley de Victimas.

Por otra parte la Ley General de Víctimas no estableció las bases presupuestales ni reglas de subsidiaridad, ni los mecanismos para que el estado Pague a la Victima por el daño provocado por el delincuente, ni tampoco reconoce el derecho de las a las víctimas a reclamar la reparación del daño anteriores a la entrad de la vigencia de la ley.

De igual manera tampoco se previeron reglas de subrogación, en aquellos casos en que el Estado haya pagado a la víctima cierta cantidad de dinero por el daño que le causó un delito y posteriormente encuentra al delincuente y este tiene recursos económicos de acuerdo con la Ley de Victimas ya no podrá recuperar el dinero que pagó a la víctima.

Cabe también decir que a los constructores de la Ley de Víctimas que entrara en vigor el nueve de marzo del presente año, también se les pasó hacer la distinción entre daños causados por un delito y los causados por violaciones a los derechos humanos.

Por otro lado con la promulgación de dicha Ley, más allá de la inconstitucionalidad y del oportunismo político en su publicación, lo importante es que se dio un primer paso para la pacificación del país.

En definitiva la Ley de Víctimas es un catálogo de buenas intenciones para proteger, indemnizar y asegurar el derecho de la victimas y de sus familias, debido a su vulnerabilidad debido a que esta tachada de inconstitucionalidad e inoperatividad. En los hechos es una ley que nació muerta, que podría transformarse en una pesadilla

lucarrso@hotmail.com

Twiter: @luiscarrs

GOLPE DE ESTADO TECNICO DEL CHAVISMO

La crisis provocada por la enfermedad de cáncer que impidió al presidente venezolano Hugo Chávez juramentar el cargo para el nuevo periodo presidencial, pa el pasado 10 de enero, porque la asamblea Nacional le otorgo un permiso para ausentarse y el Tribunal Supremo de Justicia resolvió que la juramentación es un mero formulismo.

Está visto que el chavismo (Partido Socialista Unido de Venezuela) unido ha enarbolado una cuestionada y criticada interpretación al artículo 231 de la constitución venezolana, en el sentido de que la juramentación del presidente Hugo Chávez hoy es un mero formalismo pues se trata de un presidente reelecto, quien podrá hacerlo más tarde. Es decir, que todo se mantiene intacto.

Todo lo anterior no tendría nada de particular de no ser porque a la luz del artículo 231 de la constitución de Venezuela, juramentar la constitución constituye una obligación, una exigencia constitucional del presidente electo o reelecto y no un ritual o mero ceremonial protocolario.

¿Por qué decimos lo anterior? porque la citada disposición establece que presidente puede tomar posesión ante la asamblea el 10 de enero, la segunda parte del artículo dice que si por causas sobrevenidas el presidente no pudiese juramentarse ante la asamblea lo hará ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

De ahí que la hipótesis del numeral descrito parte del supuesto de que el dia 10 de enero las fracciones parlamentarias de la oposición de la asamblea nacional impidieran al presidente electo juramentar el cargo o que no se reuniera la asamblea, luego entonces el presidente rendiría su juramento el mismo diez de enero ante Tribunal Superior de justicia.

En la especie a Hugo Chaves no se le impidió rendir su juramento ante la asamblea nacional, ya que por enfermedad grave no le fue posible asistir a la asamblea nacional a la juramentación del cargo de presidente, configurándose la incapacidad física de Hugo Chaves como una falta absoluta que señala el artículo 233 de la constitución bolivariana.

Por tanto procedía que se encargara de la presidencia de la república Diosdado Cabello presidente de la Asamblea Nacional, convocar a una nueva elección en los treinta dias siguientes y no recurrir a las interpretaciones jurídicas simplistas del TSJ de considerar la juramentación como un mero formulismo en aras de la conservación del poder, apartándose de los métodos de interpretación sistemática, lógico deductiva e inclusive el literal.

Debemos suponer que la decisión del Tribunal Superior de justicia venezolano partió de una inducida interpretación errónea, sectaria y antidemocrática del texto constitucional solo con único objetivo de mantener la unidad del chavismo y como consecuencia mantener el poder.

Cabe señalar que al continuar en funciones el nuevo presidente de la republica bolivariana en las condiciones anotadas, no solo se violo la constitución, sino que el chavismo comandado por el vicepresidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello líder de la asamblea dieron un golpe de estado técnico por conducto de Luisa Estella Morales presidenta del Tribunal Superior De Justicia en un claro abuso de poder.

De tal suerte todo parece indicar que la acción golpista se genero por comodidad política para la continuidad del poder del chavismo sin Chávez y por el temor de someterse a la prueba de las urnas en una nueva elección ante una oposición fortalecida Con Henrique Capriles.

De igual manera la oposición considera que el texto constitucional fue violado por el TSJ y la Asamblea Nacional, al respecto ha anunciado acciones ante organismos internacionales para exigir el respeto del Estado de derecho si no se cumple esa premisa.

Al efecto la aspiración de todo estado de derecho consiste en lograr la vigencia real de sus ordenamientos jurídicos, cuyo fundamento es la propia constitución quien plasmo la obligación a los depositarios del poder publico a comprometerse a cumplir su contenido, siendo necesario que para tal exigencia los funcionarios se encuentren investidos del cargo por el cual deben rendir el juramento, toda vez que este equivale a la aceptación del mismo.

En definitiva la Asamblea Nacional y el Tribunal Superior de Justicia decidieron que la toma de juramento del cargo de presidente es una mera formalidad que no es necesario cumplir, Chávez sigue siendo el hombre al frente del gobierno y designa una suerte de suplente, violando todas las normas constitucionales y legales. Lo de Chávez es, sin duda, un golpe de Estado técnico.

lucarrso@hotmail.com

Twiter: @luiscarrs

LA REAPARICIÓN DEL EZLN.

La reaparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, coincidió con el fin del ciclo maya de la cuenta larga, realizada con la marcha de quince mil zapatistas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, otros veinticinco mil en Palenque, Altamirano, Ocosingo y las Margaritas, que forjó el retornó del zapatismo al escenario político nacional

Esta vez el EZLN marchó sin armas, compuesto por hombres, mujeres y niños que desfilaron pacíficamente y en silencio por las ciudades que ocuparon aquel 1º de enero de 1994, cuya presencia constituye un recordatorio al nuevo gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto respecto del problema no resuelto de la cuestión indígena.

Los tres comunicados del 1 de enero del Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) del EZLN tienen entre otros objetivos:

Reafirmar la presencia del zapatismo como organización política y social en Chiapas; tomar posición frente al nuevo gobierno del PRI y Peña Nieto, emplazar al nuevo gobierno federal o reincide en la política contrainsurgente o reconoce y cumple sus compromisos elevando a rango constitucional los derechos y la cultura indígenas contenidos en los Acuerdos de San Andrés.

Recuperar un papel dirigente en el Congreso Nacional Indígena; Anunciar la reasunción de los vínculos con las agrupaciones que en su momento se integraron al zapatismo a través de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y La Otra Campaña; buscar la vinculación con los nuevos movimientos y organizaciones que han aparecido en el periodo más reciente. Como al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y al #YoSoy132;

Cabe recordar que el entonces presidente Vicente Fox, fue quien envió la iniciativa de reforma constitucional para los derechos y la cultura indígenas elaborada por la COCOPA al Poder Legislativo, con base en los acuerdos de San Andrés, la cual fue hecha a un lado y se aprobó una reforma constitucional en materia indígena diferente, traicionando los referidos acuerdos de San Andrés.

Hoy, el EZLN refrenda frente al gobierno de Peña Nieto, su presencia social, realiza anuncios espectaculares, penetra en el flirteo y la luna de miel del presidente con diversos sectores de la sociedad política. Aspira cubrir el vacío dejado por la izquierda social, favorecido por el descredito de los medios de comunicación masiva y la amplia difusión de las redes sociales.

Por otro lado no se puede soslayar ni desconocer que la ausencia del zapatismo en los últimos seis años, lo alejó de muchos de los grupos que en 2006 se integraron a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, o bien éstos se debilitaron o disolvieron.

Está visto que los ataques a López Obrador por el sub Marcos y el mutis sobre la Política sangrienta de Felipe calderón sembraron en muchos grupos activistas la desconfianza en el zapatismo, y en particular de Sebastián Guillen Vicente, como factores reales de la transformación social, política y económica del país.

Ahora bien superar esas contradicciones y encontrar los puntos de convergencia con las nuevas expresiones del movimiento social de izquierda será el desafío inmediato para el zapatismo. Está claro y no hay lugar a duda de que, en el escenario del gobierno peñanietista los indígenas del sureste y sus aliados en todo el país serán de nuevo actores políticos a los que no se debería ignorar ni subestimar.

De ahí que para el EZLN son propicias para la acción política las condiciones actuales de desigualdad, pobreza, marginación y exclusión que prevalecen para amplios grupos sociales mayoritarios del país, que no sólo se han agravado sino que a ellas se han agregado la inseguridad y violencia delincuencial, que completan el cuadro de un Estado prácticamente fallido

Por tanto la prolongada desaparición de los zapatistas de la escena nacional provocó que en los últimos seis años ninguna fuerza del sistema político, llámese gobierno panista, PRI, perredismo o el grupo lopezobradorista, no hicieron alusión alguna en su discurso al zapatismo ni a los pueblos indígenas.

En definitiva la reaparición del EZLN y los comunicados del Comité Clandestino Revolucionario Indígena constituyen una demostración de la fortaleza de este movimiento surgido de las luchas de liberación nacional y manteniendo sus demandas de reivindicación y autonomía indígena. El sub Marcos, ajeno a los chantajes de los políticos se mantiene en la selva de Chiapas, esperando con paciencia a que las autoridades sepan dialogar.

lucarrso@hotmail.com

Twiter: @luiscarrs

ALZAS Y NUEVOS IMPUESTOS.

Una de las exigencias de la sociedad a la administración pública federal, estatal y municipal de México, es sobre el manejo eficiente y transparente del uso de los recursos públicos, que tiene como propósito fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía y grupos de interés que rodean la función pública.

De ahí que la opacidad y probable corrupción llevó a la mayoría de los ayuntamientos y entidades federativas, no tan sólo a gastar más de lo que recibieron, sino a comprometer ingresos futuros a través del endeudamiento de los que esperaban recibir en años venideros, amén de la posible desviación de recursos, ahora atraviesan por una profunda crisis financiera y que, no se ve por dónde sea posible resolverla.

Viene a cuento lo anterior porque una vez pasada la algarabía de las fiestas decembrinas los contribuyentes de las entidades federativas serán impactados por el aumento de impuestos o la sorpresa de tener que pagar nuevas contribuciones, porque a los gobiernos estatales y municipales les checaron pero no les cuadraron las cuentas de ingresos y al carecer de recursos no podrán hacerle frente a sus obligaciones.

Por ende no habrá dinero para canalizarlo a la inversión productiva, misma que quedaría relegada a segundo plano, ni mucho menos para el gasto corriente, ni tampoco para el pago de los inminentes vencimientos de deuda.

Cabe señalar que las finanzas estatales y municipales están en crisis. El incremento de la deuda de los estados con la banca comercial no ha dejado de crecer. Por lo que se tiene conocimiento que la mayoría de los municipios están quebrados, muchos no han pagado el agua, ni la luz haciendo crecer exponencionalmente la cartera vencida de la CFE.

De tal suerte que Estados como Nuevo León, Sonora y Coahuila entre otros, sus deudas son prácticamente impagables, por cierto esta última entidad comprometió con su deuda sus ingresos de tres generaciones futuras; y Municipios como Nuevo Laredo Tamaulipas y Benito Juárez en Quintana Roo, que se supondría ricos por sus ingresos aduanales y turísticos respectivamente también están muy endeudados.

Es así que muchos congresos estatales a propuesta de sus gobernadores establecieron aumentos de impuestos como el de nominas, predial, espectáculos públicos, y nuevas contribuciones como el impuesto Adicional a la educación, sobre la Extracción y Aprovechamiento de Materiales Pétreos, Tenencia de vehículos; Impuesto sobre Ejercicio de Profesiones. Derechos por Servicios de Prevención y Control de la Contaminación del Medio Ambiente.

En ese tenor de esas contribuciones destacan aquellas disfrazadas con justificaciones tan nobles como el gasto educativo o el apoyo a quienes más lo necesitan y en otros casos se revivieron algunos de los que habian suprimido, como el de la tenencia de automóviles, cuya eliminación resulto ser muy rentable políticamente, pero financieramente desastrosa.

Ahora bien, es necesario cubrir los cráteres financieros del sector público, pero se considera injusto que se recurra al expediente fácil de hacerlo como siempre tomándolos de los bolsillos de los contribuyentes cautivos, mientras los causantes actualmente disfrutan a sus anchas.

Del mismo modo los desordenes financieros de las entidades y ayuntamientos de la republica suelen ser fenómenos incubados en el tiempo producto de malas decisiones administrativas de los funcionarios que prohijaron con irresponsabilidad e impunidad estas bombas de tiempo económicas.

Por otra parte no pasa inadvertido que en el actual régimen, el gobierno federal controla los principales impuestos como el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto sobre la renta (ISR) y el Impuesto empresarial de tasa única (IETU) dejando a los estados y municipios impuestos de base impositiva muy reducida como el impuesto sobre nóminas, predial etc...

Está visto que el Del 100% de los ingresos por concepto de impuestos que se recaudan en México, alrededor del 95% lo recolecta el gobierno federal dejando sólo el 5% restante a los estados y municipios.

En cuanto a la ley de contabilidad Gubernamental, recién aprobada en teoría ayudará a meter en orden contable a los estados y municipios que amenazan con afectar la calidad de la vida los ciudadanos que no tendrán más remedio que pagar 2013, por lo que sus gobernantes, pasados, presentes y futuros no supieron o no quisieron o no les convino administrar con eficacia.

En definitiva los estados y los municipios necesitan más dinero, pero también deben recaudar más, por tanto urgen cambios profundos que modifiquen el sistema tributario estatal y municipal, para que además en estos órdenes de gobierno se haga uso de los recursos públicos de una manera más eficiente, con trasparencia y rendición de cuentas.

lucarrso@hotmail.com

Twiter: @luiscarrs