CRITICA ARQUIDIÓCESIS A SINDICATOS.

El brazo político de la iglesia católica, amparada en la impunidad, a través del semanario “Desde la Fe” vocero de la arquidiócesis primada de México, criticó este domingo al sindicalismo mexicano y a sus liderazgos quienes amenazan con secuestrar al Estado Mexicano si éste no se alinea a sus intereses.

Cabe señalar que en el artículo titulado Sindicalismo, un llamado a su origen se lamentó que en la actualidad las organizaciones sindicales son vistas como fuerzas políticas “que se venden al mejor postor” y que han sido secuestradas por “líderes inmorales” que han conseguido eternizarse y generar formas de poder contrarias a la naturaleza de los sindicatos.

De esta manera la iglesia católica no solo se da el lujo de hacer política desde las casas de dios violando la constitución, sino también a oponerse a las leyes del país como lo es la ley federal del trabajo vigente con respecto a los sindicatos y sus líderes, a sabiendas que nadie les va a poner un freno, porque la constitución les vale un comino, lo mismo que las autoridades también.

Más allá de la aprobación de la reforma laboral por la cámara de diputados respecto a la democratización y transparencia sindical, los trabajadores no necesitan leyes ni abogados religiosos para regular el control, funcionamiento y desempeño de sus líderes, bastaría la movilización contra esas dirigencias entreguistas a los gobiernos en turno, a los empresarios para librarse de ellos.

De ahí que pudiera resultar inútil reglamentar la democracia sindical, máxime si los obreros en su mayoría carecen de conciencia proletaria hacia su sindicato y por su pragmatismo no les importa quiénes sean sus líderes y estos se eternicen en las dirigencias.

Cabe subrayar que la arquidiócesis desde su periódico hace énfasis en el sindicalismo y sus dirigentes, pasando por alto intencionalmente el fondo de la reforma aprobada en ambas cámaras, que resultó destructiva para los obreros, ya que quitó el carácter protector y tutelar de la ley laboral, no trasciende sobre la producción que será menor y precarización de la fuerza de trabajo.

De igual modo disminuye salarios y prestaciones, impulsa la “flexibilización laboral”, fomenta la inseguridad e inestabilidad en el trabajo, legítima el despido, la subcontratación con el “outsorcing”, convierte a México en depósito de mano de obra barata para los grupos empresariales, nativos y trasnacionales.

Por otro lado no es el propósito de esta columna defender a los líderes sindicales venales, ya que son los trabajadores quienes deberían destituir y enterrar a sus dirigentes corruptos, sino la de objetar la acción injerencista de la iglesia católica que con ligereza cuestiona las ley laboral, a los sindicatos y a sus dirigencias, como si jamás se hubiesen separado la Iglesia y el Estado;

En vista de ello el problema no es dilucidar si la intervención injerencista de las iglesias puede cuestionar a los líderes sindicales y a los sindicatos. El problema es que la Iglesia católica no debe opinar sobre la ley laboral ni de sus instituciones, porque la libertad de expresión tiene límites para proteger el carácter laico de la vida pública.

En efecto la libertad de expresión en una democracia tiene sus límites; el artículo 130 de nuestra Constitución establece que los ministros: " Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.

En cambio se debe indicar que los ciudadanos tienen todo el derecho de expresar su opinión, a oponerse a cualquier ley que se discuta y apruebe en este país.

En definitiva resultan atentatorias al estado laico y violatorias a la constitución las críticas al sindicalismo lanzadas por la Arquidiócesis Primada de México que constituye una intromisión en los asuntos públicos a pesar de que les está expresamente prohibido por la ley.

lucarrso@hotmail.com

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LA CONTRA REFORMA LABORAL

Las políticas neoliberales de ajuste estructural impuestas por el Consenso de Washington como “la mejor opción” para el desarrollo económico de América Latina, incluyen también la desregulación del mercado laboral, con la desaparición de las normas de protección social y los derechos de los trabajadores.

Viene a cuento lo anterior por la reforma laboral que Felipe Calderón pactada con Enrique Peña Nieto, envió al Congreso como iniciativa preferente, que recientemente aprobó el Senado, en acatamiento al dictado de los organismos internacionales (Consenso de Washington): Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Departamento del Tesoro y de Estado de EEUU y grupo de los 7.

Cabe subrayar, la contra reforma laboral aprobada en la Cámara de Senadores va de regreso a la de Diputados, ahí le van a revisar ocho artículos sobre el sistema de elección de las mesas directivas de los sindicatos, vendrá un nuevo traca-traca pero finalmente los diputados la habrían de aprobarla, como ya lo adelanto Manlio Fabio Beltrones “El presidente Peña Nieto tendrá su reforma laboral”.

En los hechos el saldo de la aprobación de la reforma laboral para los obreros resultó injusta, destructiva, por que quita prácticamente el carácter protector y tutelar de la ley laboral mexicana, que es su rasgo característico, su efecto no trasciende sobre la producción que será menor, precariza la fuerza de trabajo.

De igual manera en nada beneficiará a la productividad porque disminuye salarios y prestaciones, impulsa la “flexibilización laboral”, fomenta la inseguridad e inestabilidad en el trabajo, legítima el despido, la subcontratación con el “outsorcing”, lesivo para los trabajadores, convierte a México en depósito de mano de obra barata para los grupos empresariales, nativos y trasnacionales.

El tema de la democracia sindical sirvió como cortina de humo, como distractor de la fondo de la reforma que destruyó los derechos laborales de la clase proletaria del país, que con tanto sacrificio han luchado y conquistado, como son los derechos sociales de quienes viven exclusivamente de su trabajo, cuya afectación arrojará a miles más a la informalidad, la desprotección social y a la pobreza.

Cabe indicar que al margen de la cuestión de la democratización y transparencia sindical, los trabajadores no necesitan de leyes para regular el control, funcionamiento y desempeño de sus líderes, bastaría la movilización contra esas dirigencias entreguistas a los gobiernos en turno, a los empresarios para librarse de ellos.

Por otro lado los empresarios fueron los ganadores porque controlan a sindicatos negociando directamente con los líderes pero les urgía abaratar la mano de obra.

Por tanto resultaría inútil reglamentar la democracia sindical si los obreros carecen de conciencia proletaria hacia su sindicato y por tanto de conciencia social hacia el país y no les importa quiénes sean sus líderes, como aconteció con la reelección de Elba Esther Gordillo del SNTE y Carlos Romero Deschamps del STPRM.

Las consecuencias de la reforma serán la profundización de la pobreza en México, los despidos gratis y salarios miserables. Las previsiones de los especialistas indican que la Cámara de Diputados finalmente aprobará la reforma estructural laboral neoliberal en los términos enviados por el Senado.

En definitiva la reforma laboral tuvo dos objetivos a saber: la modificación del status del trabajador frente al patrón garantizando el abaratamiento en prestaciones de la mano de obra y terminar con la alianza histórica del Estado priísta con los trabajadores dando por concluido el estado bonapartiano

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REELECCIÓN DE GORDILLO Y DESCHAMPS.

Elba Esther Gordillo lideresa de los maestros y Carlos Romero Deschamps de los petroleros son los dirigentes sindicales más cuestionados de México, ambos fueron reelegidos democráticamente pero por una decisión antidemocrática de ellos mismos, quienes permanecerán al frente de sus sindicatos hasta el 2018.

No cabe duda que el Contador Privado y La Maestra aventajaron a los Senadores que discuten la aprobación de la reforma laboral, vetando todo aquello que tenga relación con la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia sindical.

Huelga decir que nada importaron las denuncias de corrupción que pesan sobre ellos, ni que se hayan convertido de facto en líderes vitalicios. La chiapaneca culpó a las madres que trabajan para sostener a la familia o por lo menos para aligerarle la carga al esposo, de todos los males que padece México particularmente el educativo.

Así pues Elba Esther Gordillo ex diputada del PRI en 2003 fue expulsada del partido por colaborar con gobiernos del PAN, presume de su gusto por el dinero y no la importa la polémica. Entre sus últimas declaraciones fue criticar la incorporación de la mujer a la vida laboral o calificarse como "sirvienta" del sindicato.

Se ha constatado su conocida generosidad. En el pasado los obsequios habían sido relojes Rolex y hasta camionetas Homers.

En cuanto a Deschamps, senador priísta cercano al presidente electo, Enrique Peña Nieto, a quien acompañó en muchos actos de campaña. En 2003 fue acusado de desviar 1.500 millones de pesos del sindicato a la campaña presidencial del candidato priista Francisco Labastida en las elecciones del 2000.

Tengamos presente que recientemente, el escándalo llegó de su hija, Paulina Romero, que presumía en Facebook de sus viajes a bordo de yates y aviones privados, la renta de habitaciones de lujo y el consumo de botellas de vino valoradas en cientos de dólares cada una.

Por otra parte cabe indicar que tanto Gordillo como Deschamps no tuvieron que enfrentarse a ninguna otra candidatura y sus mandatos coincidirán en el tiempo con el de Enrique Peña Nieto, el político que ha hecho regresar al PRI al poder tras 12 años en la oposición.

Por tanto los dos se oponen tajantemente a las iniciativas del PRD y del PAN incluidas en la reforma laboral para que haya mayor transparencia sindical con el argumento simplista de que los sindicatos deben ser autónomos.

En consecuencia no es buena señal para la nación, de que en un solo día se haya reelecto a dos de los principales y polémicos líderes sindicales del país. No lo es, no por el simple rechazo a la Gordillo y a Deschamps sino porque su estadía en el gremio magisterial y petrolero del país constituye la vuelta y reactivación del corporativismo como sistema de ejercer el poder político.

Conviene indicar que para los dirigentes sindicales de marras, la crisis económica, el desempleo y el mantenimiento de las corporaciones, constituyo la oportunidad para eternizarse en los cargos; la opacidad en el manejo de las cuotas les permitió aumentar sus riquezas personales.

Sobra decir que la reelección tanto Gordillo como de Deschamps está orientada al rol que jugarán en la próximo gobierno. En el Caso del SNTE para las alianzas políticas en las elecciones locales, intermedia y presidencial 2018, así como la continuidad en la politización del la SEP. En el de los petroleros por la apertura de PEMEX a la inversión privada.

En definitiva Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps constituyen las figuras emblemáticas del charrismo sindical corrupto, de control, de enriquecimiento inexplicable, y ser valladares para el avance educativo en el caso de la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y de la producción petrolera en la figura de, dirigente de los petroleros.

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LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO.

 

Con el objeto de desmantelar las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, el Senado de la Republica después de dos años de discusión aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como ley contra el lavado de dinero.

Conviene señalar que la citada legislación entrará en vigor hasta julio de 2013, estableciendo medidas y procedimientos tendientes a detectar y prevenir actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita que sirvan para los procesos de blanqueo de dinero.

Cabe decir que la referida ley faculta al gobierno mexicano para detectar e investigar en el país las fuentes de financiamiento de la delincuencia organizada y del narcotráfico, así como para perseguir y abatir a nivel internacional las redes de lavado de dinero de estos actores.

De igual modo este ordenamiento jurídico pretende desalentar la práctica generalizada para de ocultar operaciones mediante pagos anónimos en efectivo. La prestación de servicios de fe pública realizados por notarios públicos serán objeto de investigación por parte de la SHCP.

Sobra explicar que esta ley castiga severamente, con multas y prisión, a quienes se presten a operaciones simuladas en bancos, corredurías y notarías y dota a las autoridades correspondientes de los instrumentos y mecanismos de inteligencia para detectar esas simulaciones.

De tal suerte que instituye un régimen de identificación y reporte de operaciones vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos, por lo que quienes las lleven a cabo deberán reportar a la Secretaría de Hacienda estas operaciones cuando los montos asciendan a 645 veces el salario mínimo.

De la misma manera la ley prohíbe transacciones de dinero en efectivo en operaciones comerciales y financieras; restringe el dinero en efectivo para las tarjetas de servicios y de crédito, así como las prepagadas, y lo mismo con la comercialización de cheques de viajero.

Por tanto, es obligación de los intermediarios revisar la identidad de sus clientes, mientras que los fedatarios públicos tendrán la obligación de dar aviso a la Secretaría de Hacienda sobre las operaciones que realicen, o que desborde los márgenes establecidos en cuanto a montos y naturaleza de las transacciones comerciales.

Como se verá en pocos dias saldrá a la circulación mucho dinero negro escondido para intentar lavarlo antes de que entre en vigor la ley, mediante inversiones en empresas, compra de inmuebles rústicos y urbanos, yates, viajes, autos de lujo, la adquisición de joyas y obras de arte y los cobros de apuestas y compra de premios de sorteos etc.

Aquí surge la pregunta obligada ¿por qué el Estado mexicano tardó tanto, casi todo sexenio calderonista para darse un instrumento jurídico tendiente a destruir las sofisticadas estructuras financieras del narcotráfico y de la delincuencia organizada?

En definitiva la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita otorga al gobierno federal herramientas para hacer más efectivo el combate a delincuentes organizados y narcotraficantes y de paso que la ciudadanía constate que las instituciones democráticas aunque tarde pretenden funcionar, de ahí obtener credibilidad y confianza en la política.

lucarrso@hotmail.com

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DE POLITICA Y ADMINISTRACION.

En la actualidad, la política, lejos de ser el principio organizador de los seres humanos en sociedad, aparece como una actividad secundaria, como una construcción artificiosa e incluso inadecuada para abordar con éxito los retos del mundo contemporáneo.

De acuerdo al modelo constitucional las instituciones del poder político en México, las constituyen la presidencia de la republica, congreso de la unión, gubernaturas de los estados, congresos locales, alcaldías y ayuntamientos, quienes determinan la tarea de la formación de la voluntad y decisión política.

En tanto a la administración pública de los tres órdenes de gobierno, se le atribuyen las tareas de ejecución o cumplimiento de esa voluntad.

El éxito político normalmente se asocia con una buena administración. Los niveles de desempeño de los gobiernos y de los congresos en los hechos constituyen un parámetro de evaluación de los ciudadanos a la hora de emitir su voto en los procesos electorales.

La administración Pública en la teoría y la práctica debe ser el ejecutor al servicio del poder político y el depósito de conocimientos técnicos. En la mayoría de las entidades federativas se carece de racionalidad en sus decisiones públicas porque sus aparatos administrativos así se han diseñado para ello.

De ahí, que cuando se conquista el poder político de del país, de un estado y un municipio surge la arraigada lógica del botín y la depredación, la de atrapar beneficios económicos, administrativos, laborales y canonjías para repartirlas entre los amigos, parientes y seguidores, originando como consecuencia el nepotismo, cuatachismo y corrupción.

Con un aparato administrativo improvisado, sin un coherente diseño organizacional, alejado de la visión de lo que debe ser la administración pública entendida como un conjunto orgánico o ente monolítico, el cual bajo la dirección del gobierno persiga el interés público o el de la comunidad.

Hemos supuesto que la simple democratización del sistema político, traería como consecuencia una modernización y una moralización del aparato administrativo. No existe país, comparado con México, que tenga una calidad institucional tan baja. Pocos son los cuerpos de administración pública que alcanzan niveles de desempeño razonables.

La expectativa del ciudadano medio de entrada, es que el sistema funcionará mal. Empezando por los responsables de la seguridad pública, pasando por “planeadores” de la obra pública, el crecimiento económico, el desempleo, el desarrollo social y combate a la pobreza entre otras asignaturas, por lo que la esperanza ciudadana permanece siempre a la baja.

En los estados y municipios del país se perciben las nominas infladas, la chambonearía, la improvisación, el patrimonialismo, ausencia de transparencia y rendición de cuentas, pudiéndose tomar como ejemplo casi cualquier rama de la administración pública de la federación, de cualquier estado y municipio.

La ausencia de un servicio civil de carrera, y el hecho de que el titular del poder ejecutivo en los tres niveles de gobierno designe y remueva a los funcionarios libremente, ha sido la traba para el cumplimiento de los objetivos de estado, prestación eficiente de servicios públicos, así como el manejo de conocimiento técnico y especializado, y desarrollo de la planeación gubernamental.

Donde queden delimitadas y conformadas las secretarias del despacho para desarrollar las cuatro funciones fundamentales: La función de mantenimiento de la estabilidad política y seguridad ciudadana; la función de promoción del crecimiento económico y el empleo; la función del desarrollo social y cultural y la función del control gubernamental de sus dependencias.

De ahí la necesidad de que la administración pública deberá ser realizada con secretarios del despacho que posean una amplia cuota inteligencia política, de capacidad técnica, de confianza y solidez ajenas al patrimonialismo y a la improvisación, basada en la competencia más que en la lealtad y la amistad.

En definitiva en las entidades federativas y sus municipios, donde prevalece la hegemonía de los intereses privados y los particularismos, les vendría de maravilla más rigor administrativo, transparencia y rendición de cuentas, con una mayor defensa del interés público a través de un proceso de racionalización administrativa, sin dejar de lado el ejercicio de la política.

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ASESINATO DE JOSE EDUARDO MOREIRA.

El asesinato de José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del ex gobernador de Coahuila y líder nacional del PRI, Humberto Moreira, en un paraje cerca de Ciudad Acuña, es totalmente reprobable, independientemente de la carrera política oscura de su padre, basada en el saqueo al erario público, represión y falta de transparencia, que no justifica el festejo de esa noticia en las redes sociales.

Más allá del ejerció de la libertad de expresión, de las diferencias ideológicas o partidistas, no se puede concebir el hecho de de que se festeje el homicidio de alguna persona aun en aquellos casos que lo llegasen a merecer, sin embargo después de darse a conocer la ejecución del hijo de Humberto Moreira, hubo demasiados Tweets con muestras de festejo, alegría y escarnio por el suceso.

Aquí cabria preguntar ¿Qué clase de ser humano se burla y puede alegrarse por el asesinato de un joven? Aquellos seres que padecen trastornos sicológicos. Nadie en sus cables podría alegrarse con la muerte de una persona, menos tratándose de un hijo que es la peor desgracia la cual nadie puede superar.

Moreira Rodríguez se desempeñaba como coordinador de la SEDESOL en Coahuila, trabajando de la mano con su tío el gobernador Rubén Moreira Valdez.

Su padre, Humberto Moreira Valdez ha sido uno de los personajes más polémicos de la política de nuestro país. Primero, como gobernador de Coahuila endeudó al estado por más de 32 mil millones de pesos con la ayuda de documentos falsificados y cuando terminó su sexenio, le heredo a su hermano, Rubén Moreira, la gubernatura de Coahuila.

En cuanto a la muerte de José Eduardo y de los miles de mexicanos muertos en la guerra contra la delincuencia, jamás habrá un motivo suficiente para quitarle la vida a alguien, máxime que en el caso de Moreira ni siquiera fue el directamente responsable de tan cruel, irracional y mortal represalia.

La tragedia que envuelve a la familia Moreira Rodríguez por la muerte de José Eduardo es una pérdida irreparable, difícil de recuperar la entereza. De ahí que el nuevo gobierno de Enrique peña nieto deba restaurar la autoridad política para resolver el problema de inseguridad pública y violencia delincuencial que padece el país. En memoria de José Eduardo y la de otros 70 mil muertos.

En definitiva la ejecución de Eduardo Moreira Rodríguez, más allá del censurable festejo y escarnio de su muerte en las redes sociales, es el momento de definiciones para el gobierno de Peña Nieto siendo urgente y prioritario la seguridad pública y combate a la delincuencia que sirva como punto de arranque de su gobierno.

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REFORMA LABORAL NEOLIBERAL.

El neoliberalismo económico es una doctrina basada en el ejercicio de la libre iniciativa individual de la producción y el intercambio; de la limitación de las áreas públicas, que pugna por la no intervención del Estado en la economía, la privatización de los servicios públicos y el desmantelamiento de las conquistas sociales obtenidas por los trabajadores.

Viene a cuento lo anterior por la reforma a la Ley Federal del Trabajo que aprobó la Cámara de Diputados, que a pretexto de la modernidad, productividad, competitividad y crecimiento económico, quebrantó los derechos laborales de la clase proletaria del país, que con tanto sacrificio han luchado y conquistado, como son los derechos sociales de quienes viven exclusivamente de su trabajo.

No cabe duda que el saldo de la aprobación de la reforma laboral para los obreros resultó negativa, porque sus guías laborales asustados por la amenaza de regular el funcionamiento de las dirigencias sindicales, los líderes de los sindicatos aceptaron sacrificar a los obreros y abaratar la mano de obra.

Conviene observar que esta élite de obreros aburguesados constituye la llamada aristocracia obrera que ocupa las dirigencias en la mayoría de los sindicatos que forman el núcleo activo del corporativismo de los partidos políticos, que se han convertido en un serio peligro para el movimiento obrero y son la principal base del oportunismo y del control mediatizador.

Es así que han tenido como objeto la adaptación del movimiento obrero a los interese de la clase empresarial, contrarrestando y oponiéndose a la lucha política revolucionaria del proletariado mexicano contra la esclavitud del salario.

Por tanto los perjudicados resultaran los obreros por la disminución efectiva de sus beneficios y prestaciones y un aumento en la explotación. La iniciativa laboral en los hechos benefició a los empresarios porque el ahorro con las reformas se convertirá en utilidad adicional, en detrimento de los beneficios a los trabajadores.

En consecuencia, la reforma laboral aprobada en una de las dos cámaras, su efecto no trasciende sobre la producción que será menor porque no toca el tema de la capacitación y porque introduce la incertidumbre en el trabajo; y en nada beneficiará a la productividad porque disminuye salarios y prestaciones y confirma el control político de los jefes sindicales sobre las masas trabajadoras.

He aquí que la reforma laboral calificada como estructural, porque modifica los escenarios, las condiciones y las reglas en la relación entre empresarios y trabajadores. De esta manera queda pavimentado el camino al gobierno federal entrante para concretar las otras reformas estructurales como la Fiscal y Energética

Vemos por tanto que la reforma quita prácticamente el carácter protector y tutelar de la ley laboral mexicana, que es su rasgo característico, en los hechos constituye un golpe mortal contra los trabajadores, ya tan lastimados por la crisis económica, la inflación, el desempleo y con salarios de hambre para mitigar su subsistencia y de sus familias.

De ahí que los trabajadores se encuentran golpeados en sus salarios, condiciones de trabajo y calidad de vida; y sus sindicatos como instrumentos de lucha se hallan debilitados y corporativizados.

En suma la reforma es una propuesta además llena de incongruencias, conceptos falsos, contradicciones y mentiras, impulsa la llamada “flexibilización laboral”, fomenta la inseguridad e inestabilidad en el trabajo, y legaliza la subcontratación o el denominado “outsorcing”, lesivo para los trabajadores.

Cabe también señalar que la reforma convierte a México en un depósito de mano de obra barata para beneficio de los grandes grupos empresariales, nativos y trasnacionales, y la subordinación plena de nuestro país, a los proyectos de reordenamiento económico diseñados por el consenso de Washington.

Por consiguiente retirando los candados históricos de protección mínima a los trabajadores y consolidando el control mafioso de los caciques sindicales sobre la colectividad trabajadora, se concreta y se fortalece la primera de las reformas estructurales la laboral como primer paso para alcanzar la energética y fiscal.

En definitiva la reforma laboral tiene una visión patronal al servicio de los empleadores y no de los trabajadores que en aras de desarrollar al país precariza a su fuerza de trabajo. Ya que no promueve el empleo, la mejoría del ingreso obrero, la productividad o la seguridad social, por lo que desde la perspectiva humanista la iniciativa es violatoria de los derechos humanos de los trabajadores.

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