REFORMA POLITICA MUTILADA.

Un anhelo de la sociedad mexicana es el de mayores espacios democráticos, mismo que no coincide con los objetivos de la clase política, cuyos esfuerzos a lo más que pueden llegar es a las buenas intenciones, por lo que en la busca de acuerdos y consensos, los políticos han resultado incapaces de superar lo corto de miras e intereses de facción.

Viene a cuento lo anterior por la Reforma Política aprobada el martes pasado en la Cámara de Diputados en donde quedó de manifiesto que los legisladores no quisieron dar un paso firme en materia de democracia, porque siguen anclados en el pasado, frenando toda posibilidad para México de una reforma de largo alcance.

En los hechos se trata de una reforma mutilada, incompleta, una reformita que se queda muy corta frente a las democracias avanzadas, que no merece el pueblo de México, de tal suerte que resulta demasiado insuficiente, amén de estar truncada por la mediocridad de criterios y la mezquindad política.

En suma es el resultado de la pugna interna que prevalece en el PRI, donde los diputados federales cercanos a Enrique Peña Nieto operaron la modificación de la reforma política que fue aprobada en el mes de abril pasado en el Senado, cuya autoría pertenece a Manlio Fabio Beltrones.

Naturalmente este remedo de reforma es una lástima, porque a los mexicanos, están urgidos de renovar la esperanza de tener las bases constitucionales para contar con un gobierno eficaz, después de los desencuentros y desastrosos resultados de las dos administraciones panistas.

De ahí que la decepción ciudadana es patente. La clase política toda, le ha quedado deber a la sociedad que ya no confía en sus políticos, porque ellos no le sirven. No hay que ir tan lejos para ver lo que pasó con la discusión de la reforma política aprobada de una manera en el senado y de otra desmantelada en sus puntos esenciales en la cámara de diputados.

En efecto la reforma política, establece nuevas figuras como la consulta popular, la iniciativa ciudadana y candidaturas independientes, ratificación de comisionados de órganos reguladores del Estado e iniciativa preferente del ejecutivo federal.

También contempla el incremento al porcentaje mínimo de la cláusula de gobernabilidad de la ALDF, la sustitución del presidente en caso de falta absoluta y la toma de protesta del ejecutivo federal ante la Suprema Corte de justicia de la Nación.

Rechazando: la reelección de legisladores y alcaldes; la reducción de diputados y senadores, la revocación del mandato, la reconducción presupuestal, así como el veto del ejecutivo al presupuesto de egresos.

Por otro lado lo rescatable de la reforma para la sociedad civil son las candidaturas ciudadanas, que pegarán al sistema de partidos que tienen hasta ahora el monopolio de la acción postulatoria para el acceso al poder. Ampliarán de manera considerable las oportunidades de participación de los ciudadanos que no se sienten identificados con ninguno de los partidos políticos existentes.

Lo que si se considera una aberración es en la forma en que quedó establecida la iniciativa ciudadana que en los hechos no se trata de mecanismos de democracia semidirecta sino de una verdadera simulación que será prácticamente irrealizable, veamos porque:

La iniciativa ciudana, para hacerla efectiva un ciudadano tendrá que recabar más de 100 mil firmas lo que de suyo será imposible. Lo más sensato sería que sólo se estableciera como obligación reunir los requisitos establecidos en el reglamento interno del congreso para las iniciativas de ley.

Por otra parte es conveniente observar que entre los priistas se registró un empate técnico político, porque la reforma no se incluyó la cláusula de gobernabilidad de mayoría artificial en el congreso que pretendía Enrique Peña Nieto, pero tampoco el gobierno de coalición, como lo proyectaba Manlio Fabio Beltrones.

En definitiva falta la gran reforma que cambie el régimen político que deje atrás el viejo y obsoleto sistema presidencialista que no es operativo y ya no responde en las actuales condiciones de pluralidad y competencia de la realidad política del país, por lo que debiera dase paso al parlamentarismo para que los gobiernos que no consiguen la mayorías en el congreso, dejen de ser presa de los vaivenes políticos coyunturales.

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EL AFFAIRE PEREZ INGUANZO.

Juan Artemio Haro Morales juez primero penal de Ciudad Madero Tamaulipas, el pasado domingo encontró elementos suficientes para dictar auto de formal prisión a Oscar Rolando Pérez Inguanzo ex alcalde del municipio de Tampico, con ello se da inicio formal de su proceso penal para determinar su responsabilidad en los tres delitos que le fincó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Así pues al ex edil se le acusa por los delitos de ejercicio abusivo de funciones públicas, coalición de servidores públicos y uso indebido de atribuciones y facultades públicas, derivados de irregularidades en la cuenta pública de 2010 y no por delitos patrimoniales como peculado, fraude o enriquecimiento ilícito.

De ahí que la base de la denuncia penal es la auditoría practicada por el órgano de fiscalización del congreso del estado que determino una irregularidad por la cantidad de 7 millones 854 mil 836 pesos. Como es sabido Pérez Inguanzo fue capturado en Estados Unidos, y entregado a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas en el puente Reynosa-Hidalgo el 17 de octubre.

Llama la atención que hasta al momento, la defensa de Pérez Inguanzo no ha aportado pruebas a su favor, ni tampoco se ha cubierto la fianza 8 millones 138 mil 856 pesos, para disfrutar del derecho a la libertad caucional por tratarse de delitos no graves, tal vez por el temor fundado de nuevas acusaciones.

Está visto que lejos quedaron aquellos tiempos de la llamada “justicia política”, donde la corrupción y los excesos de poder de los servidores públicos, solo eran castigados con el envío a la banca y al ostracismo político. Justicia convenienciera, el sistema político con esos mecanismos consideraba que establecía un balance y equilibrio del poder sin importar el derecho y la ética.

En ese tenor ahora el sistema político depura, ajusta, premia, castiga e intenta corregir. En lo político se envía el mensaje a la sociedad en el sentido de que los gobiernos del nuevo PRI ya no solapan o encubren la corrupción, aun de aquellos funcionarios de su mismo partido como es el caso de Mario Ruiz Pachuca y Oscar Pérez Inguanzo y los que se acumulen.

Velar por el cumplimiento de las normas que previenen los conflictos de intereses, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el peculado, el cohecho, fortalece a las instituciones y las blinda frente a la búsqueda de los beneficios personales.

En efecto la transparencia y rendición de cuentas, constituyen una de las conquistas más importantes de la sociedad civil. Es un avance importante en el desarrollo democrático y abre la posibilidad para un cambio profundo en las relaciones entre la sociedad y gobierno.

Por tanto la opacidad y probable corrupción llevó a los ayuntamientos gobernados en el trienio pasado por Ramón Garza Barrios, Oscar Luébbert, Erick Silva, Oscar Pérez Inguanzo, Arturo Diez Gutiérrez, entre otros, no tan sólo a gastar más de lo que recibieron, sino a comprometer ingresos futuros a través del endeudamiento de los que esperan recibir en años venideros, y presunto desvío de recursos.

Por otro lado si las indagaciones realizadas por gente del procurador Bolívar Hernández Garza en la averiguación previa correspondiente, así como la auditoría practicada, no estén debidamente sustentadas y se encuentran prendidas con alfileres, las imputaciones a Pérez Inguanzo corren el riesgo de caerse como castillo de naipes en los tribunales mediante un juicio de amparo o apelación, como sucede frecuentemente con ex servidores públicos.

En definitiva la revisión de las finanzas públicas estatales o municipales no debe interpretarse como persecución, linchamiento político o cacería de brujas en contra de ex funcionarios, sino como la investigación de las causas de posibles quebrantos patrimoniales al estado y a los municipios.

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JERARQUIA CATOLICA INJERENCISTA

No cabe duda que uno de los poderes facticos reales más protagónicos del escenario político mexicano es la Iglesia católica. La acción política de esta institución se ha enfocado por la pervivencia de sus afanes teocráticos.

El ente católico, que mercadea en casi todo el mundo con ideas o seres imaginarios que nadie ha podido ver y cuya existencia no se ha comprobado, ejerce con efectividad en la mayor parte del orbe su única ocupación verdadera, la única importante para ella: la de dominar políticamente y explotar a la humanidad.

De ahí se explica la larga y complicada historia de intervenciones de la Iglesia católica en la vida pública del país. Hay marcas profundas, acontecimientos sangrientos y una separación entre el Estado y las iglesias que forma parte de nuestra Constitución.

A diferencia de otras normas, esta separación tiene una amplia aceptación en la cultura política de la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, la compulsión de la alta jerarquía católica a la intromisión e intervención en los asuntos políticos del país, particularmente incitando a la desobediencia civil sin importar violar la ley.

Viene a cuento lo anterior por lo expresado por el Cardenal Norberto Rivera Carrera en la misa dominical pasada, que sin rubor alguno se ha quitado la careta, al pretender defender el derecho y el deber de la Iglesia de participar en la vida pública del país, afirmando que las personas no están obligadas a obedecer a una autoridad que se opone abiertamente a los derechos humanos.

“Cuando la autoridad se sale del marco legal desde donde puede y debe gobernar, no hay obligación de tributarle obediencia, y si se opone abiertamente a los derechos humanos fundamentales, entonces hay que negarle la obediencia".

"Así Jesús establece, algo desconocido hasta ese momento, la necesaria separación entre religión y política, entre la Iglesia y el Estado. Separación no quiere decir contraposición y menos mutua negación".

En ese tenor, más allá de la oposición ideológica contenida en los argumentos anteriores queda de manifiesto el ilegal intervencionismo injerencista del purpurado eclesiástico violentando la constitución.

Del mismo modo resulta realmente lamentable y atentatorio al estado laico, el consentimiento y tolerancia del Gobierno Federal para que la Jerarquía católica se entrometa en los asuntos políticos cuando les está expresamente prohibido por la ley.

Es así que la libertad de expresión para el clero está limitada por el artículo 130 constitucional, que establece que los ministros de culto “no podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”.

En cambio los ciudadanos tienen todo el derecho de expresar su opinión, a oponerse a cualquier ley que se discuta y apruebe en este país y eso no los convierte en traidores a la patria ni a las instituciones.

De tal suerte la iglesia católica se da el lujo de hacer política desde las casas de dios, violando el marco constitucional, a sabiendas que nadie les va a poner un freno, por el terror que se tiene a la excomunión, o porque la constitución les vale un comino, lo mismo que las autoridades también.

Activismo que le aparta por completo de la misión de la Iglesia católica que no es criticar lo que la sociedad, de forma libre y consensuada, decide en cada momento. El mundo de hoy, no tiene nada que ver con el de hace quinientos años.

En consecuencia si los ministros de los diversos cultos quieren participar en política deben separarse de sus ministerios con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados, por lo que por ahora solo únicamente pueden votar pero no a ser votados.

En definitiva donde hay una religión de Estado o se favorece a una religión no hay democracia. Por lo que el gobierno federal y el congreso de la unión deben hacer un llamado a las iglesias a “no dividir a la sociedad” y a no pretender imponer su concepción moral de la vida a toda la población, independientemente de aplicarles la ley por violar la constitución y por atentar contra el estado laico.

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EL DESPLEGADO DE LOS INTELECTUALES.

El desplegado periodístico “Por una Democracia Constitucional” suscrito por académicos, intelectuales, escritores y políticos donde proponen un mecanismo constitucional para un gobierno de coalición para 2012, es un misil que pegó en las precandidaturas de Enrique Peña nieto y Andrés Manuel López obrador.

¿Por qué decimos lo anterior? Porque la propuesta es contraria al ideal político del ejercicio del poder del mexiquense y del tabasqueño, políticos educados, construidos en la cultura de los gobiernos autoritarios, verticales y antidemocráticos del viejo PRI.

De tal suerte que Enrique Peña Nieto propone resucitar la vieja cláusula de gobernabilidad de la mayoría artificial para sacar adelante las propuestas de gobierno.

En tanto AMLO incurre en el pecado de la superficialidad al argumentar que rechaza las coaliciones por considerarlas disfraces que en el fondo solo representan lo mismo, es decir la misma mafia en el poder.

Contrario a esas posturas el desplegado aparece apoyado por tres precandidatos presidenciales: Manlio Fabio Beltrones (PRI), Marcelo Ebrard (PRD) y Santiago Creel (PAN), quienes se presentan como políticos modernos, democráticos, progresistas y preocupados por los gobiernos eficaces cuyas posicionamientos resultan totalmente opuestos a los expresados, por Peña Nieto y López Obrador.

En el contexto actual el régimen presidencialista ya resultó obsoleto, ya que desde las elecciones intermedias de 1997 se rompió la ecuación política expresada en un Ejecutivo fuerte, más mayoría absoluta en el Congreso, igual a gobernabilidad, para pasar a la de Ejecutivo débil, menos congreso opositor fuerte, igual a ineficacia gubernamental.

Por lo tanto es procedente reformar el sistema político mexicano que fue diseñado y pensado para que el país fuera de un solo hombre, que prevaleció durante décadas, con un Poder Legislativo fusionado por la hegemonía del ejecutivo; un Poder Judicial a su disposición. Hoy sigue habiendo presidencialismo, pero ya no tiene ni al Congreso ni a la Corte como apéndices.

De ahí que el proyecto de los intelectuales responde a la parálisis que sufre el país, desde el año 1997, en una serie de aspectos profundos, como la economía, educación y el empleo, ante la falta de acuerdos de las autoridades en temas urgentes, reforma de estado, fiscal, laboral, energética de seguridad nacional etc.

El gobierno de coalición es un formato que permitiría al Presidente de la República tener mayoría en el Congreso. Un ejercicio de poder compartido. La suma de fuerzas políticas para terminar con la parálisis legislativa.

Ahora bien construyamos un escenario donde Enrique Peña Nieto llega a la presidencia de la republica como seguramente acontecerá, con el 40% de la votación conforme las encuestas, por lo que le resultaría complicado gobernar sin la mayoría, como sucedió con Zedillo, Fox y actualmente con Calderón.

La propuesta de un gobierno de coalición es una manera de modernizar a México de la inacción política que prevalece, pero para concretarla se requiere voluntad política y preeminencia del interés nacional.

En definitiva el desplegado, su contenido y propuesta, y el peso de los firmantes, debe entenderse como un duro golpe a la ideología gubernativa de los precandidatos presidenciales, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

lucarrso@hotmail.com

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MIRADAS LIBIDINOSAS.

MIRADAS LIBIDINOSAS.

La directora del Instituto de la Mujer Tamaulipeca (IMT), Dolores Terán en una declaración cargada de misandria afirmó, que partir del próximo año, la burocracia estatal tendrá que obedecer un código de conducta con perspectiva de género, en donde prohibirán y sancionaran comportamientos como las miradas libidinosas.

Muy lamentable la manera de la señora Terán de desperdiciar el tiempo y gastar presupuesto, con propuestas a nivel de ocurrencias como el sancionar las miradas lascivas que nada tiene que ver con programas, medidas y acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, que conlleva a una animadversión hacia los hombres con lo que sugiere que todos somos violadores en potencia.

Aquí surge la pregunta obligada ¿Por qué Dolores Terán propone un código de conducta para castigar las miradas lujuriosas? La respuesta es porque el artículo 9 bis de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Tamaulipas no contempla esa conducta como parte del hostigamiento sexual.

Al efecto ese numeral dispone que el hostigamiento sexual es el ejercicio abusivo del poder en la relación de subordinación real de la víctima frente al agresor, en los ámbitos laboral, escolar o cualquier otro; se manifiesta en conductas verbales o físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad, de connotación lasciva. De lo que se desprende que las miradas libidinosas no están incluidas.

En lugar de proponer una enmienda a la ley, o al Reglamento de las Condicione Generales de Trabajo, por comodidad opta por un código que mas allá de no tener sustento legal, ni constitucional, penalizará por conducto de la Contraloría estatal las miradas lujuriosas contra las mujeres, amén de ser vaga y ambigua, es suficiente para que la responsable del IMT concrete un afán protagónico.

Ahora bien si se tratara de aplicar una disposición justa entonces también habría que castigar las miradas lascivas de las mujeres como en el caso de todas aquellas que coquetean con un hombre que les atrae, ya que no lo miran precisamente con inocencia o de todas aquellas que miran los show de strippers.

Bueno, está claro que se trata de un código de conducta que dizque protegerá a las mujeres burócratas de las miradas libidinosas de sus compañeros servidores públicos. El punto es que este código de conducta será completamente letra muerta e inútil para hacerlo, y sólo se prestará para algunos cobros de facturas entre servidores públicos de mandos intermedios para abajo.

Ahora pongamos un ejemplo de que cualquiera de nosotros puede ver a una mujer, y en ese momento pensar todas las perversidades o juegos de lujuria que se le antojen. Nadie puede sancionar a ese ciudadano por ver y pensar lo que le plazca.

¿Claro! Cuando ese ciudadano traduce ese pensamiento en palabras, cuando lo exterioriza mediante algunas de las formas del lenguaje –oral, escrito, corporal…o físicamente, entonces sí pudiera cometer alguna infracción inclusive un delito.

¿Quién puede prohibir la mirada? Nadie. ¿Quién puede decir si tal o cual mirada es lujuriosa? Pues nadie, porque la lujuria no es una facultad de la mirada, sino una elaboración mental, acaso hasta una desviación. Pero el pensamiento, en cualquiera de sus formas, no puede ni debe ser sancionado.

Acaso, van a inventar algún aparato como el "alcoholímetro", que en este caso se llamará "lasciviómetro o lujuriómetro" y entonces en base al grado de lascividad procederán a dictar sentencia a los acusados.

Dentro del catálogo de ocurrencia hoy son las miradas lujuriosas, maña el desamor de sus parejas, apartándose del objetivo de la acción afirmativa como política pública de tratamiento preferencial a quienes ha estado más discriminados como son las mujeres(privilegiadas sobre los, indígenas, los ancianos, enfermos de sida etc.).

Las mujeres se han beneficiado preferencialmente con la llamada Ley de Cuotas o "Leyes de Cupos" introducida en la legislación federal y estatal que permite una participación de las mujeres en los cargos de mayor jerarquía en las entidades y órganos de la administración pública, así como en los partidos y movimientos políticos.

Pero por otro lado resulta contradictorio, que los verdaderos obstáculos que en México impiden a las mujeres aspirar a mejores niveles de vida, permanecen intactos, ni las dirigencias feministas, ni legisladores se han preocupado demasiado por superarlos o resolverlos.

En definitiva los políticos de derecha e izquierda, se la pasan ideando formas para arrebatarnos o restringir las libertades fundamentales. Hoy con leyes y códigos de conducta nos tratan de impedir ver desde adentro a las mujeres, atentando contra la libertad de pensamiento.

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NUEVOS IMPUESTOS.

Bajo el llamado “Federalismo Fiscal” el Gobierno federal encontró la fórmula para que las entidades federativas a partir de 2012 establezcan un impuesto estatal de tenencia u uso vehicular, dada su supresión a nivel federal; así como la posibilidad de imponer el Nuevo Impuesto a las Ventas y Servicios al Público en General.

De entrada el establecimiento de ambas contribuciones beneficiará a los erarios estatales, aunque a los ciudadanos se verían seriamente perjudicados en su ya deteriorada economía, por considerarse su instrumentación e implementación es políticamente incorrecta por tratarse de una época de crisis económica.

La propuesta de Ley de Ingresos para el 2012, propone autorizar a las Entidades Federativas establecer un impuesto a las ventas y servicios al público en general, “con una tasa máxima del 5%”. El tributo propuesto contraviene el artículo 41 de la Ley del IVA que prohíbe a las entidades fiscalmente coordinadas su establecimiento, así como los convenios en la materia de coordinación fiscal.

Sin embargo la Secretaria de Hacienda en lugar de reformar la ley del Impuesto Valor Agregado para subsanar o darle la vuelta a la prohibición legal, le apuesta a la aprobación del gravamen por parte del Congreso de la Unión, para que prevalezca la última voluntad del legislador, es decir la autorización a los Estados a establecer este impuesto.

Esta contribución a las ventas en los hechos es un IVA ampliado con otro nombre, en otras palabras un IVA estatal reglamentado y operado por los estados, que se construirá sobre las mismas bases del impuesto al valor agregado que se aplicará a quienes enajenen bienes, arrienden bienes muebles e inmuebles o presten servicios al consumidor final.

Esto significa que el Congreso puede emitir una ley para crear un impuesto estatal, que vendría siendo otro IVA pero a la tasa del 5%, con lo que el consumidor final de bienes y servicios tendrá que pagar al adquirirlo, además del IVA al 16% para la federación, el IVBSPG del 5%, al estado solo que en total se estarían pagando dos impuestos al consumo que juntos hacen una tasa del 21%.

De acuerdo a la propuesta, este impuesto a las ventas no se podrá imponer sobre actos o actividades exentas del IVA, pero sí aquellos productos o servicios sujetos a tasa de cero por ciento.

De ahí que de aprobarse este tributo a partir del 2012, se podrán gravar la venta de alimentos y medicinas, los servicios prestados para actividades agropecuarias, los de molienda de de naranja, limón maíz y trigo, los de pasteurización de leche, los de reaseguro y los de suministro de agua para uso doméstico, entre otros, así como la exportación de bienes y servicios.

Este impuesto no aplicaría a servicios financieros, a servicios públicos o a la utilización de bienes del dominio público que den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, a servicios de telecomunicaciones, a servicios de energía eléctrica, correos y telégrafos, al autotransporte federal y al transporte aéreo y marítimo.

Entonces, resulta oportuno preguntar a los Diputados del Congreso del estado lo que piensan al respecto al establecimiento y cobro de la tenencia estatal y del impuesto a las ventas y servicios al público en general, “con una tasa máxima del 5%, quienes hasta la fecha no se han expresado públicamente con claridad y precisión.

La aplicación de contribuciones como la Tenencia y impuesto a las Ventas y Servicios al Público en General como lo pretende el Gobierno Federal resultan impopulares, aunada la aprobación del Congreso estatal, porque resultan lesivos y perjudiciales para la población en general y en particular a los que tiene menor poder adquisitivo

En definitiva es un error político tratar de sanear, la economía de las entidades federativas a través de la vía impositiva, máxime tratarse de una época de crisis económica y de seguridad, y sobre todo por tratarse de un año eminentemente electoral, por lo que deben buscarse otros mecanismos para obtener otras fuentes de ingresos recaudatorios.

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PEÑA NIETO Y GOBERNADORES.

En el nuevo sistema político mexicano, después de que desapareciera la Presidencia de la República como el órgano articulador de las decisiones de poder, los Gobernadores adoptaron un papel determinante en ese proceso.

No cabe duda que Enrique Peña Nieto lleva una amplísima ventaja para ser el candidato presidencial tricolor, contando con un grupo fuerte al interior del PRI formado por gobernadores, ex gobernadores y legisladores federales que concluirán su gestión, quienes en sus respectivos estados ya no tienen futuro político, siendo los más interesados en que el PRI saque al PAN de los Pinos.

De ahí que Humberto Moreira dirigente nacional del PRI llamara a nueve ex gobernadores a quienes conoce por que junto con ellos gobernaron simultáneamente sus respectivas entidades, para posteriormente incorporarlos a la campaña presidencial, cabe señalar que los nombramientos obedecen a los intereses que los propios Gobernadores gestionaron durante su sexenio.

Todo parece indicar que al PRI no le interesa el desastre económico y social que los ex mandatarios dejaron en sus entidades, se les premia porque ninguno de ellos perdió elecciones y porque además se considera que posiblemente mantienen vínculos de financiamiento a nivel local.

No obstante lo anterior Peña Nieto, para conseguir su objetivo tiene un obstáculo muy importante que superar, vencer la resistencia de los gobernadores en funciones de su partido, que lo pueden hundir en la derrota, más allá de triunfar con holgura a la izquierda o a la derecha con candidatos propios o coaligados.

En los hechos los gobernadores se convirtieron en una especie de reyes locales, sustituyendo en sus feudos al gran monarca que caracterizaba al presidencialismo autoritario. Son jefes de estado y de gobierno, jefes del partido, jefes de las fuerzas de seguridad, con facultades constitucionales y metaconstitucionales.

De tal suerte que los gobernadores priistas, incluidos panistas y perredistas del país, controlan a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y el municipal de su estado, controlan los órganos de fiscalización de las legislaturas, controlan sus institutos de transparencia e información, controlan su comisión de Derechos Humanos, controlan sus organismos electorales.

Se comprenderá que los gobernadores de dientes para fuera le expresan a Peña Nieto todo su apoyo en pos de la conquista de la presidencia de la republica. La pregunta obligada: ¿Por qué la resistencia soterrada del poderoso grupo de gobernadores priistas? Porque si regresa la figura del Presidente priista, los mandatarios tricolores estatales tendrán por encima de su poder el del presidente.

Del mismo modo los gobernadores además controlan el Congreso de la Unión a través de sus legisladores y son los que más recursos reciben de la Federación sin estar obligados a rendir cuentas, en suma controlan todo, como antes lo hacían los presidentes priistas.

Aquí surgen otras preguntas a responder ¿Reaparecerá el síndrome “Madrazo”, expresado en traición, vacío y abandono de los grupos de priístas que podrían contribuir a la derrota Enrique Peña Nieto?

¿Si el PRI ganara la presidencia de la republica en 2012, los gobernadores tricolores regresarían a su antiguo status de Virreyes?, ¿convendrá a los gobernadores priistas que la facultad de decisión de designar su propio sucesor, diputados y senadores, regresarla al presidente de la republica?

Por otro lado también muchas fuerzas e intereses se han alineado para que el PRI vuelva al poder. Los poderes facticos como la empresas televisoras, grandes empresarios, decepcionados del desorden y la violencia delincuencial interminable en los gobiernos panistas, así como ciudadanos que están convencidos de que los priístas sí saben gobernar.

En definitiva el PRI no solo no ha muerto, sino que está más vivo que nunca, nada o muy poco cambió, el sistema de partidos en su conjunto se volvió copia fiel del priismo añejo, ya que no detuvo ni corrigió a tiempo las viejas prácticas. El PRI, de ganar la presidencia, enfrentaría el dilema de restaurar el viejo régimen o realizar una autentica reforma del Estado como la propuesta por Manlio Fabio Beltrones.

lucarrso@hotmail.com

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PORQUE SI, UNA LEY CONTRA EL HLB

Al margen de la pobreza argumentativa de algunos miembros de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado, para justificar la negativa de emitir una ley especial para prevenir y combatir el dragón amarillo, los productores de cítricos expresaron al poder legislativo una serie de razones técnicas y jurídicas por las cuales debe expedirse la Ley de de Prevención y Control del HLB de los Cítricos y su Vector:

He aquí: ¿Porque el Congreso debería expedir una ley especial contra el HLB?:

Porque iría dirigida específicamente a resolver una situación particular como es el prevenir el ingreso a territorio tamaulipeco de la bacteria denominada Candidatus Liberibacter spp, agente causal del HLB enfermedad destructiva que causaría daños a la producción y la muerte de todos los arboles citrícolas de las 42 mil hectáreas plantados en el Estado.

Porque tratándose de una situación fitosanitaria especial programática, por razón de método no debería ser incluida en una ley general de sanidad estatal, que tiene por objetivo regular y regir situaciones generales de los productores agrícolas y de todas las enfermedades y plagas.

Porque con la ley del HLB se precisarían los límites del quehacer en materia de Huanglongbing, para integrar en un solo instrumento las bases de coordinación y servicios con las instancias federales y municipales, para llenar lagunas del Acuerdo de la Sagarpa por el que se dan a conocer las medidas fitosanitarias que deberán aplicarse para el control de esta enfermedad.

Porque tendría por objeto elevar a la categoría de ley el programa estatal de prevención y combate de la enfermedad del HLB y su vector la diaforina citri que solo mediante ley garantizaría su ejecución y cumplimiento.

Porque esta ley resultaría estratégica para blindar y proteger y la citricultura tamaulipeca del HLB, desde afuera y desde adentro de la entidad para prevenir su introducción y en su caso combatir su dispersión en las zonas cítricas del Estado.

Porque establecería prioritariamente a nivel estatal, medidas y prevenciones fitosanitarias para evitar el ingreso del HLB a la entidad, por la grave amenaza mortal que representa esta enfermedad para las 42 mil hectáreas de cítricos plantadas en la entidad.

Porque Tamaulipas debe aprovechar la oportunidad de organizar la prevención y control de HLB antes de la introducción de la enfermedad en la entidad. El tiempo de su llegada al estado dependerá mucho de las medidas de prevención que se tomen ahora mismo.

Porque es imprescindible contar con apoyo legal que establezcan la obligatoriedad de la eliminación de plantas cítricas con síntomas de HLB y plantas ornamentales hospederas de la diaforina citric y que son portadoras asintomáticas de HLB (como la Murraya, limonaria, Mirto etc.). Así como facultar a la Secretaria de desarrollo rural a decretar cuarentenas y demás actos de autoridad necesarios.

Porque establecería la prohibición a los productores de cítricos, viveristas y a particulares introducir al estado plantas o yemas de otras entidades del país y del extranjero.

Porque el control y la prevención de HLB deben realizarse por ley de manera conjunta, aplicando en cada región citrícola del estado la política de "buen vecino". Ya que tratar de controlar y prevenir en forma individualista no sería muy efectivo.

Porque con base en la ley es importante la detección temprana de la enfermedad, poniendo énfasis en la inspección de plantas cítricas en casas de familia donde no se aplican insecticidas, en plantaciones comerciales jóvenes (de 3 a 5 años de edad) y donde exista arbolado público con cítricos como plazas parques y jardines de las poblaciones del estado.

Porque es prioritario implementar un sistema obligatorio de viveros de cítricos certificados, con trazabilidad y con protección anti-insectos para evitar la contaminación de las plantas por insectos voladores (Psílidos).

Porque obligaría a los productores a participar en las medidas fitosanitarias y a hacer conciencia que el HLB es la enfermedad más destructiva para los cítricos conocida hasta este momento en todo el mundo. Premitiría aumentar las acciones de control, en pasos fronterizos, terminales portuarias, aeropuertos y terminales de autobuses.

Porque es necesario establecer campañas de prensa radio y televisión de alcance estatal en la radio y televisión del estado, a fin de brindar a la población y al sector citrícola las formas de prevenciones básicas del HLB.Además establecerían como obligación de los productores capacitar el mayor número posible de personal de huerta en el reconocimiento de HLB.

No pasa inadvertido que contrario a lo que se afirma de que no se pude hacer una ley por cada enfermedad, existen legislaciones especiales como la ley de enfermedades y plagas del plátano en Tabasco, ley del combate de la garrapata en todas las entidades del país incluido Tamaulipas, en ese tenor no habría razón jurídica ni técnica para expedir una ley del HLB máxime que la viabilidad de la citricultura está en riesgo como actividad económica.

En definitiva las organizaciones citrícolas demandan del congreso voluntad política y sensibilidad social para la creación de la la Ley de de Prevención y Control del HLB de los Cítricos y su Vector y del gobierno estatal y federal mecanismos de coordinación para prevenir la enfermedad y estar preparados para que en el caso eventual que ésta llegue a la Tamaulipas actuar rápidamente para controlarla.

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LEYES ANTIABORTO VIGENTES.

La reforma antiaborto de las Constituciones de Baja California y San Luis Potosí, que protegen la vida desde la concepción y otorgan al no nacido todos los derechos de una persona seguirá vigente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no alcanzó los ocho votos necesarios para invalidarlas.

De tal suerte la Corte al no conseguir la mayoría calificada de sus ministros, procedió a desestimar las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por el procurador de derechos Humanos de baja California y un grupo de diputados del congreso de potosino respectivamente.

En términos jurídicos desestimar la acción significa que la SCJN no emitió fallo o pronunciamiento sobre la validez o sobre la invalidez, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las citadas reformas antiaborto, solo desestimo las acciones de inconstitucionalidad promovidas en su contra.

Del mismo modo la desestimación tampoco implica un precedente, porque no constituye una resolución en ningún sentido, por lo que en los hechos las discusiones entre el lunes 26 y el jueves 29 no pasó nada, aunque hubiera pasado mucho, los debates mismos serán archivados, porque “no han existido”.

Así el debate judicial no se ciñó a ningún texto penal relacionado con la interrupción legal del embarazo, sino a determinar constitucionalmente si la vida comienza a partir de la concepción como lo establece la ley bajacaliforniana, que viola el derecho a la libertad reproductiva de la mujer estipulada en la Constitución General de la República que, por cierto, no protege la vida desde la concepción.

No pasa inadvertido que el proyecto del ministro Fernando franco jamás negó humanidad al producto de la concepción, simplemente argumentó que la Constitución no reconoce personalidad jurídica al no nacido, lo que implicaría carencia de titularidad de derechos y obligaciones.

En resumidas cuentas se impuso el conservadurismo panista ante el inesperado resultado del debate judicial, que gracias las presiones políticas que se ejercieron públicamente sobre la Corte, indirectamente por parte del presidente de la republica con el pacto de San José, la declaración de la primera dama, llamada de Benedicto XVI según el obispo de Mexicali desmentido por el Vaticano y activistas.

En ese tenor si una mujer bajacaliforniana o potosina recurre al ‘diu’, a la toma de ‘la cápsula del día siguiente’, y en caso de abortar, continuara siendo presunta responsable de homicidio, de ahí que podrá impugnar la aplicación de las leyes antiaborto mediante el juicio de amparo, para que la SCJN se revise la legalidad y constitucionalidad

En consecuencia la política venció al derecho, sin embargo la realidad nos dice y engloba todo, con penalización o despenalización del aborto, seguirá practicándose. Por lo que en la historia de los derechos y las luchas sociales por hacerlos realidad, no hay victorias definitivas ni derrotas permanentes.

Por otro lado la ley antiaborto bajacaliforniana y potosina son normas explosivas que generan una “colisión de derechos”, al contraponer el derecho a la vida y el derecho femenino a un aborto seguro para sacarse un feto indeseado.

En suma la reivindicación de las causas de las mujeres, es la comprensión de que las mujeres son las únicas con derecho a decidir sobre su cuerpo. Es una expresión de su libertad, y es un ejercicio de su potestad sobre sí mismas. La autodeterminación de cada quien sobre su cuerpo

En definitiva las reformas a las constituciones de Baja California y San Luis Potosí, quedaron vigentes ya que protegen la vida del no nacido, violando la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres, particularmente el derecho a la libertad reproductiva el derecho a no intervenir, sobre cuestiones de la privacidad e intimidad. Quedando únicamente el juicio de amparo contra las leyes antiaborto.

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