Cuando funcionarios municipales victorenses hablan de implementar operativos en los rubros de de prevención como, el radar, alcoholímetro y películas de protección solar, fundamentados en el Reglamento de Tránsito para el Municipio de Victoria, y ediles como el regidor Eduardo Fuentes Hernández proponen reformar algunos artículos, pasan por alto su inconstitucionalidad
¿Por qué decimos lo anterior? Porque el Reglamento de Tránsito es un ordenamiento autónomo e independiente de Ley de Transito y Transporte, que contiene un amplio contenido normativo en materia de transito y vialidad, lo que en rigor se trata de una ley sin haber pasado por el proceso legislativo del Congreso.
Acorde al artículo 115, de la Constitución Federal, las legislaturas de los estados son las que tienen facultades para legislar en todo lo relativo a los municipios, por lo que esas facultades de ninguna manera pueden delegarse a los ayuntamientos municipales por qué romperían el principio de la división de poderes.
Los ayuntamientos solo tienen la facultad de expedir reglamentos que tengan por objeto la ejecución de una ley y por excepción los reglamentos autónomos como los de policía y buen gobierno cuando estos no regulan ni afectan garantías individuales, limitándose a cuestiones meramente de control sin afectar derechos.
El Ayuntamiento puede reglamentar en forma autónoma lo relativo al tránsito, en cuanto se trate de cuestiones meramente técnicas de control de la circulación, estacionamiento, etcétera, pero no puede expedir normas que afecten o menoscaben en cualquier forma los derechos constitucionales de los gobernados.
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El Reglamento de Tránsito para el Municipio de Victoria es un reglamento autónomo sin ley a reglamentar y como tal no puede ni debe ser materia de afectación de los derechos constitucionales de los gobernados en relación con su libertad, propiedades y posesiones, como el alcoholímetro, radar, retención de vehículos, placas, tarjetas de circulación y retiro de películas de protección solar.
Confirmando lo anterior, el citado reglamento en la consideración cuarta de su exposición de motivos, establece que la Ley de Tránsito y Transporte y el Reglamento de Tránsito y Transporte dejarán de aplicarse en el municipio de Victoria, una vez vigente, el presente Reglamento de Tránsito de Victoria.
Más allá de tratarse de un reglamento autónomo el ayuntamiento de victoria se excedió en el uso de la facultad reglamentaria. Incurriendo en una violación indebida al principio de separación de poderes, al expedir el ordenamiento ejerció facultades legislativas, reuniendo los dos poderes en uno, lo cual está prohibido.
En definitiva el reglamento de Tránsito para el Municipio de Victoria de fecha 19 de junio de 2007, es a toda luz inconstitucional y en contra de su aplicación como el caso la desposesión, alcoholímetro y demás prohibiciones y obligaciones procede el juicio de amparo ante el juzgado de distrito en el estado.
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martes, 28 de septiembre de 2010
viernes, 24 de septiembre de 2010
INCOMPATIBILIDAD LEGISLATIVA
La incompatibilidad legislativa consiste en la prohibición de que un legislador desempeñe simultáneamente dos empleos o cargos distintos, por establecerlo así el principio de separación de poderes, el de la independencia de los poderes y el de la pluralidad del órgano legislativo.
Viene a cuento lo anterior con motivo de la autorización a los diputados electos para ocupar otro cargo y de la reintegración de los legisladores que resultaron electos como alcaldes y otros con licencia por otros motivos.
Los diputados del Congreso de Tamaulipas, pusieron nuevamente de relieve la descomunal ignorancia jurídica al conceder autorización a diputados electos para ejercer un cargo administrativo, sin tener facultades expresas en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Congreso y peor aun sin que todavía hayan tomado protesta para desempeñarse como legisladores para el periodo 2011-2013
A los “constructores de la ley”, les pasó de noche el principio jurisprudencial de que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite.
En ese orden fueron “autorizados” Oscar Almaraz Smer, Amelia Vitales, y Rosa Muela, para reintegrarse a los cargos que ocupaban antes de ser candidatos como secretario de Finanzas, coordinadora de Desarrollo Social en el Ayuntamiento de Reynosa y regidora en el Cabildo de Tampico respectivamente.
Griselda Carrillo Reyes, Marta Jiménez salinas y José Luis Hernández Castrellon en tanto asumen su responsabilidad como legisladores, tomaron posesión como coordinadores de Unidos Avanzamos en Altamira, San Fernando y Valle Hermoso, respectivamente.
La realidad es que de acuerdo con el artículo 125 constitucional los legisladores electos no les está prohibido, ni requieren de autorización del congreso para ocupar un puesto administrativo antes de tomar posesión.
De acuerdo con el “criterio” de los legisladores también los alcaldes electos requerirían de un permiso de los Ayuntamientos respectivos para regresar a sus curules como diputados en funciones después de haber solicitado licencia para participar como candidatos a puestos de elección popular.
En cuanto a los legisladores electos solo tienen una incompatibilidad moral, ya que al tener la representación de todos los tamaulipecos envían el mensaje de que los principios de independencia, imparcialidad y respeto a la división de poderes poco o nada interesan. En tanto los alcaldes electos y legisladores con licencia al reintegrase a su curul solo lo hacen por razones presupuestiveras.
Por otro lado en este período de sesiones se reintegraron para ocupar sus curules los diputados que solicitaron licencia: Miguel Manzur Nader, Magdalena Peraza Guerra y Jorge Díaz Casillas. El primero candidato priista perdedor ante la neo panista Peraza Guerra por la alcaldía del municipio de Tampico y el último derrotado precandidato panista, a la mencionad alcaldía porteña.
Esta situación de incompatibilidades prevalece en el poder legislativo federal y estatal, que ha derivado en una perversión del cargo de representación, violentando no sólo la voluntad del ciudadano que ha designado a sus representantes por virtud del voto, sino que se genera incertidumbre en la integración y estabilidad del propio órgano Legislativo.
Cuando sin causa que justifique gravedad, cualquier legislador en funciones, partiendo de intereses particulares deja su cargo para desempeñar cualquiera otro en beneficio propio o de una institución distinta a la que pertenece, pero además con la facultad de regresar cuando lo decida o cuando sus intereses personales así lo dicten.
En una democracia como la nuestra, con un Poder Legislativo debilitado, gozando del los índices de desprestigio más bajos, no se puede continuar con dicha práctica.
Por otro lado existen otras incompatibilidades no reguladas como profesión jurídica, la dirigencia de sindicatos, la participación en empresas que prestan servicios remunerados al Estado, entre otras, las cuales pueden vulnerar el desempeño óptimo de la labor legislativa.
La doctrina señala tres tipos de incompatibilidades legislativas: 1) jurídico- positivas, 2) materiales y, 3) éticas
Las dos primeras son aquellas establecidas por una norma constitucional con base en la división de poderes, así como las dispuestas por leyes ordinarias.
En efecto el artículo 125 constitucional establece: Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la Federación y otro de un Estado que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar.
Las Éticas son las impuestas por las normas morales y por el concepto de buenas costumbres según la idea política dominante en la sociedad, estas carecen de sustento positivo expreso y su marco varía según las épocas, las costumbres y las personas.
Por lo que se hace indispensable que los legisladores asuman su responsabilidad en la representación de los intereses de los tamaulipecos. De ahí que se hace necesario reformar el régimen de incompatibilidad legislativa a nivel federal y local para modificar el régimen de licencias.
En definitiva se propone una enmienda legislativa en el sentido de que para ejercer un cargo distinto al de Diputado o Senador, según sea el caso, ya no habrá licencias, sino una autorización de la Cámara respectiva, para que el legislador ejerza su nuevo cargo o puesto pero cesando sus funciones representativas definitivamente, llamándose desde luego su suplente para concluir la legislatura, dando con esto certeza jurídica a los ciudadanos sobre quien los representará hasta el fin de la legislatura y mayor formalidad en la función del legislativo.
Twiter.com/luiscarrs
Viene a cuento lo anterior con motivo de la autorización a los diputados electos para ocupar otro cargo y de la reintegración de los legisladores que resultaron electos como alcaldes y otros con licencia por otros motivos.
Los diputados del Congreso de Tamaulipas, pusieron nuevamente de relieve la descomunal ignorancia jurídica al conceder autorización a diputados electos para ejercer un cargo administrativo, sin tener facultades expresas en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Congreso y peor aun sin que todavía hayan tomado protesta para desempeñarse como legisladores para el periodo 2011-2013
A los “constructores de la ley”, les pasó de noche el principio jurisprudencial de que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite.
En ese orden fueron “autorizados” Oscar Almaraz Smer, Amelia Vitales, y Rosa Muela, para reintegrarse a los cargos que ocupaban antes de ser candidatos como secretario de Finanzas, coordinadora de Desarrollo Social en el Ayuntamiento de Reynosa y regidora en el Cabildo de Tampico respectivamente.
Griselda Carrillo Reyes, Marta Jiménez salinas y José Luis Hernández Castrellon en tanto asumen su responsabilidad como legisladores, tomaron posesión como coordinadores de Unidos Avanzamos en Altamira, San Fernando y Valle Hermoso, respectivamente.
La realidad es que de acuerdo con el artículo 125 constitucional los legisladores electos no les está prohibido, ni requieren de autorización del congreso para ocupar un puesto administrativo antes de tomar posesión.
De acuerdo con el “criterio” de los legisladores también los alcaldes electos requerirían de un permiso de los Ayuntamientos respectivos para regresar a sus curules como diputados en funciones después de haber solicitado licencia para participar como candidatos a puestos de elección popular.
En cuanto a los legisladores electos solo tienen una incompatibilidad moral, ya que al tener la representación de todos los tamaulipecos envían el mensaje de que los principios de independencia, imparcialidad y respeto a la división de poderes poco o nada interesan. En tanto los alcaldes electos y legisladores con licencia al reintegrase a su curul solo lo hacen por razones presupuestiveras.
Por otro lado en este período de sesiones se reintegraron para ocupar sus curules los diputados que solicitaron licencia: Miguel Manzur Nader, Magdalena Peraza Guerra y Jorge Díaz Casillas. El primero candidato priista perdedor ante la neo panista Peraza Guerra por la alcaldía del municipio de Tampico y el último derrotado precandidato panista, a la mencionad alcaldía porteña.
Esta situación de incompatibilidades prevalece en el poder legislativo federal y estatal, que ha derivado en una perversión del cargo de representación, violentando no sólo la voluntad del ciudadano que ha designado a sus representantes por virtud del voto, sino que se genera incertidumbre en la integración y estabilidad del propio órgano Legislativo.
Cuando sin causa que justifique gravedad, cualquier legislador en funciones, partiendo de intereses particulares deja su cargo para desempeñar cualquiera otro en beneficio propio o de una institución distinta a la que pertenece, pero además con la facultad de regresar cuando lo decida o cuando sus intereses personales así lo dicten.
En una democracia como la nuestra, con un Poder Legislativo debilitado, gozando del los índices de desprestigio más bajos, no se puede continuar con dicha práctica.
Por otro lado existen otras incompatibilidades no reguladas como profesión jurídica, la dirigencia de sindicatos, la participación en empresas que prestan servicios remunerados al Estado, entre otras, las cuales pueden vulnerar el desempeño óptimo de la labor legislativa.
La doctrina señala tres tipos de incompatibilidades legislativas: 1) jurídico- positivas, 2) materiales y, 3) éticas
Las dos primeras son aquellas establecidas por una norma constitucional con base en la división de poderes, así como las dispuestas por leyes ordinarias.
En efecto el artículo 125 constitucional establece: Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la Federación y otro de un Estado que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar.
Las Éticas son las impuestas por las normas morales y por el concepto de buenas costumbres según la idea política dominante en la sociedad, estas carecen de sustento positivo expreso y su marco varía según las épocas, las costumbres y las personas.
Por lo que se hace indispensable que los legisladores asuman su responsabilidad en la representación de los intereses de los tamaulipecos. De ahí que se hace necesario reformar el régimen de incompatibilidad legislativa a nivel federal y local para modificar el régimen de licencias.
En definitiva se propone una enmienda legislativa en el sentido de que para ejercer un cargo distinto al de Diputado o Senador, según sea el caso, ya no habrá licencias, sino una autorización de la Cámara respectiva, para que el legislador ejerza su nuevo cargo o puesto pero cesando sus funciones representativas definitivamente, llamándose desde luego su suplente para concluir la legislatura, dando con esto certeza jurídica a los ciudadanos sobre quien los representará hasta el fin de la legislatura y mayor formalidad en la función del legislativo.
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martes, 21 de septiembre de 2010
REFORMA DE PEÑA NIETO
Es normal que en las democracias modernas, los partidos políticos en coyunturas políticas formalicen alianzas electorales aun cuando existan entre ellos diferencias ideológicas, para proponer a un mismo candidato común o coaligado para competir en las elecciones en busca del voto para la conquista del poder público.
La decisión del Congreso del Estado de México de suprimir de la Constitución Local y del Código Electoral la figura de las candidaturas comunes, manteniendo las coaliciones, restringe y limita la libertad de asociación de los partidos políticos al cambiar sin pudor las reglas del juego democrático.
Las coaliciones electorales son más gravosas y más complicadas que las candidaturas comunes por la rigidez de los requisitos para conformarlas, perjudicando a los partidos integrantes con la reducción del financiamiento y porcentajes de votación.
La celeridad con la que actuó el congreso mexiquense, fue directamente proporcional al tamaño del temor del gobernador Enrique Peña Nieto a la posible alianza del PAN-PRD, para postular un candidato común a las elecciones de gobernador en 2011 en EDOMEX, y evitar así un paso en falso rumbo a los pinos.
La reforma legislativa aprobada evidencia un claro retroceso a los espacios de participación ciudadana alcanzados en la entidad mexiquense, y que ahora se pierden para beneficiar el proyecto personal del gobernador Enrique Peña Nieto, eventual candidato del PRI a la presidencia en 2012.
Las razones de la oposición para concretar esas alianzas en los hechos son tan variadas que van desde razones ideológicas de mera oportunidad y hasta pragmatismo político.
Pero para Enrique Peña Nieto “el crimen organizado y las alianzas son “grave amenaza” para la sociedad”.
De esa declaración se infiere que dicho gobernador pretende meterle miedo al electorado mexiquense con la intención de que en el 2011 y el 2012 sufraguen mayoritariamente por el PRI y sus candidatos, para conservar la gubernatura mexiquense y de paso recuperar la presidencia de la republica.
Por su parte el Diputado Adrián Fuentes Villalobos “autor” de la iniciativa de reforma dijo “la candidatura común sólo busca la ganancia electoral inmediata por lo que los triunfadores pueden asumir el cargo ganado sin obligarse a cumplir ningún compromiso ni con el electorado ni con los partidos postulantes”, adema de pretender “confundir al electorado”. En suma argumentos pueriles.
En la real politik la personalidad de Enrique Peña Nieto es un producto político de mercadotecnia más acabado de Televisa, un político con aspiraciones de divo del espectáculo del pop, alguien cuya vida, pública y privada, se modela y se moldea en algún set televisivo.
Pero de ahí a decidir que su voluntad se convierta en ley en el territorio mexiquense donde ejerce el poder, nos revela la otra parte de su personalidad despótica, autoritaria y antidemocrática que se rige por sus miedos y caprichos.
Negar la competencia, rechazar la posibilidad de perder, no en las palabras sino en los hechos, prohibir ganarles, eliminar de la manera más burda posible al adversario, esa es la lectura que deja lo sucedido en el Estado de México.
Los partidos políticos afectados con la reforma anunciaron la interposición de una acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para que declare infundadas dichas reformas controvertidas y en consecuencia dejarlas sin efecto.
En definitiva en los hechos la ley Peña Nieto es inconstitucional y antidemocrática; constituye una regresión al viejo régimen. Con la supresión de las candidaturas comunes el gobierno mexiquense convirtió sin proponérselo en el principal promotor de la coalición PAN-PRD. Pudo más el miedo y el capricho que la inteligencia política.
Twiter.com/luiscarrs
La decisión del Congreso del Estado de México de suprimir de la Constitución Local y del Código Electoral la figura de las candidaturas comunes, manteniendo las coaliciones, restringe y limita la libertad de asociación de los partidos políticos al cambiar sin pudor las reglas del juego democrático.
Las coaliciones electorales son más gravosas y más complicadas que las candidaturas comunes por la rigidez de los requisitos para conformarlas, perjudicando a los partidos integrantes con la reducción del financiamiento y porcentajes de votación.
La celeridad con la que actuó el congreso mexiquense, fue directamente proporcional al tamaño del temor del gobernador Enrique Peña Nieto a la posible alianza del PAN-PRD, para postular un candidato común a las elecciones de gobernador en 2011 en EDOMEX, y evitar así un paso en falso rumbo a los pinos.
La reforma legislativa aprobada evidencia un claro retroceso a los espacios de participación ciudadana alcanzados en la entidad mexiquense, y que ahora se pierden para beneficiar el proyecto personal del gobernador Enrique Peña Nieto, eventual candidato del PRI a la presidencia en 2012.
Las razones de la oposición para concretar esas alianzas en los hechos son tan variadas que van desde razones ideológicas de mera oportunidad y hasta pragmatismo político.
Pero para Enrique Peña Nieto “el crimen organizado y las alianzas son “grave amenaza” para la sociedad”.
De esa declaración se infiere que dicho gobernador pretende meterle miedo al electorado mexiquense con la intención de que en el 2011 y el 2012 sufraguen mayoritariamente por el PRI y sus candidatos, para conservar la gubernatura mexiquense y de paso recuperar la presidencia de la republica.
Por su parte el Diputado Adrián Fuentes Villalobos “autor” de la iniciativa de reforma dijo “la candidatura común sólo busca la ganancia electoral inmediata por lo que los triunfadores pueden asumir el cargo ganado sin obligarse a cumplir ningún compromiso ni con el electorado ni con los partidos postulantes”, adema de pretender “confundir al electorado”. En suma argumentos pueriles.
En la real politik la personalidad de Enrique Peña Nieto es un producto político de mercadotecnia más acabado de Televisa, un político con aspiraciones de divo del espectáculo del pop, alguien cuya vida, pública y privada, se modela y se moldea en algún set televisivo.
Pero de ahí a decidir que su voluntad se convierta en ley en el territorio mexiquense donde ejerce el poder, nos revela la otra parte de su personalidad despótica, autoritaria y antidemocrática que se rige por sus miedos y caprichos.
Negar la competencia, rechazar la posibilidad de perder, no en las palabras sino en los hechos, prohibir ganarles, eliminar de la manera más burda posible al adversario, esa es la lectura que deja lo sucedido en el Estado de México.
Los partidos políticos afectados con la reforma anunciaron la interposición de una acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para que declare infundadas dichas reformas controvertidas y en consecuencia dejarlas sin efecto.
En definitiva en los hechos la ley Peña Nieto es inconstitucional y antidemocrática; constituye una regresión al viejo régimen. Con la supresión de las candidaturas comunes el gobierno mexiquense convirtió sin proponérselo en el principal promotor de la coalición PAN-PRD. Pudo más el miedo y el capricho que la inteligencia política.
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viernes, 17 de septiembre de 2010
REFLEXION BICENTENARIA
El ejercicio de conciencia histórica es un método que permite analizar la Independencia y revolución, períodos fundamentales de historia de México, es decir una catarsis, una liberación de nuestro inconsciente sociológico.
Los hombres que, iniciaron el movimiento de 1810 y los que lo concluyeron con la firma de los tratados de Córdoba, el 27 de Septiembre de 1821, tenían muy claros los valores por los cuales luchaban y con los que deseaban construir un México diferente, con prosperidad, como premisa obligada para poder dar inicio a nuestra “regeneración”, como lo señaló en su momento José María Morelos y Pavón.
100 años después, en 1910 México fue sacudido por una serie de luchas y revueltas conocidas como la Revolución Mexicana, a través de las cuales se intentó transformar el sistema político y social creado por el presidente Porfirio Díaz Morí.
Dos siglos después el recuento histórico nos refleja una cosecha levantada pobre, insuficiente y decepcionante, un saldo desalentador.
Históricamente los Estados Unidos han impuesto condiciones económicas y políticas para crear una dependencia sobre ellos de México. Las empresas financieras de los Estados Unidos controlan la economía mexicana. La realidad es que México en los hechos no constituye una nación independiente.
Durante el porfiriato las cosas no cambiaron mucho, pues la desigualdad y el atraso seguían ahí, no obstante los esfuerzos por iniciar la industrialización del país.
A la vuelta de cien años más, vinieron otras revueltas y revoluciones que terminaron con la clase gobernante, Porfirio Díaz en el exilio y alrededor de un millón de muertos, pero los añejos problemas nacionales permanecieron.
El impacto del movimiento armado de 1910 en el México de hoy, se evidencia una realidad muy diferente.
Aunque que contribuyó a formar el México contemporáneo, no tuvo un carácter homogéneo, sino que consistió en una serie de levantamientos y conflictos internos, protagonizados por distintos jefes políticos y militares que se fueron sucediendo en el gobierno de la nación.
Habría que reconocer que la Revolución sí fue muy importante en la historia nacional, no fue una revolución verdadera-porque las diferencias sociales y políticas, las desigualdades entre los ricos y los pobres, se ven con mucha claridad en el México actual, porque no hubo el cambio total que se implica el término “revolución”.
En el presente, padecemos una profunda crisis económica, el desempleo a la alza, el aumento geométrico de la pobreza, crisis de seguridad y pérdida del control gubernamental en algunas regiones del país a manos la delincuencia organizada, país formado por generaciones de maestros y alumnos reprobados, la corrupción, se expandió como cáncer en las instituciones públicas.
Por otro lado los medios de comunicación, exclaman que las cosas van mal, y que algo pueda pasar, pero se abstienen de explicar porque las cosas van mal, de exponer las causas y sobre todo contribuyen a que los trabajadores, campesinos y clasemedieros no hagan conciencia de clase ni conformen su unidad.
La política económica neoliberal impone a los trabajadores: desempleo, carestía de la vida, oportunidades negadas a los jóvenes; conculcación de los derechos de huelga y las libertades democráticas.
Lamentablemente la sociedad mexicana está basada en el principio; o saqueas a tu prójimo o él te saquea a ti; o trabajas para otro, u otro trabajo para ti; o eres esclavista, o eres tú mismo esclavo.
Si tienen un puesto de médico, de ingeniero, de abogado, de contador, de maestro, de periodista o de empleado en el gobierno o en la empresa privada ¿Qué importan los demás? Es posible de que si se es indulgente y se complace a los poderosos, conserve su puesto y a lo mejor puede hacer carrera y llegar a potentado.
Es natural que los hombres educados en semejante sociedad asimilen, por así decirlo, con la leche materna, la sicología, la costumbre , el concepto de que no hay más que amo, o esclavo, o propietario, empleado, funcionario. Intelectual, en una palabra hombres que se ocupan exclusivamente de tener lo suyo sin pensar en los demás.
Tal parece que la filosofía del sistema político mexicano es en el sentido de que la sociedad actual es intocable, inmóvil, por lo que hay que aceptarla tal como es, es decir sufrir la explotación o bien abrirse un lugar a punta de codazos.
Por lo que es necesario trabajar para acostumbrarse a las ideas que conduzcan a la confianza y no a la desesperación, a la lucha y no a la resignación.
En definitiva los movimientos de Independencia y la Revolución pueden ser los mejores ejemplos de poder de lucha y reivindicación social de los sectores mayoritarios de una sociedad dispuesta a conquistar al poder político y económico para sí misma, por lo que se debería seguir sus modelos.
carrsot_l@hotmail.com
Twiter.com/luiscarrs
Los hombres que, iniciaron el movimiento de 1810 y los que lo concluyeron con la firma de los tratados de Córdoba, el 27 de Septiembre de 1821, tenían muy claros los valores por los cuales luchaban y con los que deseaban construir un México diferente, con prosperidad, como premisa obligada para poder dar inicio a nuestra “regeneración”, como lo señaló en su momento José María Morelos y Pavón.
100 años después, en 1910 México fue sacudido por una serie de luchas y revueltas conocidas como la Revolución Mexicana, a través de las cuales se intentó transformar el sistema político y social creado por el presidente Porfirio Díaz Morí.
Dos siglos después el recuento histórico nos refleja una cosecha levantada pobre, insuficiente y decepcionante, un saldo desalentador.
Históricamente los Estados Unidos han impuesto condiciones económicas y políticas para crear una dependencia sobre ellos de México. Las empresas financieras de los Estados Unidos controlan la economía mexicana. La realidad es que México en los hechos no constituye una nación independiente.
Durante el porfiriato las cosas no cambiaron mucho, pues la desigualdad y el atraso seguían ahí, no obstante los esfuerzos por iniciar la industrialización del país.
A la vuelta de cien años más, vinieron otras revueltas y revoluciones que terminaron con la clase gobernante, Porfirio Díaz en el exilio y alrededor de un millón de muertos, pero los añejos problemas nacionales permanecieron.
El impacto del movimiento armado de 1910 en el México de hoy, se evidencia una realidad muy diferente.
Aunque que contribuyó a formar el México contemporáneo, no tuvo un carácter homogéneo, sino que consistió en una serie de levantamientos y conflictos internos, protagonizados por distintos jefes políticos y militares que se fueron sucediendo en el gobierno de la nación.
Habría que reconocer que la Revolución sí fue muy importante en la historia nacional, no fue una revolución verdadera-porque las diferencias sociales y políticas, las desigualdades entre los ricos y los pobres, se ven con mucha claridad en el México actual, porque no hubo el cambio total que se implica el término “revolución”.
En el presente, padecemos una profunda crisis económica, el desempleo a la alza, el aumento geométrico de la pobreza, crisis de seguridad y pérdida del control gubernamental en algunas regiones del país a manos la delincuencia organizada, país formado por generaciones de maestros y alumnos reprobados, la corrupción, se expandió como cáncer en las instituciones públicas.
Por otro lado los medios de comunicación, exclaman que las cosas van mal, y que algo pueda pasar, pero se abstienen de explicar porque las cosas van mal, de exponer las causas y sobre todo contribuyen a que los trabajadores, campesinos y clasemedieros no hagan conciencia de clase ni conformen su unidad.
La política económica neoliberal impone a los trabajadores: desempleo, carestía de la vida, oportunidades negadas a los jóvenes; conculcación de los derechos de huelga y las libertades democráticas.
Lamentablemente la sociedad mexicana está basada en el principio; o saqueas a tu prójimo o él te saquea a ti; o trabajas para otro, u otro trabajo para ti; o eres esclavista, o eres tú mismo esclavo.
Si tienen un puesto de médico, de ingeniero, de abogado, de contador, de maestro, de periodista o de empleado en el gobierno o en la empresa privada ¿Qué importan los demás? Es posible de que si se es indulgente y se complace a los poderosos, conserve su puesto y a lo mejor puede hacer carrera y llegar a potentado.
Es natural que los hombres educados en semejante sociedad asimilen, por así decirlo, con la leche materna, la sicología, la costumbre , el concepto de que no hay más que amo, o esclavo, o propietario, empleado, funcionario. Intelectual, en una palabra hombres que se ocupan exclusivamente de tener lo suyo sin pensar en los demás.
Tal parece que la filosofía del sistema político mexicano es en el sentido de que la sociedad actual es intocable, inmóvil, por lo que hay que aceptarla tal como es, es decir sufrir la explotación o bien abrirse un lugar a punta de codazos.
Por lo que es necesario trabajar para acostumbrarse a las ideas que conduzcan a la confianza y no a la desesperación, a la lucha y no a la resignación.
En definitiva los movimientos de Independencia y la Revolución pueden ser los mejores ejemplos de poder de lucha y reivindicación social de los sectores mayoritarios de una sociedad dispuesta a conquistar al poder político y económico para sí misma, por lo que se debería seguir sus modelos.
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IGLESIA CATOLICA INTOLERANTE
La Iglesia católica constituida como uno de los poderes facticos reales más protagónicos del escenario político mexicano, ha enfocado su acción política a la pervivencia de sus afanes teocráticos.
Es larga y complicada la historia de las intervenciones de la Iglesia católica en la vida pública del país. Hay marcas profundas, acontecimientos sangrientos y una separación entre el Estado y las iglesias que forma parte de nuestra historia.
A diferencia de otras leyes, la de separación tiene una amplia aceptación en la cultura política de la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, cada vez que hay reformas legales contrarias a las directrices eclesiásticas la jerarquía católica toma posiciones, se abren los litigios y la polarización.
Viene a cuento lo anterior por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República, en contra de la ley que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de infantes por parte de dichas parejas del DF, generando otra ofensiva del clero contra tal determinación.
Los ministros de la SCJN concluyeron que las bodas gay y la adopción de infantes por estas parejas no vulneran ninguna disposición constitucional ni van en contra del concepto de familia que protege la Carta Magna.
La resolución del la SCJN no obliga a las entidades federativas a cambiar su legislación, pero sí a reconocer oficialmente el estado civil de personas del mismo sexo que se casen en el DF.
Así mismo el máximo tribunal hizo un llamado a evitar todas las formas de discriminación y a buscar que impere la tolerancia y se preserve, ante todo, un Estado laico en el país.
En cuanto a las reacciones de intolerancia y discriminación expresadas por el cardenal Norberto Rivera, Obispos en los estados como Antonio González y hasta párrocos locales como Roberto López, calificando la validez constitucional de dichos matrimonios como aberrante, antinaturales e inmorales respectivamente.
Lo que ha representado un gran logro para el reconocimiento de libertades y el respeto pleno a los derechos humanos de todas y todos en el DF, pinta de cuerpo entero el fanatismo y fundamentalismo del cardenal Norberto Rivera, quien parece decidido a continuar coartando los derechos y libertades de los homosexuales.
Norberto Rivera, llama “aberrante” a una Ley que reconoce una realidad y otorga garantías de libertad e igualdad a todas y todos. Aberrante es lo que sucede frente a él como “líder” de la Iglesia católica. Aberrante es que discrimine a las personas por su preferencia sexual.
Aberrante es que ante el VIH-Sida, la Iglesia se oponga al uso del condón y la educación sexual. Aberrantes son algunas relaciones de poder que muchos religiosos tienen con altos personajes de la clase política. Aberrante es la impunidad en la que se mantienen miles de casos, de abuso sexual infantil.
En una sociedad democrática no es válido recurrir a la descalificación, del que piensa diferente, se puede diferir pero respetando las ideas de otros, e impulsando las instituciones, para erradicar homofobias, intolerancias y discriminaciones. Tal pareciera que los mexicanos no estamos preparados aun para la democracia.
La misión de la Iglesia católica no es criticar lo que la sociedad, de forma libre y consensuada, decide en cada momento. El mundo de hoy, no tiene nada que ver con el de hace quinientos años. Ni cincuenta tampoco.
En relación al estado laico vale la pena citar el pensamiento el general juarista el coahuilense Andrés Saturnino Viesca “Un Dios en el cielo, una patria en la tierra" no implica que sea inevitable la confusión de los reinos, de los imperios con las iglesias, de la política y la religión, de la Iglesia y del Estado”
Por otro lado resulta realmente lamentable y atentatorio al estado laico, el consentimiento y tolerancia del Gobierno Federal para que la Jerarquía católica se entrometa en los asuntos políticos cuando les está expresamente prohibido por la ley.
La libertad de expresión para el clero está limitada por el artículo 130 constitucional, que establece que los ministros de culto “no podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”.
En cambio los ciudadanos tienen todo el derecho de expresar su opinión, a oponerse a cualquier ley que se discuta y apruebe en este país y eso no los convierte en traidores a la patria ni a las instituciones.
En definitiva donde hay una religión de Estado o se favorece a una religión no hay democracia. Por lo que el gobierno federal y el congreso de la unión deben hacer un llamado a las iglesias a “no dividir a la sociedad” y a no pretender imponer su concepción moral de la vida a toda la población, independientemente de aplicarles la ley por violar la constitución y por atentar contra el estado laico.
carrsot_l@hotmail.com
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Es larga y complicada la historia de las intervenciones de la Iglesia católica en la vida pública del país. Hay marcas profundas, acontecimientos sangrientos y una separación entre el Estado y las iglesias que forma parte de nuestra historia.
A diferencia de otras leyes, la de separación tiene una amplia aceptación en la cultura política de la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, cada vez que hay reformas legales contrarias a las directrices eclesiásticas la jerarquía católica toma posiciones, se abren los litigios y la polarización.
Viene a cuento lo anterior por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República, en contra de la ley que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de infantes por parte de dichas parejas del DF, generando otra ofensiva del clero contra tal determinación.
Los ministros de la SCJN concluyeron que las bodas gay y la adopción de infantes por estas parejas no vulneran ninguna disposición constitucional ni van en contra del concepto de familia que protege la Carta Magna.
La resolución del la SCJN no obliga a las entidades federativas a cambiar su legislación, pero sí a reconocer oficialmente el estado civil de personas del mismo sexo que se casen en el DF.
Así mismo el máximo tribunal hizo un llamado a evitar todas las formas de discriminación y a buscar que impere la tolerancia y se preserve, ante todo, un Estado laico en el país.
En cuanto a las reacciones de intolerancia y discriminación expresadas por el cardenal Norberto Rivera, Obispos en los estados como Antonio González y hasta párrocos locales como Roberto López, calificando la validez constitucional de dichos matrimonios como aberrante, antinaturales e inmorales respectivamente.
Lo que ha representado un gran logro para el reconocimiento de libertades y el respeto pleno a los derechos humanos de todas y todos en el DF, pinta de cuerpo entero el fanatismo y fundamentalismo del cardenal Norberto Rivera, quien parece decidido a continuar coartando los derechos y libertades de los homosexuales.
Norberto Rivera, llama “aberrante” a una Ley que reconoce una realidad y otorga garantías de libertad e igualdad a todas y todos. Aberrante es lo que sucede frente a él como “líder” de la Iglesia católica. Aberrante es que discrimine a las personas por su preferencia sexual.
Aberrante es que ante el VIH-Sida, la Iglesia se oponga al uso del condón y la educación sexual. Aberrantes son algunas relaciones de poder que muchos religiosos tienen con altos personajes de la clase política. Aberrante es la impunidad en la que se mantienen miles de casos, de abuso sexual infantil.
En una sociedad democrática no es válido recurrir a la descalificación, del que piensa diferente, se puede diferir pero respetando las ideas de otros, e impulsando las instituciones, para erradicar homofobias, intolerancias y discriminaciones. Tal pareciera que los mexicanos no estamos preparados aun para la democracia.
La misión de la Iglesia católica no es criticar lo que la sociedad, de forma libre y consensuada, decide en cada momento. El mundo de hoy, no tiene nada que ver con el de hace quinientos años. Ni cincuenta tampoco.
En relación al estado laico vale la pena citar el pensamiento el general juarista el coahuilense Andrés Saturnino Viesca “Un Dios en el cielo, una patria en la tierra" no implica que sea inevitable la confusión de los reinos, de los imperios con las iglesias, de la política y la religión, de la Iglesia y del Estado”
Por otro lado resulta realmente lamentable y atentatorio al estado laico, el consentimiento y tolerancia del Gobierno Federal para que la Jerarquía católica se entrometa en los asuntos políticos cuando les está expresamente prohibido por la ley.
La libertad de expresión para el clero está limitada por el artículo 130 constitucional, que establece que los ministros de culto “no podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”.
En cambio los ciudadanos tienen todo el derecho de expresar su opinión, a oponerse a cualquier ley que se discuta y apruebe en este país y eso no los convierte en traidores a la patria ni a las instituciones.
En definitiva donde hay una religión de Estado o se favorece a una religión no hay democracia. Por lo que el gobierno federal y el congreso de la unión deben hacer un llamado a las iglesias a “no dividir a la sociedad” y a no pretender imponer su concepción moral de la vida a toda la población, independientemente de aplicarles la ley por violar la constitución y por atentar contra el estado laico.
carrsot_l@hotmail.com
Twiter.com/luiscarrs
REPROBADA EN DERECHO CONSTITUCIONAL
La directora del Instituto de la Mujer Tamaulipeca, Yoliria Joch expresó en entrevista periodística que en lo personal no está de acuerdo en que a una pareja formada por dos hombres o dos mujeres se les permita la adopción, porque no se daría la formación de un hijo.
Agregó que “Hay un artículo constitucional que dice que el matrimonio es la unión de dos personas de distinto sexo, para procrear y ayudarse en las cargas de la vida, aquí se ayudaría en esas cargas, pero para procrear no puede ser”.
Yoliria Joch con un dejo de homofobia condena el derecho de adopción de las personas adultas del mismo sexo, sin detenerse a reflexionar que una preferencia sexual no puede ni debe limitar el reconocimiento de los derechos humanos, sociales, civiles, de reunión, adopción etc.
También habría que recordarle a la funcionaria que en la constitución política mexicana no existe ningún artículo o disposición que defina el matrimonio, ni aun como ella lo indicó, como la unión de dos personas de distinto sexo para procrear y ayudarse en las cargas de la vida.
De la simple lectura al artículo 4º de la carta magna establece “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”, se concluye:
Una garantía individual que protege esta disposición es la de la igualdad jurídica ente el hombre y la mujer y no se refiere al matrimonio como erroneamente lo interpreta Yoliria.
Una garantía de seguridad jurídica para proteger la organización y desarrollo de la familia sin hacer distinción si esta se forma de parejas heterosexuales u homosexuales.
Y finalmente una garantía de libertad a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
De ahí que los ministros de la SCJN concluyeran que las reforma de la asamblea legislativa del DF que legaliza las bodas gay y la adopción de infantes por estas parejas no vulneran ninguna disposición constitucional ni van en contra del concepto de familia que protege la Carta Magna.
Otra concepción errónea de Joch es afirmar que “El hecho de que la Suprema Corte lo avale, no quiere decir que todos los mexicanos lo avalen, “yo como Yoliria Joch no lo avalo, porque las casa hogares o en donde se otorga la adopción de menores, hay leyes especificas”
Las sentencias de la Corte no son cuestiones que tenga que someterse a un referéndum ciudadano para su validez sino que las resuelven conforme sus atribuciones como máximo defensor e intérprete y de la constitución.
Lo que la suprema corte a Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sobre los matrimonios gay y la adopción de menores por estos, fue declarar infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República en contra de la de la reforma al artículo 146 del Código Civil del DF, en el sentido que dicha reforma no es violatoria de la constitución.
Al efecto los ministros de la SCJN concluyeron que las bodas gay y la adopción de infantes por estas parejas en el DF no vulneran ninguna disposición constitucional ni van en contra del concepto de familia que protege la Carta Magna.
En lo que si tiene razón la titular de ITM es que en Tamaulipas no existe ninguna iniciativa de ley en ese sentido, ni por parte de las fracciones parlamentarias del poder legislativo local, ni del ejecutivo. También es correcta la celebración de consultas públicas en caso de pretender legislar en la entidad sobre esos temas.
En definitiva la tesis de la SCJF fue simple. El principio de la universalidad jurídica. Una preferencia sexual no puede limitar el reconocimiento de los derechos entre otros el de adopción de menores. Yoliria Joch ha reprobado en derecho constitucional en materia de derechos humanos y discriminación.
carrsot_l@hotmail.com
Twiter.com/luiscarrs
Agregó que “Hay un artículo constitucional que dice que el matrimonio es la unión de dos personas de distinto sexo, para procrear y ayudarse en las cargas de la vida, aquí se ayudaría en esas cargas, pero para procrear no puede ser”.
Yoliria Joch con un dejo de homofobia condena el derecho de adopción de las personas adultas del mismo sexo, sin detenerse a reflexionar que una preferencia sexual no puede ni debe limitar el reconocimiento de los derechos humanos, sociales, civiles, de reunión, adopción etc.
También habría que recordarle a la funcionaria que en la constitución política mexicana no existe ningún artículo o disposición que defina el matrimonio, ni aun como ella lo indicó, como la unión de dos personas de distinto sexo para procrear y ayudarse en las cargas de la vida.
De la simple lectura al artículo 4º de la carta magna establece “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”, se concluye:
Una garantía individual que protege esta disposición es la de la igualdad jurídica ente el hombre y la mujer y no se refiere al matrimonio como erroneamente lo interpreta Yoliria.
Una garantía de seguridad jurídica para proteger la organización y desarrollo de la familia sin hacer distinción si esta se forma de parejas heterosexuales u homosexuales.
Y finalmente una garantía de libertad a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
De ahí que los ministros de la SCJN concluyeran que las reforma de la asamblea legislativa del DF que legaliza las bodas gay y la adopción de infantes por estas parejas no vulneran ninguna disposición constitucional ni van en contra del concepto de familia que protege la Carta Magna.
Otra concepción errónea de Joch es afirmar que “El hecho de que la Suprema Corte lo avale, no quiere decir que todos los mexicanos lo avalen, “yo como Yoliria Joch no lo avalo, porque las casa hogares o en donde se otorga la adopción de menores, hay leyes especificas”
Las sentencias de la Corte no son cuestiones que tenga que someterse a un referéndum ciudadano para su validez sino que las resuelven conforme sus atribuciones como máximo defensor e intérprete y de la constitución.
Lo que la suprema corte a Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sobre los matrimonios gay y la adopción de menores por estos, fue declarar infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República en contra de la de la reforma al artículo 146 del Código Civil del DF, en el sentido que dicha reforma no es violatoria de la constitución.
Al efecto los ministros de la SCJN concluyeron que las bodas gay y la adopción de infantes por estas parejas en el DF no vulneran ninguna disposición constitucional ni van en contra del concepto de familia que protege la Carta Magna.
En lo que si tiene razón la titular de ITM es que en Tamaulipas no existe ninguna iniciativa de ley en ese sentido, ni por parte de las fracciones parlamentarias del poder legislativo local, ni del ejecutivo. También es correcta la celebración de consultas públicas en caso de pretender legislar en la entidad sobre esos temas.
En definitiva la tesis de la SCJF fue simple. El principio de la universalidad jurídica. Una preferencia sexual no puede limitar el reconocimiento de los derechos entre otros el de adopción de menores. Yoliria Joch ha reprobado en derecho constitucional en materia de derechos humanos y discriminación.
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QUITARAN VIDRIOS POLARIZADOS
Jesús Rescalvo García director de la policía preventiva y de Oscar Hinojosa Pérez de tránsito local, declararon que implementarán un operativo para que los propietarios o conductores de vehículos que traigan los vidrios polarizados, los quiten en base al artículo 12 del reglamento de tránsito local.
Agregando que en caso de que los automovilistas no acaten las instrucciones serán lo propios agentes viales quienes quiten el polarizado al momento de marcarles el alto, además los infractores se harán acreedores a una multa de diez salarios mínimos.
Lo anterior nada tendría de particular si no fuera porque el operativo contra los cristales oscuros está fundamentado en un reglamento anticonstitucional.
¿Por qué decimos lo anterior? Porque el Reglamento de Tránsito para el Municipio de Victoria es un reglamento autónomo o independiente de ley alguna, que creó un amplio contenido normativo en materia de transito, vialidad y transporte, lo que en rigor se convierte en una ley sin haber pasado por el proceso legislativo.
Acorde al artículo 115, de la Constitución Federal, las legislaturas de los estados son las que tienen facultades para legislar en todo lo relativo a los municipios, por lo que esas facultades de ninguna manera pueden delegarse a los ayuntamientos municipales por qué romperían el principio de la división de poderes.
Los ayuntamientos solo tienen la facultad de expedir reglamentos que tengan por objeto la ejecución de una ley y por excepción los reglamentos autónomos como los de policía y buen gobierno cuando estos no regulan ni afectan garantías individuales, limitándose a cuestiones meramente de control sin afectar derechos.
El Ayuntamiento puede reglamentar en forma autónoma lo relativo al tránsito, en cuanto se trate de cuestiones meramente técnicas de control de la circulación, estacionamiento, etcétera, pero no puede expedir normas que afecten o menoscaben en cualquier forma los derechos constitucionales de los gobernados.
.
El Reglamento de Tránsito para el Municipio de Victoria es un reglamento autónomo sin ley a reglamentar y como tal no puede ni debe ser materia de afectación de los derechos constitucionales de los gobernados en relación con sus propiedades y posesiones, como ahora se pretende privar a propietarios o poseedores de los vehículos del papel polarizado de cristales de sus automóviles.
Para confirmar lo anterior el reglamento en la consideración cuarta de la exposición de motivos, establece que la Ley de Tránsito y Transporte y el Reglamento de Tránsito y Transporte dejarán de aplicarse en el municipio de Victoria, una vez vigente, el presente Reglamento de Tránsito de Victoria.
Mas allá de tratarse de un reglamento autónomo el ayuntamiento de victoria se excedió en el uso de la facultad reglamentaria. Incurriendo en una violación indebida al principio de separación de poderes, al expedir el ordenamiento ejerció facultades legislativas, reuniendo los dos poderes en uno, lo cual está prohibido.
La fracción VIII del artículo 12 del citado reglamento establece que “todos los cristales de los vehículos deberán mantenerse limpios y libres de objetos o polarizado que impidan o limiten la visibilidad del conductor, al menos en los vidrios delanteros”.
En los diccionarios de de la lengua española no existe el termino polarizado con el significado que pretendieron darle los legisladores del ayuntamiento al mencionado reglamento como objeto de prohibición, lo que quisieron decir pero no pudieron fue “películas de protección solar para cristales”
Llama la atención que a cuatro meses de concluir la actual administración se establezca un operativo para multar y privar a los propietarios y conductores de vehículos, del papel polarizado para oscurecer cristales. ¿Habrá hambruna de liquidez municipal? U ¿Oscar Hinojosa y Jesús Rescalvo se van por la Libre por razones contantes y sonantes? Solo ellos lo sabran.
En definitiva el reglamento de Tránsito para el Municipio de Victoria expedido por el por Ayuntamiento local, presidido en aquel entonces por Álvaro Villanueva Perales del 19 de junio de 2007, es a todas luces anticonstitucional y en contra de su aplicación procede el juicio de amparo ante el juzgado distrito en el estado.
carrsot_l@hotmail.com
Twiter.com/luiscarrs
Agregando que en caso de que los automovilistas no acaten las instrucciones serán lo propios agentes viales quienes quiten el polarizado al momento de marcarles el alto, además los infractores se harán acreedores a una multa de diez salarios mínimos.
Lo anterior nada tendría de particular si no fuera porque el operativo contra los cristales oscuros está fundamentado en un reglamento anticonstitucional.
¿Por qué decimos lo anterior? Porque el Reglamento de Tránsito para el Municipio de Victoria es un reglamento autónomo o independiente de ley alguna, que creó un amplio contenido normativo en materia de transito, vialidad y transporte, lo que en rigor se convierte en una ley sin haber pasado por el proceso legislativo.
Acorde al artículo 115, de la Constitución Federal, las legislaturas de los estados son las que tienen facultades para legislar en todo lo relativo a los municipios, por lo que esas facultades de ninguna manera pueden delegarse a los ayuntamientos municipales por qué romperían el principio de la división de poderes.
Los ayuntamientos solo tienen la facultad de expedir reglamentos que tengan por objeto la ejecución de una ley y por excepción los reglamentos autónomos como los de policía y buen gobierno cuando estos no regulan ni afectan garantías individuales, limitándose a cuestiones meramente de control sin afectar derechos.
El Ayuntamiento puede reglamentar en forma autónoma lo relativo al tránsito, en cuanto se trate de cuestiones meramente técnicas de control de la circulación, estacionamiento, etcétera, pero no puede expedir normas que afecten o menoscaben en cualquier forma los derechos constitucionales de los gobernados.
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El Reglamento de Tránsito para el Municipio de Victoria es un reglamento autónomo sin ley a reglamentar y como tal no puede ni debe ser materia de afectación de los derechos constitucionales de los gobernados en relación con sus propiedades y posesiones, como ahora se pretende privar a propietarios o poseedores de los vehículos del papel polarizado de cristales de sus automóviles.
Para confirmar lo anterior el reglamento en la consideración cuarta de la exposición de motivos, establece que la Ley de Tránsito y Transporte y el Reglamento de Tránsito y Transporte dejarán de aplicarse en el municipio de Victoria, una vez vigente, el presente Reglamento de Tránsito de Victoria.
Mas allá de tratarse de un reglamento autónomo el ayuntamiento de victoria se excedió en el uso de la facultad reglamentaria. Incurriendo en una violación indebida al principio de separación de poderes, al expedir el ordenamiento ejerció facultades legislativas, reuniendo los dos poderes en uno, lo cual está prohibido.
La fracción VIII del artículo 12 del citado reglamento establece que “todos los cristales de los vehículos deberán mantenerse limpios y libres de objetos o polarizado que impidan o limiten la visibilidad del conductor, al menos en los vidrios delanteros”.
En los diccionarios de de la lengua española no existe el termino polarizado con el significado que pretendieron darle los legisladores del ayuntamiento al mencionado reglamento como objeto de prohibición, lo que quisieron decir pero no pudieron fue “películas de protección solar para cristales”
Llama la atención que a cuatro meses de concluir la actual administración se establezca un operativo para multar y privar a los propietarios y conductores de vehículos, del papel polarizado para oscurecer cristales. ¿Habrá hambruna de liquidez municipal? U ¿Oscar Hinojosa y Jesús Rescalvo se van por la Libre por razones contantes y sonantes? Solo ellos lo sabran.
En definitiva el reglamento de Tránsito para el Municipio de Victoria expedido por el por Ayuntamiento local, presidido en aquel entonces por Álvaro Villanueva Perales del 19 de junio de 2007, es a todas luces anticonstitucional y en contra de su aplicación procede el juicio de amparo ante el juzgado distrito en el estado.
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IMPUESTO PREDIAL
En plena crisis económica donde se han perdido miles de empleos, cierre de empresas y reducido el poder adquisitivo de las familias victorenses, sin miramiento alguno el Ayuntamiento de Victoria con 18 votos a favor y dos abstenciones recetaron un incremento estimado del 10 por ciento al impuesto sobre el valor de los bienes raíces ubicados en el municipio.
El cabildo Victorense aprobó las tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, por lo que en caso de autorizarlas el Congreso del Estado, servirá de base al Ayuntamiento para el cobro del impuesto predial inmobiliario.
Lo que en los hechos y en buen romance se trata de una revaluación catastral de la propiedad urbana sub urbana y rustica victorense, a partir del 1º de enero de 2011 fecha de entrada en vigor de las tablas actualizadas de valores, con la asignación del nuevo valor a los inmuebles traerá como consecuencia un aumento considerable al impuesto predial aun cuando no se modifiquen las tasas.
El impuesto predial se causará sobre el valor determinado conforme las tablas de valores unitarios del terreno y construcción, aplicando las tasas establecidas por la ley de ingresos para predios urbanos con edificaciones, sin edificaciones y predios rústicos; por lo que el incremento será mayor al 10 por ciento estimado por el síndico Jesús Ávila Hinojosa cuya cálculos le checan pero no le cuadran.
Por ahora no es posible precisar el impacto económico que tendrá durante el año 2011, el incremento de los valores catastrales de los miles inmuebles que están empadronados en el municipio de Victoria, pero podría darse el caso de que en algunas zonas de la ciudad arrojaran como resultado liquidaciones desmesuradas del impuesto predial, mientras que en otras reducida el monto de esta contribución
El criterio de los fiscalistas municipales del cabildo para incrementar el impuesto predial, destacan el que actualmente están por abajo de la media nacional, el fortalecimiento de la recaudación junto a otros tributos inmobiliarios y que a partir de 2011 las propiedades valdrán más, como si la base de las operaciones de compraventa no lo fuera la oferta y la demanda.
En estos tiempos de crisis ya no se puede sangrar más el bolsillo de los victorenses, y si los ediles piensan que con esa medida el ayuntamiento de Victoria obtendrá más recursos, está equivocado cierto es que la gente dejaría de pagar dicha contribución, como botón de muestra actualmente existen más de 60 mil deudores y si se aumenta el impuesto se incrementara mas la moratoria.
Por lo que debe darse marcha atrás a esta medida a pesar de que Carlos Renan Castillo Gutiérrez de la Coparmex local, ya certifico que es políticamente correcto la propuesta de incremento del predial, como si la economía no estuviese en crisis, y según él, el predial esta 15 veces por debajo de los países en desarrollo.
Es comprensible el propósito del Ayuntamientos aumentar sus ingresos a partir del uso de sus potestades recaudatorias, pero esa facultad debe guardar concordancia con las posibilidades reales de los contribuyentes, haciendo valer siempre la equidad entre los impuestos que se cobran a los diversos propietarios.
Los Diputados locales que en teoría representan a los tamaulipecos incluidos los victorenses y no el interés de grupo o de partido, como una prueba de solidaridad y compromiso con la sociedad, en sus manos esta evitar este golpe a la economía de los victorenses, que pretende el cabildo de Victoria, ajustando las tablas de valor catastral y la no modificación de la tasas aplicables.
La propuesta del ayuntamiento presidido por Arturo Diez Gutiérrez se podría interpretar como una acción par a mitigar en algo el desastre financiero que le heredara a la administración del presidente electo Miguel González Salum, que tendrá dificultades para la contratación de nuevos empréstitos.
Por otro lado llama la atención que otros municipios tamaulipecos entre otros Reynosa quien fue impactado por el huracán Alex y otras calamidades, determinó no aumentar los valores catastrales de los inmuebles y como consecuencia tampoco el impuesto predial.
En definitiva en lugar de aumentar impuestos como el predial, el cabildo Victorense debería reducir el gasto corriente, buscar otras alternativas de ingresos refinanciar la deuda pública que le dejará a la administración entrante, junto a la caída estrepitosa de los servicios de calles en mal estado y recolección de basura, seguridad pública y pago a proveedores, la realidad es que el actual ayuntamiento es un municipio fallido.
carrsot_l@hotmail.com
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El cabildo Victorense aprobó las tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, por lo que en caso de autorizarlas el Congreso del Estado, servirá de base al Ayuntamiento para el cobro del impuesto predial inmobiliario.
Lo que en los hechos y en buen romance se trata de una revaluación catastral de la propiedad urbana sub urbana y rustica victorense, a partir del 1º de enero de 2011 fecha de entrada en vigor de las tablas actualizadas de valores, con la asignación del nuevo valor a los inmuebles traerá como consecuencia un aumento considerable al impuesto predial aun cuando no se modifiquen las tasas.
El impuesto predial se causará sobre el valor determinado conforme las tablas de valores unitarios del terreno y construcción, aplicando las tasas establecidas por la ley de ingresos para predios urbanos con edificaciones, sin edificaciones y predios rústicos; por lo que el incremento será mayor al 10 por ciento estimado por el síndico Jesús Ávila Hinojosa cuya cálculos le checan pero no le cuadran.
Por ahora no es posible precisar el impacto económico que tendrá durante el año 2011, el incremento de los valores catastrales de los miles inmuebles que están empadronados en el municipio de Victoria, pero podría darse el caso de que en algunas zonas de la ciudad arrojaran como resultado liquidaciones desmesuradas del impuesto predial, mientras que en otras reducida el monto de esta contribución
El criterio de los fiscalistas municipales del cabildo para incrementar el impuesto predial, destacan el que actualmente están por abajo de la media nacional, el fortalecimiento de la recaudación junto a otros tributos inmobiliarios y que a partir de 2011 las propiedades valdrán más, como si la base de las operaciones de compraventa no lo fuera la oferta y la demanda.
En estos tiempos de crisis ya no se puede sangrar más el bolsillo de los victorenses, y si los ediles piensan que con esa medida el ayuntamiento de Victoria obtendrá más recursos, está equivocado cierto es que la gente dejaría de pagar dicha contribución, como botón de muestra actualmente existen más de 60 mil deudores y si se aumenta el impuesto se incrementara mas la moratoria.
Por lo que debe darse marcha atrás a esta medida a pesar de que Carlos Renan Castillo Gutiérrez de la Coparmex local, ya certifico que es políticamente correcto la propuesta de incremento del predial, como si la economía no estuviese en crisis, y según él, el predial esta 15 veces por debajo de los países en desarrollo.
Es comprensible el propósito del Ayuntamientos aumentar sus ingresos a partir del uso de sus potestades recaudatorias, pero esa facultad debe guardar concordancia con las posibilidades reales de los contribuyentes, haciendo valer siempre la equidad entre los impuestos que se cobran a los diversos propietarios.
Los Diputados locales que en teoría representan a los tamaulipecos incluidos los victorenses y no el interés de grupo o de partido, como una prueba de solidaridad y compromiso con la sociedad, en sus manos esta evitar este golpe a la economía de los victorenses, que pretende el cabildo de Victoria, ajustando las tablas de valor catastral y la no modificación de la tasas aplicables.
La propuesta del ayuntamiento presidido por Arturo Diez Gutiérrez se podría interpretar como una acción par a mitigar en algo el desastre financiero que le heredara a la administración del presidente electo Miguel González Salum, que tendrá dificultades para la contratación de nuevos empréstitos.
Por otro lado llama la atención que otros municipios tamaulipecos entre otros Reynosa quien fue impactado por el huracán Alex y otras calamidades, determinó no aumentar los valores catastrales de los inmuebles y como consecuencia tampoco el impuesto predial.
En definitiva en lugar de aumentar impuestos como el predial, el cabildo Victorense debería reducir el gasto corriente, buscar otras alternativas de ingresos refinanciar la deuda pública que le dejará a la administración entrante, junto a la caída estrepitosa de los servicios de calles en mal estado y recolección de basura, seguridad pública y pago a proveedores, la realidad es que el actual ayuntamiento es un municipio fallido.
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IV INFORME DE FCH
Luis Lauro Carrillo.
El presidente Felipe Calderón Hinojosa precedido en un marco aderezado por manifestaciones de protesta y marchas sociales, rindió por escrito el IV Informe de Gobierno al Congreso de la Unión, sobre el estado que guarda la administración pública federal como lo establece la constitución.
En una apertura de sesiones donde el informe del Ejecutivo pasó a segundo término, al privilegiarse diferencias internas relativas a la integración de la mesa directiva de la cámara de diputados, entre las fracciones parlamentarias del PRI y PRD, que ha puesto en riesgo la gobernabilidad de ese órgano del Congreso.
El diferendo entre priistas y perredistas ya generó la violación de la ley orgánica del Congreso, virtud del acuerdo de coordinadores parlamentarios se evitó que los partidos políticos fijaran su postura respecto al IV Informe de gobierno difiriéndola para fecha posterior aun cuando este ejercicio es una obligación legal.
¿Qué informó el presidente Calderón al Congreso y a los mexicanos más allá de cifras, datos y porcentajes de avances en obras o de gasto público, seguro popular, cambio climatico, captura de capos?
Esperemos que a con realismo y autocritica sean abordados los temas como la inseguridad, la violencia, la impunidad, el desempleo, la pobreza, la corrupción, los ninis, y la justificación de los festejos millonarios del Bicentenario y centenario cuando en la realidad no hay nada que Festejar.
Problemas graves como el de Mexicana de Aviación, evidenciaron un gobierno carente de capacidad para solucionar, una política exterior zigzagueante, por lo que se antoja difícil por no decir imposible encontrar algún rubro donde el ejecutivo federal haya tenido éxito.
En lo que si tiene razón el presidente es que el país está convulsionado por la violencia de la delincuencia organizada, donde amplias zonas de la república el orden público está roto, los mexicanos viven atemorizados donde se advierte la ausencia del estado y la ya existencia de entidades federativas fallidas.
Con el informe del Presidente del cuarto año de gobierno se podría resumir un
sexenio que pasará a la historia como el más violento, el de mayor crisis económica política y social de la historia reciente.
Calderón expreso: “Seguirá la violencia”. Si leemos con atención el discurso del ejecutivo observamos que está sustentado en conceptos:“guerra”, “lucha”, “combate”, “violencia”, “enfrentamientos”, “ejecutados”, “sicarios”, “capos” etc.
Por otro lado al presidente Calderón le cayó como anillo al dedo la captura de Édgar Valdez Villarreal La Barbie, que en los hechos le salvó el IV Informe, pues el saldo en materia de seguridad se presentaba negativo, con la creciente percepción ciudadana de que la guerra la va perdiendo el gobierno.
La detención de este personaje es un innegable triunfo oficial, que abona en favor de la causa calderonista los escasos logros.
En cuanto al balance de las acciones de gobierno estas no permiten ser positivas. La inseguridad está desbordada, el desempleo sigue en las alturas, mas pobreza y el crecimiento económico es poco o nada y además muy lento.
La calidad de la educación esta rezagada, es un país de reprobados, debido en buena medida al deficiente diseño de políticas públicas, a la falta de competitividad de docentes y arcaicos métodos de enseñanza aprendizaje.
El campo mexicano se mantiene en el olvido. Las reformas que le urgen a nuestro país se encuentran enterradas: ni la de estado, ni la fiscal, ni la política, ni la económica, ni la laboral se han cristalizado.
Lo que se anunció como uno de los grandes proyectos del sexenio la construcción de una nueva refinería en Tula Hidalgo está paralizada.
El ambiente político está enrarecido. No se percibe una Presidencia fuerte, por la baja estatura política de sus colaboradores para desempeñarse como secretarios del despacho, cuya mejor cualidad para accesar a ellos es el cuatachismo.
En definitiva México va de tropiezo en tropiezo, muy poco se ha avanzado en las prioridades del gobierno calderonista, a sabiendas de que la mayoría de éstas deben pasar por el Congreso y no dependen exclusivamente de la voluntad del Presidente pero si de su capacidad y oficio político para alcanzar acuerdos.
carrsot_l@hotmail.com
Twiter.com/luiscarrs
El presidente Felipe Calderón Hinojosa precedido en un marco aderezado por manifestaciones de protesta y marchas sociales, rindió por escrito el IV Informe de Gobierno al Congreso de la Unión, sobre el estado que guarda la administración pública federal como lo establece la constitución.
En una apertura de sesiones donde el informe del Ejecutivo pasó a segundo término, al privilegiarse diferencias internas relativas a la integración de la mesa directiva de la cámara de diputados, entre las fracciones parlamentarias del PRI y PRD, que ha puesto en riesgo la gobernabilidad de ese órgano del Congreso.
El diferendo entre priistas y perredistas ya generó la violación de la ley orgánica del Congreso, virtud del acuerdo de coordinadores parlamentarios se evitó que los partidos políticos fijaran su postura respecto al IV Informe de gobierno difiriéndola para fecha posterior aun cuando este ejercicio es una obligación legal.
¿Qué informó el presidente Calderón al Congreso y a los mexicanos más allá de cifras, datos y porcentajes de avances en obras o de gasto público, seguro popular, cambio climatico, captura de capos?
Esperemos que a con realismo y autocritica sean abordados los temas como la inseguridad, la violencia, la impunidad, el desempleo, la pobreza, la corrupción, los ninis, y la justificación de los festejos millonarios del Bicentenario y centenario cuando en la realidad no hay nada que Festejar.
Problemas graves como el de Mexicana de Aviación, evidenciaron un gobierno carente de capacidad para solucionar, una política exterior zigzagueante, por lo que se antoja difícil por no decir imposible encontrar algún rubro donde el ejecutivo federal haya tenido éxito.
En lo que si tiene razón el presidente es que el país está convulsionado por la violencia de la delincuencia organizada, donde amplias zonas de la república el orden público está roto, los mexicanos viven atemorizados donde se advierte la ausencia del estado y la ya existencia de entidades federativas fallidas.
Con el informe del Presidente del cuarto año de gobierno se podría resumir un
sexenio que pasará a la historia como el más violento, el de mayor crisis económica política y social de la historia reciente.
Calderón expreso: “Seguirá la violencia”. Si leemos con atención el discurso del ejecutivo observamos que está sustentado en conceptos:“guerra”, “lucha”, “combate”, “violencia”, “enfrentamientos”, “ejecutados”, “sicarios”, “capos” etc.
Por otro lado al presidente Calderón le cayó como anillo al dedo la captura de Édgar Valdez Villarreal La Barbie, que en los hechos le salvó el IV Informe, pues el saldo en materia de seguridad se presentaba negativo, con la creciente percepción ciudadana de que la guerra la va perdiendo el gobierno.
La detención de este personaje es un innegable triunfo oficial, que abona en favor de la causa calderonista los escasos logros.
En cuanto al balance de las acciones de gobierno estas no permiten ser positivas. La inseguridad está desbordada, el desempleo sigue en las alturas, mas pobreza y el crecimiento económico es poco o nada y además muy lento.
La calidad de la educación esta rezagada, es un país de reprobados, debido en buena medida al deficiente diseño de políticas públicas, a la falta de competitividad de docentes y arcaicos métodos de enseñanza aprendizaje.
El campo mexicano se mantiene en el olvido. Las reformas que le urgen a nuestro país se encuentran enterradas: ni la de estado, ni la fiscal, ni la política, ni la económica, ni la laboral se han cristalizado.
Lo que se anunció como uno de los grandes proyectos del sexenio la construcción de una nueva refinería en Tula Hidalgo está paralizada.
El ambiente político está enrarecido. No se percibe una Presidencia fuerte, por la baja estatura política de sus colaboradores para desempeñarse como secretarios del despacho, cuya mejor cualidad para accesar a ellos es el cuatachismo.
En definitiva México va de tropiezo en tropiezo, muy poco se ha avanzado en las prioridades del gobierno calderonista, a sabiendas de que la mayoría de éstas deben pasar por el Congreso y no dependen exclusivamente de la voluntad del Presidente pero si de su capacidad y oficio político para alcanzar acuerdos.
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LAS CUOTAS ESCOLARES.
El problema de las cuotas escolares y de la venta de comida chatarra y refrescos en las escuelas públicas es una de las consecuencias inmediatas de la incapacidad del Estado para garantizar educación gratuita a todos los mexicanos.
Cada inicio de un ciclo escolar, el sistema educativo estatal se coloca en el "Ojo del Huracán", debido al cobro de cuotas escolares en planteles educativos públicos, a pesar de que en México la educación es gratuita.
Es claro que esa práctica se convierte cada año en una sangría para los padres de familia, quienes son obligados a cubrir una tarifa de inscripción, cuotas para el mejoramiento de los establecimientos educativos, disfrazadas de aportaciones voluntarias.
Según el dirigente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, Leopoldo García, son alrededor de 5 mil millones de pesos, los que ingresan a las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria por concepto de cuotas. De acuerdo con la SET, las escuelas de Tamaulipas reciben 219 millones de pesos.
El titular de la SEP Alonso Lujambio a nivel federal y el diputado local Cuitláhuac Ortega Maldonado, más preocupados por el destino de los recursos obtenidos de las cuotas escolares, demandan su regulación y transparencia que por la eliminación de esa pesada carga onerosa a los paterfamilias.
Otros más como Guillermo Amaya Tijerina de la SET estatal ha evidenciado, que ahí hay toda una cultura de improductividad e ineficiencia al declarar “Son las cuotas un mal necesario”.
Las declaraciones anteriores confunden a los padres de familia, porque irresponsablemente dan por hecho, que la educación en México y en Tamaulipas ya no es gratuita.
En Tamaulipas las cuotas escolares es un tema del que mucho se habla pero poco o nada se hace, ni autoridades educativas, asociaciones de “padres de familia”, ni legisladores, ni la comisión estatal de derechos Humanos, salvo algunos pronunciamientos no se ha hecho nada por evitarlas o prohibirlas.
Al efecto Felipe Garza Narváez presidente de la junta de Coordinación Política del Congreso del Estado presume de los logros legislativos durante el trienio que agoniza, sin embargo ni él ni sus colegas no han sido capaces de ponerle un freno al anticonstitucional cobro de cuotas, aunque a veces discurseen sobe las mismas.
Es cierto que la cuota escolar se utiliza, la mayoría de los casos en los propios planteles ante la incapacidad de los gobiernos para darles a los alumnos instalaciones dignas, pero eso no es pretexto ni motivo para violar la constitución ni para obligar a los padres de familia a suplir al estado en la función educativa.
Hay casos en que se estigmatizan a los alumnos colocando en las puertas de acceso a los planteles escolares las listas de niños que sus padres no cubrieron las cuotas siendo objeto de burlas de sus compañeros. También algunos directores en combinación con integrantes de la mesa directiva toman las cuotas como caja chica para financiamiento personal.
Los padres de familia deben tener muy en cuenta que el cobro de cuotas escolares no tiene ningún fundamento constitucional y que en caso de negarse a pagarlas, están amparados por la Constitución General de la República, además que cualquier práctica coercitiva de las direcciones escolares debe ser denunciada públicamente, pues es sabido que las autoridades educativas solapan estos métodos ante su incapacidad e inoperancia para ofrecer escuelas dignas.
Habría que reiterar que los paterfamilias no son los responsables de que el Estado no cumpla con su obligación de proporcionar educación gratuita a todos los mexicanos, estando obligados moralmente a denunciar cual quiera irregularidad que atente contra la educación de los niños, para evitar abusos y corrupción.
En definitiva en términos del artículo 3º constitucional la educación preescolar, primaria y secundaria debe continuar siendo gratuita, financiada por el estado que permita sufragar los gastos de conservación y mantenimiento de los edificios escolares, ampliando el presupuesto de egresos de la federación y del de las entidades federativa para incluir dichas partidas y terminar de tajo con las cuotas escolares. Buscar alternativas al uso de indumentaria escolar.
carrsot_l@hotmail.com
Twiter.com/luiscarrs
Cada inicio de un ciclo escolar, el sistema educativo estatal se coloca en el "Ojo del Huracán", debido al cobro de cuotas escolares en planteles educativos públicos, a pesar de que en México la educación es gratuita.
Es claro que esa práctica se convierte cada año en una sangría para los padres de familia, quienes son obligados a cubrir una tarifa de inscripción, cuotas para el mejoramiento de los establecimientos educativos, disfrazadas de aportaciones voluntarias.
Según el dirigente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, Leopoldo García, son alrededor de 5 mil millones de pesos, los que ingresan a las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria por concepto de cuotas. De acuerdo con la SET, las escuelas de Tamaulipas reciben 219 millones de pesos.
El titular de la SEP Alonso Lujambio a nivel federal y el diputado local Cuitláhuac Ortega Maldonado, más preocupados por el destino de los recursos obtenidos de las cuotas escolares, demandan su regulación y transparencia que por la eliminación de esa pesada carga onerosa a los paterfamilias.
Otros más como Guillermo Amaya Tijerina de la SET estatal ha evidenciado, que ahí hay toda una cultura de improductividad e ineficiencia al declarar “Son las cuotas un mal necesario”.
Las declaraciones anteriores confunden a los padres de familia, porque irresponsablemente dan por hecho, que la educación en México y en Tamaulipas ya no es gratuita.
En Tamaulipas las cuotas escolares es un tema del que mucho se habla pero poco o nada se hace, ni autoridades educativas, asociaciones de “padres de familia”, ni legisladores, ni la comisión estatal de derechos Humanos, salvo algunos pronunciamientos no se ha hecho nada por evitarlas o prohibirlas.
Al efecto Felipe Garza Narváez presidente de la junta de Coordinación Política del Congreso del Estado presume de los logros legislativos durante el trienio que agoniza, sin embargo ni él ni sus colegas no han sido capaces de ponerle un freno al anticonstitucional cobro de cuotas, aunque a veces discurseen sobe las mismas.
Es cierto que la cuota escolar se utiliza, la mayoría de los casos en los propios planteles ante la incapacidad de los gobiernos para darles a los alumnos instalaciones dignas, pero eso no es pretexto ni motivo para violar la constitución ni para obligar a los padres de familia a suplir al estado en la función educativa.
Hay casos en que se estigmatizan a los alumnos colocando en las puertas de acceso a los planteles escolares las listas de niños que sus padres no cubrieron las cuotas siendo objeto de burlas de sus compañeros. También algunos directores en combinación con integrantes de la mesa directiva toman las cuotas como caja chica para financiamiento personal.
Los padres de familia deben tener muy en cuenta que el cobro de cuotas escolares no tiene ningún fundamento constitucional y que en caso de negarse a pagarlas, están amparados por la Constitución General de la República, además que cualquier práctica coercitiva de las direcciones escolares debe ser denunciada públicamente, pues es sabido que las autoridades educativas solapan estos métodos ante su incapacidad e inoperancia para ofrecer escuelas dignas.
Habría que reiterar que los paterfamilias no son los responsables de que el Estado no cumpla con su obligación de proporcionar educación gratuita a todos los mexicanos, estando obligados moralmente a denunciar cual quiera irregularidad que atente contra la educación de los niños, para evitar abusos y corrupción.
En definitiva en términos del artículo 3º constitucional la educación preescolar, primaria y secundaria debe continuar siendo gratuita, financiada por el estado que permita sufragar los gastos de conservación y mantenimiento de los edificios escolares, ampliando el presupuesto de egresos de la federación y del de las entidades federativa para incluir dichas partidas y terminar de tajo con las cuotas escolares. Buscar alternativas al uso de indumentaria escolar.
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NADA QUE FESTEJAR
De acuerdo con el diccionario de la legua española la palabra celebración significa exaltar, festejar, alabar a una persona o cosa/ hacer solemne una ceremonia o acto. Esa definición nos lleva a preguntarnos ¿los mexicanos tenemos motivos para festejar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución?
La independencia y la revolución, fueron dos movimientos armados que perseguían, el primero la libertad respecto de España y la Revolución tenía el objetivo principal la democratización del país y accesoriamente la reivindicación de algunos derechos de los campesinos y obreros.
Celebrar en medio de la peor crisis económica y ante un futuro tan oscuro para la mayoría de los mexicanos es evidente que el sistema político ensalza a sus glorias pasadas para reiterar que su sistema "marcó el progreso" y que, por tanto, deberíamos confiar en que el país pasa por un "pequeño bache" y que, en cuestión de meses, volveremos a ver "la luz al final del túnel".
El sistema educativo, nos ha enseñado que ambos movimientos armados fueron una colección de hechos históricos y mitos sin conexión entre ellos y una lista de héroes que han canonizado hasta volverlos religiosamente "inmaculados", todos ellos de "buenos sentimientos" y de no mejores intenciones; todos, desde Hidalgo hasta Cárdenas, quienes según los historiadores reverenciales siempre estuvieron siempre del lado del pueblo.
Cumplidos los 200 años de rememorar la Independencia de México, no obstante haber alcanzado dicho status hasta la firma de los tratados de Córdoba, el 27 de Septiembre de 1821, una fecha que para muchos mexicanos pasa desapercibida, por lo que en realidad apenas se cumplieron 189 años de vida independiente.
Mientras tanto el centenario de la Revolución Mexicana debería ser el 5 de febrero de 2017, cuando se concretó el primer acuerdo nacional entre facciones revolucionarias después de siete años de lucha, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los festejos del Bicentenario y Centenario han sido empañados por una degradación terrible de nuestras condiciones materiales de vida y por una ausencia angustiante de un futuro mejor.
Sin embargo, la clase política y económica en el poder aprovechará la oportunidad para recordarnos que las revoluciones son "cosas del pasado", que lo peor de la historia ha quedado atrás y que el actual sistema político y social es "eterno" y el "mejor de los mundos".
La postura de las clases medias, trabajadores y campesinas es diametralmente opuesta a la visión estática, fraccionada y mistificada del statu quo. Los representantes de izquierda y derecha, en los hechos tienen la misma visión oficial como integrantes del sistema político.
Por otro lado estos Festejos han sido marcados por el derroche económico con un presupuesto de más de 2,000 mil millones de pesos para la celebración, como si se tratara de un país que no padeciera crisis económica y de seguridad, además con una falta de transparencia en el manejo de dichos recursos.
El Show pirotécnico y artístico de corte ‘hollywoodense’, estará a cargo de una empresa australiana, con un costo de 690 millones de pesos en un solo día, en el cual participarán más de 20 mil artistas. Habrá además un monumento y un desfile. Los festejos se reproducirán en las entidades federativas y en algunos municipios por seguridad no se realizaran.
Por otra parte hubo dos formas de conmemorar, no de festejar el Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución.
La primera era revisar nuestros 200 años de vida bajo una perspectiva histórica, reflexionar sobre quiénes fuimos, adonde fuimos y quiénes debimos ser.
Pero se decidió por la segunda: adquirir vestuario, lentejuelas, maquillaje y fuegos artificiales, actores con el objeto de embriagarnos frente a la ilusión de que somos una gran nación por la magia de las pirámides, los mariachis y los tacos de trompo y al pastor.
No se reflexiono si con la Independencia alcanzamos la libertad o sólo cambiamos de amo. Los Estados Unidos, imponen condiciones económicas y seguridad a México, por lo que hemos transitado de la dominación española a la dependencia económica de los Estados Unidos. Tampoco se delibero si gobierna la delincuencia organizada.
No se debatió, que el saldo en los últimos 27 años es de desigualdad social y económica, expresada en más setenta millones de pobres que habla por sí sola de un fracaso.
Aun cuando los mejores años post revolucionarios fueron los llamados del Desarrollo Estabilizador, entre las décadas de los sesentas y los setentas, en que se dio una relativa autonomía política, económica y alimentaria
Y lo peores, fueron con la implantación del neoliberalismo a partir de Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón, cuya política económica ha probado su ineficacia y que ha sumido al país en la debacle. Dictada por el Consenso de Washington, bajo la tutela de Reagan y Thatcher.
En definitiva no existió previo al Bicentenario un ejercicio de autocrítica y reencauzamiento, para que las élites políticas, económicas, incluso las intelectuales, hubieren logrado concebir o construir un nuevo proyecto de nación, que nos mostrara con exactitud el camino para salir del subdesarrollo de una vez por todas. A pesar de no existir motivos o nada que festejar, hay mucha fiesta, para tan poca reflexión.
carrsot_l@hotmail.com
Twiter.com/luiscarrs
La independencia y la revolución, fueron dos movimientos armados que perseguían, el primero la libertad respecto de España y la Revolución tenía el objetivo principal la democratización del país y accesoriamente la reivindicación de algunos derechos de los campesinos y obreros.
Celebrar en medio de la peor crisis económica y ante un futuro tan oscuro para la mayoría de los mexicanos es evidente que el sistema político ensalza a sus glorias pasadas para reiterar que su sistema "marcó el progreso" y que, por tanto, deberíamos confiar en que el país pasa por un "pequeño bache" y que, en cuestión de meses, volveremos a ver "la luz al final del túnel".
El sistema educativo, nos ha enseñado que ambos movimientos armados fueron una colección de hechos históricos y mitos sin conexión entre ellos y una lista de héroes que han canonizado hasta volverlos religiosamente "inmaculados", todos ellos de "buenos sentimientos" y de no mejores intenciones; todos, desde Hidalgo hasta Cárdenas, quienes según los historiadores reverenciales siempre estuvieron siempre del lado del pueblo.
Cumplidos los 200 años de rememorar la Independencia de México, no obstante haber alcanzado dicho status hasta la firma de los tratados de Córdoba, el 27 de Septiembre de 1821, una fecha que para muchos mexicanos pasa desapercibida, por lo que en realidad apenas se cumplieron 189 años de vida independiente.
Mientras tanto el centenario de la Revolución Mexicana debería ser el 5 de febrero de 2017, cuando se concretó el primer acuerdo nacional entre facciones revolucionarias después de siete años de lucha, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los festejos del Bicentenario y Centenario han sido empañados por una degradación terrible de nuestras condiciones materiales de vida y por una ausencia angustiante de un futuro mejor.
Sin embargo, la clase política y económica en el poder aprovechará la oportunidad para recordarnos que las revoluciones son "cosas del pasado", que lo peor de la historia ha quedado atrás y que el actual sistema político y social es "eterno" y el "mejor de los mundos".
La postura de las clases medias, trabajadores y campesinas es diametralmente opuesta a la visión estática, fraccionada y mistificada del statu quo. Los representantes de izquierda y derecha, en los hechos tienen la misma visión oficial como integrantes del sistema político.
Por otro lado estos Festejos han sido marcados por el derroche económico con un presupuesto de más de 2,000 mil millones de pesos para la celebración, como si se tratara de un país que no padeciera crisis económica y de seguridad, además con una falta de transparencia en el manejo de dichos recursos.
El Show pirotécnico y artístico de corte ‘hollywoodense’, estará a cargo de una empresa australiana, con un costo de 690 millones de pesos en un solo día, en el cual participarán más de 20 mil artistas. Habrá además un monumento y un desfile. Los festejos se reproducirán en las entidades federativas y en algunos municipios por seguridad no se realizaran.
Por otra parte hubo dos formas de conmemorar, no de festejar el Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución.
La primera era revisar nuestros 200 años de vida bajo una perspectiva histórica, reflexionar sobre quiénes fuimos, adonde fuimos y quiénes debimos ser.
Pero se decidió por la segunda: adquirir vestuario, lentejuelas, maquillaje y fuegos artificiales, actores con el objeto de embriagarnos frente a la ilusión de que somos una gran nación por la magia de las pirámides, los mariachis y los tacos de trompo y al pastor.
No se reflexiono si con la Independencia alcanzamos la libertad o sólo cambiamos de amo. Los Estados Unidos, imponen condiciones económicas y seguridad a México, por lo que hemos transitado de la dominación española a la dependencia económica de los Estados Unidos. Tampoco se delibero si gobierna la delincuencia organizada.
No se debatió, que el saldo en los últimos 27 años es de desigualdad social y económica, expresada en más setenta millones de pobres que habla por sí sola de un fracaso.
Aun cuando los mejores años post revolucionarios fueron los llamados del Desarrollo Estabilizador, entre las décadas de los sesentas y los setentas, en que se dio una relativa autonomía política, económica y alimentaria
Y lo peores, fueron con la implantación del neoliberalismo a partir de Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón, cuya política económica ha probado su ineficacia y que ha sumido al país en la debacle. Dictada por el Consenso de Washington, bajo la tutela de Reagan y Thatcher.
En definitiva no existió previo al Bicentenario un ejercicio de autocrítica y reencauzamiento, para que las élites políticas, económicas, incluso las intelectuales, hubieren logrado concebir o construir un nuevo proyecto de nación, que nos mostrara con exactitud el camino para salir del subdesarrollo de una vez por todas. A pesar de no existir motivos o nada que festejar, hay mucha fiesta, para tan poca reflexión.
carrsot_l@hotmail.com
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