LAS AUDITORIAS MUNICIPALES

La Auditoria Superior del Estado(ASE) es el órgano encargado de la vigilancia y control del ejercicio de los recursos públicos, un mecanismo esencial de la transparencia y rendición de cuentas, una institución pública imprescindible, eficaz, con un trabajo técnico, imparcial y alejado de los intereses partidistas o políticos.

De tal suerte la opacidad no debería envolver opacidad ni impunidad, los órganos fiscalizadores deben ser muy escrupulosos en el uso y manejo de los recursos públicos, así como las labores de auditoría que se practiquen a las administraciones estatales y municipales.

Como podrá suponerse la entidad y municipios ya no aguantan más corrupción, ya que esta impide el desarrollo político, económico y social, a la vez que socava la eficacia administrativa, constituyendo el principio del rompimiento del tejido social.

Por consiguiente la corrupción mina la legitimidad de los actores políticos y de las instituciones públicas, ya que produce el desprestigio y descrédito de las autoridades gubernamentales, provocando la desconfianza y falta de credibilidad en la sociedad.

En ese tenor la falta de transparencia, de rendición de cuentas, opacidad llevó a los ayuntamientos y a dependencias estatales, no tan sólo a gastar más de lo que recibieron, sino a comprometer ingresos futuros a través del endeudamiento de los que esperan recibir en años venideros, amén de la posible desviación de recursos.

De ahí que la ASE esta auditando las cuentas públicas municipales de la pasada gestión de Oscar Pérez Inguanzo, en Tampico, el de Erick Silva Santos, en Matamoros, Ramón Garza Barrios en Nuevo Laredo, Arturo Diez Gutiérrez Navarro, en Victoria y Reynosa con Oscar Luébbert Gutiérrez, entre otros.

Así pues la Comisión de Vigilancia del Congreso Local se comprometió para el mes de septiembre para que el auditor superior Miguel Salmán, dé a conocer el resultado de las auditorías practicadas a los municipios y dependencias estatales, informando que a la fecha se registra un avance muy superior en las revisiones.

También conviene insistir en que el órgano fiscalizador debe ser muy cuidadoso con las auditorias para comprobar si en verdad hay ilícitos tan flagrantes como se presumen, sin que estas acciones se puedan argumentar o interpretar como una especie de persecución, venganza política o cacería de brujas contra de ex funcionarios, sino como la investigación de las causas de posibles quebrantos patrimoniales al estado y a los municipios.

Por lo tanto toda suspicacia debe ser erradicada con elementos probatorios. Si estas demuestran palmariamente la responsabilidad de ediles y funcionarios estatales los responsables tiene que responder de sus acciones por el total de las irregularidades detectadas, sería lamentable para que no pasara nada y que la única sanción fuera el ostracismo político y la denostación.

Por lo que la sociedad tamaulipeca espera del auditor superior, efectos y consecuencia de la su acción fiscalizadora en la gestión financiera y desempeño de las entidades fiscalizadas, en los resultados de los programas y proyectos autorizados en el presupuesto y en la administración de los recursos públicos.

En definitiva la ASE debe ser más proactiva que reactiva, para definir senderos y caminos para impulsar el buen gobierno, e identificar las causas que propician la corrupción, señalando a los poderes del estado, las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de mejora, para que éstos actúen en su ámbito de competencia. Independientemente de fincar responsabilidades y demandar el resarcimiento del patrimonio institucional.

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PARALISIS LEGISLATIVA.

Como podrá observarse, la función legislativa en nuestro país está degradada hasta el extremo. No es una novedad que los diputados tengan bien ganado el desprestigio. Son groseramente caros y ordinariamente ineficientes. Tienen dinero a manos llenas pero son extremadamente improductivos.

Así pues, salvo contadas excepciones estos legisladores son lacras sociales con fuero y excesivas prebendas, son calificados en el rango más bajo de de la escala de confianza, credibilidad, eficiencia y aceptación, cuya popularidad en todas las encuestas está en los últimos lugares, junto con los policías ministeriales.

De ahí que la imagen que arrastran desde hace años y en el caso particular de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión actualmente en receso, es la de la holganza ya que solo trabajan a lo mucho cuatro meses y medio del año.

En efecto la Cámara de Diputados tiene un rezago de 2000 iniciativas y sólo el 11% han sido dictaminadas, a favor o en contra. En el Senado la historia no es muy distinta, ahí de las casi 1100 iniciativas introducidas en la LXI Legislatura, sólo el 6% ha sido procesada, y el resto están archivadas en el frigorífico legislativo, conocido coloquialmente como “congeladora”.

Contrariamente los defensores del rezago argumentan inexistencia de parálisis al aprobar en promedio el 10% de proyectos al final de cada Legislatura, aun cuando no respondan a las grandes reformas que requiere el país, como es el caso de la reforma política, económica, laboral y de seguridad nacional entre otras.

Tanto a las Cámaras como a la Comisión Permanente se le ha solicitado llamar a un periodo extraordinario de sesiones, para sacar adelante reformas mencionadas y nombramientos de urgencia, como lo son los tres consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) que debieron nombrarse en octubre de 2010, sin embargo la respuesta y actitudes han sido la sordera, el silencio y las evasivas.

Un ejemplo más de lo pobre del trabajo legislativo fuera de las reformas e iniciativas congeladas puede encontrarse en los atrasos en la publicación de acuerdos en la red de internet 18 meses después de su emisión.

Por consiguiente la parálisis del Congreso es una ofensa grave a los contribuyentes que con sus impuestos cubren los estratosféricos salarios a estos “representantes” para que legislen, lleguen a acuerdos y pacten por el bien del país, llamando la atención que políticos “profesionales” no pueden ponerse de acuerdo, para poder hacer su trabajo.

De ahí que la inacción legislativa domina al Congreso de la Unión que juega con las expectativas de la ciudadanía, incumple con la designación de funcionarios y promete cosas que no cumplió en su momento, quedando evidenciado que no es posible hacer política, concertación conciliación y acuerdos.

En definitiva los legisladores son verdaderos flojonazos con fuero, la gran mayoría de los diputados federales de todos los partidos, cual vulgares vividores de la política, “levantadedos” y “calientacurules”, poco o nada les importa la sociedad a la que dicen representar, anteponiendo al interés colectivo el interés personal y el de quienes los promueven.

lucarrso@hotmail.com

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POPULARIDAD PRESIDENCIAL Y DESÁNIMO SOCIAL.

Como podrá verse la caída de la popularidad del presidente Felipe Calderón ha sido sostenida, sin cambiar el discurso que ha sido enfocado en los temas de seguridad y reiterativo en el optimismo económico.

He aquí que la pregunta de aprobación presidencial es un indicador de desempeño de gobierno que permite comparar la actuación de diferentes niveles de autoridad en el mundo y a lo largo del tiempo.

De ahí que la gestión del presidente Felipe Calderón, fue reprobada por el 54 por ciento, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional levantada por GEA/ISA, los índices de aprobación presidencial están vinculados estrechamente a los índices de percepción ciudadana sobre la seguridad y la economía, que han caído.

Por su parte la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto en los Hogares 2010, publicada la semana pasada por el INEGI, revela que el ingreso familiar promedio ha caído en poco más del 12% desde 2008 y que la inseguridad pública y la violencia delincuencial se siguen multiplicando, como uno de los peores signos de los tiempos en que vivimos.

Observamos que el debate público enfocado por los funcionarios federales que insisten en adecuar los números utilizables para convencer a la sociedad de los éxitos de la estrategia gubernamental, en materias particularmente de seguridad y economía, contrastados con los datos empleados por quienes los utilizan como herramienta para demostrar que los esfuerzos del gobierno han sido infructuosos.

Por consiguiente estas dos cuestiones no ceden un ápice a la esperanza de vivir mejor.

Lo que se debe subrayar es que el pesimismo sigue haciendo mella en las percepciones de la gente sobre el futuro del país, el miedo al fenómeno delincuencial aumentado y la impunidad, y a la devastadora cifra 11 mil 645 pesos mensuales de ingreso promedio en los hogares mexicanos.

Mas allá de que el gobierno calderonista tenga razón o no, o que los partidos de oposición y sus líderes sean eficaces en sus críticas, la realidad es que la sociedad mexicana subsiste en la incertidumbre, en la desesperación porque la cosa pública y actores políticos solo les ofrecen discursos.

Esta visto, que el futuro del país se está cancelando, no por las contradicciones de los políticos, sino por el desánimo de la sociedad originado por las malas noticias del acontecer diario, en un marco de disputas retoricas de cara al 2012, que no hacen más que ensombrecerlo todavía más, con una insensibilidad social de los actores políticos que solo les preocupa el poder por el poder mismo.

Por otra parte sino se llega a un acuerdo para elevar el techo de endeudamiento del gobierno de Estados Unidos, los expertos predicen que podría causar un efecto dominó y a México le impactaría el doble que la pasada recesión que inició en la segunda mitad de 2008 con una caída del PIB de entre 9 y 10%.

En definitiva, al margen de la aprobación presidencial, en tanto la seguridad y la economía de los mexicanos no se recuperen, ni surjan soluciones técnicas, políticas viables y factibles para corregir el deterioro de ambas, la acometida anímica estará perdida, aunque la clase política, insista en persuadirnos, con palabrería estéril, de sus verdades a medias.

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CUOTAS ESCOLARES ANTICONSTITUCIONALES

.El problema de las cuotas escolares en las escuelas públicas es una de las consecuencias inmediatas de la incapacidad del Estado para garantizar la educación gratuita a todos los mexicanos.

Como podrá observarse cada inicio de un ciclo escolar, el sistema educativo nacional y estatal se coloca en el "Ojo del Huracán", debido al cobro de cuotas escolares en planteles educativos públicos de educación preescolar, primaria y secundaria, a pesar de que en México la educación pública constitucionalmente es gratuita.

De ahí el oportunismo político tentador de Hilda Graciela Santana Turrubiates diputada del Partido Nueva Alianza, quien aprovechando el viacrucis de los paterfamilias con el tema de las cuotas escolares, surge como su adalid, proponiendo como gran conocedora “legalizarlas”, obedeciendo mas a una abierta intensión de atraer reflectores con tal de ganar notoriedad mediática, con una actitud retórica, que políticamente eficaz.

¿Por qué expresamos lo anterior? Porque la gratuidad de la educación pública en México una prerrogativa constitucional de los mexicanos que no requiere reglamentación de una ley federal, ni mucho menos estatal para garantizar su aplicación.

Tengamos presente que el cobro de cuotas es una práctica corriente que se convierte cada año en una molesta sangría para los padres de familia, quienes son obligados y condicionados a cubrir una tarifa de inscripción, cuotas para el mejoramiento de los establecimientos educativos y otros conceptos, disfrazada de aportaciones voluntarias.

Sea de un modo o de otro, los legisladores “defensores” de los padres de familia aparentan estar muy preocupados por la administración y destino de los recursos obtenidos de las cuotas escolares, que hasta demandan su regulación legislativa, olvidándose por completo de su prohibición o eliminación de las mismas, ya que además de ser ilegales, dichas cuotas constituyen una pesada carga muy onerosa a los paterfamilias.

Lo que debemos subrayar bien es que estos pronunciamientos confunden mas a los padres de familia, porque los legisladores locales irresponsablemente ya dan por hecho, que la educación pública en México y en Tamaulipas ya no es gratuita sino privada.

No cabe duda que en Tamaulipas las cuotas escolares es un tema del que mucho se habla pero que nada se hace, ya que ni las autoridades educativas, asociaciones de “padres de familia”, ni legisladores, ni la comisión estatal de derechos Humanos, han hecho absolutamente nada por hacer realidad la prohibición constitucional del cobro de dichas cuotas, salvo discursear sobre las mismas.

Sabemos que es cierto que la cuota escolar se utiliza en muchos casos en los propios planteles ante la incapacidad de los gobiernos para darles a los alumnos instalaciones dignas, pero eso no debe ser pretexto ni motivo para violar la constitución para obligar a los padres de familia a suplir al estado en la función educativa.

Es oportuno advertir a los padres de familia de que el cobro de cuotas escolares no tiene fundamento constitucional y que están en su derecho a negarse a pagarlas, por estar amparados por la Constitución General de la República.

Por lo tanto, cualquier práctica coercitiva de las direcciones escolares debe ser denunciada públicamente, pues es sabido que las autoridades educativas solapan estos métodos ante su incapacidad e inoperancia para ofrecer escuelas dignas.

En ese tenor habría que reiterar que los paterfamilias no son los responsables de que el Estado no cumpla con su obligación de proporcionar educación gratuita a todos los mexicanos, estando obligados moralmente a denunciar cualquier irregularidad que atente contra la educación de sus hijos, para evitar abusos y corrupción.

Así en términos del artículo 3º constitucional la educación preescolar, primaria y secundaria incluso la universitaria que otorga el estado es y debe ser gratuita, financiada con recursos públicos para sufragar los gastos de personal, conservación y mantenimiento de los edificios escolares.

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Al efecto se deberá ampliar el presupuesto de egresos de la federación y de las entidades federativas para incrementar dichas partidas y terminar de tajo con las cuotas escolares, buscando alternativas al uso de indumentaria escolar.

En definitiva la propuesta de la diputada Hilda Graciela Santana Turrubiates es un auténtico prontuario de ocurrencias, al intentar dar soluciones o recetas inútiles a un problema como el del cobro de las cuotas escolares, que no requiere de reglamentación sino de voluntad política de las autoridades educativas para impedir su cobro y de no lograrse esto, los padres de familia tendrían que recurrir al juicio de amparo ante de la justicia federal.

lucarrsol@hotmail.com

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PARALISIS GUBERNAMENTAL POR VACACIONES

La actividad gubernamental de Tamaulipas quedó paralizada, con motivo del primer periodo vacacional que disfrutaran los más de 15 mil burócratas estatales, mismo que inició el 18 de julio para retornar el primero de agosto del presente año, contando las dependencias con las guardias respectivas durante el asueto.

Cabe preguntar ¿Tiene sentido que un gobierno entero se pare por vacaciones? La respuesta es no, porque no se interrumpirían las labores burocráticas en los centros de trabajo de las dependencias gubernativas, lo que incrementaría la eficiencia y productividad del aparato estatal.

En ese tenor, Jorge Abrego Adame secretario de administración habrá que reflexionar sobre la modernización del actual sistema vacacional del gobierno del estado, para sustituirlo por otro más flexible como el de las vacaciones escalonadas, sin la rigidez del tan común “cerrado por vacaciones”.

En efecto, el sistema vacacional escalonado trae consigo más ventajas y beneficios tanto para los particulares gobernados, como para los servidores públicos y la economía en general.

En los hechos quien tenga la necesidad desarrollar un proyecto productivo o cumplir con algún trámite administrativo o fiscal, solicitar una licencia, un permiso, una autorización, una concesión, tienen la limitante encontrar las oficinas de gobierno cerradas por vacaciones, amén de que los funcionarios de guardia no cuentan con capacidad de decisión para resolver los asuntos administrativos.

En teoría la administración pública centralizada y paraestatal está integrada por un cuerpo profesional de servidores públicos organizados en una pirámide jerárquica que operan bajo normas, reglas sistemas, procedimientos, políticas, hábitos y costumbres que le dan estructura al aparato administrativo, llamado burocracia.

No pasa inadvertido que el actual sistema de administración de personal ha sido diseñado por ley para frenar la acción gubernamental dos veces al año por las vacaciones de los servidores públicos, cuya suspensión de labores atenta contra la productividad y la emisión de resoluciones y actos administrativos, así como la prestación oportuna de los servicios en perjuicio de lo particulares gobernados.

Conviene observar que un sistema de administración que ejecute bien sus funciones y que preste eficazmente con dinámica operativa sus servicios en forma permanente y uniforme, sin cierre de oficinas, sin violar derechos laborales otorgando a sus trabajadores vacaciones escalonadas, mejoría la administración, y fortalecería al nuevo gobierno

En consecuencia se hace necesario establecer el calendario o rol del disfrute vacacional anual programado de los trabajadores de base, de confianza y funcionarios durante los doce meses del año, cubriendo su ausencia los primeros con trabajadores extraordinarios, supernumerarios, de contrato y a los funcionarios con los de nivel jerárquico inmediato inferior según las necesidades del servicio.

En definitiva las Secretarías de Administración y del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado debieran replantear la pertinencia del establecimiento del sistema de vacaciones escalonadas en los centros de trabajo gubernamental sin afectar los derechos laborales de los trabajadores.

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FUERO MILITAR RESTRINGIDO

En una resolución histórica la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determino delimitar el fuero militar en materia de protección de garantías individuales, facultando a todos los jueces del país para conocer y resolver casos sobre violaciones a derechos humanos de civiles cometidos por militares.

Esta determinación fue tomada por la SCJN al analizar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso del activista Rosendo Radilla Pacheco, víctima de desaparición forzada en la década de los 70 por elementos del Ejército Mexicano, lo cual derivó en una resolución condenatoria para el Estado mexicano.

En este caso los ministros tomaron en cuenta lo dispuesto por el Artículo 1º de la Constitución que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Carta Magna y los tratados internacionales de la materia, “favoreciendo a las personas la protección más amplia”.

Dicho de otro modo la Suprema Corte resolvió que el fuero militar no operará para procesar a militares responsables de violaciones a derechos humanos, quienes deberán ser juzgados por tribunales civiles del orden penal.

De ahí que las violaciones cometidas por militares en contra la ciudadanía se escudaban con el argumento superficial de que la preparación del militar es de guerra y no policial, lo que justificaría el exceso de fuerza o la falta de cuidado en sus acciones realizadas.

No cabe duda que esta determinación, establece una clara y exacta interpretación del artículo 13 constitucional, que reconoce la existencia del fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, exentando del mismo a los cometidos por miembros de las fuerzas armadas en delitos del orden común que exijan querella necesaria para ser procesados y castigados.

De tal suerte que el fallo del más alto tribunal del país, no debe interpretarse como un debilitamiento de la autoridad militar sino por el contrario, como una herramienta que busca fortalecer a militares y marinos, en el sentido de que a las instituciones castrenses, la corte les ha precisado su actuación, garantizando a la sociedad la certeza de que los excesos ya no deberán ser permitidos.

Por lo tanto los jueces federales y estatales de México deberán aplicar el criterio fijado por el tribunal internacional “frente a situaciones que vulneren derechos humanos de los civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar”.

También conviene precisar que la SCJN además determinó que las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos serán obligatorias para el Poder Judicial Federal, frente a las sentencias dictadas en contra del Estado mexicano.

En definitiva las decisiones de la SCJN fortalecerán la garantía de protección de los derechos humanos frente a los excesos de los militares y coadyuvará en el cumplimiento cabal de los compromisos internacionales contraídos por el Estado mexicano, conforme al Artículo Primero constitucional.

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EL EPN DE PEÑA NIETO

El movimiento denominado “Expresión Política Nacional” nació cuatro días después de que el PRI obtuviera contundentes victorias en las elecciones para gobernador del Edomex, Coahuila y Nayarit, así como los comicios en Hidalgo, donde se renovaron alcaldías.

Al viejo estilo priista en la Casa de Gobierno de Toluca, al reunir a diputados federales, senadores, ex gobernadores y presidentes municipales y dirigentes tricolores de diversos estados de la república, prácticamente se dio el"destape" de Enrique Peña Nieto como candidato priista a la presidencia de la republica, donde de paso se puso en operación el movimiento "Expresión Política Nacional", (EPN),

"Expresión Política Nacional", tiene las mismas iniciales del nombre y apellidos de Enrique Peña Nieto, grupo que impulsará la candidatura presidencial del gobernador mexiquense, tal parece que con estas manifestaciones se está reeditando las viejas prácticas del PRI, como el “tapadísmo”, “cargada” y los candidatos únicos o de “unidad”.

El EPN en los hechos significa un descontòn a las aspiraciones del senador Manlio Fabio Beltrones, es una organización que coordinara el proselitismo priista la plataforma electoral a su ya virtual abanderado.

La realidad política es que Peña Nieto y el PRI están y se ven muy fuertes rumbo al 2012, ante la debilidad del PAN y PRD evidenciada en el fracaso electoral del pasado 3 de julio, azules y amarillos todavía no alcanzan a asimilar y explican a quien quiere oírlos que los comicios especialmente los de Edomex-, fueron elecciones de estado y no puede tomarse como el "laboratorio" al 2012.

Los panistas y perredistas no se cansan repetir que el mandatario de Edomex no es más que un producto de mercadotecnia creado por Televisa, no solo incurren en el error político de subestimar al mexiquense, sino que se auto engañan, cayendo el burdo recurso de la descalificación. La fuerza de Peña Nieto es real.

Lo que los albiazules y solaztequistas no reconocen es que Peña Nieto es un político que combina popularidad, con habilidades y con aliados muy poderosos como Televisa y Elba Esther Gordillo (en vías de cancelarse la alianza), aunque eso no signifique que sea el aspirante más inteligente, con más talento o capacidad política, pero si es el personaje más aventajado en la carrera presidencial.

De ahí que las elecciones pasadas, particularmente la del Estado de México, donde el candidato del PRI, se alzó con un triunfo avasallador de más del 60% de los votos, ya no sólo es un llamado de atención para las dirigencias del PAN y PRD, sino una predicción de lo que sucederá en el 2012.

El gobernador del Edomex ha incurrido en muchos traspiés políticos, sin embargo nadie le podrá objetar su destreza política en el cálculo político al operar la candidatura de “unidad” de Humberto Moreira, a la dirigencia del PRI, convirtiéndolo en su “para rayos” y utilizando a López Obrador para hacerle el trabajo sucio dinamitando la alianza PAN-PRD que amenazaba su sucesión

Mas allá de que Peña Nieto sea el candidato presidencial del PRI y con capacidad de derrotar a la a la izquierda o a la derecha con candidatos propios o coaligados, surge la pregunta obligada ¿convendrá a los gobernadores priistas, que Peña Nieto gane la presidencia, a sabiendas de que perderán la facultad de decisión para designar su propio sucesor, diputados federales, senadores, alcaldías al cedérsela al presidente?

En definitiva el PRI está más vivo y más fuerte que nunca, con un candidato presidencial también muy fuerte para las elecciones de 2012, para triunfar avasalladoramente frente a una débil y paralizada oposición panista y perredista, salvo que los gobernadores priistas dispongan otra cosa.

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PIDEN LEGISLAR SOBRE EL HLB

Las organizaciones citrícolas de la entidad presentaron a la Comisión Agricultura del Congreso del Estado presidida por el diputado Sergio Guajardo Maldonado, una propuesta de ley de prevención y control del Huanglongbing (HLB) y su vector que afecta a todos los cítricos, legislación estratégica para la citricultura tamaulipeca, dado la importancia económica de esta actividad productiva.


El agente causal del HLB es la bacteria denominada Candidatus Liberibacter spp, considerada como la enfermedad más destructiva para la citricultura en el mundo, debido a los daños que causa sobre la producción, la rapidez con que se dispersa y porque afecta a todas las especies de cítricos ocasionándoles la muerte.



Esta enfermedad y su principal vector, el psilído asiático llamado Diaphorina citri ha sido detectada en entidades como Campeche, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán, representando una serio peligro para Tamaulipas en razón con la cercanía de las entidades vecinas y comercio con nuestro estado.

Cabe destacar que hasta el momento la bacteria del HLB no ha sido detectada en el territorio tamaulipeco, aunque si se encuentra presente el insecto vector de la enfermedad.

El Huanglongbing representa una amenaza mortal para las 42 mil hectáreas de cítricos distribuidas en más de 12 municipios del Estado: Casas, Güemez, Hidalgo, Llera, Mainero, Mante, Ocampo, Padilla San Carlos, Soto la Marina, Villagrán y Xicoténcatl, a su vez representa un riesgo a la producción de 600 mil toneladas anuales, con un valor superior de mil 600 millones de pesos.

El eje central para el diseño de esta iniciativa de Ley, va enfocado a precisar los límites del quehacer en materia de HLB, para integrar en un solo instrumento las bases de coordinación y servicios con las instancias federales y municipales, llenar lagunas del Acuerdo de emergencia de la Sagarpa por el que se dan a conocer las medidas fitosanitarias que deberán aplicarse para el control del también llamado Greening.



Además está orientada promover y vigilar la observancia de las disposiciones fitosanitarias. Como diagnosticar y prevenir la diseminación e introducción del HLB que podría afectar la planta citrícola estatal; así como establecer medidas de control en su movilización por el territorio tamaulipeca y desarrollo de campañas fitosanitarias.

En ese contexto existe un riesgo potencial muy alto de que en Tamaulipas se presente esta enfermedad, razón por la cual debe establecerse acciones de prevención a través de un sistema de vigilancia que permita prevenir el ingreso de la enfermedad al estado y/o su detección precoz si la misma se hiciera presente.

En las bases de este proyecto se tiene especial cuidado en precisar la responsabilidad de los productores, de las personas físicas o morales vinculadas con la sanidad vegetal, así como las empresas agroindustriales importadoras y exportadoras, previéndose su participación en las campañas fitosanitarias.

En lo relativo a sanciones se enuncian las conductas constitutivas de infracciones a lo dispuesto por la ley y el mecanismo conforme al cual se sancionarían, así como el recurso de revisión que se podría interponer en contra de las resoluciones dictadas por la Secretaría de Desarrollo Rural.



También se propone el establecimiento de un Centro Estatal de Prevención y Control del HLB, como un organismo desconcentrado, de la Secretaría de Desarrollo Rural, con autonomía en materia, de decisión, planeación, control, seguimiento y evaluación del los programas del dragón amarillo.



La propuesta de iniciativa se orienta a justificar la sujeción a un control fitosanitario de movilización estatal, importación o exportación de productos cuando se ponga en peligro o altere la sanidad vegetal, a través de la expedición de certificados fitosanitarios o constancias de movilización estatal.

Este documento sería expedido por la Secretaria de Desarrollo Rural siendo la COTASAG la autoridad para verificar el cumplimiento de la normatividad en el ámbito estatal. Determinándose en la propuesta de iniciativa, con claridad, los mecanismos de verificación e inspección del cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias.

El proyecto de ley determina la competencia exclusiva de la autoridad que inspecciona, para imponer las sanciones administrativas procedentes y aplicar las medidas fitosanitarias necesarias.

Establece aumentar las acciones de control, en pasos fronterizos, terminales portuarias, aeropuertos y terminales de autobuses; campañas de prensa radio y televisión de alcance estatal a fin de brindar a la población y al sector citrícola las formas de prevenciones básicas.



En definitiva se requiere de una ley que prevenga y combata el HLB y su vector, que complemente o subsane las lagunas u omisiones de la normatividad federal; que proteja la citricultura tamaulipeca desde afuera y desde adentro de la entidad, para prevenir su introducción y en su caso combatir su dispersión en las zonas cítricas del Estado.

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IFE REGLAMENTA DERECHO DE REPLICA

El Instituto Federal Electoral que permanece incompleto con solo seis de sus nueve consejeros, se hunde entre los excesos, los escándalos y las ocurrencias de sus integrantes. En lugar de enfocarse en sus funciones fundamentales, ahora legisla y censura sin tener facultades constitucionales para ello.

Extralimitándose en sus funciones, los consejeros electorales pretenden imponer una mordaza al reglamentar en forma regresiva y anticonstitucional el derecho de réplica en medios de comunicación establecido en el artículo 6º de la constitución general de la republica, que atenta contra la libertad de expresión y de paso convierten el al Instituto en un órgano de censura.

Este derecho representa el primer instrumento con que cuenta el ciudadano para acceder a los medios de comunicación a fin de hacer valer sus puntos de vista sobre hechos que lesionen sus derechos humanos.

El derecho de réplica tiene como objetivos o finalidades:

Facultar al particular en la vía extrajudicial para ocurrir a los medios de comunicación a defender su honor, vida privada o imagen afectados por información inexacta, equivocada o injuriosa, mediante la difusión de las aclaraciones, precisiones o correcciones pertinentes en el medio que la origino.

Establecer un vehículo de comunicación entre emisores y receptores, que fomenta la veracidad en la información que transmiten los medios de comunicación a la opinión pública;

Ofrecer a la sociedad civil distintas posturas y puntos de vista sobre actos y hechos controvertidos, lo que brinda mayores elementos de juicio sobre los diversos temas de interés general.

De ahí que el derecho de réplica en materia electoral, el reglamento del IFE ha generado una polémica al pretende forzar a periodistas y medios de comunicación a otorgar un derecho de réplica a políticos y candidatos que se sientan “agredidos” o “maltratados”, en el triple de tiempo superior en la que fueron difundidos los supuestos hechos deformados o denostados.

Quienes deciden dedicarse a vivir de y para la política no deben ni pueden blindarse de la crítica. De ser así, constituiría un abuso de poder, ya que a la ciudadanía se le estaría arrebatando un derecho. Sin derechos no habría ciudadanos y sin ciudadanos habría súbditos por lo que sería impensable la democracia.

Por otra parte es un principio jurisprudencial que los derechos reconocidos por la Constitución sólo pueden ser reglamentados por una ley expedida por el Congreso de la Unión, a diferencia de las prescripciones establecidas en la ley secundaria, que pueden ser desarrolladas por un reglamento. El reglamento solo tiene como objeto explicar y precisar la ley sin alterarla ni modificarla; es decir, sin acotar ni maximizar su alcance.

De ahí, que el IFE de reglamentar el derecho de réplica, no sólo tiene un impedimento constitucional, sino que viola el artículo 233, numeral 4 del Código Federal Electoral qué establece: “El derecho a que se refiere el párrafo anterior (de réplica) se ejercerá en la forma y términos que determine la ley de la materia”.

En definitiva un IFE controlado por los partidos políticos parece empeñado en que su mediocridad no se difunda, razón por cual han convertido al árbitro en un organismo de censura y debilitado por su errantica actuación nos encaminamos a las elecciones del 2012 con un órgano que dejo de ser ciudadano y con autonomía.

lucarrso@hotmail.com

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