¿Se podrá reducir la pobreza?

Mientras los índices regionales de pobreza muestran el deterioro en la vida de los latinoamericanos, México proyecta las paupérrimas condiciones de marginación en las que sobrevive más de la mitad de su población, según las cifras oficiales.

De igual manera la distribución de la riqueza en México revela una gran contradicción. Por un lado, el país tiene a 11 de los hombres más ricos del mundo y por otro, a más de 50 millones de personas en pobreza.

Viene a cuento todo lo anterior por el programa de combate a la pobreza del presidente Enrique Peña Nieto, que como sus antecesores, lo colocó como eje fundamental de su gobierno, mediante la política pública “Cruzada contra el Hambre”, cuestionada por asistencialista y electorera, verbigracia caso Veracruz..

Huelga decir que este programa consta de dos fases: una primera denominada remedial para resolver las carencias inmediatas y la segunda mediante actividades productivas y de acceso a servicios y bienes, oportunidades de empleo, educación, mercado, que generen las condiciones para que los pobres salgan definitivamente de la pobreza.

Como podrá verse la Cruzada contra el hambre suena maravillosa, salvo un pequeño detalle, ya que repite las políticas asistencialistas implementadas en sexenios anteriores, desde repartir despensas hasta dinero en efectivo, sin faltar las ayudas para la producción.

Sin embargo a pesar de los enormes recursos invertidos por los gobiernos, los pobres están ahí, siguen aumentando geométricamente y un buen porcentaje de esos viven en pobreza extrema, donde millones de compatriotas siguen padeciendo hambre y muchas otras carencias.

De ahí surge la pregunta ¿A qué obedece la pobreza? La respuesta de entrada sería a la falta de dinero, para adquirir los bienes y servicios. Pero principalmente por el resultado de la estructura capitalista de dominación, explotación y exclusión, donde los conceptos de pobreza y desigualdad están inseparablemente ligados.

Tengamos presente que en México el combate a la pobreza ha fracasado porque la política social no ha tenido un desarrollo incesante permanece anquilosada, pues pasan los años y cambian los gobiernos y se transforman los paradigmas de la acción social, pero para los mexicanos las políticas públicas en esta materia continúan siendo las mismas.

Por otro lado se afirma que los programas para combatir la pobreza en el país, sólo sirven de pretexto o excusa para darle empleos y ocupación a pobretologos, legisladores y burócratas, para formar y sostener ONG y de paso conseguirles recursos nacionales e internacionales. Ellos en los hechos absorben más recursos que los que se le asignan a la población marginal.

Así pues tienen razón quienes afirman que el combate a la pobreza no es por la justicia social, sino por razones político-electorales, pues no existe voluntad política para resolver la pobreza, sino solamente una fachada para mantener la estabilidad política y la gobernabilidad; por razones económicas para el consumo de bienes y razones estéticas porque la pobreza se ve muy fea.

En otras palabras la sobrevivencia del sistema político.

Ahora bien, desde la óptica de la caridad, se entiende que las medidas sociales que se formulan para mitigar la pobreza, tienen un carácter asistencial-integrador. Por su naturaleza, aunque vengan disfrazadas por consideraciones de carácter compasivo-humanitario, están vinculadas a la función legitimadora de la organización social y de los poderes públicos.

En el mismo orden de ideas, tal parece que los programas 65 y mas, pensión a adultos y otros son una mala copia de la Renta básica, propuesta por Jan Timbergen en 1953 y Jacques Duboin en 1960, como alternativa al desempleo, cuando empezaron a notarse significativamente los efectos del paro estructural producido por los cambios tecnológicos.

Es así que a la Renta Básica también se le conoce como ingreso garantizado, ingreso básico, salario social, dividendo social o subsidio universal.

En definitiva la cruzada contra el hambre, para aquellos mexicanos que reciban este apoyo gubernamental, aliviara o mitigara su situación al menos por un tiempo. Se prevé que en México la pobreza y la indigencia a nivel nacional aumenten y por tanto el objetivo de terminar con la pobreza extrema en nuestro país, e incluso con el hambre, parece una misión imposible.

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El pacto herido de muerte.

Tamaulipas, México.- El gran desafío a la reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto particularmente la educativa, apuntaban al movimiento magisterial del Estado de Guerrero, pero lo cierto es que el affaire del caso Veracruz-SEDESOL se convirtió en un tropezón político que hirió de muerte al Pacto por México.

¿Por que decimos lo anterior? Se preguntará el lector.

Por lo ocurrido en Veracruz con la presunta utilización de dinero público a cambio de favorecer al PRI electoralmente, circunstancia que es condenable por lo que tienen razón los partidos en demandar castigo a los responsables, como ya se hizo administrativamente con el cese fulminante del Delegado de la SEDESOL y otros funcionarios que hicieron mal uso del programa.

Sin embargo para el PAN ni para el PRD, esto no fue suficiente, insisten en el juicio político contra Rosario Robles para que sea castigada penalmente, lo mismo que contra el gobernador Duarte de Ochoa y los demás implicados en la operación de los fondos de los programas sociales de Sedesol, que pretendían desviarse o que ya se habrían desviado, para la compra de votos a favor del PRI en Veracruz.

En esas condiciones el PAN despues de la denuncia optó por retirarse de los eventos del Pacto por México, agravándose más la situación cuando el presidente Enrique Peña Nieto le dijo a su colaboradora titular de la SEDESOL:

“Rosario, no te preocupes Hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa ganar las elecciones”. El presidente fue leal con su subordinada, pero con esa protección le pegó a la linea de flotación del Pacto, el mayor logro de su gobierno.

De tal suerte que el incidente no escapo de la mirada internacional, el diario británico más influyente, el Financial Times, que tanto ha elogiado a Peña Nieto por sus reformas, considera que el mayor golpe que su gobierno ha recibido ha sido la decisión de no lanzar el día que se había anunciado la reforma financiera.

De acuerdo con el editorial del citado matutino la misma se pospuso, para que el equipo de EPN y el PRI tengan tiempo de negociar con el PAN y el PRD la cabeza de Rosario Robles. Agregando, que “incomprensiblemente el presidente no quiere cortar, a pesar de que ella se ha convertido en un factor de ingobernabilidad”.

Cabe subrayar que la denuncia panista está sustentada en video grabaciones, donde se escucha sin lugar a dudas la forma en que sucedieron los hechos en Veracruz, con la presunta anuencia del gobernador de la entidad, el cuestionado Javier Duarte de Ochoa, quien igual que la secretaria de Sedesol, está envuelto en el mismo escándalo político.

Extrapolándolo los hechos a otras entidades federativas, los albiazules afirman que lo mismo que en pasó en Veracruz, estará aconteciendo en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Por otro lado la crisis del Pacto por México aun no está del todo superada, según lo admitió el titular de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong. Quien se reunió con los partidos políticos para generar un esquema de vigilancia del uso de los recursos gubernamentales para evitar que estos sean utilizados en las elecciones.

En cuanto al espaldarazo que Peña Nieto le dio a la titular de Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, Osorio Chong destacó la pronta reacción del Gobierno de aplicar medidas correctivas.

Ahora bien a Doña Rosario Robles, se le podrá acusar justa o injustamente, para el caso resulta irrelevante saber si ella es inocente o culpable de cualquier conducta indebida que se le atribuya, pero políticamente ha afectado el gobierno de Enrique Peña Nieto por tratarse del mayor problema que ha enfrentado.

Por su parte la dirigencia del PRD reaccionó indignada, las tribus perredistas declararon persona non grata a Rosario Robles y la aludida se defendió en el Senado donde hablaba de sí misma dado que en las cintas no se menciona a la secretaría de Desarrollo Social, “No tengo por qué renunciar... Rosario Robles para nada está involucrada.

Es conveniente señalar que el PAN carece de autoridad moral para denunciar del mal uso de los recursos públicos, porque hizo lo mismo que ahora condena, pero llamando la atención del hecho de que no se tenga memoria en los anales políticos de una acusación de manipulación electoral tan bien sustentada.

Previo al problema de Veracruz, el PAN ya estaba descontento con el gobierno de Peña Nieto, por la liberación de Noé Ramírez Mandujano y del general Tomás Ángeles Dauahare que ha exhibido al gobierno de Felipe Calderón no solo como ineficiente, sino como arbitrario e irresponsable. De ahí que aprovecharon la crisis de Rosario Robles para pasarle la factura a Peña Nieto.

En definitiva resulta difícil de pronosticar las repercusiones, de la denuncia y las fisuras que han herido de muerte el Pacto por México, que podrían quedar en el anecdotario político si Peña Nieto retoma la hechura de estadista, al reposicionar de nuevo el citado Pacto y en el corto plazo deshacerse de lo que no ha funcionado, en el presente caso de Rosario Robles Berlanga.

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EL CONFLICTO MAGISTERIAL POR LA REFORMA EDUCATIVA.

Tamaulipas, México.- El propósito fundamental de la reforma constitucional del artículo 3º, es recuperar y fortalecer la rectoría del Estado mexicano en materia educativa, esencial para superar los retos de este sector; para lograr un estado eficaz para el desarrollo nacional y de suyo el fortalecimiento del poder ejecutivo.

Viene a cuento lo anterior por la rebeldía de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), expresada con medidas de presión como el bloqueo de la Autopista del Sol, el cierre de comercios, la invasión de las instalaciones del Congreso local y otras, logrando que los diputados guerrerenses aceptaran la propuesta de reformas a la Ley de Educación de Guerrero.

El conflicto de la reforma educativa se centra en que el Estado condiciona la obtención de una plaza y la permanencia de los docentes a mecanismos de evaluación independientes; a lo que la CNTE se opone, luchando por mantener el sistema actual vía la creación de instituciones locales de evaluación, lo que va en contra del espíritu del 3º constitucional.

Aquí surge la pregunta obligada ¿Por qué el Constituyente no incluyo en la reforma del artículo 3º, la exigencia de calidad educativa a los maestros de las Universidades Públicas donde la evaluación no les condiciona la permanencia en la docencia?

Tengamos presente que por mandato constitucional y por razones históricas es obligación del Estado garantizar y proporcionar educación a todos los habitantes del territorio nacional.

Esta función no es un acto filantrópico, tiene como objetivo político asegurar la permanencia en el tiempo del grupo hegemónico gobernante representativo de la clase social dominante, a través de la formación ideológica de los individuos desde la más corta edad.

Además tiene como propósito filosófico elevar la calidad de la educación, por medio del aprendizaje que permita desarrollar las capacidades de los alumnos para resolver problemas, vivir en democracia y promover el valor y la actitud para el auto aprendizaje.

Así como la intención económica de la reforma que apunta a la necesidad social de elevar la calidad y la competitividad de la mano de obra productiva y ejecutiva que permita al país desempeñarse con éxito en el contexto de la globalización.

Por su parte la CNTE es una organización de izquierda, conformada por los trabajadores de la educación democráticos del país, independientemente de la burguesía y su estado, del charrismo sindical y de cualquier organismo político.

En ese tenor los maestros se consideran abanderados de la sociedad marginada, y una parte de ésta los apoya en Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas y como consecuencia pretende ser interlocutora nacional respetada, y rechaza las "campañas mediáticas" en su contra.

Tampoco pasa inadvertido que los maestros de la Coordinadora son los mejor pagados que los del SNTE, quienes gozan de mayores prestaciones y también quienes menos trabajan y tienen los peores desempeños en términos de las evaluaciones educativas.

Esa condición de privilegios la han conquistado a través de la lucha sindical y de acciones de resistencia lícita e ilícita y demás radicales métodos de presión, en estos tiempos actuales convendría hicieran una reflexión sobre sus métodos de lucha y un profundo ejercicio de autocrítica. De ahí que la coordinadora no ha sumado el apoyo de otros sectores moderados de la sociedad.

Sin embargo, no se puede soslayar que en el conflicto que hoy mantiene la CNTE, es posible reconocer en sus planteamientos una propuesta ideológica diferente a la del Estado contenida en la reforma educativa elevada al rango constitucional.

Al efecto los maestros de enseñanza básica de los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas afiliados a la CNTE proponen un modelo educativo alternativo para cada una de esas entidades donde reconozcan las autoridades locales las diferencias culturales y de lenguaje de las comunidades indígenas.

Esta es la posición de la CNTE de Guerrero, que exige al Poder Legislativo cambios en la ley estatal de educación que les permita poner en práctica programas y planes de estudio para “construir ciudadanos con capacidad crítica, que sepan analizar su realidad, que no estén programados para insertarse en una realidad neoliberal y explotadora, sin pensamiento crítico para transformarla.

El Congreso del Estado de Guerrero y el magisterio de la entidad preparan por segunda ocasión un sistema educativo que va en contra de la reforma recientemente aprobada a nivel nacional. Esta propuesta que podría ser votada en el Congreso esta misma semana, contempla la implementación de un sistema de evaluación que, en ningún caso, ponga en riesgo la permanencia de los maestros.

Las movilizaciones de la CNTE contra la reforma educativa, cuyo aterrizaje en leyes reglamentarias aun está pendiente. Subsisten preguntas: ¿cómo resolver el grave problema de la educación de los maestros? ¿A dónde van a ir a actualizarse los profesores que no puedan evaluarse? ¿Se creará la acción afirmativa magisterial en otra legislación? ¿Recogerán las propuestas de la CNTE?

En definitiva para el caso de aprobarse las iniciativas de reforma a las leyes estatales de educación de Guerrero por su congreso locales, que están en franca contradicción con el artículo 3º de la constitución, es procedente la acción de inconstitucionalidad por parte del procurador general de la Republica para invalidarlas.

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DEUDA DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS

Tamaulipas, Mexico.- El eficaz manejo de la deuda pública es un tema fundamental en la salud de las finanzas de los gobiernos estatal y municipal de México, registran endeudamiento excesivo en relación a sus posibilidades reales de pago, han hipotecado el futuro de sus entidades y la estabilidad financiera de sus ciudadanos.

Viene a cuento lo anterior por la reforma constitucional de los artículos 73 y 117 recién aprobada por el Senado de la Republica para regular y transparentar la contratación de deuda de estados y municipios, evitar la corrupción, creando el sistema único nacional de registro de empréstitos y obligaciones de los tres niveles de gobierno.

Otro aspecto relevante de la iniciativa es el establecimiento de un sistema de alertas de adeudos, que obliga a los tres órdenes de gobierno a inscribir y publicar el total de sus créditos; además, los gobernadores y alcaldes no podrán heredar deuda de los créditos a corto plazo.

Abordando también la reforma otras cuestiones, como la de asegurar que no se comprometan en exceso ingresos futuros en detrimento de la población, que requiere de buenos gobiernos con recursos suficientes para atender a sus necesidades.

Está visto que la falta de transparencia, la velocidad del crecimiento exponencial de la deuda pública y pasivos que tienen las entidades federativas y municipios del país, puede convertirse en un grave problema macroeconómico, debido a que muchas obligaciones financieras estatales se encuentran fuera de control, por consiguiente un colosal incremento de la deuda nacional de manera peligrosa.

Así pues el endeudamiento es consecuencia de una dinámica donde los estados y municipios cada vez gastan más, desvían recursos, disminuyen sus fuentes de ingresos, cada vez recaudando menos, situación difícil de sostener en el largo plazo, ya que se trata de un problema estructural que no puede ser resuelto con un mero incremento en los recursos federales que reciben.

Cabe señalar que las participaciones en ingresos federales derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal resultaron ser una garantía o fuente de repago segura y líquida para los acreedores, y en esa medida ha atraído la oferta de crédito.

Sin embargo el hecho de que la garantía con participaciones federales reduzca a un mínimo el riesgo para el acreedor, nada dice de los efectos catastróficos que puede tener para el estado y municipios el verse privado de una parte sustancial de sus ingresos y no tener recursos con qué pagar su gasto corriente.

Por todo ello hoy se puede afirmar que el sobreendeudamiento de entidades federativas y municipios constituye un grave riesgo para el sano desarrollo económico del país.

Razón por la cual deben de responder aquellos gobernadores y alcaldes de todos los partidos políticos que contrataron deuda a ritmos desproporcionados, algunos a última hora antes de concluir su encargo y otros que coincidieron con los tiempos político electorales y unos más que se salieron de control sin explicar razones amparando su silencio en las “soberanías” estatales.

Por otro lado, si algo se debe aprender de la crisis financiera internacional, y de las que han sufrido países como Brasil y Argentina, que en ausencia de una regulación adecuada, la “mano invisible” de los mercados fue insuficiente para establecer los límites prudentes de las actividades de financiamiento.

Junto a todo esto, el sector público, además de los riesgos apuntados, al comprometer flujos futuros significa restar recursos disponibles a ejercicios y administraciones subsecuentes y, en esa medida, corre el riesgo de no poder atender necesidades y prioridades posteriores, incluidas situaciones de crisis y emergencia que sobrevengan con el paso del tiempo.

En el mismo orden de ideas se considera un error conceptual de los gobiernos estatales, y municipales concebir a los empréstitos como fuente normal de sus ingresos, como si se tratara de contribuciones fiscales y no como un recurso excepcional complementario y además violando la constitución contratan empréstitos para gasto corriente y no para inversiones productivas.

Ahora corresponde a la Cámara de Diputados avalar o cambiar la minuta que le envió el Senado de la República. Al respecto Francisco Arroyo Vieyra presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sostuvo que de acuerdo con el Artículo 72 constitucional es una facultad “primigenia” exclusiva de la Cámara de Diputados legislar en materia de empréstitos y no del Senado.

En ese tenor Arroyo Vieyra advirtió que la Cámara de diputados regresara la minuta al Senado por invasión de funciones legislativas. Aunque se trata de una reforma constitucional y no de una ley secundaria podría presentarse una controversia constitucional ante la Corte o en aras de economía legislativa, los diputados del PRI esperaran la linea de los pinos.

En definitiva la federación con la reforma constitucional y su ley reglamentaria tendrá “dientes” para obligar a los gobiernos estatales y municipales a presentar sus cuentas adecuadamente y sin trucos. Tomando en cuenta que internamente los estados carecen de presión, por la inexistencia de un auténtico contrapeso de parte de los congresos y poderes judiciales locales.

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CAMPO MEXICANO SIN PROSPECTIVA

Tamaulipas, México - Sin sector agropecuario fuerte, México no podrá tener una economía vigorosa, constituyendo aquel un puntal estratégico para el crecimiento económico del país.

Viene a cuento lo anterior por el resultado del experimento neoliberal, donde la "tierra prometida" resultó ser un espejismo, reflejado en la actual crisis financiera global. Una de las víctimas de ese modelo económico sin lugar a dudas es el campo mexicano.

De ahí que el agro mexicano este descapitalizado, endeudado, improductivo, semiabandonado golpeado por la sequia y con altos niveles de pobreza, sin prospectiva para proyectar escenarios futuros posibles de la actividad agropecuaria y determinar su probabilidad para planificar las acciones necesarias para evitar o acelerar su ocurrencia.

En suma una notoria ausencia de estrategia de visión a largo plazo, expresada en el estancamiento y la profundización de la dependencia de importaciones alimentarias y los graves rezagos sociales.

Incuestionablemente la excesiva normatividad ha servido de obstáculo para combatir la corrupción y la opacidad en la aplicación de los recursos, en programas que permiten ocultar desvíos hacia grandes empresarios y pago de peaje a organizaciones corporativistas carentes de legitimidad y representación del sector.

Tengamos presente que la política rural y de fomento fue diseñada conforme las premisas del TELECAN, es decir con los compromisos aceptados. En otras palabras el capitulo agropecuario del tratado no fue diseñado en interés de la agricultura mexicana, sino a la de su extinción.

Así pues mmejorar la calidad de vida rural mediante el combate a la pobreza y a la desigualdad, más allá de la cruzada nacional contra el hambre, debe ser el objetivo central del gobierno federal y del Congreso de la Unión, a través de una vigorosa política pública de fomento a la productividad, rentabilidad, generación de empleos y de riqueza.

Cabe señalar que para lograrlo se debe contar con instrumentos de política de fomento agropecuario, como las que se han insinuado en programas como el de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades y otros, pero que carecen de recursos suficientes para explayar sus bondades.

Como consecuencia se debe instituir un sistema de precios de garantía o soporte, espejo del estadounidense, que en parte está presente en algunas regiones y cultivos con el sistema de precios objetivo, pero se necesita generalizarlo para todo México y los principales cultivos y productos pecuarios básicos.

Ahora bien y a riesgo de tacharnos de Estatolatras, los precios de garantía constituye un instrumento de política agrícola no del pasado, sino del presente y del futuro, mismo que se encuentra en la ley agrícola de Estados Unidos que aplica no sólo a granos y frutas, sino también a productos pecuarios incluida la leche.

Es conveniente observar que en la legislación de la materia no se contempla una política pública con nuevas bases de desarrollo y modernización del campo, que sin prospectiva y sin estrategia de largo alcance, correrá la misma suerte que las políticas y leyes ya derogadas.

De tal suerte que las políticas de la apertura comercial, beneficiaron a ciertos segmentos de la agricultura empresarial, pero tuvieron poco o nulo impacto en la inmensa mayoría del agricultor medio y del campesinado pobre. Es urgente hacer un replanteamiento estructural del problema del campo mexicano, con soluciones de fondo para no poner en riesgo la gobernabilidad y la soberanía alimentaria.

En definitiva, México requiere de una política de fomento agropecuario, para responder al reto dual de elevar la producción interna de alimentos, reducir sus importaciones agropecuarias crecientes y aliviar el problema de pobreza rural, además de disminuir una de las válvulas expulsoras de la población mexicana hacia Estados Unidos.

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ASISTENCIALISTA EL COMBATE A LA POBREZA.

Tamaulipas, México.- Para vivir y desarrollarse, la sociedad necesita producir bienes materiales. No se puede dejar de producir, como no se puede dejar de consumir. Dia tras dia, año tras año, las gentes consumen pan, carne, leche y otros alimentos, así como también usan ropa, calzado y otros artículos.

¿A qué viene lo anterior se preguntará el lector? Viene a cuento por los cuestionamientos de que ha sido objeto “la Cruzada Nacional contra el Hambre” el programa social del gobierno de Enrique Peña Nieto, en el sentido de ser asistencialista y electorero.

Al efecto el asistencialismo es un modelo que privilegia la improductividad; se otorga a aquellas personas que tienen mayor problema de pobreza e inseguridad; de ahí que los programas que se tienen son de corte asistencial, de suyo son destinados a privilegiar la ineficiencia.

Por tanto resultará difícil por no decir imposible acabar o reducir en su caso el hambre y la pobreza, sin la redefinición de una política donde el estado asuma su ineludible responsabilidad social en la materia que considere a los pobres como sujetos y no objetos del desarrollo, que les eleve su nivel de vida mediante la inducción y apoyos de actividades productivas y culturales.

En otras palabras no se terminará con la marginación extrema con más dadivas o caridad pública o privada, si previamente no se va acompañado de un cambio radical de modelo económico, que se aparte del neoliberalismo excluyente que profundizan las políticas paternalistas y clientelares del pasado.

Una tendencia a la privatización de esta función estatal, a través de dos caminos: la "teletonización" y la "onogeneización" de los programas sociales, a través del Teletón y ahora la Cruzada con la participación de empresas trasnacionales como Pepsico y Nestlé. Totalmente coherentes según Rosario Robles titular de SEDESOL.

Está visto que “Ayudar a los pobres” es un negocio que solo funciona si hay pobres. Un negocio del que viven muchas organizaciones e instituciones, con el que los gobiernos se conservan en el poder, y que a numerosos empresarios les sirve para no pagar o ahorrarse sus impuestos, o fortalecer su imagen.

En tanto gobiernos, como partidos políticos hegemónicos, pero también empresas, fundaciones, parroquias, periodistas, investigadores, y muchos otros, lucran con la pobreza ajena.

Hasta ahora se han estado firmando convenios con distintos gobiernos de los estados para implementar la estrategia con apoyos estatales y municipales, además de otros acuerdos con organizaciones sociales, universidades y empresas privadas.

Por otro lado cabe señalar que vivir al día, con ingresos menores a los 20 pesos diarios constituye un atentado a la dignidad humana, una comida al día consistente en tortilla, café y algunas verduras para millones de niños es un agravio que no se debería permitir.

A ello habrá que sumarle la falta de agua potable, vivienda, salud, educación y sobre todo nutrientes para que el ser humano enfrente los retos que requiere la existencia y que hoy únicamente garantizan la subsistencia.

De tal suerte que México es un país con niños desnutridos y con enfermedades producto de la insalubridad, que no tiene futuro y mucho menos alternativa en el corto ni mediano plazo.

En definitiva México vive una realidad caracterizada por la desigualdad social que profundiza la pobreza y que es producto del cambio del papel del Estado y de sus políticas económicas. El cambio del estado keynesiano al neoliberal que ha provocado el crecimiento acelerado del hambre y la pobreza extrema.

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LA CNTE RIESGO DE VIOLENCIA.

La violencia, los bloqueos interminables, el ostensible desinterés por los derechos de terceros, han confirmado que el mayor desafío que enfrenta la reforma educativa para transformar la educación en México, no lo era Elba Esther Gordillo sino la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

Viene a cuento lo anterior por la acción de la policía federal de desalojar y recuperar la autopista del Sol (México-Acapulco), bloqueada por maestros de la CNTE, que protestaban contra la reforma educativa, no obstante los diversos intentos de negociación que precedieron por parte de las autoridades.

Cabe decir que los líderes de la CNTE reprobaron esta acción del Gobierno de Peña Nieto, con el argumento retorico: “Protestar es un derecho. Reprimir es un delito”. Aunque por suerte no hubo desgracias que lamentar, salvo 8 policías lesionados y 5 maestros detenidos.

Si bien es cierto que el operativo policiaco resultó exitoso, el mismo no resuelve la cuestión política y social de fondo. Por lo que se corre el riesgo de que el conflicto pueda salirse de control, por tanto la coordinadora podría radicalizar la movilización y extenderla más allá de los puntos actuales, así como tratar de desestabilizar al gobierno, aunque con muy bajas probabilidades de éxito.

En ese tenor existe el riesgo de que el conflicto pueda derivar en violencia si la CNTE siga asumiendo que sus posiciones son absolutas y que por tanto, cualquier medio para satisfacerlas está justificado.

De ahí que se ponga en riesgo la estabilidad política y por ende la gobernabilidad del país, amén de dejar como resultado más odios, más resentimientos y más detenidos con un alto costo político para el gobierno federal y para la oposición sindical.

Otra opción de la CNTE consistente en encontrar un espacio político para hacer valer su representación político social. Para tejer a futuro una reforma de gran calado. De no revertir la reforma educativa crear la acción afirmativa magisterial en otra legislación.

Por otro lado existen voces de que el gobierno no debe enviar mensajes de debilidad por que corre el riesgo de que le tomen la medida. Porque si prevalece la impunidad habrá coordinadoras por todo el país. Si las reprime se las verá consigo con las ONG de derechos humanos Internacionales.

Despues del desalojo las negociaciones continuaron en Gobernación pero no tuvieron éxito. Los integrantes de la disidencia magisterial no sólo trastocaron el tráfico en la Ciudad de México, sino que ya amenazaron con un paro nacional.

En cuanto a libre manifestación es un derecho humano consagrado en las constituciones liberales como la de México. Por lo que los maestros de la CNTE están en su pleno derecho de protestar o manifestarse públicamente en contra de la reforma educativa, pero sin atacar los derechos de tercero, provocar un delito o perturbar el orden público.

De ello se deprende que dicho derecho humano no faculta a los maestros de la CNTE a bloquear la carretera México-Acapulco, afectando a miles de automovilista, transportistas y a la economía de las familias que viven del turismo en Guerrero.

Por lo tanto con esa acción de bloqueo los integrantes de la CNTE violaron la garantía constitucional de libre tránsito e incurren en el delito contra las vías generales de comunicación y por ende pueden ser objeto de inquisición judicial.

Tengamos presente que la Reforma Educativa como todas es perfectible. Hay cuestiones interesantes a debatirse como el multiculturalismo de México y de qué manera eso podría resultar afectado por una evaluación universal.

Como consecuencia en cualquier caso debe agotarse el diálogo, conciliar exigencias, sin llegar a adoptar el viejo principio de la negociación el “del Todo o Nada” sino el del “Gano Ganas”.

En definitiva en una sociedad plural y compleja como la mexicana, es imposible dejar contentos a todos y a cada uno de los sectores. En el caso de la CNTE hay exigencias que no se pueden ni deben ser admitidas, por tanto dichas exigencias no es pretexto ni motivo suficiente para recurrir a la violencia.

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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: ¿INUTILIDAD?

Tamaulipas, México.-  Como acontece cada seis años, con el inicio de la nueva administración del Gobierno federal, comenzó la realización de foros de consulta ciudadana para definir el proyecto de país, que se pretende construir durante el sexenio, a través de un instrumento conocido como el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Cabe decir que el régimen capitalista mexicano, practica la planeación indicativa, cuyo objeto es orientar, coordinar la política del sector público y proporcionar y sugerir objetivos coherentes de producción e inversión a las principales ramas de la economía, sin sustituir las decisiones de la empresa privada, en un sistema de economía de mercado o economía mixta.

De ahí que la planeación indicativa se aplica de manera directa en el sector público e indirecta en el sector privado. El carácter indicativo de la planeación esta dado en función a su propósito fundamental, que es el sostenimiento del régimen de propiedad privada y de libre empresa. En otras palabras del capitalismo.

En teoría el Plan Nacional de Desarrollo es una herramienta técnica que guía y orienta a los actores sociales y económicos, determinando cuales son los principios, objetivos, metas, políticas, y estrategias deseables y posibles que permitan acelerar el crecimiento y desarrollo del país de economía capitalista.

En ese tenor la formulación de dicho documento, obedece a un mandato que se introdujo en el reformado artículo 26 de la Constitución a propuesta de Miguel de la Madrid, primer presidente neoliberal, en la especie para la elaboración del PND, el gobierno está obligado a realizar una autentica consulta a la ciudadanía.

En el terreno concreto las limitadas propuestas ciudadanas presentadas en los foros de consulta, las recaban un grupo de burócratas, luego las desecharán, para finalmente darle forma al plan que apriori tiene hecho el gobierno federal.

Al efecto el Presidente Enrique Peña Nieto desde que tomo posesión el 1º de diciembre del año pasado, anunció su plan basado en propuestas de campaña, que incluyen un Programa de Prevención del Delito, una Cruzada Contra el Hambre, un Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia y un Programa Nacional de Infraestructura y Transporte, entre otros.

Enseguida vinieron los 95 compromisos del Pacto por México que firmó Peña Nieto con el PRI, PAN y PRD y que contiene el acceso universal a los servicios de salud, seguro de desempleo, escuelas de tiempo completo, computadoras portátiles con conectividad, un Programa Nacional de Becas, red troncal de telecomunicaciones.

Así como también se incluyó la inversión de 1% del PIB en ciencia y tecnología, la ampliación del crédito de la banca de desarrollo y el establecimiento de una Gendarmería Nacional. Amén de reformas estructurales como la educativa ya aprobada, y la de telecomunicaciones, hacendaria y energética, por legislarse.

Entonces, cabe preguntar ¿para qué convocar a la ciudadanía a participar en foros de consulta para la elaboración del PND? La respuesta lógica seria: Solo para cumplir con un mandato legal y constitucional.

Ahora bien en la práctica los foros de consulta resultan un ejercicio inútil y oneroso, amen las miles de horas hombre empleadas, miles de ponencias, copias fotostáticas, equipos de presentación, millones de hojas de papel gastadas, terminando en un documento secundario, en un conjunto de buenas intenciones, en un catálogo de aspiraciones, solo para cumplir con una disposición normativa.

Pongamos como ejemplo los recientes foros celebrados en materia económica, donde no se analizaron las características económicas, políticas e ideológicas del actual modelo de desarrollo neoliberal, en otras palabras no se examinó la viabilidad de este modelo económico, ni se discutieron nuevas estrategias de reorientación económica para alcanzar el desarrollo nacional.

De igual modo en todas estas experiencias de planeación, los diferentes gobiernos se han comprometido a través de sus respectivos planes, a darle solución a los problemas económicos nacionales más apremiantes, entre los que han destacado la necesidad de impulsar un crecimiento económico sostenido, que permita la generación suficiente de empleos bien remunerados.

Tengamos presente que los resultados obtenidos por los diferentes gobiernos en las últimas tres décadas han sido no solamente magros en el mejor de los casos, y en el peor, lejos de abatirse estos graves rezagos, se han agudizado sin que se vislumbren a la fecha síntomas claros de solución.

Por otro lado en opinión de especialistas expresan que previo a la elaboración, instrumentación e implementación del PND, así como la aprobación de reformas estructurales es impostergable contar primeramente con seguridad en todos los ámbitos de la vida ciudadana del país, que padece la violencia delincuencial.

En definitiva los expertos en planeación y análisis de la cuestión gubernamental deberían profundizar, reflexionar y cuestionar, el PND, las medidas de política que el gobierno de Peña Nieto ha ido adoptando, estudio que abordarían conforme a las categorías: Estado, administración pública, planeación y análisis de gestión.

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LA CONTRARREFORMA EDUCATIVA

Tamaulipas, México.-  Acertaron aquellos que señalaron que el enemigo principal de la Reforma Educativa aprobada por el Congreso de la Unión y promovida por el Presidente Enrique Peña Nieto, no lo era Elba Esther Gordillo, sino la radical Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). 

Viene a cuento lo anterior por la acción del gobernador de Guerrero Ángel Aguirre de enviar al Congreso local una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Educación, que contraviene la reforma educativa federal en lo que se refiere a la evaluación educativa y a la asignación de plazas, como resultado de los plantones, paros de labores y bloqueos a carreteras realizados por la CNTE.

De ahí que la iniciativa, fue formulada a modo de la CETEG, donde se establece que la evaluación que realicen las autoridades de Guerrero no pondrá en riesgo la permanencia laboral de los trabajadores de la educación entre otras prestaciones.

Está claro, la contrarreforma educativa propuesta es consecuencia de la presión de poderes fácticos como la CNTE, que "convencieron" al Gobierno de Guerrero para el diseño de un marco jurídico adoc, que les permitiese eludir o evitar la evaluación y demás obligaciones impuestas por la reforma educativa federal.

En los hechos se trata de una simulación jurídica, de una estrategia en donde siguiendo las formalidades legales del proceso legislativo, se quiere darle salida al conflicto negociando la ley, pero violentando los principios constitucionales básicos del estado mexicano para beneficiar a intereses de grupo. Es decir creando una legislación educativa estatal legal, pero anticonstitucional.

Así pues, con la inminente aprobación a la reforma a la Ley de Educación local, el gobernador y legisladores dejarán en evidencia el consciente olvido y menosprecio de la supremacía constitucional que establece el artículo 133, ya que irresponsablemente se pretende constituir un régimen de excepción que de suyo deja a la vista múltiples anticonstitucionalidades.

Cabe decir que los Gobernadores de Guerrero y Oaxaca y sus diputados locales soslayaron intencionalmente o por ignorancia, que para modificar su ley estatal de educación, esta debe estar en consonancia plena con los principios constitucionales, por lo que no son válidas las disposiciones que limiten, maticen diluyan o menoscaben esos principios contenidos en la reforma educativa federal.

De tal manera que para los mandatarios de esas entidades federativas, la protesta constitucional de guardar y hacer guardar la Constitución, así como las leyes que de ella emanen, solo es un requisito molesto, un protocolo más sin consecuencias jurídicas ni políticas.

De tal suerte que para los “constructores” de la ley, no debe significar que todo lo que establezca las leyes reglamentarias aprobadas, por ese solo hecho sean constitucionales. A menos de que el fondo se trate de una simulación jurídica para salir bien librados del problema.

Por tanto los diputados del Congreso de Guerrero que llegasen a aprobar las reformas a la ley estatal de educación propuesta por el mandatario Aguirre, incurrirían en un fraude a la constitución, al utilizar las vías jurídicas e institucionales para trastocar y vaciar de contenidos los principios constitucionales.

Por otro lado en Oaxaca se vive una situación similar a la de Guerrero, debido a que los docentes también realizan presiones y actos de protesta para que los diputados de aquella entidad aprueben una reforma educativa que considere la autoevaluación sin que se ponga en riesgo la permanencia de los maestros.

En consecuencia los serios problemas estructurales del sistema educativo y los escenarios de desorden y confrontación generados por el magisterio deben encontrar una solución negociada dentro del marco de la ley, o en su caso la aplicación de las condiciones generales de trabajo por parte de las autoridades.

En ese tenor los Maestros de la CETEG, ya amenazaron al Congreso del estado con radicalizar sus protestas a un rumbo mucho más agresivo si no se les aprueba su contrarreforma, que les garantice sus derechos laborales y su intervención directa en la evaluación docente y de normalistas, agravando el conflicto con claros signos de anarquía e ingobernabilidad.

En definitiva para el caso de aprobarse las iniciativas de reforma las leyes estatales de educación de Guerrero y Oaxaca por sus congresos locales, que están en franca contradicción con el artículo 3º de la constitución, es procedente la acción de inconstitucionalidad por parte del procurador general de la República para invalidarlas.

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