La Iglesia católica constituida como uno de los poderes facticos reales más protagónicos del escenario político mexicano, ha enfocado su acción política a la pervivencia de sus afanes teocráticos.
Es larga y complicada la historia de las intervenciones de la Iglesia católica en la vida pública del país. Hay marcas profundas, acontecimientos sangrientos y una separación entre el Estado y las iglesias que forma parte de nuestra historia.
A diferencia de otras leyes, la de separación tiene una amplia aceptación en la cultura política de la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, cada vez que hay reformas legales contrarias a las directrices eclesiásticas la jerarquía católica toma posiciones, se abren los litigios y la polarización.
Viene a cuento lo anterior por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República, en contra de la ley que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de infantes por parte de dichas parejas del DF, generando otra ofensiva del clero contra tal determinación.
Los ministros de la SCJN concluyeron que las bodas gay y la adopción de infantes por estas parejas no vulneran ninguna disposición constitucional ni van en contra del concepto de familia que protege la Carta Magna.
La resolución del la SCJN no obliga a las entidades federativas a cambiar su legislación, pero sí a reconocer oficialmente el estado civil de personas del mismo sexo que se casen en el DF.
Así mismo el máximo tribunal hizo un llamado a evitar todas las formas de discriminación y a buscar que impere la tolerancia y se preserve, ante todo, un Estado laico en el país.
En cuanto a las reacciones de intolerancia y discriminación expresadas por el cardenal Norberto Rivera, Obispos en los estados como Antonio González y hasta párrocos locales como Roberto López, calificando la validez constitucional de dichos matrimonios como aberrante, antinaturales e inmorales respectivamente.
Lo que ha representado un gran logro para el reconocimiento de libertades y el respeto pleno a los derechos humanos de todas y todos en el DF, pinta de cuerpo entero el fanatismo y fundamentalismo del cardenal Norberto Rivera, quien parece decidido a continuar coartando los derechos y libertades de los homosexuales.
Norberto Rivera, llama “aberrante” a una Ley que reconoce una realidad y otorga garantías de libertad e igualdad a todas y todos. Aberrante es lo que sucede frente a él como “líder” de la Iglesia católica. Aberrante es que discrimine a las personas por su preferencia sexual.
Aberrante es que ante el VIH-Sida, la Iglesia se oponga al uso del condón y la educación sexual. Aberrantes son algunas relaciones de poder que muchos religiosos tienen con altos personajes de la clase política. Aberrante es la impunidad en la que se mantienen miles de casos, de abuso sexual infantil.
En una sociedad democrática no es válido recurrir a la descalificación, del que piensa diferente, se puede diferir pero respetando las ideas de otros, e impulsando las instituciones, para erradicar homofobias, intolerancias y discriminaciones. Tal pareciera que los mexicanos no estamos preparados aun para la democracia.
La misión de la Iglesia católica no es criticar lo que la sociedad, de forma libre y consensuada, decide en cada momento. El mundo de hoy, no tiene nada que ver con el de hace quinientos años. Ni cincuenta tampoco.
En relación al estado laico vale la pena citar el pensamiento el general juarista el coahuilense Andrés Saturnino Viesca “Un Dios en el cielo, una patria en la tierra" no implica que sea inevitable la confusión de los reinos, de los imperios con las iglesias, de la política y la religión, de la Iglesia y del Estado”
Por otro lado resulta realmente lamentable y atentatorio al estado laico, el consentimiento y tolerancia del Gobierno Federal para que la Jerarquía católica se entrometa en los asuntos políticos cuando les está expresamente prohibido por la ley.
La libertad de expresión para el clero está limitada por el artículo 130 constitucional, que establece que los ministros de culto “no podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”.
En cambio los ciudadanos tienen todo el derecho de expresar su opinión, a oponerse a cualquier ley que se discuta y apruebe en este país y eso no los convierte en traidores a la patria ni a las instituciones.
En definitiva donde hay una religión de Estado o se favorece a una religión no hay democracia. Por lo que el gobierno federal y el congreso de la unión deben hacer un llamado a las iglesias a “no dividir a la sociedad” y a no pretender imponer su concepción moral de la vida a toda la población, independientemente de aplicarles la ley por violar la constitución y por atentar contra el estado laico.
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