EL DESTAPE DE ERNESTO CORDERO.

EL DESTAPE DE ERNESTO CORDERO.

Al más puro estilo del viejo PRI, se realizó el destape del secretario de Hacienda Ernesto Cordero Arroyo, como aspirante a la nominación presidencial del PAN para los comicios federales de 2012, que provocó una confrontación interna en el PAN, entre quienes lo apoyan y quienes reprocharon la falta de respeto a los tiempos internos del partido.

Está de vuelta el tapadísmo, el madruguete (anuncios anticipados) el dedazo (designación de candidato por el presidente) y de todo el folclor que rodea el destape, la lógica calderonista sólo dejaba abierta la opción del hombre que conduce las finanzas públicas del país del actual sexenio.

Ernesto Cordero quien al decir de sus adversarios, trae ya los dados de los Pinos cargados a su favor. El madruguete lo género una carta de apoyo de 134 líderes panistas de todo el país, donde hablan de que le dan su respaldo al secretario de Hacienda.

Entre los gobernadores que suscribieron la misiva apoyando la candidatura de Ernesto Cordero, figuran Rafael Moreno Valle, Guillermo Padrés Elías, José Guadalupe Osuna Millán y Marcos Covarrubias Villaseñor.

El dedazo a favor de Ernesto Cordero, en los hechos fue confirmado por el presidente Felipe Calderón, quien declaró que “hay decisiones difíciles, como la definición de las candidaturas”… De ahí que el destape tiene toda la intención de frenar las aspiraciones de los precandidatos no oficiales como Santiago Creel, Josefina Vázquez Mota y Emilio González, mejores posicionados en las encuestas.

Fue, a la vista de toda la estructura de gobierno, el destape de Ernesto Cordero como el precandidato favorito de Felipe Calderón. Porque el presidente de la república y toda la parafernalia oficial olvidaron el protocolo, el programa y la presencia de otros aspirantes, para dar Tribuna ha dicho secretario.

Las preguntas obligadas que surgen ahora que Cordero se ha destapado: ¿Renunciarán Santiago Creel y Josefina Vázquez Mota a sus aspiraciones presidenciales o seguirán por la libre? ¿Javier Lozano y Alonso Lujambio se bajarán de la carrera presidencial para sumarse a “la cargada” a favor de Cordero o continuarán en la competencia?

En la real Politik el destape de Ernesto Cordero, constituye una estrategia política de los Pinos y del PAN para la construcción de una imagen impactante, para posicionarlo a nivel nacional, para levantarlo en las encuestas.

El secretario de Hacienda es de los hombres del Presidente el más cercano, Licenciado en Actuaria y Maestría en Economía, ex Jefe de asesores cuando fue diputado Calderón, ex vocero económico de la campaña presidencial calderonista, ex subsecretario de ingresos, ex secretario de Desarrollo Social y finalmente secretario de Hacienda.

De lo que se desprende que Cordero es un tecnócrata que no tiene experiencia político electoral, ni sensibilidad política evidenciada por aquellos tropezones, cuando dijo que en México se puede vivir con casa, coche, pagar colegiaturas, paseos y más con 6 mil pesos al mes y al presumió tener los mejores parámetros para medir la pobreza, exhibiendo con ello limitada visión social, haciendo como consecuencia el ridículo político.

En definitiva Ernesto Cordero con su destape provocó todo una explosión mediática a nivel nacional, pasando por alto la legislación federal electoral al utilizar recursos e instalaciones públicas para dar a conocer su intención de contender por la candidatura panista a la Presidencia de la republica. Lo anterior sin importar el desastre de la economía nacional.

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LA DESTITUCION DE CASTILLO DE LA CRUZ DEL PVEM.

Los dueños de la franquicia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tamaulipas, le asestaron un “pinochetazo” a René Castillo de la Cruz, destituyéndolo como presidente de ese instituto político, designando en su lugar a Patricio Edgar King López como el nuevo Presidente de esa organización política.

Jesús González Macías y el propio King López, ejecutores del plan de descarrilamiento del diputado René Castillo, mediante un singular Consejo Político, convocado por la “mayoría” más uno de los consejeros, se consumó el derrocamiento, sin haber mediado renuncia o solicitud de licencia correspondiente.

La remoción de la dirigencia del PVEM del empresario de partes eléctricas metido a político, en buen romancé significa la salida por la puerta trasera del partido verde, como las sirvientas. Como “motivos” del descabezamiento, el Consejo esgrimió la incapacidad de desarrollar tareas partidistas, no preparar, ni organizar los trabajos previos de cara a las elecciones del 2012.

Previo al ocaso de la pasada administración pública estatal, los hombres del poder público diseñaron planes para dejar "todo planchado", un blindaje de impunidad con legisladores afines y auditor superior a modo, un Jesús González Macías renunciado como presidente estatal del PVEM para ungir a René castillo de la Cruz, uno de los hombres más cercanos a Eugenio Hernández Flores.

Con la caída de la dirigencia partidista del legislador Castillo de la Cruz se acelero el desmantelamiento del blindaje, con el congelamiento de legisladores afines, la salida del auditor superior anterior y ahora la defenestración del legislador verde, circunstancias que hacen más difícil reciclar sus intereses y los que representa.

Cabe mencionar que el “constructor de la ley” arribó a la presidencia estatal en el último año del sexenio anterior como secretario de Organización del PVEM, después de que Jesús González fue constreñido a dejar el cargo mediante acuerdos partidistas cupulares, compensándolo al incluirlo en la nomina del Gobierno del Estado.

Castillo de la Cruz es un hombre pragmático cuya mejor divisa es el trapecismo político, se inicio panista, se pintó de tricolor y terminó ecologista, impulsado por su amigo el ex mandatario Eugenio Hernández Flores, de quien presuntamente fungió como secretario privado de asuntos inmobiliarios.

Como corredor de bienes y raíces presuntamente gestiono la adquisición de miles de hectáreas de terrenos rústicos y urbanos para su patrón, que trajeron supuestamente la desaparición de ejidos completos para el establecimiento de huertas citrícolas y construcciones faraónicas.

En definitiva la aventura verde de René Castillo de la cruz podría terminar siendo ser relevado en el corto plazo de la coordinación de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista. Las cosas dentro de este instituto político en Tamaulipas vuelven a su normalidad, recuperaron las siglas rentadas al geñismo.

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RENOVACIÓN DE LA DIRIGENCIA DEL FJR.

El Frente Juvenil Revolucionario (FJR) del PRI, teóricamente tendría que ser el semillero de verdaderos talentos políticos y servidores públicos eficaces de los gobiernos priistas.

Viene a cuento lo anterior por el proceso de renovación de la dirigencia del Comité Directivo Estatal del FJR, en consideración a que la presidencia de la organización juvenil se encuentra acéfala, debido a la dimisión de Miguel Cavazos Guerrero para aterrizar en la estructura de la SEDESOL.

Dos jóvenes se perfilan a la final de esta contienda interna, Américo Villarreal Santiago y Roberto Huerta García.

Quienes conocen Américo Villarreal Santiago, afirman que mas allá de ser el nieto del ex gobernador Américo Villarreal Guerra, es un joven politólogo con gran dinamismo, comprometido con el PRI, con capacidad para unir al sector juvenil, con una nueva idea política de trabajar por la juventud y el crecimiento de Tamaulipas.

En su Curriculum, cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, actualmente es jefe de departamento de la representación del gobierno de Tamaulipas en el estado de Nuevo León, ex coordinador estatal del Movimiento Nacional de Cibernautas del CNOP, ex secretario particular del titular del Instituto Tamaulipeco para la cultura y las Artes, entre otras.

Por lo que hace a Roberto Huerta García ex dirigente de Vanguardia Juvenil Agrarista, presidente del FJR municipal, un activista priista incansable en tareas electorales, entre otras actividades no menos importantes.

Por otro lado el Frente Juvenil Revolucionario es la principal organización de cuadros por medio de la cuales Jóvenes se incorporan a la acción política del Partido Revolucionario Institucional y cuya acción y desarrollo se rige por sus Documentos Básicos.

El FJR tiene entre otras finalidades: Vincularse con sentido crítico y propositivo a la lucha del pueblo mexicano por un desarrollo consolidado en la Justicia y Democracia Social; Formar cuadros políticos Jóvenes; Impulsar las políticas públicas que atiendan las demandas de los Jóvenes Mexicanos; Acceder a Cargos de Dirigencia y de Elección Popular.

De ahí que el programa de trabajo de Américo Villarreal Santiago va enfocado Proponer proyectos y programas sobre los fines de la Organización para su fortalecimiento; Postulación de Candidatos Jóvenes Propietarios y Suplentes a Cargos de Elección Popular que por el principio de Representación Proporcional; establecimiento de Empresas Juveniles para financiamiento, formar políticos jóvenes e impulsar su educación, etc.

No se puede pasar por alto que AVS es un joven intuitivo, que posee sensibilidad e inteligencia política de largo plazo y aprende rápido, prendas que lo hacen ser un aspirante serio y competitivo a la presidencia del FJR del estado.

En definitiva solo resta esperar la convocatoria para que se concrete el proceso de renovación de la dirigencia estatal del FJR, Tamaulipas requiere de jóvenes comprometidos con la democracia, que abonen mediante su trabajo e ideas al crecimiento de la entidad y la nación. El voto del primer priista del estado en este proceso será determinante.

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LA CONDECORACION DE GARCIA LUNA.

La semana pasada, Genaro García Luna Secretario de Seguridad Publica Federal recibió de manos del Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, la medalla al Mérito Categoría Excepcional "por su contribución estratégica a la seguridad", durante un evento en Bogotá.

Lo anterior no tendría nada de particular si no fuera por el hecho de que GGL aceptó y pretende usar una condecoración otorgada por un gobierno extranjero, sin el permiso del Congreso de la Unión o de su Comisión Permanente, en franca violación a la constitución general de la republica.

¿Debería perder la ciudadanía mexicana, Genaro García Luna, por recibir una medalla en Colombia sin permiso, como lo establece el artículo 37 de la Constitución?

La respuesta es sí, por lo que debe decretarse la pérdida de la ciudadanía del jefe policiaco, porque García Luna se fue por la libre, aceptó un galardón extranjero sin el permiso del Congreso federal.

Porque fundamentalmente el espíritu o intención del legislador constitucional es que el uso o aceptación de condecoraciones, impida el establecimiento de una vinculación cercana entre ciudadanos mexicanos y gobiernos extranjeros contraria al interés nacional, de ahí la conveniencia de exigir la autorización del poder legislativo para su realización.

A mayor abundamiento, García Luna en un comunicado expresa que “tendrá la condecoración en “custodia” hasta en tanto el Senado de la República emita su resolución a la solicitud de permiso para portarla", como dicen los abogados confesión de parte relevo de pruebas, quedando plenamente probada la aceptación y tenencia de la condecoración

El secretario y el propio Gobierno se metieron en un embrollo gratuito al ir en contra de Constitución que tan mal conocen y tan bien desprecian, pues no debían olvidar la obligación que adquirieron al tomar su protesta del cargo.

La medalla recibida y aceptada por el titular de la SSP del gobierno colombiano, fue otorgada con base en el decreto 4444 de 2010, condecoración castrense que tiene como propósito la de honrar públicamente a las fuerzas militares y personal ajeno, por servicios distinguidos en guerra internacional, estados de excepción, virtudes militares y profesionales de carácter excepcional.

El domingo pasado, el poeta Javier Sicilia exigió la renuncia del secretario de Seguridad Pública. Indudable que una renuncia no resuelve el problema de la inseguridad y violencia, pero si sería una buena señal del ejecutivo federal hacer eco a esta demanda social. En las manos del Congreso ahora está la oportunidad de sancionar a García Luna con la privación de su ciudadanía y sus consecuencias jurídicas.

En definitiva, García Luna al haber aceptado una condecoración extranjera sin la autorización del Congreso de la Unión, y si no hay reversa perdería la ciudadanía, quien no podrá por lo tanto, poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley y en consecuencia deberá dimitir como titular de la SSP.

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OCHOCIENTOS PARQUIMETROS MÁS.

El afán irrefrenable de privatización de las calles de ciudad Victoria y la hambruna de liquidez que padece el Ayuntamiento victorense presidido por Miguel González Salum, aprobó ampliar la concesión para la instalación de 800 nuevos parquímetros en las calles Morelos, Francisco I. Madero, Matamoros, Juárez, Zaragoza, mismos que triplicarán los ingresos de la empresa Victoria Meters.

La ampliación de este proyecto neoliberal recaudatorio no tuvo tampoco el aval de la sociedad victorense, se ha pretendido legitimar con las opiniones convenencieras de los directivos de la Canaco, Consejo Cívico de Ciudadanos e Instituciones Sociales (CCCIS) y otros adláteres, que desde luego no representan el interés de la colectividad.

González Salum y compañía consideran que con modificaciones al convenio establecido con la concesionaria, como la creación del comité ciudadano que vigile los ingresos, la reducción de las multas, el envió de un colaborador del alcalde que supervise el ingreso de dinero por concepto de cobros por estacionamiento y por multas, se satisface los requisitos legales y constitucionales del la concesión.

Habría que recordarles a los ediles que la concesión es un acto administrativo público unilateral por medio del cual el municipio llamado concedente, faculta a un particular llamado concesionario, para que administre y explote en su provecho por un tiempo determinado un servicio público con el fin de satisfacer un interés colectivo, mediante una ley preconcebida y un contrato formulado por el cabildo respecto obligaciones y derechos.

Por lo que el Ayuntamiento de Victoria, legal y constitucionalmente solo debe reservarse la atribución de vigilar el buen funcionamiento y operación eficiente del servicio público concesionado, pero no para delegarle a la concesionaria atribución de autoridad.

La concesionaria Victoria Meters es un particular que no debe ni puede tener el carácter de autoridad para imponer multas, ni mucho menos realizar actos privativos de desposesión e impedir la libertad de circulación al inmovilizar o retener vehículos.

De ahí que la empresa Victoria Meter avalada por el ayuntamiento, con su actuación al imponer sanciones e inmovilizar vehículos, estaría incurriendo en los delitos de usurpación de funciones públicas y privación de derechos y garantías constitucionales y si como lo pretenden ahora con la participación del Ayuntamiento incurría esta entidad en el delito de abuso de autoridad.

El resultado final de esta decisión es ampliar la molestia para los victorenses que deben pagar seis pesos la hora y multas a la concesionaria aunque reducidas por violar el tiempo, lo que conlleva previamente a la anticonstitucional inmovilización del automóvil por medio del artefacto conocido como “La Araña”.

Más allá de que las calles del centro de la ciudad dejaron de ser estacionamiento privado y de poder encontrar lugar para el estacionamiento, la ampliación de la concesión en los términos propuestos es ilegal e inconstitucional.

En definitiva el cabildo tiene en cualquier tiempo el derecho de reincorporar el servicio público de estacionómetros concesionados mediante la expropiación, conocida como municipalización o mediante la revocación si existen causas que las fundamenten, para evitar que particulares como Victoria Meters presuntamente propiedad de Salomón Rosas se vuelvan millonarios sin ningún beneficio para la colectividad victorense.

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EL MERCADO POLÍTICO DE MEXICO

El estado democrático como el mercado es una forma de regulación social. El mercado político de intercambio entre gobernantes y gobernados, es una característica de la democracia real que se sustenta en el intercambio continuo de productores y consumidores de poder o viceversa.

En el ambiente de las democracias capitalistas se habla de las relaciones de intercambio, contrapuestas a las relaciones de dominio, de conflictos que se resuelven mediante convenios, transacciones, negociaciones, compromisos, convenciones, acuerdos.

Entre los partidos como entidades públicas y ciudadanos se da el llamado mercado político, mediante el cual el ciudadano está investido como elector de una función pública, se vuelven clientes, transformándose una relación de naturaleza pública en una relación de naturaleza privada.

El empresario económico tiene como objetivo maximizar ganancias, en tanto el empresario político tiene como finalidad maximizar el poder mediante la caza de votos. De ahí que en las democracias del régimen capitalista, en el cual tiene lugar la lucha política, esta puede ser comparada con el mercado económico.

El estado de acuerdo a la doctrina tradicional como la unidad del todo, ya no existe, sino como un conjunto de partes, unos junto a otros. De ahí se origina el concepto de partidocracia definida por Joseph Alois Schumpeter como la indebida dominación de las partes sobre el todo, es decir la forma contemporánea del eterno particularismo.

Por eso a nadie sorprende que los partidos políticos si les conviene desde el Congreso de la Unión reformen o establezcan una nueva constitución política.

En la incipiente democracia mexicana las fuerzas políticas son los partidos políticos, organizados para arrebatarse los votos, para hacerse del mayor número de ellos. Sufragios que son necesarios para la obtención del consenso. De ellos depende la mayor o menor legitimación del sistema político en su conjunto.

Conforme a la constitución los partidos políticos son entidades de interés público, tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, para hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.

Los partidos son una condición sine qua non de la democracia y la lógica que rige sus relaciones es la lógica privada del acuerdo, no la pública del dominio. Constitucionalmente no existe ninguna alusión de la lógica privada del acuerdo.

El voto de intercambio en oposición al voto razonado es equiparado a una mercancía que se compra pagando o prometiendo el equivalente a un precio.

Un precio donde el hombre político es comparado a un hombre de empresa, que recaba de recursos públicos de los que es capaz de disponer, o de los que hace creer que puede colocar.

El voto de intercambio está aumentando en la medida en que los electores se corrompen y los partidos se hacen más hábiles.

No se podría explicar de otra manera la transformación y la degradación de un sistema multipartidista como el nuestro, con micro partidos, como el PVE, el PT, Convergencia y PANAL convertidos en grupos de presión y de los grandes partidos como el PRI, PAN, PRD integrados por diversos grupos de interés y de presión.

En la sociedad de masas el voto de opinión o razonado es cada vez más escaso. La única opinión real es la de los abstencionistas, que entendieron o creen haber entendido que las elecciones son un rito que puede ser pasado por alto sin causar graves daños.

Aunque para el mercado político cuenta el número de votos que un partido puede poner en la balanza, por lo que también cuenta para la conformación de alianzas, de tal manera que sea determinante que un partido pequeño para la formación de mayorías en los congresos, tiene un peso especifico mayor.

En las democracias la masa de ciudadanos interviene activamente en el proceso de legitimación del sistema en su conjunto usando el derecho de voto para sostener a los partidos y también no ejerciéndolo, influye en el reparto entre las fuerzas políticas del poder de gobernar.

En los hechos el consenso obtenido por los partidos mediante el voto es una prestación positiva, a cambio de una contraprestación que son elementos esenciales de los contratos.

El mercado político de México empieza a conocer más de cerca los futuros productos políticos de México de cara a las elecciones de 2012.

A saber: Enrique peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones (PRI), Andrés Manuel López Obrador y a Marcelo Ebrard (PRD; PT Y Convergencia), Santiago Creel Miranda, Josefina Vázquez Mota, Ernesto Cordero, Alonso Lujambio y Javier Lozano Heriberto Félix y Emilio González (PAN) y los aspirantes a candidatos a diputados y senadores.

En definitiva la fuerza de un partido se mide más que por el número de miembros, por el número de votos que obtiene. Mientras más grande es el número de votos en el mercado político entre el partido y los electores, mas grande es su hegemonía política y fuerza contractual con otros partidos.

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CORRUPCION Y “BUEN GOBIERNO”.

Es una constante que a México le vaya muy mal en la medición de los índices de corrupción y buen gobierno que hacen organizaciones de prestigio mundial como Transparencia Internacional. Pero este año se excedieron las expectativas y el problema dejo a de ser “normal” para tornarse preocupante.

Lo anterior viene a colación por el resultado del estudio elaborado por Transparencia Mexicana que revela que el costo económico de la corrupción en México en 2010 rebasó los 32 mil millones de pesos, registrando un incremento de cinco mil millones de pesos más en relación con 2007.

De acuerdo a este índice de Corrupción, México paso de 197 millones de actos de corrupción a 200 millones de estos y por cada soborno en promedio se pago de 138 a 165 pesos.

La corrupción se ha definido como el uso ilegitimo del poder público para el beneficio privado. Así como un fenómeno social, a través del cual un servidor público es impulsado a actuar en contra de las leyes, normatividad y prácticas implementados, a fin de favorecer intereses particulares.

Como consecuencias: la corrupción inhibe el progreso económico y social del país, por un lado, y dificulta el fortalecimiento de las instituciones y la mejora en la gestión pública por el otro.

Favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas; erosiona la credibilidad y legitimidad de los gobiernos; reproduce una concepción patrimonialista del poder; reduce los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar social.

Permite la aprobación y operación de leyes, programas y políticas, sin sustento o legitimidad popular; revitaliza una cultura de la corrupción y contribuye a su proliferación.

Por otro lado envía señales equivocadas hacia el exterior, tanto a los inversionistas como a los gobiernos extranjeros que ven a México como un país negativo para realizar inversiones o para pactar futuros esquemas de colaboración económica y comercial.

Lamentablemente el diseño institucional del Estado mexicano está configurado para que la corrupción sea impune y para dejar sin sanción conductas que deben ser objeto de castigo.

De ahí que es ineludible que un Estado como México que se precia ser de Derecho debería exigir a sus servidores públicos mucho más responsabilidad.

Pero el compromiso responsable no se da en la realidad cuando las obligaciones son meramente declarativas, cuando no son exigibles, cuando hay impunidad, o cuando las sanciones por su incumplimiento son inadecuadas.

En la sociedad mexicana donde "todo se puede" y "todo se compra", estas conductas delictivas rompen el tejido social y crea en la conciencia de las nuevas generaciones la percepción de que las leyes y normas establecidas son flexibles y siempre pueden ser ajustadas o violadas a voluntad de los prevaricadores y con recursos de por medio.

Los escandalosos actos de corrupción, como la aprobación de las cuentas públicas del gobierno federal, alcaldes y gobernadores de todo el país sin importar el partido político a que pertenezcan, el 20 por ciento de las constructoras para ser favorecidas en las licitaciones, contribuyentes beneficiados con resultados de auditorías fiscales y en general los sobornos por todo tipo de tramites o infracciones, son el pan de corrupción de cada día.

Medidas como las denuncias anónimas, los candados a licitaciones, creación dependencias de acceso a la información pública, aumento de penas a servidores públicos corruptos y a ciudadanos que buscan comprar favores de funcionarios, que lejos de disminuir la corrupción ésta va gravemente en aumento.

De ahí que los datos de transparencia mexicana constituyen un revés a todo el entramado anti corrupción de la administración pública que se ha creado en el país y en las entidades de la republica para transparentar procesos.

Las leyes de transparencia tienen como objetivo abrir la función pública al escrutinio ciudadano, sin embargo, han dado vida al cinismo de las autoridades que, frente a las pruebas de que varias cosas andan mal, no hacen absolutamente nada. De ahí el chiste de que en México no hay leyes que se respeten y que no se cumple ni siquiera con la ley de la gravedad.

En definitiva la corrupción es consecuencia de factores como la debilidad de las instituciones y de la carencia de una política de Estado para combatirla. Además el desafío para controlar la corrupción, exige instituciones sociales y de gobierno que funcionen adecuadamente. Ya no podemos seguir concibiendo un país de corruptos y cínicos, expertos en torcer la ley a su favor.

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LA ACCIÓN AFIRMATIVA

La expresión acción afirmativa apareció por primera vez en el News Deal Wagner Act de 1935 y fue definida como la obligación positiva del Departamento Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos, para remediar los hábitos de los empleadores al discriminar a la gente afro americana.

La acción afirmativa o discriminación positiva se ha definido como la acción que pretende establecer políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso o distribución de recursos o servicios.

El objetivo de la acción afirmativa es mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, y compensarlos por los prejuicios o la discriminación de la que fueron víctimas en el pasado. Se debe privilegiar a quien ha estado más discriminado.

En los hechos es una política de reconocimiento a los sectores históricamente excluidos como algunos grupos étnicos, las mujeres, homosexuales, los enfermos de sida y preferencias raciales, para reducir o eliminar con acciones positivas las prácticas discriminatorias de que han sido objeto.

El principio de las discriminaciones compensadoras está basado no en la importancia de las diferencias, sino en aquellas que se evidencian públicamente mediante movilizaciones para favorecer o dañar intereses económicos o electorales.

Se pretende entonces aumentar la representación de éstos, a través de un tratamiento preferencial para los mismos y de mecanismos de selección expresa y positivamente encaminados a estos propósitos.

Así, se produce una selección “sesgada” basada, precisamente, en los caracteres que motivan o, mejor, que tradicionalmente han motivado la discriminación. Es decir, que se utilizan instrumentos de discriminación inversa (positiva) que se pretende operen como un mecanismo de compensación a favor de dichos grupos.

La constitución política mexicana y leyes secundarias en materia discriminación tienen por objeto prevenir y eliminar todas las formas discriminatorias que se ejerzan contra cualquier persona o grupo étnico, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Sin embargo la acción afirmativa en México ha beneficiado preferencialmente a las mujeres con la llamada Ley de Cuotas o "Leyes de Cupos" introducida en la legislación federal y estatal que permite una participación de las mujeres en los cargos de mayor jerarquía en las entidades y órganos de la administración pública, así como en los partidos y movimientos políticos.

En menor medida la acción afirmativa ha favorecido los homosexuales con el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo en DF, derechos hereditarios y de seguridad social, las becas estudiantiles con cupos para ciertos grupos sociales y el crédito al salario a los trabajadores.

En definitiva la acción afirmativa es en sí misma es discriminatoria en contra de los grupos que no resultan favorecidos con la misma, a pesar de tener los mismos derechos al privilegio de acceder a recursos y servicios, agravando la situación de segregación contra estas personas, generando sentimientos de inconformidad hacia los beneficiados objeto de estos privilegios.

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LOS SIETE ENANOS DEL PAN.

Humberto Moreira, presidente nacional del PRI muy a su estilo expresó que la pasarela de los aspirantes presidenciales del PAN solamente faltó Blanca Nieves por aquello de los siete enanos.

Además de que les dijo que no vio el músculo en los aspirantes azules, ya que se notan bofos y guangos, y para rematar les dijo que mejor se pongan a trabajar porque el regreso del PRI a los Pinos es inevitable.

Los siete enanos que implícitamente llamó Humberto Moreira a los aspirantes presidenciales del PAN, obligaron a Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones a exhibirse públicamente, quienes comieron juntos en el frecuentado restaurante de postín “The Palm” en Polanco.

El mandatario mexiquense y el coordinador de los senadores del tricolor mandaron la señal de que se llevan bien, de que hay unidad en el PRI, que no hay querellas entre ellos, que sus diferencias son elucubraciones de los panistas.

Los siete aspirantes albiazules se pasaron con los adjetivos contra Peña Nieto. Se les olvidó que ahora son funcionarios y gobierno, y no una oposición que se está defendiendo de las agresiones del sistema.

De entrada Moreira se lanzó muy duro al señalar a los precandidatos panistas implícitamente como “Los 7 enanos”, justificando su aseveración con los números de todas las encuestas electorales, que permiten afirmar que ninguno de los albiazules le llega o le hace sombra al gobernador Enrique Peña Nieto.

El señor Moreira es un comediante de la política, más allá del tono jocoso, a decir verdad de acuerdo a los números en todas las encuestas, al coahuilense le sobra razón. Ninguno de los siete precandidatos de acción nacional compite por ahora como aspirantes serios a la presidencia de la republica.

Ni el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio; ni el senador Santiago Creel; ni el titular de Desarrollo Social Heriberto Félix; ni el titular de Hacienda, Ernesto Cordero; ni el secretario del Trabajo, Javier Lozano; ni la coordinadora de los diputados panistas, Josefina Vázquez Mota; ni mucho menos el gobernador de Jalisco, Emilio González, figuran con posibilidades reales.

Llama la atención que el presidente Felipe calderón a más de cuatro años de gobierno panista no haya podido construir liderazgos sólidos, figuras de gran calado para enfrentar al poderoso priismo que va con todo en pos de la presidencia de la republica. A menos que el Presidente se saque un as bajo la manga o le apostara a los expedientes negros.

En definitiva el Partido Acción Nacional va tarde a la elección presidencial y no se ve por donde frenaran el avance de Peña Nieto, cuando no han hecho nada para detenerlo, ni tan siquiera construir una buena candidatura, porque en la real politik son candidatos muy limitados, con excepción de Vázquez Mota que tiene capital político y capacidades, pero no goza del afecto del inquilino de los pinos.

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DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO.

El pasado 1º mayo se conmemoró el Día Internacional del trabajo, en memoria de los trabajadores anarquistas asesinados en Haymarket, Chicago, tras luchar por la reivindicación de la jornada laboral de 8 horas, motivo de la huelga. En esa fecha sindicatos y partidos obreros de todo el mundo desfilan y realizan manifestaciones.

Esta remembranza es considerada como el origen del movimiento obrero mundial.

El domingo en México hubo marchas obreras. Frente al balcón vacío de Palacio Nacional, desfilaron los trabajadores, el presidente Felipe Calderón se ausento para asistir a la ceremonia de beatificación de Juan Pablo II en el Vaticano, quien prefirió codearse mejor con Benedicto XVI que con Joaquín Gamboa Pascoe, Víctor Flores e Isaías González, jefes del corporativismo obrero oficialista.

En los desfiles de las organizaciones laborales, en el país, quedo de manifiesto que la única forma de reclamar prestaciones económicas, de vivienda, seguridad social y de empleo, es mediante mantas y pancartas, así como los encendidos discursos y no mediante el ejercicio del derecho de huelga. De lo destacado del desfile fue la reiteración del no a la reforma laboral.

A lo largo del siglo XX, las conquistas laborales se fueron ampliando con leyes para los trabajadores, para reconocerles derechos de respeto, retribución, vivienda, jornadas laborales y seguridad social. En la última década del siglo esas mejoras retrocedieron bajo la llegada del neoliberalismo como una ofensiva contra el estado benefactor.

Los veintidós años del modelo económico neoliberal en México, ha estado orientado para beneficiar a los empresarios, tratando de establecer reformas laborales que eviten las movilizaciones, las huelgas, mediante la contención salarial, la inestabilidad en el empleo, desnaturalización del contrato de trabajo, la libertad del despido y la flexibilidad para contratar del patrón, es decir un traje a la medida de los empleadores.

Por otro lado según la filosofía marxista, el movimiento obrero nació bajo el signo de una concepción progresiva y determinista de la historia.

Progresiva en el sentido de que el curso se desarrollaría en una dirección en la que cada fase representa un paso adelante con respecto a la etapa anterior, comprendida dentro del lapso de la barbarie a la civilización, en los sistemas político económico que van des la comuna primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo.

Determinista en cuanto que cada fase está dentro de diseño racional y necesariamente debe tener lugar, de ahí que el socialismo constituye una fase de desarrollo histórico.

La lucha de clases de los trabajadores mexicanos por elevar el nivel de vida encierra gran importancia. En teoría los sindicatos bajo una dirección firme y acertada, de clase, debería oponer una eficaz resistencia a los patrones para la consecución de sus objetivos.

Sin dejar de reconocer la importancia de la lucha económica de los trabajadores contra la clase empresarial, a través de ella podrían impedir la reducción de salarios o conseguir algún aumento en un determinado periodo, sin embargo esta lucha solo va enfocada contra los efectos del capitalismo y no contra las causas estructurales que propician o hacen posible la opresión y miseria en que se encuentra sumido la clase obrera mexicana.

De ahí que en los hechos la lucha económica de los obreros por sí sola no puede abolir las leyes del capitalismo, ni podrá acabar con el sistema capitalista, ni liberar a los obreros de la explotación y la miseria. La clase obrera solo puede destruir el sistema capitalista mediante la lucha política por la vía de la democracia o en su caso la acción revolucionaria.

En los países como México donde el socialismo no se estableció ni siquiera a medias, ni con el viejo estado de bienestar priista, ni mucho menos con el neoliberalismo panista, la lucha revolucionaria y política de los trabajadores permanece congelada.

En la real politik el neoliberalismo en México esta ha asociado con modelos de producción de bajo salario y de la intensidad del trabajo, esto se explica por la existencia de un sindicalismo poco o nada representativo de los trabajadores. Aunque los sindicatos se han debilitado frente al modelo neoliberal, no por esto el corporativismo tiende a desaparecer.

En definitiva el movimiento obrero mexicano perdió su independencia. Todas las luchas político sindicales, quedaron congeladas por el sistema político, vía cooptación, corporativismo y del burocratismo que los aparto de la lucha política y revolucionaria. Solo el desfile del primero de mayo de cada año es la oportunidad de dar a conocer sus demandas de prestaciones económicas y nada más.

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