El calentamiento global es una respuesta violenta de la naturaleza contra excesos y abusos del hombre sobre ella, cuyos efectos serán catastróficos para la humanidad.
Fenómeno que traerá como consecuencia el derretimiento de los polos, aumento de los niveles oceánicos, incremento de huracanes, extinción de especies animales y vegetales, hambruna, plagas y enfermedades.
El calentamiento global entendido como el aumento en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos como consecuencia de las conducta humana irresponsable por las excesivas emisiones de dióxido de carbono, metano, que provocan el efecto invernadero.
El cambio climático afectara de no tomarse medidas drásticas el acceso al agua, producción de alimentos, salud, medio ambiente. Millones de personas sufrirán hambre, reducción del consumo de agua, asi como inundaciones a medida que el mundo siga calentándose.
Si el fenómeno es provocado por el hombre, lógico es exigir a ese mismo hombre hacer conciencia y responsabilidad para establecer soluciones de fondo y no paliativas como las que incluye el protocolo de Kyoto firmado por los países mas industrializados, para reducir la emisión de gases sin afectar el desarrollo de las naciones.
Sin embargo el país mas contaminante del mundo Estados Unidos, su gobierno decidió no ratificar el referido protocolo so pretexto de encontrarse en desventaja comercial frente a China e India, cuya base de emisión de gases no fue fijada por el protocolo al considerarlos como países en vías de desarrollo.
Los grupos ambientalistas del mundo ven cada vez mas reducidas las esperanzas de frenar el calentamiento global, debido a los intereses económicos de las grandes corporaciones industriales estadounidenses que bloquean los acuerdos diplomáticos internacionales.
La realidad es que en México tanto el Gobierno como la sociedad pecan de indolencia y se muestran inmunes e indiferentes a la alarma internacional del calentamiento global, como si el país fuera una isla al margen del resto del mundo.
Las soluciones al calentamiento global: una cultura ecológica a través del sistema educativo haciendo énfasis sobre el valor del medio ambiente y las acciones para cuidarlo. Que el sector productivo utilice tecnologías sanas y Difusión a la sociedad sobre el problema del calentamiento.
Los impuestos llamados ecológicos es otra medida tendiente a restaurar los daños al medio ambiente, destinados al sostenimiento y equilibrio del orden ecológico. Para cambiar un paradigma solo puede hacerse a través de una revolución cultural mundial.
Pugnemos y presionemos para que los países desarrollados y en vías de desarrollo hagan un sacrifico significativo con el fin de reducir la emisión de dióxido de carbono, metano y otros gases, que provocan el efecto de invernadero.
Es urgente la consolidación de la agenda internacional para que se ponga en primer plano la supervivencia de la humanidad y su medio ambiente muy por encima del desarrollo económico.
En definitiva luchemos por un desarrollo sustentable y equilibrado, utilización de energías no convencionales, mejorar la calidad de vida, el escrupuloso cuidado y preservación del medio ambiente, respeto a la vida humana en todas sus manifestaciones, una sociedad mejor informada para tomar mejores desiciones y exigir a sus gobernantes soluciones concretas ante esta crisis.
lunes, 29 de octubre de 2007
MITOS DE LA REFORMA FISCAL
La reforma fiscal aprobada recientemente por el congreso de la unión como condición de la aprobación de la reforma electoral, de carácter recaudatorio, con la finalidad de que todo mundo pague impuestos y terminar con los paraísos fiscal, destacando los nuevos impuestos como el IETU, el de las gasolinas y depósitos bancarios en efectivo.
Sin embargo los objetivos de la reforma fiscal checan pero no cuadran ya que al aprobarse la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2008 se puede observar claramente que mientras que la recaudación por el impuesto sobre la renta será de 580 mil millones de pesos, la del famoso IETU será de apenas 69 mil millones de pesos.
Esto, en buen romance significa que el impuesto que supuestamente elevaría los ingresos y terminaría con las exenciones recaudaría para las arcas nacionales apenas el 12 por ciento de lo que se recaudara con el impuesto sobre la renta que se pretende desaparecer en el futuro.
Quienes seguirán exentos de obligaciones fiscales entre otros serán los partidos políticos, la enajenación de certificados de participación inmobiliaria, las personas físicas y morales de carácter agrícola, ganadero, silvícola o pesqueras que perciban ingresos exentos del pago del impuesto sobre la renta.
Está demostrado que elevar los impuestos particularmente al consumo y la reducción a los gravámenes directos a la inversión solo mejoran los sistemas de recaudación pero no se traducen en mejores condiciones de vida para la sociedad en su conjunto.
Los impuestos en teoría cumplen una función social, ya que a través de ellos se deberían garantizar los derechos. Ya sea tratándose de servicios de seguridad o Justicia, preservar el medio ambiente, o se proporcione educación, salud y cultura, lo cierto es que éstos y todos los derechos tienen un costo de realización que justifican los impuestos.
En materia fiscal, asi como en la venta de Areomexico a Banamex, en el caso fox, el estado mexicano se acostumbró a mentir y la oposición “progresista” se acostumbró a solapar. "Fíjense en lo que hacemos, no en lo que decimos”
El gobierno de Felipe Calderón y los legisladores federales pasaron por alto aquella de recomendación Joseph Stiglitz: "Deberían analizar con cuidado no lo que Estados Unidos les dice que hagan, sino lo que hizo en los años en que surgió como potencia industrial y lo que hace ahora".
En definitiva la reforma tributaria aprobada se diseño con criterios pragmáticos de recaudación privilegiando los ingresos, sin reorganizar el gasto, sin cambiar un ápice el modelo neoliberal de desarrollo económico que ya esta agotado y los resultados están a la vista de todos.
Sin embargo los objetivos de la reforma fiscal checan pero no cuadran ya que al aprobarse la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2008 se puede observar claramente que mientras que la recaudación por el impuesto sobre la renta será de 580 mil millones de pesos, la del famoso IETU será de apenas 69 mil millones de pesos.
Esto, en buen romance significa que el impuesto que supuestamente elevaría los ingresos y terminaría con las exenciones recaudaría para las arcas nacionales apenas el 12 por ciento de lo que se recaudara con el impuesto sobre la renta que se pretende desaparecer en el futuro.
Quienes seguirán exentos de obligaciones fiscales entre otros serán los partidos políticos, la enajenación de certificados de participación inmobiliaria, las personas físicas y morales de carácter agrícola, ganadero, silvícola o pesqueras que perciban ingresos exentos del pago del impuesto sobre la renta.
Está demostrado que elevar los impuestos particularmente al consumo y la reducción a los gravámenes directos a la inversión solo mejoran los sistemas de recaudación pero no se traducen en mejores condiciones de vida para la sociedad en su conjunto.
Los impuestos en teoría cumplen una función social, ya que a través de ellos se deberían garantizar los derechos. Ya sea tratándose de servicios de seguridad o Justicia, preservar el medio ambiente, o se proporcione educación, salud y cultura, lo cierto es que éstos y todos los derechos tienen un costo de realización que justifican los impuestos.
En materia fiscal, asi como en la venta de Areomexico a Banamex, en el caso fox, el estado mexicano se acostumbró a mentir y la oposición “progresista” se acostumbró a solapar. "Fíjense en lo que hacemos, no en lo que decimos”
El gobierno de Felipe Calderón y los legisladores federales pasaron por alto aquella de recomendación Joseph Stiglitz: "Deberían analizar con cuidado no lo que Estados Unidos les dice que hagan, sino lo que hizo en los años en que surgió como potencia industrial y lo que hace ahora".
En definitiva la reforma tributaria aprobada se diseño con criterios pragmáticos de recaudación privilegiando los ingresos, sin reorganizar el gasto, sin cambiar un ápice el modelo neoliberal de desarrollo económico que ya esta agotado y los resultados están a la vista de todos.
domingo, 21 de octubre de 2007
JUDIALIZACION DE LA POLITICA
Luis Lauro Carrillo
El actual proceso electoral de Tamaulipas de competitividad partidaria, esta denotando signos de tiempos pasados o retrocesos, donde hay acusaciones de ilegalidades entre los contendientes, que prevén no aceptar el triunfó del vencedor “oficial”, en un entorno de falta de de credibilidad y confianza en la política y sus instituciones.
Desde el inicio del proceso comicial las impugnaciones del PAN, PRI y PRD y otros institutos han estado a la orden del día: inelegibilidad de los integrantes del Consejo Estatal Electoral y del Tribunal Estatal Electoral; presunta corrupción en la compra del material electoral; participación del gobierno con la obra publica en plena etapa comicial.
Asi mismo destacan objeciones a los registros de candidatos a alcaldes y diputados por inelegibles; candidatos sobrados de dinero rebasando topes de campaña, aunado al desprestigio sistemático por parte de los partidos del acto electoral para después controvertir los resultados ante el TEE y TEPJF.
La decisión final recaerá con la resolución del Tribunal Estatal Electoral cuya sentencia deberá ser confirmada o revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al no garantizar las autoridades locales resultados creíbles, ciertos y aceptados inmediatamente por los perdedores.
Las elecciones federales del año 2000 representaron un umbral de la democracia, equidad y credibilidad electoral, recuperándose el valor del voto como el único medio de la transmisión pacifica del poder, revaloración del IFE, un TEPJF con autoridad moral para emitir resoluciones apegadas a la ley, que evitaron conflictos postelectorales.
Sin embargo en las elecciones tanto federales y estatales recientes se reprodujeron los mismos vicios y tendencias ilegales por parte de los partidos políticos, retrocediendo a los tiempos anteriores al 2000, lo que provoco una crisis de credibilidad ciudadana a nivel nacional por la política, sus actores, los partidos y las instituciones.
El Tribunal Estatal Electoral ha resuelto multitud de juicios de nulidad dando origen al fenómeno denominado judialización de la política, que ha significado un enorme desgaste en su acción, por la gran cantidad de asuntos a resolver, con la pérdida de popularidad social ante las reacciones de quienes se han visto afectados por las decisiones TEE.
Entendida la judialización de la política como el intento de resolver por medio de los órganos jurisdiccionales controversias políticos electorales. La “judialización de la política” es un fenómeno íntimamente relacionado con el Estado de Derecho, con la sujeción de los actores políticos al cumplimiento y observancia de las normas jurídicas y de la ley.
El control judicial revela un fenómeno más preocupante la crisis del sistema democrático, de la política, una crisis de legitimación de sus actores, de los procesos de toma de decisiones y de los mecanismos de control popular.
Los políticos y partidos han tomado las sedes judiciales para dirimir las diferencias que deberían resolverse en el campo estrictamente político electoral, situación que acontece con frecuencia porque la ruptura hacia la justicia, es la reacción natural de los perdedores. Cuando interviene el magistrado es porque hay algo que no esta bien, algo que esta torcido.
No pasa inadvertido que los ciudadanos se sienten defraudados de las autoridades por compromisos incumplidos, sin atención a sus principales demandas: seguridad pública, empleos, mejoría de los servicios públicos entre otras. Una partidocracia que pretende imponerles sus agendas, recurriendo a ellos solo en elecciones y sometidos a campañas de marketing político en los medios electrónicos y escritos.
Por otro lado los intelectuales, politólogos, académicos y demás clase pensante mexicana deberían preocuparse más por la crisis del sistema democrático que por la actuación de los órganos jurisdiccionales, los que no tendrían que cuestionarse “a priori” sino en su resolución final.
En definitiva la judialización de la política no debe ser confundida con la partidización política de la justicia, sino algo totalmente opuesto al partidismo, al amiguismo, al corporativismo o de los intereses económico-políticos del momento. Lo que existe es una crisis de las instituciones políticas básicas, pugnemos por la “regeneración democrática”
El actual proceso electoral de Tamaulipas de competitividad partidaria, esta denotando signos de tiempos pasados o retrocesos, donde hay acusaciones de ilegalidades entre los contendientes, que prevén no aceptar el triunfó del vencedor “oficial”, en un entorno de falta de de credibilidad y confianza en la política y sus instituciones.
Desde el inicio del proceso comicial las impugnaciones del PAN, PRI y PRD y otros institutos han estado a la orden del día: inelegibilidad de los integrantes del Consejo Estatal Electoral y del Tribunal Estatal Electoral; presunta corrupción en la compra del material electoral; participación del gobierno con la obra publica en plena etapa comicial.
Asi mismo destacan objeciones a los registros de candidatos a alcaldes y diputados por inelegibles; candidatos sobrados de dinero rebasando topes de campaña, aunado al desprestigio sistemático por parte de los partidos del acto electoral para después controvertir los resultados ante el TEE y TEPJF.
La decisión final recaerá con la resolución del Tribunal Estatal Electoral cuya sentencia deberá ser confirmada o revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al no garantizar las autoridades locales resultados creíbles, ciertos y aceptados inmediatamente por los perdedores.
Las elecciones federales del año 2000 representaron un umbral de la democracia, equidad y credibilidad electoral, recuperándose el valor del voto como el único medio de la transmisión pacifica del poder, revaloración del IFE, un TEPJF con autoridad moral para emitir resoluciones apegadas a la ley, que evitaron conflictos postelectorales.
Sin embargo en las elecciones tanto federales y estatales recientes se reprodujeron los mismos vicios y tendencias ilegales por parte de los partidos políticos, retrocediendo a los tiempos anteriores al 2000, lo que provoco una crisis de credibilidad ciudadana a nivel nacional por la política, sus actores, los partidos y las instituciones.
El Tribunal Estatal Electoral ha resuelto multitud de juicios de nulidad dando origen al fenómeno denominado judialización de la política, que ha significado un enorme desgaste en su acción, por la gran cantidad de asuntos a resolver, con la pérdida de popularidad social ante las reacciones de quienes se han visto afectados por las decisiones TEE.
Entendida la judialización de la política como el intento de resolver por medio de los órganos jurisdiccionales controversias políticos electorales. La “judialización de la política” es un fenómeno íntimamente relacionado con el Estado de Derecho, con la sujeción de los actores políticos al cumplimiento y observancia de las normas jurídicas y de la ley.
El control judicial revela un fenómeno más preocupante la crisis del sistema democrático, de la política, una crisis de legitimación de sus actores, de los procesos de toma de decisiones y de los mecanismos de control popular.
Los políticos y partidos han tomado las sedes judiciales para dirimir las diferencias que deberían resolverse en el campo estrictamente político electoral, situación que acontece con frecuencia porque la ruptura hacia la justicia, es la reacción natural de los perdedores. Cuando interviene el magistrado es porque hay algo que no esta bien, algo que esta torcido.
No pasa inadvertido que los ciudadanos se sienten defraudados de las autoridades por compromisos incumplidos, sin atención a sus principales demandas: seguridad pública, empleos, mejoría de los servicios públicos entre otras. Una partidocracia que pretende imponerles sus agendas, recurriendo a ellos solo en elecciones y sometidos a campañas de marketing político en los medios electrónicos y escritos.
Por otro lado los intelectuales, politólogos, académicos y demás clase pensante mexicana deberían preocuparse más por la crisis del sistema democrático que por la actuación de los órganos jurisdiccionales, los que no tendrían que cuestionarse “a priori” sino en su resolución final.
En definitiva la judialización de la política no debe ser confundida con la partidización política de la justicia, sino algo totalmente opuesto al partidismo, al amiguismo, al corporativismo o de los intereses económico-políticos del momento. Lo que existe es una crisis de las instituciones políticas básicas, pugnemos por la “regeneración democrática”
jueves, 18 de octubre de 2007
LAS ACUSACIONES DE MOREIRA
Luis Lauro Carrillo
Solo porque los diputados panistas abandonaron el salón de sesiones del Congreso durante el segundo informe de Humberto Moreira Valdez gobernador de Coahuila, este reacciono iracundo con una andanada de insultos acusándolos junto con los demás miembros de la elite blanquiazul de rateros y narcos.
Los destinatarios albiazules del mandatario se indignaron y replicaron exigiendo pruebas. El Senado salió en defensa de los senadores panistas Guillermo Anaya y Ernesto Saro pidiendo una investigación a fondo, por tratarse de acusaciones demasiado graves para pasar inadvertidas.
El escándalo político desatado por las declaraciones del mandatario coahuilense forma parte del intercambio de acusaciones de narcotráfico entre panistas y priistas, en las que ha estado incluido hasta el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez acuña, quien admitió la posibilidad de que el narco hubiese permeado en la política.
No se aprecia una razón política de fondo que sustente la afirmación del gobernador Moreira de las ligas entre políticos y narcotraficantes. Se tratará del puro ánimo de llevar la contra como en el caso de la reforma electoral que manipulo su rechazo total o de quitare los reflectores a Vicente Fox y las Hummers y al Caníbal José Luis calva.
Nos resulta difícil aceptar que solo por la crítica y abandono del panismo durante la lectura del informe de gobierno, Moreira haya respondido con esas acusaciones, por lo que debe existir mar de fondo para motivar la reacción del titular del ejecutivo de Coahuila.
Si la declaración del gobernador coahuilense fue desafortunada o infundada bastaría una rectificación y disculpa pública para parar el escándalo y las repercusiones políticas, pero no matizarlas: “no fueron imputaciones directas, fueron alusiones a lo que aparece en una revista”, dijo el secretario de Gobierno de Coahuila, Homero Ramos Gloria.
En plan chusco pensamos que quienes deberían estar ofendidos contra Moreira serian los narcos por andarlos desprestigiando y no el estridente ex alcalde de Torreón, hoy senador panista Guillermo Anaya, quien es cuestionado en su probidad política y moral.
Es inadmisible el “principio” de que en el terreno de las acusaciones políticas todo se vale, ya sea desacreditando sin pruebas al adversario o deformando deliberadamente los hechos, son las prácticas a las que tanto recurren políticos, servidores públicos y hasta empresarios, cuando se trata de dirimir disputas por el poder político y económico
Ya que quienes incriminan o desacreditan sin probar, falsificando la realidad con fines políticos, no sólo denigran la política y el ejercicio del poder, sino que se exhiben como lo que en realidad son: falsarios, irresponsables y lenguas largas.
Las acusaciones del Gobernador Humberto Moreira Valdez a los albiazules se dieron con ligereza y superficialidad declarativa, sin haber ofrecido prueba alguna para demostrar que los panistas son rateros y narcos. Fiel al principio: Calumnia, difama, miente, que algo queda.
En definitiva la descalificación del adversario o del enemigo, faltando a la verdad, utilizando como herramientas políticas privilegiadas la calumnia y la difamación, exhibe de cuerpo entero la irresponsabilidad de los actores políticos, sin ninguna obligación con la verdad ni con la ética política.
Solo porque los diputados panistas abandonaron el salón de sesiones del Congreso durante el segundo informe de Humberto Moreira Valdez gobernador de Coahuila, este reacciono iracundo con una andanada de insultos acusándolos junto con los demás miembros de la elite blanquiazul de rateros y narcos.
Los destinatarios albiazules del mandatario se indignaron y replicaron exigiendo pruebas. El Senado salió en defensa de los senadores panistas Guillermo Anaya y Ernesto Saro pidiendo una investigación a fondo, por tratarse de acusaciones demasiado graves para pasar inadvertidas.
El escándalo político desatado por las declaraciones del mandatario coahuilense forma parte del intercambio de acusaciones de narcotráfico entre panistas y priistas, en las que ha estado incluido hasta el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez acuña, quien admitió la posibilidad de que el narco hubiese permeado en la política.
No se aprecia una razón política de fondo que sustente la afirmación del gobernador Moreira de las ligas entre políticos y narcotraficantes. Se tratará del puro ánimo de llevar la contra como en el caso de la reforma electoral que manipulo su rechazo total o de quitare los reflectores a Vicente Fox y las Hummers y al Caníbal José Luis calva.
Nos resulta difícil aceptar que solo por la crítica y abandono del panismo durante la lectura del informe de gobierno, Moreira haya respondido con esas acusaciones, por lo que debe existir mar de fondo para motivar la reacción del titular del ejecutivo de Coahuila.
Si la declaración del gobernador coahuilense fue desafortunada o infundada bastaría una rectificación y disculpa pública para parar el escándalo y las repercusiones políticas, pero no matizarlas: “no fueron imputaciones directas, fueron alusiones a lo que aparece en una revista”, dijo el secretario de Gobierno de Coahuila, Homero Ramos Gloria.
En plan chusco pensamos que quienes deberían estar ofendidos contra Moreira serian los narcos por andarlos desprestigiando y no el estridente ex alcalde de Torreón, hoy senador panista Guillermo Anaya, quien es cuestionado en su probidad política y moral.
Es inadmisible el “principio” de que en el terreno de las acusaciones políticas todo se vale, ya sea desacreditando sin pruebas al adversario o deformando deliberadamente los hechos, son las prácticas a las que tanto recurren políticos, servidores públicos y hasta empresarios, cuando se trata de dirimir disputas por el poder político y económico
Ya que quienes incriminan o desacreditan sin probar, falsificando la realidad con fines políticos, no sólo denigran la política y el ejercicio del poder, sino que se exhiben como lo que en realidad son: falsarios, irresponsables y lenguas largas.
Las acusaciones del Gobernador Humberto Moreira Valdez a los albiazules se dieron con ligereza y superficialidad declarativa, sin haber ofrecido prueba alguna para demostrar que los panistas son rateros y narcos. Fiel al principio: Calumnia, difama, miente, que algo queda.
En definitiva la descalificación del adversario o del enemigo, faltando a la verdad, utilizando como herramientas políticas privilegiadas la calumnia y la difamación, exhibe de cuerpo entero la irresponsabilidad de los actores políticos, sin ninguna obligación con la verdad ni con la ética política.
miércoles, 17 de octubre de 2007
FOXGATE
El tema Fox para el gobierno del presidente Felipe Calderón es delicado en extremo quien prácticamente se ha convertido lastre político, mas allá del desgaste y la polémica suscitada con la incursión mediática del ex presidente y de las denuncias de corrupción interpuestas por el PRD.
El gobierno calderonista debería calcular los daños ocasionados por el protagonismo suicida de Vicente fox quien como gobernante agravio a todos los grupos políticos de la republica incluidos los panistas, quienes querrán cobrarle todas las facturas pendientes, pero que aun, preserva influencia en el PAN.
A Fox por su incontinencia verbal el mundo se le vino encima, con fotos de residencias en revistas del corazón, Jeeps rojos, Hummers prestados, comisión investigadora del Congreso y estatuas derribadas, que dan testimonio de los presuntos agujeros y cráteres lunares dejados en el erario público federal.
De que tamaño será la preocupación y molestia del régimen calderonista que hasta el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, le aplicó a Fox la nueva versión del “cállate, chachalaca”, al soltarle aquello de que “el que se va se calla”.
Pero el guanajuatense le respondió que el empeño por acallarlo era una vieja práctica priista, de aquel gobierno autoritario que ya no corresponde a nuestra democracia”. Con lo que el señor de la botas reconoce que el PAN se parece tanto al PRI, que ya no pueden engañarnos.
Es hasta cierto punto de vista normal que los ex presidentes incomoden a los titulares en turno, pero desde López Portillo, en circunstancias claramente distintas, ninguno se había atrevido a tanto de enviar a su secretario de Gobernación para hacer callar al antecesor
La realidad gústenos o no, por más disparatadas, equivocadas e inoportunas que sean las declaraciones de Fox, como cualquier ciudadano tiene el derecho a expresar sus ideas y por supuesto a defenderse. No le corresponde a la autoridad hacerla de censor o poner mordazas.
Por su parte la Cámara de Diputados creo la Comisión Especial Para dar Seguimiento a las Denuncias Presentadas por el Presunto Ejercicio Indebido del Servicio Público en la Presidencia de la República Durante la Gestión del Ciudadano Vicente Fox Quesada
La acumulación exagerada de capital de los Fox-Sahagún es un insulto a todos y pero más a los pobres. También es un alarde con un propósito muy claro el demostrar que todavía son poderosos e intocables. Por eso él todavía se hace llamar “presidente”. En desafío abierto al actual gobierno.
Durante los próximos seis meses, la comisión investigadora se ocupará de documentar la riqueza exagerada de los Fox Sahagún, para proceder en su contra. Los comisionados tendrán que actuar con seriedad, imparcialidad y responsabilidad, y no terminar sin resultados como la inútil comisión investigadora de los hermanos Bribiesca Sahagún.
En tanto el presidente Calderón tendrá que intervenir para apagar el fuego y poner orden en el ejercicio de la política, al menos en sus filas, en las que, cuando no es el ex presidente, es Espino, o Creel. No se trata de callar a nadie, Fox tiene derecho a defenderse, sino de hacer sentir la conducción de la política
De existir voluntad política del gobierno calderonista para el enjuiciamiento de Vicente Fox por enriquecimiento ilícito de proceder este, seria un golpe espectacular que legitimaría al presidente sobre todo ante aquellos millones de mexicanos que quien votaron contra el.
En definitiva si por el contrario no se actúa seguramente Calderón y su partido pagarán el costo político que representa cargar con un Fox que se niega a soltar los reflectores, aun a costa de exhibir su miseria personal disfrazada de bonanza económica, a poco más un año de las elecciones intermedias,
El gobierno calderonista debería calcular los daños ocasionados por el protagonismo suicida de Vicente fox quien como gobernante agravio a todos los grupos políticos de la republica incluidos los panistas, quienes querrán cobrarle todas las facturas pendientes, pero que aun, preserva influencia en el PAN.
A Fox por su incontinencia verbal el mundo se le vino encima, con fotos de residencias en revistas del corazón, Jeeps rojos, Hummers prestados, comisión investigadora del Congreso y estatuas derribadas, que dan testimonio de los presuntos agujeros y cráteres lunares dejados en el erario público federal.
De que tamaño será la preocupación y molestia del régimen calderonista que hasta el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, le aplicó a Fox la nueva versión del “cállate, chachalaca”, al soltarle aquello de que “el que se va se calla”.
Pero el guanajuatense le respondió que el empeño por acallarlo era una vieja práctica priista, de aquel gobierno autoritario que ya no corresponde a nuestra democracia”. Con lo que el señor de la botas reconoce que el PAN se parece tanto al PRI, que ya no pueden engañarnos.
Es hasta cierto punto de vista normal que los ex presidentes incomoden a los titulares en turno, pero desde López Portillo, en circunstancias claramente distintas, ninguno se había atrevido a tanto de enviar a su secretario de Gobernación para hacer callar al antecesor
La realidad gústenos o no, por más disparatadas, equivocadas e inoportunas que sean las declaraciones de Fox, como cualquier ciudadano tiene el derecho a expresar sus ideas y por supuesto a defenderse. No le corresponde a la autoridad hacerla de censor o poner mordazas.
Por su parte la Cámara de Diputados creo la Comisión Especial Para dar Seguimiento a las Denuncias Presentadas por el Presunto Ejercicio Indebido del Servicio Público en la Presidencia de la República Durante la Gestión del Ciudadano Vicente Fox Quesada
La acumulación exagerada de capital de los Fox-Sahagún es un insulto a todos y pero más a los pobres. También es un alarde con un propósito muy claro el demostrar que todavía son poderosos e intocables. Por eso él todavía se hace llamar “presidente”. En desafío abierto al actual gobierno.
Durante los próximos seis meses, la comisión investigadora se ocupará de documentar la riqueza exagerada de los Fox Sahagún, para proceder en su contra. Los comisionados tendrán que actuar con seriedad, imparcialidad y responsabilidad, y no terminar sin resultados como la inútil comisión investigadora de los hermanos Bribiesca Sahagún.
En tanto el presidente Calderón tendrá que intervenir para apagar el fuego y poner orden en el ejercicio de la política, al menos en sus filas, en las que, cuando no es el ex presidente, es Espino, o Creel. No se trata de callar a nadie, Fox tiene derecho a defenderse, sino de hacer sentir la conducción de la política
De existir voluntad política del gobierno calderonista para el enjuiciamiento de Vicente Fox por enriquecimiento ilícito de proceder este, seria un golpe espectacular que legitimaría al presidente sobre todo ante aquellos millones de mexicanos que quien votaron contra el.
En definitiva si por el contrario no se actúa seguramente Calderón y su partido pagarán el costo político que representa cargar con un Fox que se niega a soltar los reflectores, aun a costa de exhibir su miseria personal disfrazada de bonanza económica, a poco más un año de las elecciones intermedias,
viernes, 12 de octubre de 2007
CAMPAÑAS POLITICAS
Luis Lauro Carrillo
La democracia es un régimen basado en la competencia donde los ciudadanos contienden por la vía del voto el derecho para gobernar a los demás, a través de los partidos políticos.
La democracia es un régimen basado en la competencia donde los ciudadanos contienden por la vía del voto el derecho para gobernar a los demás, a través de los partidos políticos.
En Tamaulipas los 175 candidatos a alcaldes, al igual que los 236 aspirantes a diputados locales del PRI, PANA PRD y otros partidos, están desarrollando sus campañas políticas con miras a los comicios del 11 de noviembre, ofertando su plataforma electoral, promesas y compromisos para obtener el voto ciudadano.
A primera vista, pareciera que el estado avanza hoy a las elecciones de medio sexenio con una suerte de desgano, de desánimo Las encuestas y los expertos opinan que será muy alto el abstencionismo, indicando que el ausentismo en las urnas será de cuatro de cada 10 electores que no ejercerán su derecho al sufragio.
Debe decirse que la experiencia enseña que en los comicios intermedios baja mucho más la afluencia electoral. Y es lógico, pues no está en juego la gubernatura del estado, que es la institución en la que la gente, el ciudadano común, pone más interés y fija sus esperanzas de mejoría económica y social.
Es evidente que los procesos electorales como el actual, concitan menos interés y entusiasmo popular que los de la Gubernatura. Lo que si es una realidad que este tipo de las elecciones son las del voto duro, la de los militantes y simpatizantes convencidos, las de los cuadros y de las familias de éstos.
Siendo mucho menor el voto duro que el sufragio ciudadano general, no hay por qué sorprenderse de que la afluencia a las urnas sea menor, como seguramente será, que en los comicios de hace tres años, será un factor decisivo para alcanzar la victoria o la derrota.
El abstencionismo es un rasgo característico de la democracia electoral. Siempre habrá quien decida no votar, siempre habrá apáticos, siempre habrá quien prefiera permanecer el día de la jornada electoral en la comodidad de su hogar, siempre habrá individualistas, siempre habrá insolidarios.
Siempre habrá quien decida no convalidar con su participación un proceso que juzga insustancial, vacuo, teatral, manipulado. No hay que sorprenderse, la vida social es activa y pasiva, general y particular, individual y colectiva.
Sin embargo es previsible que muchos ciudadanos acudan en noviembre a las casillas electorales. Se calcula que lo harán algo así como 40% del padrón electoral. La cifra no es mala.
Debe decirse que la experiencia enseña que en los comicios intermedios baja mucho más la afluencia electoral. Y es lógico, pues no está en juego la gubernatura del estado, que es la institución en la que la gente, el ciudadano común, pone más interés y fija sus esperanzas de mejoría económica y social.
Es evidente que los procesos electorales como el actual, concitan menos interés y entusiasmo popular que los de la Gubernatura. Lo que si es una realidad que este tipo de las elecciones son las del voto duro, la de los militantes y simpatizantes convencidos, las de los cuadros y de las familias de éstos.
Siendo mucho menor el voto duro que el sufragio ciudadano general, no hay por qué sorprenderse de que la afluencia a las urnas sea menor, como seguramente será, que en los comicios de hace tres años, será un factor decisivo para alcanzar la victoria o la derrota.
El abstencionismo es un rasgo característico de la democracia electoral. Siempre habrá quien decida no votar, siempre habrá apáticos, siempre habrá quien prefiera permanecer el día de la jornada electoral en la comodidad de su hogar, siempre habrá individualistas, siempre habrá insolidarios.
Siempre habrá quien decida no convalidar con su participación un proceso que juzga insustancial, vacuo, teatral, manipulado. No hay que sorprenderse, la vida social es activa y pasiva, general y particular, individual y colectiva.
Sin embargo es previsible que muchos ciudadanos acudan en noviembre a las casillas electorales. Se calcula que lo harán algo así como 40% del padrón electoral. La cifra no es mala.
En cuanto a las campañas políticas es conocido el avance de las mismas en busca del voto, a través de los medios electrónicos, prensa y proselitismo. Quienes tengan más dinero más proselitismo mediático harán, sin conocerse a ciencia cierta el origen legal o ilícito de los recursos económicos. Aquí cobra vigencia la tesis de Hank Gonzáles “político pobre es un pobre político”.
Los candidatos que evidencien exceso de posesión de recursos económicos mas allá de los topes legales permitidos, serán objetos de reclamos, denuncias y acusaciones, que versaran sobre el uso y mal uso, de recursos públicos, lavado de dinero, programas y logros gubernamentales, reparto de despensas, compras e inducción al voto.
En definitiva mas allá de la pobreza ideológica y de la frialdad de las campañas políticas, la convocatoria, a la ciudadanía es a la participación electoral, al ejercicio del sufragio, al cumplimiento del deber cívico, a la toma del control de los procesos políticos del estado, pues la sociedad no puede ni debe ser una espectadora pasiva de la democracia.
REFORMA ELECTORAL DE MEXICO
Luis Lauro Carrillo
Claro- oscuros
Las modificaciones constitucionales en materia electoral aprobadas por el Congreso de la Unión y del total de las legislaturas de los estados, con excepción de la de Coahuila, es necesario subrayar algunos claro y oscuros de la publicitada reforma.
Reforma electoral pactada únicamente por las élites políticas del PRI, el PRD y el PAN excluyendo a los minipartidos y sobre todo a la sociedad civil, iniciativa que fue aprobada a cambio de una reforma fiscal recaudatoria traducida en más impuestos incluidos el IETU y el de las gasolinas.
Claro- oscuros
Las modificaciones constitucionales en materia electoral aprobadas por el Congreso de la Unión y del total de las legislaturas de los estados, con excepción de la de Coahuila, es necesario subrayar algunos claro y oscuros de la publicitada reforma.
Reforma electoral pactada únicamente por las élites políticas del PRI, el PRD y el PAN excluyendo a los minipartidos y sobre todo a la sociedad civil, iniciativa que fue aprobada a cambio de una reforma fiscal recaudatoria traducida en más impuestos incluidos el IETU y el de las gasolinas.
Modificación electoral sacada del contexto de la reforma del Estado, que contiene avances importantes, retrocesos y omisiones trascendentes, sin embargo no dejan de estar marcadas por los intereses parciales de los partidos, una reforma a modo para si mismos, no para la consolidación de la democracia.
En los claros destaca la reducción en los montos de financiamiento público a los partidos; reducción de las campañas políticas; prohibición de compra de publicidad electoral en medios electrónicos y acceso de los partidos a éstos a través de los tiempos del Estado.
Además, se impide la publicidad gubernamental durante las campañas y se establece el carácter institucional de dicha propaganda, impidiendo la personalización de la misma. Se faculta al Tribunal Electoral para revisar la constitucionalidad de las leyes electorales, asi como la permanencia de las salas regionales.
La Carta Magna establece la anulación de toda elección únicamente por causas específicas previstas la ley. Homologación de las elecciones en las entidades federativas deberán realizarse en una única fecha cada año: el primer domingo del mes de julio, asi como la duración de las campañas y precampañas en los procesos electorales locales.
En los oscuros resaltan la perdida de autonomía y ciudanización del IFE, con la merma de atribuciones dejándolo a merced de los partidos, al nombrarles la cámara de diputados un contralor general debilitándose la capacidad para auditar a las organizaciones políticas.
No se incluyo en la reforma, la figura del candidato independiente; la segunda vuelta electoral para la legitimación de las mayorías; ni la reducción de los miembros del congreso, mucho menos la revocación del mandato.
De lo anterior se desprende que tras la aprobación de las reformas se constitucionaliza la partidocracia, definida como la concentración de poder que tienen los partidos políticos, monopolio entendido como el sometimiento total de las instituciones del Estado y la sociedad.
La constitución les garantiza un blindaje de su vida interna, aseguramiento de mayores recursos y debilitamiento de las autoridades electorales. Fuerzas que ya no viven para la política, sino de la política; que se alimentan del dinero público, pero que son los dueños únicos de los cargos de elección popular,
No hubo una redistribución del poder político sino un reparto de los espacios políticos que ha perdido el presidencialismo y recuperado el congresismo para los partidos políticos. Esas entidades de “interés público” no sólo monopolizan el poder político, sino toda la vida política institucional, secuestran a la sociedad misma, a la que dicen representar.
Toda política fiscal forma parte del modelo de desarrollo económico. Por tanto, los legisladores de de los principales partidos privilegiaron los ingresos, sin reorganizar el gasto, sin cambiar el modelo de desarrollo que ya esta agotado.
En definitiva la reforma electoral aprobada en los hechos se trata de una simple miscelánea, que no modifico en nada el viejo sistema político, por el contrario, lo reforzaron para beneficio de las elites políticas de los tres grandes partidos consolidando la partidocracia en detrimento de la democracia.
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