Los Trolls cibernéticos.

Tamaulipas México.- Las nuevas tecnologías han abierto campos nuevos de comunicación, medios y formas de expresarse, sobre todo la red de redes a través del Twitter, Facebook, LinkedIn, los blogs y el correo electrónico que han cambiado nuestra manera de informarnos, comunicarnos y de relacionarnos más libremente.

Viene a cuento lo anterior por la circulación de un correo electrónico de un Troll con una cuenta falsa a nombre de “Lauro Juárez”, dirigido a un grupo de periodistas locales a quienes les imputa cobrar en el Gobierno de Tamaulipas y los desafía a escribir en sus columnas sobre un candidato a la alcaldía Victorense y su Staff de campaña, basado en una serie de afirmaciones sin sustento probatorio.

Cabe subrayar que los “Trolls” actúan amparados en el anonimato de las redes sociales, correos electrónicos y demás instrumentos virtuales para injuriar, calumniar, amenazar y descalificar a otros usuarios de la red por parte de estos personajes.

¿Pero quiénes son los Trolls? Son aquellos usuarios que pululan por la social media, que se valen de la libertad de comunicar que ofrecen las redes sociales para actuar desde el anonimato en forma cobarde, con muy malas artes y peores intenciones, en contra de otros cibernautas como los políticos, periodistas, actores etc., con el fin de descargar contra ellos toda su ira o con el afán de diversión.

En otras palabras son personas de carne y hueso, con nombre y apellidos en la vida real, que publican mensajes provocativos irrelevantes o fuera de tema con diferente tipo de contenido como improperios, mentiras, burlas y calumnias con la intensión de confundir y ocasionar sentimientos encontrados en los demás usuarios de una comunidad en linea.

Huelga decir que en psicología los llaman cínicos hostiles, en internet simplemente Trolls, son personas desconfiadas de los demás que miran todo con desdén y tienen disposición a la agresión.  Lo hacen por gusto, por esparcir humor negro e ironía. A falta de ella, la ofensa y la ramplonería que también les sirven. Así como todo lo políticamente incorrecto.

Actualmente en los Hastang (#) de Twitter, los Trolls políticos se han habilitados por sí mismos como jueces y verdugos, esos “capataces” cibernéticos condenan a la hoguera pública de la red a quienes se opongan sus verdades que les han sido reveladas y deciden a conveniencia propia o de sus patrones políticos quien es bueno y quien es malo electoralmente de acuerdo a sus interés partidarios.

En suma sólo hay que leer lo que escriben, utilizan una prosa vulgar y agresiva contra quienes no muerden el anzuelo o no son parte de esos cibernautas a sueldo sin ideología, llenando de bajezas e insultos del peor estilo a los que no comparten sus opiniones.

Pero más allá de la actitud de los amigos de hacer daño al prójimo digital, consideramos que nunca deberá existir la censura al internet ni a pretexto del Bulling cibernético, la injuria y la amenaza a los usuarios, para no dar pie a que el Estado pueda restringir o limitar la libertad de expresión en estas plataformas sociales, por lo que lo más conveniente es hacerlo mediante la autorregulación.

Al efecto en Twitter mediante un plan de gestión de crisis donde prive la tolerancia, prepararse para no ser afectados por los insultos ni comentarios despectivos, considerando que en el fondo quienes los emiten se trata de seres inferiores, cuya única intención es llamar la atención y conseguir unos instantes de “gloria”, y no proyectar una imagen de debilidad, ni demostrarles públicamente que te afectan.

Por tanto en caso de no ser posible aplicar dicho plan, entonces el usuario deberá bloquear al Troll o Trolls y san se acabo.

En definitiva las redes sociales son un espacio de libertad que deben usarse con honestidad y responsabilidad, con los Trolls no hay que perder el tiempo con ellos, porque solo injurian y amenazan abusan del ciber espacio, hay que neutralízarlos con educación y grandes dosis de indiferencia, no des oportunidad de responder, corta todas las vías de réplica, en consecuencia se sentirá totalmente anulado.

lucarrso@hotmail.com

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Las protestas sociales de Brasil.

Mi sentido pésame a la señora Pilar González de Torre, por el lamentable fallecimiento de su señor padre Indalecio González Villarreal.

Tamaulipas México.- Brasil país modelo de modernización y desarrollo capitalista, un ejemplo para el mundo, es la séptima economía del planeta, ha dejado de ser la celebridad económica mundial, al olvidar al otro Brasil, al de la desigualdad y exclusión social, al de la corrupción y al de la discriminación, cuestiones que subyacían aparentemente ocultas hasta antes del recién expresado descontento social.

Viene a cuento lo anterior por las protestas multitudinarias que sacudieron abruptamente la nación brasileña, teniendo en jaque a la economía y la política carioca, manifestaciones que comenzaron hace dos semanas, coordinadas inicialmente por el Movimiento para el Transporte Gratuito, como reacción al aumento en las tarifas del transporte público en Sao Paulo.

Cabe señalar que una vez la muchedumbre heterogénea ya en la calle, la reivindicación inicial se transformó en una exigencia general de mejores servicios públicos y mayores inversiones en educación, salud, vivienda, seguridad social, reforma agraria y urbana.

Agregando otras banderas como protestar contra la corrupción; contra la propuesta de reforma constitucional para quitarle al Ministerio Público el poder de investigar a funcionarios; contra congresistas que acaban de aprobar un proyecto para tratar la homosexualidad como enfermedad mediante terapia sicológica.

De igual modo los manifestantes reprocharon la gestión de la presidenta Dilma Rousseff por el excesivo dinero invertido a la celebración de la Copa Confederaciones de fútbol; la visita del Papa en julio a la Jornada Mundial de la Juventud en Río; en 2014 la Copa del Mundo y en 2016 los Juegos Olímpicos.

Como podrá observarse el Movimiento Social no tiene la dirigencia de algún partido político, de ahí que los especialistas especulen que los principales dirigentes de las protestas son jóvenes profesores y estudiantes de ideología izquierdista que debaten en el aula el problema del deterioro de gobernabilidad del Brasil.

Así pues, en Brasil estas manifestaciones se producen tras una sucesión de escándalos de corrupción que en los últimos años asolaron al Congreso, Gobierno y partidos, incluido el gobernante Partido del Trabajo (PT), que enfrentó al final de 2012 un histórico juicio en el que fueron condenados ex ministros y ex dirigentes.

No se puede dejar de reconocer que la clase media vio un importante repunte en la primera década del siglo XXI, sin embargo la mayoría de los brasileños sigue estando dentro de un estrato social bajo.

Tengamos presente que los jóvenes manifestantes que han salido a las calles cuestionan al PT en el poder de ser en teoría un partido de izquierda y en los hechos un partido conservador institucionalizado, tan es así que los petistas y marchistas de otros grupos políticos de centro e izquierda fueron expulsados por enérgicos jóvenes enrollados en la bandera de Brasil.

Aquí viene a colación lo que el sociólogo Boaventura de Sousa Santos, expresó:

“una sociedad tan desigual, corrupta y discriminadora como la brasileña, tan parecida a la mexicana, solo puede darse el lujo de pagar el precio del progreso “profundizando en la democracia, redistribuyendo la riqueza generada y reconociendo la diferencia cultural y política de aquellos que consideran que el progreso sin dignidad es retroceso”.

De ahí que el drama brasileño puede servir de espejo a México país de terrible desigualdad.

Al efecto el gobierno de Enrique Peña Nieto inicio su gestión con la Cruzada contra el Hambre, un programa inspirado en el Fome Zero (Hambre cero) del ex presidente Inázio Lula Da Silva, que si bien es cierto redujo el hambre en ese país, en México no es suficiente para el desarrollo social ni para terminar con la pobreza y como así aconteció en Brasil.

En ese tenor el gobierno y Congreso deberían ser más persistente en las reformas, sobre todo la fiscal debe obligarse a las grandes empresas a pagar impuestos y la energética fortaleciendo y reestructurando a Pemex en todos los rubros, con nuevo régimen fiscal, sin inversión extranjera, ni nacional, para seguir desarrollando la economía, pero sin olvidar a su gente que como en Brasil que aquí tampoco ya aguanta la situación en que sobrevive.

De tal modo que si dichas reformas no se procesan en los términos apuntados podrían dar paso a movilizaciones espontáneas de la sociedad mexicana, jóvenes, así como protestas de los partidos de izquierda.

Por otra parte, retomando el tema de la protestas, para enfrentar la crisis, lo mejor que ha hecho la presidenta brasileña Dilma Rousseff no ha sido ofrecer un gran pacto para mejorar los servicios públicos, sino reconocer la legitimidad democrática de las protestas, el orden y el dialogo.

En definitiva el descontento social de Brasil deriva de la insatisfacción de las demandas de la sociedad brasileña con la política tradicional, un divorcio del elector con sus políticos, un desarrollismo inequitativo, inflación elevada, crecimiento estancado a pesar de ser la séptima economía mundial y del grupo de los BRICS.

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Reforma transformacional energética.

Tamaulipas México.- La globalización, piloteada por empresas multinacionales que adquirieron mayor poder que los estados o gobiernos, tiene como objetivo transformar la realidad del mundo en un mercado de productos, donde controlan desde los fertilizantes hasta el agua y de los cereales hasta el petróleo, todo ha caído en sus manos.

Viene a cuento lo anterior por las declaraciones recientes del Presidente Enrique peña Nieto al Financial Times periódicos extranjeros especializados en economía en relación con la reforma energética de carácter transformacional.

Al efecto el presidente expresó: “Hay diferentes opciones sobre lo que debiera ser la reforma, estoy seguro... de que será transformacional”. Peña Nieto agregó que la reforma incluiría “el cambio constitucional necesario para dar certeza a los inversionistas privados”

De tal suerte que atrás quedaron aquellas desgañitadas afirmaciones del presidente Peña Nieto de que Pemex no se vendía ni se privatizaba, todo indica que se trataba de una estrategia distractora, porque en el fondo el gobierno se encamina a compartir la renta petrolera con los capitales monopólicos del extranjero.

Sobra decir que Pemex es toda una tragedia. Analistas expresan que al cierre de 2012 sin considerar las reservas petroleras Pemex estaba ya quebrado. Los pasivos laborales tienen el mismo valor que las instalaciones.

De acuerdo al reporte financiero los pasivos laborales eran de poco menos de 1.3 billones de pesos, frente a propiedades, mobiliario y equipo por 1.65 billones. Si se suma a lo primero la deuda de largo plazo por la cantidad de 2 billones de pesos, la empresa se encuentra en quiebra y peor aun en el último año los activos fijos crecieron en 4%, los pasivos laborales, en 49%.

Está visto que la producción ha caído y los pozos, casi todos, están en la fase de agotamiento; tienen cerca de tres veces más personal del que deberían, al grado que ya casi no alcanzan los activos para pagar el pasivo laboral.

He aquí que en la realidad Pemex es una empresa secuestrada a la Nación, un botín para la voraz clase política mexicana de todos los colores y sabores, una fuente de enriquecimientos ilícitos. Lo que se ha ocultado es la causa de la estrechez financiera de Pemex que lo es que el gobierno destina todos los ingresos de la empresa a gasto público.

En ese contexto el gobierno federal desde 1976 tomó esa decisión, para afrontar el sobregasto gubernamental sin reducir el gasto público, como lo exigía el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y ni tampoco hacer la demorada reforma fiscal que ampliaría la capacidad recaudatoria del estado mexicano.

En ese sentido dicha Reforma fiscal, ayer como ahora, requiere gravar las ganancias de los sectores monopólicos de la economía, que prácticamente no pagan impuestos, sólo aportan el 1.8 por ciento de los ingresos fiscales del país a pesar de que facturan el 53 por ciento del PIB.

Por tanto esa Medida sería equitativa y proporcional, para no seguir imponiendo la carga fiscal en las espaldas de los contribuyentes como los profesionistas, medianas y pequeñas empresas, los asalariados y sobre todo Pemex, que en conjunto aportan el 98.2 por ciento del gasto público, no obstante que sólo generan el 47 por ciento de la renta nacional

Ahora bien lo que quieren el gobierno norteamericano y las grandes empresas trasnacionales que están detrás, hay que decirlo claro, es tener acceso a la renta petrolera del país, quieren que se les permita participar directamente en la Exploración y Producción particularmente en la extracción del petróleo y de esa manera tener derecho a una parte del producto.

De ahí que la reforma neoliberal transformacional peñanietista se resume en reformar la Constitución General de la República, y demás leyes, para permitir, constitucionalmente, la privatización de las industrias eléctrica y petrolera en manos del Estado, posibilitando, así, la inversión extranjera sin límites en el sector de hidrocarburos y eléctrico.

Por otro lado el estado tiene como funciones básicas: apoyar a la acumulación de capital con la formulación de políticas que favorezcan y coadyuvar en el desarrollo del capitalista y conservar su legitimidad el estado las mistifica y las hace aparecer como medidas que responden al interés de la sociedad mexicana en general o bien las oculta dándoles el carácter de medidas de tipo técnico o administrativas.

Por consiguiente con la futura reforma energética transformacional se actualizan las en la especie las dos hipótesis relativas a las funciones del Estado Mexicano. Por lo que aquí cabe preguntar:

¿Las privatizaciones son la solución? La respuesta es no, porque no se benefició la sociedad, la mayoría de empresas como la ferrocarrilera, azucarera, carretera, minera, de telefonía, satelital, portuaria, de transporte aéreo, de televisoras, de la banca, quebraron o las rematararon a extranjeros o están en crisis debido a la corrupción y ambición de sus nuevos propietarios, o fueron rescatadas.

En otro orden de ideas, los mismos argumentos que se esgrimen para la privatización de los hidrocarburos: estrechez financiera, ineficacia e improductividad, mala administración, quiebra, agotamiento de pozos petroleros, reservas probadas, sirven también para su modernización, fortalecimiento y consolidación de Pemex.

En definitiva no a la privatización del sector de hidrocarburos, se debe fortalecer Pemex en sus finanzas y saneamiento como empresa pública, con nueva administración, nuevos técnicos, nuevos trabajadores, nuevo régimen fiscal, aumentando sustancialmente los recursos de la empresa destinados a reinversión, exploración, innovación tecnológica modernización y mantenimiento instalaciones.

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La desigualdad social.

Tamaulipas México.- La desigualdad social se ha definido como la condición por la cual las personas tienen un acceso desigual a los recursos de todo tipo, a los servicios y a las posiciones que valora la sociedad.

En otras palabras la desigualdad es el trato desigual o diferente que indica diferencia o discriminación de un individuo hacia otro debido a su posición social, económica, religiosa, a su sexo, raza, color de piel, entre otros.

Viene a colación lo anterior por el problema de desigualdad que afecta la sociedad, la economía y la política. Ya sea que se trate de la pobreza, de la discriminación o integración y cohesión social, etc., al final se aterriza en el problema de la inequidad social.

Cabe señalar que este hecho social no debe verse como un fenómeno natural, sino como un fenómeno social, histórico y cultural que se genera como consecuencia de las relaciones de producción del régimen capitalista.

Está visto que el liberalismo burgués contrapuso al democratísmo favorecedor de la igualdad, el constitucionalismo favorecedor de las libertades e interpreto el principio de igualdad como la igualdad jurídica ante la ley, con referencia al ciudadano con el estado, más que en relación entre los individuos o grupos sociales.

De tal suerte que la biodiversidad social en México es paisaje cotidiano que a nadie perturba ni preocupa, sino que e s aceptada tanto por los beneficiados como para los perjudicados, porque se cree que es una forma inherente a nuestra idiosincrasia nacional, a la realidad fatalista traducida como destino familiar o individual.

De acuerdo con Rousseau, el hombre no nace con la desigualdad sino después de que se compara con sus semejantes y ve sus diferencias es cuando entonces se pierde la igualdad del ser humano. “La desigualdad se debe al desarrollo de nuestras facultades y a los progresos del espíritu humano y se hace al cabo legítima por la institución de la propiedad y de leyes”.

En los hechos la desigualdad social surge de las condiciones de subsistencia material de los individuos, al estar condicionados por el lugar social que ocupan en la sociedad, es decir que pertenecen a una clase y las clases a su vez están condicionadas por las características económicas en las cuales se ha desarrollado la sociedad mexicana.

Por tanto la desigualdad generada por el mercado, lo que se mide es la desigualdad en el ingreso monetario o el ingreso no monetario o en el consumo de bienes no durables, de lo que se desprende que existe una relación en esta medición y el bienestar económico, comparando la situación económica de la vida de un agente con la de otro.

Ahora bien, un error en que incurre el presidente Enrique Peña Nieto al asociar en sus discursos la Desigualdad con la pobreza cuando se menciona la reducción de la desigualdad se hace referencia en seguida a la reducción de la pobreza, cercanía discursiva que sugiere que una condiciona a la otra. De aquí que los asesores del presidente deben enmendar dicha equivocación.

En suma una de las variadas consecuencias de la desigualdad social, es la desigualdad de oportunidades, que se da cuando las posibilidades para ocupar cualquier posición no están distribuidas en forma igualitaria para todos conforme a criterios equitativos, sino que basan la distribución en el status social, la capacidad económica, ideología política, ideología religiosa, grupo étnico, y de género, etc.

Por otra parte la economía mexicana creció 0.8% de tasa anual en el primer trimestre de 2013, que representa una disminución del 3.8porciento en relación con el mismo periodo de 2012 que fue de 3.9 por ciento de crecimiento económico, evidenciando una preocupante desaceleración de la economía a lo que anticipaba el mercado.

De ahí que las condiciones generales de estabilidad macroeconómica han servido para amortiguar la caída más estrepitosa, no han sido suficientes para evitarla,

de acuerdo con los especialistas se presagia una recesión y como consecuencia caída en las exportaciones de mercancías, la producción industrial y las ventas al menudeo y al mayoreo. Más desigualdad, más pobreza, más desempleo.

En definitiva la desigualdad social y la inseguridad son un obstáculo para el desarrollo del país, impiden el crecimiento económico, aumentan el desempleo, disminuyen el consumo, depredan el medio ambiente y debilitan las relaciones sociales; requiriéndose voluntad del Estado federal para edificar una sociedad más igualitaria, siendo más importante que las políticas para reducir la desigualdad.

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La ciudad de dios.

 

Tamaulipas México - El tema de esta columna no es para analizar la obra “La Ciudad de Dios” de San Agustín, relativa a la confrontación de la Ciudad Celestial con la Ciudad Pagana, a raíz de la destrucción de Roma por los visigodos, sino a la recién declarada “Ciudad de Monterrey de Jesucristo”.

Al respecto conviene tener presente que los políticos mexicanos no han aprendido los méritos y los beneficios de separar la Iglesia del Estado, la Iglesia libre del Estado libre, principios que desde el siglo XIX hasta lo que va del siglo XXI están vigentes, como ha quedado evidenciado con el caso de la alcaldesa de Monterrey Margarita Alicia Arellanes Cervantes que entrego a Jesucristo la capital del Estado de Nuevo León.

Al efecto la munícipe regiomontana expresó: "Yo, Margarita Alicia Arellanes Cervantes entrego la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a nuestro Señor Jesucristo para que su Reino de Paz y Bendición sea establecido; abro las puertas de este municipio a Dios como la máxima autoridad, reconozco que sin su presencia y sin su ayuda no podemos tener éxito real,"

Lo anterior no tendría nada de particular si no fuera porque la edil Arellanes Cervantes con su intervención violentó la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, al participar en un acto religioso organizado la tarde del sábado ocho de junio pasado, por los grupos evangélicos la Alianza de Pastores, frente al Palacio Municipal.

Cabe señalar que los actuales aires conservadores del régimen político han avivado la tentación de la neo-cristiandad, es decir, regresar a una sociedad socialcristiana de pensamiento único, que está latente en los ardientes corazones de las cúpulas religiosas que añoran el regreso de las sociedades teocráticas.

De tal suerte que en los gobiernos al frente de Estado mexicano constitucionalmente laico, se percibe cierto soplo confesional en lo político, como muestra el consentir las intromisiones de la jerarquía católica y de iglesias protestantes en Legislaturas de los estados que han emitido leyes contra el aborto y opuesto a legislar en materia de sociedades de convivencia y de los matrimonios de personas del mismo sexo.

La existencia del Estado laico por lo demás, es una exigencia de las sociedades modernas y democráticas. Significa más que la separación del Estado y las Iglesias. Implica el reconocimiento de que todos los seres humanos tienen derecho al respeto de su libertad de conciencia y consecuentemente de su práctica individual y colectiva.

Sin embargo el exhibicionismo religioso de políticos en México, da al traste con el laicismo cuya muestra más reciente es el de Margarita Arellanes, alcaldesa de Monterrey y el de Javier Duarte Jáquez Gobernador de Chihuahua en el que se consagró él y al Estado de Chihuahua al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado de María.

De modo, que la creciente diversidad religiosa y moral de la sociedad, el Estado tiene ante sí desafíos cotidianos para favorecer la convivencia armoniosa, además de la necesidad de respetar la pluralidad de las convicciones religiosas, ateas, agnósticas, filosóficas, así como la obligación de favorecer, por diversos medios, la deliberación democrática y pacífica.

El texto del artículo 40 constitucional reafirma el carácter laico, entre los atributos fundamentales de la República, estableciendo la laicidad como uno de los ahora cinco principios rectores de toda la organización del orden constituido (republicanismo, democracia, representatividad, federalismo y, ahora, laicidad).

Por lo tanto, el principio de laicidad abre una nueva vía, descarta toda religión de Estado al igual que el ateísmo de Estado. Recíprocamente, no admite ni antireligión oficial ni antiateísmo oficial; cada uno debe seguir su conciencia.

De ahí, que Alentados por el clima de impunidad prevaleciente, dichos funcionarios pudieron violar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en lo que prevé que un funcionario no puede traer a colación sus creencias religiosas en ningún evento que tenga que ver con su función y eso fue lo que Arellanes Cervantes y Duarte jaques hicieron.

Empero cabe preguntar "¿Por qué nada se hace contra la impunidad de funcionarios que violan la constitución y sus leyes reglamentarias? ¿Por qué el silencio de la Secretaría de Gobernación?, ¿Debería haber una recriminación, un reclamo, un llamado a rendir cuentas de porqué se está violentado de esta manera al Estado mexicano?

Por consiguiente si existiera un verdadero respeto por el Estado laico y a las leyes de la materia, las autoridades tendrían la imperiosa necesidad y el deber de de dictara las medidas legales procedentes en contra de los infractores.

Ahora bien si las autoridades no actúan se confirmaría aquella afirmación popular de que en México no hay leyes que se respeten, ni se cumplan y de ahí cierto chiste que dice que en nuestro país no se cumple ni tan siquiera con la ley de gravedad.

Cabe precisar que no todos en México profesan una religión. La Alcaldesa, y gobernadores como Duarte Jáquez al manifestar abiertamente sus distintas confesiones religiosas, están coqueteando con las religiones y violando el Estado laico, entonces con su imprudencia podrían desatar una guerra religiosa, que en nada abonaría a la reconstrucción de la paz.

En definitiva la Secretaría de Gobernación deberá sancionar a la Alcaldesa Margarita Arellanes y al Gobernador Javier Duarte, por haber violado la laicidad del Estado y la ley de asociaciones religiosas, la primera al entregarle la ciudad que gobierna a Jesucristo y el segundo consagrarse él y su Estado al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado de María.

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Controlar a los gobernadores

Tamaulipas Mèxico.- Tener buenos gobiernos y una sociedad abierta, progresista y cohesionada es responsabilidad de todos. Un gobernador además de político debe ser un administrador eficaz y honesto en el manejo de los recursos y para que esto suceda es necesario que existan controles.

¿A qué viene lo anterior? Se preguntará el lector: Viene a cuento por los escándalos protagonizados por ex mandatarios de los 32 Estados de la República que se suceden como rutina: corrupción, despilfarro y presuntos vínculos con la delincuencia, se repiten en una lista que parece interminable, ayer Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas y Zacatecas, hoy Tabasco y Aguas Calientes.

Cabe decir que tras de perder el PRI la presidencia de la republica en las elecciones del año 2,000, se produjo una especie de feudalizacion del país. En efecto los últimos 12 años los gobernadores se convirtieron en auténticos reyes locales, señores de vida y haciendas, que sin el control presidencial de antaño hicieron y deshicieron a su antojo.

En los hechos sustituyeron en sus feudos al gran monarca que caracterizaba al presidencialismo autoritario. Son jefes de estado y de gobierno, jefes del partido, jefes de las fuerzas de seguridad, con facultades constitucionales y metaconstitucionales.

Así pues, la mayoría de los gobernadores del país, controlan a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y el municipal de su estado, controlan los órganos de fiscalización de las legislaturas, controlan sus institutos de transparencia e información, controlan su comisión de Derechos Humanos, controlan sus organismos electorales, en suma controlan todo menos a ellos.

De tal modo que los gobernadores además controlaban el Congreso de la Unión a través de sus legisladores y son los que más recursos reciben de la Federación sin estar obligados a rendir cuentas, en suma controlan todo, como antes lo hicieron los presidentes priistas.

Tengamos presente la característica esencial del régimen político en la democracia, ya que existan diversas formas de control de los gobiernos. El control a los gobiernos es lo que diferencia la democracia de las dictaduras.

Sin embargo los gobiernos de las entidades federativas padecen un desequilibrio que indujo al desorden. La conformación de la Conago fue el detonante de lo que se procesaba debajo de ella: las estrategias de los gobernadores para obtener ventajas de las ruinas del viejo régimen, sin asumir ninguna responsabilidad.

Por otro lado el Auditor Superior de la Federación ha expresado en reiteradas ocasiones no poseer suficientes herramientas para llamar a cuentas a los gobiernos estatales. Los gobernadores en los hechos no son responsables ante nadie.

He aquí que el más reciente “espectáculo” lo ha protagonizado el Andrés Granier Melo ex gobernador de Tabasco. La voracidad y corrupción con las que los altos funcionarios tabasqueños se lanzaron sobre el erario es verdaderamente patética.

Ahora bien el ciudadano debería tener más conciencia en que su voto es una forma de control que aprueba o desaprueba la gestión de un gobierno,, además el control debe ser ejercido con más responsabilidad por parte de los Congresos federa y local, así como de la sociedad civil y de los medios de comunicación.

Huelga decir que aun es tiempo de recuperar las instituciones. Primero respetándolas, acatando sus normas luego haciéndolas coherentes, creíbles y útiles. Aprobar la ley sobre la deuda de los estados y municipios que está empantanada en la cámara de diputados.

De ahí que el cumplimiento de los derechos ciudadanos debe ser vigilado por la CEDH y un cuidado de la ética pública a cargo de las dependencias de anticorrupción y por supuesto tiene que existir un control profesional de la ejecución del gasto publico hecho por oficinas de transparencia, contralorías y auditorias.

Por tanto la ausencia total de sanciones en los sonados escándalos públicos, la sensación de impunidad que tiene la sociedad, se va extendiendo como una mancha de aceite. La impunidad contagia y seduce, ni siquiera hay riesgos de costos en términos de reputación.

Conviene señalar que la impunidad es la gran puerta de entrada a la corrupción sistemática, cuando "todo está a la venta" como en roma en el siglo I antes de Cristo. Hay delitos como el peculado, el abuso de funciones, fraude, que no tiene castigos. Inclusive sus beneficiarios se jactan de ellos y hacen una exhibición obscena de los bienes mal habidos.

Por consiguiente en México podemos afirmar que hasta nos sobran leyes para la convivencia social. Las leyes son buenas en cuanto al diseño normativo, en cambio necesitamos una nueva conducta ciudadana de cumplimiento a la norma y conducta estatal para hacer cumplir la ley y sancionar su incumplimiento a través de los órganos jurisdiccionales.

En definitiva debemos elevar los índices de responsabilidad pública, garantizar la transparencia en los actos de gobierno y mejorar la calidad institucional, que servirá para controlar la ejecución presupuestal, en otras palabras saber cómo se controla, como se paga, como se licita y como ingresa al estado.

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El Derecho a la Ciudad.

La libertad de hacer y rehacer nuestras ciudades y a nosotros mismos es, uno de los derechos humanos más importantes y trascendentales que deberían ejercer  sus habitantes, aunque también es uno de los mas descuidados e inclusive ignorados.

Viene a cuento lo anterior por el surgimiento de luchas urbanas que vienen generando la necesidad del reconocimiento, en el sistema internacional y nacional de los derechos humanos, por lo que el Derecho a la Ciudad, se ha definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social.

Por tanto es un derecho colectivo de los  habitantes de las ciudades, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado  en el respeto a sus diferencias, expresiones y prácticas culturales, con el objetivo de  alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y a un nivel de vida  adecuado.

Por otro lado,  los Tres principios fundamentales que rigen el derecho a la ciudad son: Ejercicio pleno de los derechos humanos de la ciudadanía, la Gestión democrática de la ciudad y la función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad.

En ese tenor el derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. Es, además, un derecho común antes que individual, ya que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización.

Sobra decir que el Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos.

Como  podrá verse, los modelos de desarrollo se han caracterizado por la concentración del ingreso y el poder, generador de pobreza y exclusión, han contribuido a la depredación del medio ambiente, acelerando los procesos migratorios, de urbanización, la segregación social y espacial y la privatización de bienes comunes y del espacio público.

De tal suerte que contribuyen a ello las políticas públicas que, que desconocen el proceso de poblamiento popular en la construcción de ciudad y ciudadanía, que terminan por violentar la vida urbana

De hecho, por su origen y significado social, el Derecho a la Ciudad está sobre todo dirigido a fortalecer los procesos, reivindicaciones y luchas urbanas contra la injusticia y la discriminación social y territorial.

Así pues, desde sus inicios, las ciudades han surgido mediante concentraciones geográficas y sociales del excedente económico.

De tal modo que bajo el capitalismo la urbanización siempre se ha considerado, un fenómeno clasista, ya que los excedentes son extraídos de algún sitio y de alguien, mientras que el control sobre su utilización radica en pocas manos. Surgiendo un vinculo entre el capitalismo y la urbanización.

Cabe subrayar que las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La población urbana, en su mayoría, está desposeída o limitada en virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad, para satisfacer sus más elementales necesidades y derechos.

Ante estos desafíos, un conjunto de redes internacionales, organizaciones sociales y no gubernamentales, gremiales y académicas han estado debatiendo y promoviendo a nivel mundial el reconocimiento y adopción del Derecho a la Ciudad como un nuevo derecho humano colectivo.

Por consiguiente han debatido  y asumido el desafío de construir un modelo sustentable de sociedad y vida urbana basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social y fundamentada en el respeto a las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano y lo rural.

Por tanto describe la búsqueda de soluciones contra los efectos negativos de la globalización, la privatización, la escasez de los recursos naturales, el aumento de la pobreza mundial, la fragilidad ambiental y sus consecuencias para la supervivencia de la humanidad y del planeta.

De igual manera en forma paralela a estas iniciativas de la sociedad civil, algunos gobiernos, tanto a nivel regional como nacional y local, han estado generando instrumentos jurídicos que buscan normar los derechos humanos en el contexto urbano. La carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad.

En definitiva con el propósito de responder a las necesidades de las personas que habitan y transitan en las ciudades mexicanas, el Derecho a la Ciudad constituye un instrumento para fortalecer las reivindicaciones y luchas sociales, así como para articular los esfuerzos de todos los actores públicos, sociales y privados para dar efectividad a este nuevo derecho humano.

                lucarrso@hotmail.com              

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NL criminaliza uso de redes sociales.

Tamaulipas Mèxico.- Pese a las recomendaciones internacionales para despenalizar los delitos contra el honor “Difamación”, “Calumnia” e “Injurias”, en razón de que coartan el derecho a libertad de expresión, opinión e información, el Estado mexicano en su conjunto ha incumplido con sus obligaciones pactadas en materia de libertad de expresión.

De ahí que en México a excepción del nivel federal, las entidades federativas han avanzado en la dirección contraria, toda vez que se sigue regulando y agregando más delitos que tienen como objetivo criminalizar la libre circulación de ideas, informaciones y opiniones.

Viene a cuento lo anterior por la reforma del Congreso de Nuevo León que a pretexto del "Ciberbullyign" aprobó la adición del artículo 345 Bis del Código Penal, el cual señala: “También se considera difamación quien utilice cualquier medio electrónico para difundir, revelar, ceder o transmitir una o más imágenes, grabaciones audiovisuales o texto para causarle a una o varias personas la deshonra, descrédito, perjuicio o exponerla al desprecio de alguien”.

Luego entonces, en Nuevo León difamar o deshonrar de cualquier manera a una por persona por medio de una red social, como Twitter, facebook etc., podría ser sancionado con uno o dos años de cárcel o multa económica.

Ahora bien de la simple lectura del contenido del artículo 345 Bis se desprende una completa ausencia de definición del legal de tipo penal del “Cyberbullying” y del “Sexting, en otras palabras no se describe con precisión el acto u omisión de los delitos establecidos de estas conductas antisociales en el presupuesto jurídico de la ley penal. Además los conceptos “Cyberbullying” y “Sexting no están contemplados en dicho código.

No cabe la menor duda que los legisladores neoloneses están anclados en el pasado, siguen a actuando la antigüita manejando el control bajo la amenaza de castigo ya en desuso, por lo que las hipótesis previstas en la disposición comentada hacen prácticamente imposible tipicidad y por ende su sanción, por lo que su simplismo y deficiente técnica legislativa, hace imposible el acceso a la justicia a víctimas y victimarios del Cyberbullying y “Sexting.

En ese contexto los diputados locales bien podrían legislar para que las escuelas emprendieran campañas diseñadas por equipos interdisciplinarios, para fortalecer a los niños en su inteligencia emocional, para afrontar ese tipo de acosos; para impulsar la capacidad de los adolecentes a sobreponerse a períodos de dolor emocional y traumas.

En cambio queda palmariamente claro que la reforma al 345 Bis al ampliar el delito de difamación, configuró un instrumento legal para controlar la información difundida en Internet y sobre todo para no afectar los intereses de los políticos del estado que claman impunidad, y no tanto para proteger a los niños del “Cyberbullying”.

Al efecto con la ampliación de la tipificación del delito de difamación, la difusión de material en medios electrónicos, los legisladores pusieron en bandeja de plata a las autoridades de procuración de justicia, un arma legal de censura para combatir a los activistas y usuarios de redes sociales en general, y por consiguiente restringir o controlar la libertad de expresión en el internet.

De modo que el control de la libre manifestación de las ideas en la internet, no sólo afecta a los medios de comunicación tradicionales, sino particularmente a los derechos humanos de Internautas que elaboran sus contenidos bajo la amenaza de los poderes públicos y de la delincuencia algunos de ir a la cárcel y otros con su vida por la acción delincuencial.

Conviene señalar que la organización internacional Freedom House que monitorea la libertad de prensa en el mundo, en su último reporte señala entre las últimas tendencias destaca el capítulo de internet y otras tecnologías, donde subraya el enfrentamiento de los usuarios de medios no tradicionales, como micro blogs, redes sociales o teléfonos móviles, con gobiernos que pretenden impedir su labor.

Aquí viene una pregunta a nuestra mente ¿hay abusos en Twitter y Facebook? Si los hay, como abusos ha habido siempre en los medios tradicionales, en los que durante demasiado tiempo se ha calumniado, difamado e injuriado a políticos, empresarios, artistas, deportistas, etc., sin que nadie les haya podido garantizar el derecho de réplica.

Tengamos presente que los usuarios de Twitter saben que en esa red social se propagan todo tipo de basura, miles de mentiras, rumores y chismes. Más aun que el número de usuarios de Internet en México y especialmente Nuevo León no constituyen una mayoría abrumadora critica, Surgiendo la pregunta ¿entonces por qué tanto temor hacia estas redes?

Por tanto, más que castigar penalmente a aquellos que propagan información falsa, ofensas y cuestionamientos por las redes sociales, hay que confiar en la inteligencia de la gente para saber diferenciar entre una red social como Twitter, llena de chismes, y un medio de información serio y confiable, al margen de responsabilizarlos civilmente, todavía no estamos en presencia de una amenaza de una Internet "sin límites".

Así pues, el Congreso neolonés más que preocuparse por regular, reglamentar el Internet y demás tecnologías, debería fijarse como prioridad reformar el código penal para combatir con más severidad el patrimonialismo de los servidores públicos, las cuentas públicas, estatales y municipales, aumentando las penas a los delitos de abuso de autoridad, peculado, concusión de funcionarios, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Por otra parte si hay voluntad política una solución inmediata lo seria que el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, ejerza su derecho de veto a la reforma del 345 Bis del Código Penal aprobada a fin de que sea revisada de nuevo por el Congreso Local.

En definitiva al reformar el artículo 345 Bis del Código Penal de Nuevo León, ampliando el delito de difamación para reglamentar el internet a pretexto del “Cyberbullying” y “Sexting, traerá como consecuencia la censura, una restricción a la libertad de expresión; independientemente de la incapacidad para garantizar el cumplimiento de una ley extraterritorial.

lucarrso@hotmail.com

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