PARQUIMETROS DE VICTORIA METERS.

La instalación de parquímetros en el centro de la capital tamaulipeca fue una de tantas herencias dejadas por el cuestionado ex presidente Municipal de Victoria Arturo Diez Gutiérrez, al concesionar con el aval del congreso del estado la instalación y operación de los estacionómetros a la empresa particular Victoria Meters.

El resultado final de esta decisión es la molestia para los victorenses que deben pagar seis pesos la hora y multas excesivas a criterio de la concesionaria por violar el tiempo, lo que conlleva previamente a la anticonstitucional inmovilización del automóvil por medio del artefacto conocido como “La Araña”.

De ahí que Rafael Rodríguez y Moisés Orozco Ramos, Secretario y Director jurídico del Ayuntamiento de Victoria respectivamente, se han visto muy menores para los tiempos y los puestos que ocupan, haciendo enormes esfuerzos por tratar de clarificar conceptos como legalidad, constitucionalidad y concesión.

Ni Cantinflas llego tan lejos con estas aseveraciones de Moisés Orozco Ramos quien señaló: “‘Victoria Meters es una persona moral, y en este caso se le concesionó el servicio y al momento de concesionárseles son los que lo operan y, desde luego, ante la recurrencia en el pago de una multa viene lo que es la inmovilización”.

“No es que actúen como una autoridad, sino que son un ente administrativo”. Además el director jurídico del ayuntamiento de Victoria también admitió que en base al reglamento los representantes de la empresa pueden designar personal para hacer uso de la instalación de “arañas” en las llantas de los autos.

Por su parte Rodríguez Salazar señaló que actualmente operan 290 parquímetros, pero en dos etapas más la cifra pudiera superar los 400 aparatos, que generan un ingreso adicional para la administración municipal por arriba de 130 mil pesos mensuales. ¿Por tampoco sacrificaron a los victorenses?

“Como los comerciantes han aumentado sus ventas con los parquímetros, a petición de ellos se aumentaran los mismos. En cuanto a que muchas personas se verán afectadas con los nuevos estacionómetros el cabildo estudia la posibilidad de ayudarlos”.

“La idea es considerar a estas personas en todo lo que represente esta situación para ellos. Al fin de cuentas la banqueta y la vía pública no son propiedad particular, desde luego entiendo la situación, por eso se estudia conceder algunos beneficios”

No cabe duda que para asumir estos cargos públicos aparte de la falta de talento hay que hacerla también de pinocho, pero lo más grave, es que estos servidores están convencidos que la ciudadanía se chupa el dedo. Tal parece que carecen de las dos sustancias indispensables para la administración pública: competencia y sensibilidad.

La concesión es un acto administrativo público unilateral por medio del cual el municipio llamado concedente faculta a un particular llamado concesionario, para que administre y explote en su provecho en forma regular y continua por un tiempo determinado un servicio público con el fin de satisfacer un interés colectivo, mediante una ley preconcebida y un contrato formulado por las partes.

La concesionaria Victoria Meters es un particular que no debe ni puede tener el carácter de autoridad para imponer sanciones ni mucho menos realizar actos privativos de desposesión e impedir la libertad de circulación al inmovilizar vehículos , aun cuando en el contrato o en el acto administrativo de la concesión le hayan delegado indebidamente esas facultades.

En ese orden de ideas la empresa Victoria Meter avalada por el ayuntamiento victorense, con su actuación al imponer sanciones e inmovilizar vehículos, estaría incurriendo en los delitos de usurpación de funciones públicas y privación de derechos y garantías constitucionales.

En teoría el ayuntamiento de Victoria solo debió reservarse el derecho de vigilar el buen funcionamiento y operación eficiente del servicio público concesionado pero no delegarle atribuciones a la concesionaria, teniendo en cualquier tiempo el derecho de reincorporar el servicio de estacionómetros concesionados mediante la expropiación, conocida como municipalización.

Por otro lado el cabildo que preside Miguel González Salum que padece hambruna de liquidez, proyecta ampliar el número de parquímetros a más de 400, en los hechos se interpreta como un proceso irrefrenable de privatización de las calles de ciudad Victoria.

Por otra parte las autoridades pasadas y las actuales del municipio capitalino no han expresado cuál fue el costó la concesión; adonde va a parar el recurso que se obtiene, ni dónde se está aplicando o en qué condiciones esté funcionando, manteniéndose en la opacidad.

La colocación de los estacionómetros, en el tiempo que llevan establecidos los ciudadanos no han visto mejora alguna de orden colectivo por la entrada de recursos que se obtiene por la concesión de la colocación y operación de los parquímetros.

En definitiva la instalación de los estacionómetros por parte de la concesionaria Victoria Meters ha provocado molestias, arbitrariedades e inconformidad en la ciudadanía victorense, siendo su actuación violatoria de derechos humanos consagrados en la constitución de la republica, cometiendo delitos con la complacencia y coparticipación del Ayuntamiento.

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AFFAIRE DE FLORENCE CASSEZ

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Florence Cassez es la ciudadana francesa, sentenciada a 60 años de prisión por el delito secuestro y otros crímenes, es objeto de un orquestado linchamiento publico por la mayoría de los medios de comunicación,” lideres” de opinión y de “dirigentes de organizaciones civiles, siendo considerada por estos como la manzana de la discordia entre México y Francia.

Los activistas orgánicos como Isabel Miranda de Wallace de Alto al Secuestro, Alejandro Martí de México SOS, María Elena Morera México de Unido Contra la Delincuencia, y Marcos Fastlicht de Consejeros de participación cívica, cual grupos de presión publicaron carta exhortando al Poder Judicial federal y al gobierno mexicano “no ceda ante las presiones del gobierno francés en lo que refiere al caso de Florence Cassez”.

El presidente francés, Nicolás Sarkozy y su gente están indignados porque a Florence Cassez un día después de su detención le armaron un montaje mediático, como si fuera en tiempo real su detención, coordinado y dirigido por el hoy titular de la Secretaria de Seguridad Publica Genaro García Luna para la televisión.

Culpable o no, la irregularidad del montaje y otras graves inconsistencias procesales puso en entredicho la sentencia de 60 años de cárcel para Cassez, considerada en Francia y en algunos defensores de Derechos humanos y foros jurídicos mexicanos como excesiva y deplorable.

Al margen de que Sarkozy, registre el momento más bajo de popularidad, tiene la obligación de defender a sus conciudadanos, como lo hizo Vicente Fox en 2002 con Javier Suárez Medina condenado a muerte por homicidio en el estado de Texas.

De ahí que el presidente galo defiende a Cassez hasta el grado de dedicarle el Año de México en Francia, a su compatriota en desgracia, aun en el extremo de poner en riesgo las relaciones diplomáticas entre México y Francia.

A los panistas y a los medios les dio pavor que Sarkozy haya decidido confrontar a al presidente Felipe Calderón y que en Francia empiecen a protestar contra el michoacano, conflicto que pudo haberse evitado si de entrada hubieran renunciado a García Luna. No lo hicieron. Ahora tienen un problema diplomático grave.

De acuerdo a constancias procesales cuya copia obra en poder de cuestión publica, el proceso penal está plagado de inconsistencias, contradicciones e irregularidades, donde la francesa no es identificada en un primer momento por sus víctimas.

Luego el cambio radical en las declaraciones de los secuestrados se dio días después de que en un programa de televisión se descubrió que la detención fue un montaje.

En su ampliación, ambas “victimas” Cristina Ríos Valladares su hijo Christian Hilario Ramírez Ríos empiezan a recordar súbitamente dos meses después de su primera declaración la presencia de una mujer en su narración, de mechón de pelo rubio y que habla con acento extranjero.

La sentencia condenatoria confirmada por el séptimo tribunal colegiado en materia penal, no se basa en un juicio razonado y crítico, ya que se violentó el principio de inmediatez procesal, pasó por alto las pruebas de descargo, desatendió las contradicciones inherentes a la versión del Ministerio Público y toleró sus flagrantes irregularidades de su conducta procesal.

En la citada resolución también se paso por alto la declaración Israel Vallarta Cisneros quien en su declaración ministerial del nueve de diciembre del dos mil cinco, afirmó: “ella(Cassez) no estaba enterada de las personas que tenía secuestradas dentro de mi casa ni participó en ninguno de los secuestros que he narrado”.

Los derechos humanos a la presunción de inocencia, la prohibición de incomunicación, el derecho al debido proceso legal, el derecho a contar con una defensa oportuna y adecuada, el derecho a contar con asistencia consular, a contar con un traductor competente, y el derecho a que la investigación sea imparcial, objetiva y legal fueron pasados por alto por el Ministerio Público.

Aun cuando la justicia mexicana ya se pronunció, decretando el caso de Cassez como cosa juzgada por ser por una sentencia definitiva, la presión de Sarkozy se incrementa y grupos de derechos humanos franceses canadienses y mexicanos se incrementa.

En definitiva a Florence Cassez Jurídicamente solo le que quedan agotar en México dos en recursos: la petición de indulto ante el ejecutivo federal, cosa que se antoja imposible y el reconocimiento de su inocencia ante la Suprema Corte de Justicia, independientemente de la presión política de organismos internacionales de derechos humanos o un fallo de la Corte Internacional de Justicia.

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DEDUCIBILIDAD DE LAS COLEGIATURAS.

El decreto de deducibilidad de impuestos de las colegiaturas de preescolar a bachillerato en la educación privada, anunciado por el presidente Felipe Calderón, constituye una propuesta de corte derechista, que tiende a transferir recursos económicos del sector público al privado, que provocará más desigualdad y marginación social.

La fragmentación de la educación es una política llevada a cabo por el mismo Estado desde hace años, ya que no sólo permite la existencia de Escuelas privadas sino que ahora los financiará a través de las deducciones impositivas.

La desigualdad social es profunda. El país se va segmentando. El mensaje que predomina en el decreto del ejecutivo contribuye a que la inequidad escolar se haga más pronunciada. Los que "luchan" por educación privada son elogiados y premiados; a los de la educación pública se les asigna recursos solo para mantener los gastos más apremiantes.

En los hechos se trata de un proceso de privatización de la educación desde la política pública del Estado, caracterizado por la concentración no sólo de la riqueza, sino también de la educación, de la cultura y la información.

A partir de 2012 el contribuyente podrá deducir su educación, la de su cónyuge, la de sus padres y las de sus hijos en niveles de preescolar a bachillerato o equivalente y para esto, deberá hacer pago electrónico y o cheque nominativo y exigir la factura mensual o anual a la institución educativa.

En tanto la Educación pública se hunde por el control sindical del SNTE, la inoperancia de la SEP, las SE de los estados y la corrupción generalizada en esos ámbitos. Peor aún, la enseñanza pública obligatoria por ley y sostenida con recursos públicos no es, para las familias que la usan, gratuita como lo establece la Constitución.

La educación que imparte el Estado que en teoría debería ser gratuita, pero se convierte en gravosa desde la compra forzosa de uniformes y útiles pasando por las anticonstitucionales y mal llamadas cuotas “voluntarias” obligatorias, de inscripción y de otros rubros a lo largo del año lectivo.

Circunstancias evidencian la incapacidad de los gobiernos federal y estatal para darles a los alumnos instalaciones dignas, cargas y contribuciones que obligan a los padres de familia a suplir al estado en la función educativa.

¿A quién beneficia la deducibilidad de las colegiaturas sobre el ISR por el orden de 13 mil millones de pesos?

Beneficia a la educación privada que se pagará con el impuesto de todos los mexicanos.

A los que más tienen, a las familias de mayores ingresos de manera desproporcionada quienes que son las que más participan de la educación privada.

Al sector privado por el estimulo a la demanda por la educación particular, ante el inminente crecimiento de escuelas privadas, muchas de ellas “patito” que ofertarán gratuitamente sus servicios escolares.

Al sector clase mediero de este país que va poder acceder como ya lo hace a la educación privada, en función de la gratuidad escolar, que constituye en el fondo de la iniciativa el guiño electorero panista a este segmento de la sociedad beneficiario d e los malabarismos financieros del calderonismo.

¿A quién perjudica la deducibilidad de las colegiaturas sobre el ISR?

Perjudica a la educación pública por la transferencia recursos económicos del sector público al privado, porque esos recursos podrían ser destinados para las escuelas que más lo necesitan, para resolver los problemas de infraestructura, equipamiento, materiales escolares, uniformes, útiles, bancas sillas pizarrones, libros baños etc.

A los que menos tienen y marginados sociales, ya que con dicho decreto se profundizará la desigualdad educativa y se acentuará la inequidad entre grupos sociales y regiones de nuestro país que se refleja en el nivel escolar y que se caracteriza por escuelas que lo tienen todo y escuelas que no tienen casi nada.

Con estas políticas cada vez se está más lejos la posibilidad de una escuela pública como un espacio de todos, y cada vez está más cerca la de ser la escuela de los sectores más marginados. Se pierde la idea de la escuela como espacio democratizador en donde se comparten las diferencias sociales.

Por otro lado Beatriz Paredes Rangel, todavía dirigente del PRI en vez de debatir sobre el contenido del decreto se quejó del pirateo que les hizo Felipe Calderón de esa iniciativa. También resultaría interesante conocer la opinión de los dirigentes del magisterio tamaulipeco y funcionarios de la SET.

En ese orden de ideas al hacer deducibles los servicios educativos se está apoyando a quienes tienen más ingresos para enviar a sus hijos a educación privada, y no pública, de forma que se acaba ayudando a quienes no son los más pobres.

En definitiva, a la luz del decreto de deducibilidad de las colegiaturas, los problemas educativos entonces no se deben a la falta de recursos, sino a la decisión política ideológica de usarlos para sostener la escuela particular y como consecuencia aumentar y profundizar la desigualdad social. Lo más sensato es la supresión de subsidios del Estado a la educación privada.

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IMAGEN DE LOS DIPUTADOS.

La función legislativa en nuestro país, incluido Tamaulipas está degradada hasta el extremo. Los diputados tienen bien ganado el desprestigio. Son groseramente caros y ordinariamente ineficientes. Es una función de tipo parasitaria muy lucrativa, que los hace extremadamente improductivos.

Los diputados son considerados lo peor de la clase política, según todas las encuestas de percepción ciudadana. Es una imagen que arrastran desde hace años y en el caso particular de la LX Legislatura del Congreso del Estado cuyas funciones concluyeron en diciembre pasado, no pudo ser la excepción.

Viene a cuento lo anterior por lo expresado por la diputada Guadalupe Flores Valdez ante la red de mujeres periodistas: “los nuevos legisladores de Tamaulipas trabajan para resarcir el deterioro de su imagen ciudadana que en consulta reciente los ubica con mas descredito social, que policías, incluso alcaldes y funcionarios estatales al grado de sentirse reyes ante los legisladores”, cuestionando su intervención en la revisión de cuentas públicas.

La falta de transparencia, de rendición de cuentas y corrupción llevó a los ayuntamientos y a dependencias estatales, no tan sólo a gastar más de lo que recibieron, sino a comprometer ingresos futuros a través del endeudamiento de los que esperan recibir en años venideros, amén de la posible desviación de recursos vía corrupción.

Tamaulipas a finales de 2010 registró una deuda pública estatal por la cantidad de 9 mil 500 millones de pesos, con un 63.5 por ciento de incremento, aunque expertos la ubican la deuda real en el orden de 14 mil millones de pesos y de más 3 mil millones de pesos la deuda municipal en la entidad.

De ese endeudamiento partidos políticos, organismos de la sociedad civil y medios de comunicación han denunciado presunto saqueo y despilfarro municipal cobijado por la impudicia en la opacidad de las cuentas públicas, por la probable coparticipación de la Auditoria superior de Congreso y de la Comisión de Vigilancia y diputados de la LX legislatura, por las cuales exigen su revisión.

La LX Legislatura pasada aprobó entre otras cuentas públicas del año 2010: la del municipio de Victoria el primer semestre; la de N. Laredo primer semestre: la de Madero primer y segundo trimestre; la de Tampico primer y segundo trimestre; la de Reynosa primer semestre; la de Matamoros primer semestre y la de Mante primer, segundo y tercer trimestre, así como el 1º, 2º y 3º trimestre de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Todas cuestionadas.

De ahí que es políticamente correcto atender los reclamos de la sociedad civil, investigando las posibles irregularidades en las cuentas públicas estatales y municipales aprobadas o no y en su caso fincar responsabilidades legales.

De existir voluntad política en forma separada las contralorías del estado y municipios respectivamente deberían investigar en términos de la ley de responsabilidades a aquellos ex funcionarios estatales y municipales, que por los signos externos de riqueza estos sean tan ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos recibidos.

Para conocimiento de Gustavo Torres presidente de la Comisión de Vigilancia quien pide denuncias con pruebas, habría que aclararle al vigilante que los denunciantes no son investigadores, conforme la ley de fiscalización, es la Auditoria Superior el órgano competente para investigar los actos u omisiones que pudieran configurar alguna irregularidad o conducta ilícita en materia administración y aplicación de recursos públicos

La Auditoria Superior debe allegarse los medios probatorios necesarios para determinar si existieron o no irregularidades en el gasto público, la denuncia no debe confundirse con la acusación que es la imputación directa de una conducta ilícita o antisocial y la denuncia es hacer del conocimiento bajo protesta de decir verdad, determinados hechos u omisiones que pudieran constituir alguna irregularidad o conducta ilícita.

El costo-beneficio de todos los legisladores de la pasada legislatura, reflejó una carencia de mayores y mejores resultados legislativos, a pesar de los millones de pesos invertidos en el sistema legislativo, las cientos de horas-diputados empleadas para “legislar”, no se logro la eficacia parlamentaria. Resultó carísima cada iniciativa de ley aprobada, cada cuenta pública aprobada, decreto emitido y punto de acuerdo.

De todo hay y de todo ha pasado por ahí. Ingenieros, economistas, abogados, médicos maestros, contadores, administradores, comunicadores, campesinos, ganaderos, burócratas, júniors, dipsómanos, adictos, conversos, personas con antecedentes dudosos y con presente o futuro delictivo; deportistas, luchadores (sociales y del ring), historiadores y por supuesto, profesionales de la grilla y gandayas.

Al menos Guadalupe Flores Valdez presidenta de la actual Junta de Coordinación política ya tiene bases para que, solucionadas las formas, los diputados se concentren en dar resultados. Sólo así saldrán del sótano donde la opinión pública los tiene colocados.

En teoría los diputados representan a todos los habitantes en las entidades federativas, en los hechos representan a los ejecutivos estatales, la mayoría por pertenecer al mismo partido y los de oposición por presunta vía de la cooptación. Por lo tanto deberían estar obligados políticamente a ser defensores, procuradores de la población de los distritos y de la entidad misma en atención al mandato popular que ostentan.

Los diputados tienen una doble función, constitucional y tradicional a desempeñar, la de actuar como legisladores presentando iniciativas o colaborando en el trabajo legislativo en la construcción de legislaciones que contengan las aspiraciones o demandas de la sociedad y las gestiones a la comunidad, de las cuales en su mayoría frecuentemente se apartan.

En definitiva la actual legislatura (LXI) tiene el reto de superar la insolvencia legislativa, permanecer en los linderos de la política seria, la de verdad, la de servicio a la comunidad, reivindicar la dignidad ética y el profesionalismo legislativo; aunque vivan de y para la política o deambulen en ese ámbito, representen los intereses de los tamaulipecos.

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LIBERTAD DE EXPRESION. ABUSO Y SUPRESION.

Desde el inicio de la LXI Legislatura federal el diputado petista Gerardo Fernández Noroña manifestó: “Ahora tengo fuero que me permite expresarme con libertades”, su gestión la ha orientado al show, de la más reciente actuación fue la exhibición de una manta divulgando el presunto alcoholismo del presidente Felipe Calderón.

Amparado en el fuero constitucional el legislador Fernández Noroña injuria, calumnia, descalifica y acusa a sus opositores sin aportar pruebas que sostengan sus afirmaciones, haciendo un uso abusivo de las bondades de la libertad de expresión.

El hecho de confrontar, debatir, encarar y cuestionar del legislador Fernández Noroña no tendría nada de particular puesto que es parte de sus funciones, lo criticable es la forma en que lo hace, sin educación, vulgar, violento, sin respeto alguno.

Mas allá de los rumores no hay constancia, ni evidencias de que el Presidente Calderón se haya presentado en estado de ebriedad a algún acto público, ni fotografías publicadas del mandatario bajo la influencia del alcohol, ya que hasta ahora no existe dato ni medio probatorio que así lo demuestre.

De ahí que la imputación de Fernández Noroña deviene en calumnia, por más que muchos medios se obstinan en reproducir, el petista acusa sin pruebas, cubriéndose vergonzosamente con el fuero. El desfiguro de Noroña arrastro consigo a Carmen Aristegui.

Cierto o no, el tema de la dipsomanía no lo inventó Carmen Aristegui. Cuando la manta del PT con el texto sobre el alcoholismo presidencial desplegada en la Cámara, que llegó al grado de suspender la sesión legislativa por el abandono del PAN en son protesta, el asunto se convirtió en nota periodística.

Aristegui, quien dió cuenta de la noticia basada en el contenido de la manta desplegada, informando como lo hicieron todos los demás medios de comunicación.

Sin embargo la diferencia es que Aristegui, no se sumó al linchamiento mediático contra los legisladores petistas que mostraron la manta y fue mas allá, al preguntar a la presidencia de la republica, si eran ciertas o no las versiones sobre el problema de alcoholismo de Felipe Calderón.

No hay certeza de que Los Pinos hayan ordenado o presionado a los Vargas, dueños de MVS, para despedir a Aristegui. La Presidencia lo rechazó, por supuesto.

Lo que si dejó mal sabor la insistencia por parte de Multivision para que Carmen leyera unos párrafos de disculpa preparados de antemano sin permitir se cambiara una sola palabra. En el mejor de los casos la empresa concesionaria propiedad de la familia Vargas quiso congraciarse con Calderón o en el peor obedecía sus órdenes.

Al negarse Carmen Aristegui ofrecer una disculpa, la consecuencia no se hizo esperar, la empresa de medios MVS, despidió injustificadamente a la conductora de noticias por supuesta violación al código de ética por la difusión de rumores, quedando rescindida la relación laboral.

El despido de Carmen Aristegui de MVS, por las preguntas que la periodista se atrevió a pronunciar, revela cuán lejos estamos aún de convertirnos en una sociedad democrática.

La actuación de Carmen fue apropiada a la luz de la ética periodística; en todo país que se precie de democrático los periodistas están obligados a plantear preguntas que sean adecuadas para la vida pública, incluyendo los aspectos personales que influyan en la capacidad de un presidente para gobernar.

El papel de la prensa en teoría debe ser el de documentar los vicios y virtudes de la vida pública, de cara al interés de la colectividad, para evitar los abusos de los poderosos, por lo que el arma de los periodistas siempre será la pregunta. Si los periodistas no preguntan, no indagan ¿quién lo va a hacer?

En definitiva, para Gerardo Fernández Noroña expresarse con libertad significa denigrar a sus adversarios, ausencia total de respeto a la libertad y al pensamiento ajeno. El silenciamiento y despido de Carmen Aristegui por decir la verdad es muestra palpable de un autoritarismo despótico, un duro golpe a la opinión crítica y a la libertad de expresión.

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ENDEUDAMIENTO Y CORRUPCION.

Es evidente que uno de los graves problemas que aqueja a México, al que no escapa Tamaulipas ha sido, la impunidad, la corrupción, la disminución de recursos públicos, el aumento de la burocracia, la ineficacia administrativa y crecimiento colosal de la deuda pública estatal y municipal.

Según reporte de la SHCP, Tamaulipas a finales de 2010 registró una deuda pública estatal por la cantidad de 9 mil 111.2 millones de pesos, con un 63.5 por ciento de incremento y más de 1 mil 500 millones de pesos la deuda municipal.

Tal parece que la prioridad del gobiernos estatal y municipales recién concluidos fue gastar, sin importar las consecuencias del mañana. La pasada Legislatura LX del Congreso del estado, la Comisión de Vigilancia y la Auditoria Superior, mediante procedimientos fast track, con coparticipación y falta de seriedad institucional, aprobaron sin el menor rubor cuanta cuenta pública les pusieron enfrente.

Al margen de una deficiente planeación presupuestal, el estado y los municipios de Tamaulipas, a consecuencia de la posible impunidad y corrupción, ahora padecen una profunda crisis financiera que ha crecido como bola de nieve y que, no se ve por dónde sea posible resolverla.

Si a todo lo anterior se le añade el saqueo y despilfarro municipal cobijado por la impúdica opacidad de las cuentas públicas.

De ahí que han surgido denuncias y señalamientos públicos de partidos políticos y medios de comunicación sobre el endeudamiento y presuntos desvíos de recursos públicos por la cual demandan la revisión de las cuentas públicas municipales y estatales e investigación de ex funcionarios públicos de los dos órdenes de gobierno.

El Congreso ya aprobó cuentas públicas del año 2010: la del primer semestre del municipio de Victoria; la primer semestre de N Laredo: primer y segundo trimestre de Madero; primer y segundo trimestre de Tampico; primer semestre de Reynosa; primer semestre de Matamoros y primer, segundo y tercer trimestre de Mante entre otros, así como el 1º, 2º y 3º trimestre de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Todas cuestionadas.

La respuesta del Gobernador Egidio Torre fue en el sentido que es la Auditoría Superior del Congreso del Estado a quien le corresponde atender las denuncias o peticiones para resolver las irregularidades que se pudieran presentar en los municipios endeudados.

Efectivamente la Ley de Fiscalización Superior del Estado faculta a la auditoria superior del congreso Investigar, los actos u omisiones que pudieran configurar alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, administración, custodia y aplicación de fondos y recursos de las entidades sujetas de fiscalización;

Sin embargo la pregunta obligada es ¿qué va a pasar con aquellas cuentas públicas cuando se demuestre o se prueben presuntas desviaciones e inconsistencias que la ASC, la comisión de Vigilancia y el pleno del congreso del estado no detectaron ni encontraron irregularidades y que fueron aprobadas,?

La respuesta podría ser que con motivo de las irregularidades probadas de secretarios de despacho del ejecutivo estatal y alcaldes y síndicos, debe resarcir el daño económico y consignación penal. Surgiendo otra pregunta: ¿se le fincaran responsabilidades al Auditor Gerardo Robles Riestra, a los miembros de la pasada Comisión de Vigilancia y a los diputados que aprobaron cuentas públicas con irregularidades?

Por otro lado si hay voluntad política, las contralorías estatales y municipales podrán practicar visitas de inspección y auditoria en términos de la ley de responsabilidades a los ex funcionarios de las secretarias estatales y de los ayuntamientos, por los signos exteriores de riqueza sean tan ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudieron haber tenido como servidores públicos.

En esas condiciones se hace necesario deslindar responsabilidades, puntualizar que si algunos ex alcaldes y ex funcionarios Estatales son probablemente responsables del deterioro económico del Estado, solo bastaría revisar sus declaraciones patrimoniales iniciales y finales, cuentas personales y propiedades recientes para demostrar que con un decoroso salario de “servidores públicos” no pudieron acumular tanta fortuna.

Residencias, ranchos, vehículos, cuentas bancarias en el extranjero, aviones y edificios, pudieran formar parte de ese enriquecimiento a costa del erario público, y mientras no se les audite y se exijan cuentas, la impunidad prevalecerá, debiéndose actuar también contra aquellos que en su momento consintieron la corrupción y alentaron la impunidad.

En definitiva habría que dar un primer paso encaminado a una limpieza en la fiscalización y transparencia de los recursos públicos ejercidos, para erradicar las conductas patrimonialistas de quienes detentaron el poder estatal y municipal, para no seguir convirtiendo a la sociedad en cómplice implícita de la ineptitud, la simulación, la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad que afectan la legitimidad política.

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REGLAMENTO DE TRANSITO INCONSTITUCIONAL

Cuando funcionarios municipales hablan de implementar operativos de prevención de accidentes y seguridad vial, imponiendo sanciones económicas y privativas de libertad a automovilistas, fundamentados en el Reglamento de Tránsito del Municipio de Victoria pasan por alto su inconstitucionalidad.

Tan es así que Rafael Rodríguez Salazar secretario del ayuntamiento sostiene “la autoridad municipal no contempla en estos momentos promover o apoyar la derogación del actual reglamento de tránsito, por que estarían en riesgo de quedarse sin una legislación vial en la ciudad”, lo que en buen romance significa que continuaran aplicándolo no obstante ser violatorio de derechos humanos.

¿Por qué decimos que es inconstitucional? Porque el Reglamento de Tránsito es un ordenamiento autónomo e independiente de Ley de Transito y Transporte, que contiene un amplio contenido normativo en materia de tránsito y vialidad, lo que en rigor se trata de una ley sin haber pasado por el proceso legislativo del Congreso.

Conforme el artículo 115, de la Constitución Federal, las legislaturas de los estados son las que tienen facultades para legislar en todo lo relativo a los municipios, por lo que esas facultades de ninguna manera no deben ni pueden delegarse a los ayuntamientos municipales por qué romperían el principio de la división de poderes.

Los ayuntamientos solo tienen la facultad de expedir reglamentos que tengan por objeto la ejecución de una ley y por excepción los reglamentos autónomos como los de policía y buen gobierno cuando estos no regulen ni afectan garantías individuales, limitándose a cuestiones meramente de control sin afectar derechos.

El Ayuntamiento puede reglamentar en forma autónoma lo relativo al tránsito, en cuanto se trate de cuestiones meramente técnicas de control de la circulación, estacionamiento, etcétera, pero no puede ni debe expedir normas que afecten o menoscaben en cualquier forma los derechos constitucionales de los gobernados.

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El Reglamento de Tránsito para el Municipio de Victoria es un reglamento autónomo sin ley a reglamentar y como tal no puede ni debe ser materia de afectación de los derechos constitucionales de los gobernados en relación con su libertad, propiedades y posesiones, como el alcoholímetro, radar, retención de vehículos, placas, tarjetas de circulación y retiro de películas de protección solar.

Ni mucho menos el citado ordenamiento sirve de fundamentó ni motivación para la aplicación de sanciones económicas y privativas de libertad a los conductores con motivo de su violación.

Para confirmar lo anterior el reglamento en la consideración cuarta de la exposición de motivos, establece que la Ley de Tránsito y Transporte y el Reglamento de Tránsito y Transporte dejarán de aplicarse en el municipio de Victoria, una vez vigente, el presente Reglamento de Tránsito de Victoria.

Más allá de tratarse de un reglamento autónomo el ayuntamiento de victoria se excedió en el uso de la facultad reglamentaria. Incurriendo en una violación indebida al principio de separación de poderes, al expedir el ordenamiento ejerció facultades legislativas, reuniendo los dos poderes en uno, lo cual está prohibido.

De ahí que ayuntamiento de Victoria presidido por Miguel González Salum opte por aplicar la ley de transito del estado, hasta en tanto el congreso le endereza el entuerto, porque de persistir en aplicar el reglamento inconstitucional, la lluvia de amparos no se hará esperar, en perjuicio de las finanzas municipales.

En definitiva el reglamento de Tránsito para el Municipio de Victoria de fecha 19 de junio de 2007, es a toda luz inconstitucional y en contra de su aplicación como el caso la desposesión, alcoholímetro, sanciones y demás prohibiciones y obligaciones procede el juicio de amparo ante el juzgado distrito en el estado.

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El V DISTRITO ELECTORAL

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La vacante dejada por Morelos Jaime Canseco Gómez como diputado federal suplente en funciones, para fungir como secretario general del gobierno de Tamaulipas, ha dado lugar a una serie de versiones y comentarios desatinados y negligentes, sin sentido, ni sustento, que van desde la incompatibilidad legislativa, designación de diputado de primera minoría, hasta la teoría de la representación política del V distrito electoral federal.

Es una práctica frecuente que legisladores federales y locales con apoyo en el artículo 52 constitucional, solicitan licencia para ir a buscar otra posición de carácter electoral o simplemente buscar una posición laboral, tanto en la Administración Pública Federal, estatal, municipal o de manera particular.

En caso de que les vaya bien en el trabajo o en la contienda electoral, lo consideran todo un éxito, pero si los renuncian de sus cargos administrativos o son derrotados en el proceso electoral para el nuevo puesto de elección popular, pues simplemente se regresan otra vez al congreso de la Unión o congresos estatales, como si nada hubiere ocurrido.

En ese sentido los comentocratas, políticos y politicologos, infundadamente acusan una incompatibilidad “moral” legislativa, una perversión del cargo de legislador por el abuso de la solicitud de licencias, que según ellos violentan y burlan la voluntad del ciudadano que los ha designado como sus representantes por virtud del voto, pasando por alto que se trata de una prerrogativa constitucional a favor de los constructores de la ley, gústenos o no.

En cuanto a la afirmación de que los diputados representan a los electores de su distrito es una falacia monumental, por que conforme al artículo 51 constitucional los diputados representan a la nación, entendida esta como concepto sociológico como la totalidad de los habitantes, incluidos los propios de cada distrito.

El Congreso Mexicano no es un parlamento, pero tampoco es un Congreso de representantes; es un Congreso de diputados y, por lo tanto, los diputados están ligados -de acuerdo a la Constitución- a la nación, en teoría los diputados son los representantes de la nación. En los hechos representan a los gobernadores, a los partidos y grupos de interés.

Algunos politicologos llegan al absurdo e ignorancia al proponer un método inédito para suplir la vacante del V Distrito, como proponer que entre el candidato a diputado que quedó en segundo lugar de votaciones, olvidando que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permita y la constitución, la ley orgánica del congreso de la unión y su reglamento no contemplan esas atribuciones o facultades.

Contrario a lo que se afirma que la curul suplente dejada por Canseco Gómez se crea un vacío legal carece de todo sustento jurídico que raya en el nivel de ocurrencia, toda vez que dicha situación o circunstancia se encuentra debidamente regulada en el reglamento de la cámara de diputados.

En efecto conforme el Artículo 10 del citado reglamento, este previene que existirá vacante, cuando ninguno de los integrantes de la fórmula de diputados puedan desempeñar el cargo entre otras causas, por muerte o enfermedad que provoque una incapacidad permanente que impida el desempeño del cargo y la solicitud y obtención de licencia por parte del diputado o diputada suplente en funciones.

De ahí que en el caso de del diputado suplente Morelos Jaime Morelos Canseco Gómez, la Cámara de Diputados deberá convocar a elecciones extraordinarias, no para elegir un diputado suplente del suplente sino de uno con el carácter de propietario para cubrir la vacante de la diputación del V Distrito.

En tanto Morelos de desempeñe como titular de la SG continuará como diputado suplente con licencia, quien de acuerdo a la prerrogativa constitucional podrá regresar a sus funciones legislativas cuando así convenga a sus intereses o sea separado de su cargo admistrativo.

En definitiva para evitar conflicto de intereses de los legisladores debería reformarse la Constitución, para suprimir las licencias, sustituyéndolas por autorizaciones para ejercer u nuevo cargo o puesto pero cesando sus funciones representativas definitivamente, llamándose al suplente para concluir el periodo, para dar certeza jurídica a los habitantes del país sobre quien los representará.

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ELECCION DE CONSEJEROS DEL IETAM.

El Congreso del estado deberá elegir o reelegir en su caso, por votación de las dos terceras partes de los diputados, a tres consejeros electorales para sustituir o ratificar a los que concluyen su función el 15 de marzo del presente año. Trabajos previos que fueron encomendados a la Comisión Plural designada para tal efecto.

En un plano ideal, los tres nuevos consejeros que faltan por renovarse, para el periodo del 16 de marzo del 2011 al 15 de marzo de 2014, deberían ser electos aquellos candidatos donde se privilegie, el perfil profesional, el conocimiento, la calidad moral e intelectual, los méritos y trayectorias, sin tomar en cuenta cuotas partidistas ni vetos políticos.

La ciudadanización del IETAM en teoría constituye una garantía para adoptar decisiones con autonomía e independencia, representando además la vía natural para acercarse en forma permanente a la sociedad en su conjunto, estableciendo con la misma una relación cada vez más abierta, más cercana e incluyente.

En los hechos son los partidos políticos de acuerdo a su peso específico y a través de sus bancadas parlamentarias los que operan la designación o ratificación de los consejeros del IETAM, que resulten más afines, porque tienen la facultad de hacerlo, porque el procedimiento de elección así lo establece y porque de acuerdo a los precedentes recientes así lo indican, por lo que en este proceso así acontecerá.

De ahí que no tiene sentido simular un procedimiento con cariz democrático de convocatoria abierta, que solo tiene como propósito legitimar el proceso de eleccionario y de paso a los palomeados, fingiendo evaluar sin método alguno a la mayoría de los 71 aspirantes que de buena fe han respondido a la convocatoria.

Por lo que sería más honesto y generaría más confianza, que en lo futuro los diputados del congreso, ya no pretendan tomarle el pelo a nadie, solo convocando aquellos ciudadanos, para seleccionar a los que les resulten más cercanos, confiables, tanto por su experiencia y su capacidad probada, como por la suma del respaldo de apoyos partidarios.

Mejor que sea de frente y sin juego de palabras, donde los coordinadores de las bancadas sean más eficaces en su desempeño, persuadiendo a sus fracciones parlamentarias de las bondades técnicas, jurídicas y políticas de sus propuestas y a la sociedad, de las virtudes, preparación y capacidades de los nuevos consejeros.

Ahora bien la real politik nos indica que ningún partido político va a ganar o perder una elección estatal, distrital o municipal, solo por tener consejeros electorales afines o no con su ideología o praxis partidista, que participen en la decisión del Consejo General del IETAM.

Lo anterior en razón de las rutinas institucionales, la vigilancia de los propios partidos políticos, la visibilidad pública que tienen las resoluciones del IETAM, el escrutinio que se ejerce desde la sociedad y medios de comunicación, impedirían cualquier manipulación de resultados y de no ser esto posible, contra sus resoluciones definitivas, procede los juicios de nulidad ante los órganos jurisdiccionales estatal y federal (TEPJT y el TEPJF).

Una aspiración de la sociedad tamaulipeca respecto al IETAM es cumplir con la prescripción constitucional de hacer de dicha institución un organismo de Estado autónomo, con independencia y pleno respeto a las convicciones y posturas que asuman cada uno de sus integrantes, con el compromiso de garantizar las condiciones de gobernabilidad necesarias en la construcción de una democracia de ciudadanos.

Un IETAM donde los actores políticos de las contiendas electorales adquieran el compromiso de aceptar, en principio, sus resoluciones, para abandonar la ya gastada cantaleta de que "si pierden es por la autoridad electoral y si ganan es a pesar de ella".

En definitiva la elección de los tres consejeros electorales, no tendrá ningún problema para el PRI que cuenta con la mayoría calificada en el Congreso del Estado, por lo que los consejeros que resulten electos y los que están en funciones lo menos que pueden hacer es anteponer el interés de la ciudadanía como razón de ser del quehacer institucional y ejercer con autonomía las atribuciones de ley, para alcanzar una democracia eficaz, sin adjetivos.

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