El mundial de Brasil y las protestas sociales.

Tamaulipas Mèxico.- El mundial de futbol es el acontecimiento deportivo mediático que está por encima de cualquier otro, acapara con pasión la atención de millones de personas en todo el planeta, a pesar de que intelectuales lo desprecian o reprobando el balón pie calificándolo enajenante o estúpido.

Viene a cuento lo anterior porque el mundo entero se ha vuelto un balón con la celebración de la Copa Mundial de Futbol en Brasil 2014. Los brasileños, en su mundial, están divididos entre quienes son apasionados de este deporte y quienes han salido a la calle a protestar por los gastos excesivos en la organización o a exigir prestaciones sociales en las distintas ciudades sede.

Cabe mencionar que dictaduras militares, gobiernos autoritarios, democracias emergentes han utilizado al futbol como arma de comunicación, manipulación y dominación masiva, considerada como “políticamente correcto”. Todos por igual ven en un Mundial de Futbol el medio para alcanzar sus fines.

No obstante lo anterior, Brasil 2014 es el primer mundial de futbol donde sucede lo contrario, ciudadanos descontentos toman las calles, los espacios públicos por la vía de la manifestación o protesta para dar a conocer al mundo sus demandas, y exhibir a la clase gobernante.

Aquí surgen las preguntas obligadas: ¿Si no es en este mundial, en qué otro momento los sectores de clase media podrían reclamar eficazmente a su gobierno, “porque estás gastando los nuevos impuestos que me cobras, en obras que serán elefantes blancos, porque no combates la corrupción y los dispendios gubernamentales?

¿En qué otra circunstancia los habitantes de las favelas de Río de Janeiro y Sao Paulo podrían salir a las calles a exigir un alto al Programa de Pacificación?

De ahí que amplios sectores sociales brasileños inconformes lograron por primera vez en la historia deportiva mundial la cancelación de discursos inaugurales por parte de la presidenta brasileña Dilma Rousseff y de Joseph Blatter presidente de la FIFA. Se confirmó con ello que este es el Mundial de las Protestas.

De tal suerte que las manifestaciones brasileñas han señalado que el dinero público se ha malgastado en lugar de invertirlo en verdaderas necesidades sociales como educación, salud y vivienda.

En efecto según datos oficiales, el costo de la infraestructura fundamental ha sido de 38 mil millones de dólares, traducido en obras en las 12 ciudades sede, construcción de estadios, proyectos viales para mejorar el transporte público, inversión en movilidad urbana, aumento de líneas de Metro, gastos por concepto de seguridad, entre otros.

Por otro lado este mundial de futbol representa una prueba de fuego para la presidenta Dilma Rousseff hacia su reelección en las elecciones que se celebrarán el próximo mes de octubre, sin olvidar que todavía falta la realización de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro en 2016.

Conviene indicar que el modelo populista de Lula reventó con Rousseff, por los dos problemas graves: la corrupción y la conformación de un gobierno aliancista con ideologías diferentes que hacen imposible un programa de gobierno coherente.

Por lo tanto el fútbol no fue el distractor social que esperaba el lulismo brasileño, sino el detonador de una crisis social. Por eso tal vez Lula escogió a México como comparativo: pero cuando Lula y Rousseff aspiraban al poder no querían que Brasil fuera un poco mejor que México sino que su meta no cumplida era la de un país del primer mundo.

La declaración de Lula debe ser analizada al margen del contrapunto de México y más en el escenario del campeonato mundial de fútbol: el colapso social de Brasil le toca a Lula, a su partido y a la presidenta Dilma Rousseff. Las escenas de las protestas y la represión contra grupos sociales contrarios al fútbol reflejan la ruptura del tejido social y de la legitimidad política del gobierno brasileiro.

En otro orden de ideas cuando México y Brasil salten a la cancha para enfrentarse en los juegos de la copa mundial de futbol, veremos en acción dos selecciones nacionales de dos países con problemas muy semejantes y con los mismos desafíos frente su futuro.

En definitiva las protestas revelan la mala calidad en la educación, el alto costo de la vida, el elevado costo de la vivienda y el precio alto del transporte, por lo que el excesivo gasto de la infraestructura del Mundial, la sociedad carioca percibe como emblema de la corrupción y el despilfarro que no generará beneficios reales para los amplios sectores sociales de bajos ingresos brasileiros.

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INE. Consejeros Electorales Estatales.

Consejo General del INE

Tamaulipas México.- “Vale más tener leyes malas y jueces buenos que leyes buenas y jueces malos” frase célebre del político español Gumersindo de Azcárate y Menéndez; (1840-1917).

Viene a colación lo anterior por las facultades del árbitro del país en materia de elecciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) de nombrar y/o remover a los consejeros electorales estatales, como una forma de evitar la manipulación de los procesos comiciales por parte de los gobernadores.

Sobra decir que los gobernadores provenientes de cualquier partido político controlan prácticamente todo en su estado: el congreso y el tribunal superior de justicia, las presidencias municipales, las Comisiones estatales de derechos humanos, los Institutos de acceso a la información etc. y hasta los medios.

De ahí que la designación de los integrantes de los institutos estatales que antes correspondía a los congresos de cada entidad, ahora le fue encomendada al INE conforme a la reforma político-electoral y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Con la reforma quedan enterrados en el pasado los procedimientos simulados con cariz democrático de convocatoria abierta por parte las legislaturas estatales para la designación de consejeros electorales, cuyo único propósito era legitimar a los agraciados más afines al establishment.

Ahora bien quien aspire a ser consejero electoral estatal tendrá que pasar una prueba que incluirá, entre otras cuestiones, presentar un examen de conocimientos, escribir un ensayo y sostener una entrevista en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Por tanto estas reglas forman parte de los lineamientos para la designación de los consejeros electorales de los organismos públicos locales (OPLES) que el Consejo General del INE aprobó por unanimidad durante su reciente sesión.

Por su parte el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que los lineamientos son una "pieza central" para que el instituto pueda cumplir con sus nuevas tareas.

"Establecer reglas claras y que éstas se conozcan es la mejor manera de evitar arbitrariedades, discrecionalidad, y poder sortear, exitosamente, cualquier intento de injerencia externa al Instituto Nacional Electoral en esta delicada y crucial tarea", dijo.

De tal suerte que con esto se busca garantizar que los consejeros locales sean funcionarios imparciales, al hacer que su nombramiento dependa del árbitro electoral nacional y no de los gobernadores, ni de las fuerzas políticas locales.

En ese tenor el INE debe cumplir con la tarea de elegir a los 119 consejeros de las 17 entidades que tendrán comicios en junio de 2015 y designar a los 105 consejeros, correspondientes a las 15 entidades restantes, en las que el año entrante no habrá contiendas electorales.

De igual manera con el objeto de promover la equidad entre mujeres y hombres en los institutos locales, los integrantes del árbitro electoral acordaron elegir a no más de cuatro funcionarios de un mismo género por cada estado.

Cabe indicar que las entidades que tendrán elecciones el próximo año son Baja California Sur, Campeche, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora, donde se elegirá gobernador, diputados y alcaldes; Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Tabasco y Yucatán, donde se votará por diputados locales y alcaldes.

En definitiva la reforma electoral y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales recién aprobadas constituyen una forma de impedir que los gobernadores manipulen en los procesos electorales quienes en los hechos se convirtieron en una suerte de señores feudales. Por consiguiente vale más tener jueces electorales buenos y leyes malas y no a la inversa.

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Control federal de la seguridad pública.

Tamaulipas Mèxico.- La garantía de protección de los poderes federales a los estados se materializa a través de la intervención ejecutiva, cuando hay en la entidad federativa un trastorno interior.

Viene a cuento lo anterior por los cuestionamientos que se ha sido objeto el gobierno federal en el sentido de haber tomado el control completo de la seguridad pública en los estados de Michoacán, México y Tamaulipas con medios poco ortodoxos contrarios al Estado de derecho que protege la Constitución, al margen de los beneficios o frutos rendidos hasta ahora por dicha intervención.

Al efecto los críticos argumentan que en esas entidades se adoptaron soluciones excepcionales contrarias a la constitución cuando el estado de excepción pudo haberse decretado en Michoacán y en las otras dos entidades a través del artículo 29 constitucional que faculta al Presidente para restringir o suspender el ejercicio de los derechos y las garantías para hacer frente a la situación.

Cabe subrayar que carece de sustento jurídico el argumento anterior porque el artículo 119 constitucional establece que los poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados entre otros casos, el de sublevación o trastorno interior, siempre que le sean solicitados por las legislaturas de los estados o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida.

Aquí surge la pregunta obligada ¿Las legislaturas de Michoacán, México y Tamaulipas, solicitaron la protección del gobierno federal a través de la intervención ejecutiva? o ¿La solicitaron los Gobernadores de dichas entidades federativas cuando sus congresos no estuvieron reunidos? De la respuesta se podrá determinar si hubo o no violaciones a la Constitución.

En cuanto a la intervención ejecutiva federal ocurrieron varios casos en que se invocó su procedencia y que obran como antecedentes:

Los disturbios en Morelia Michoacán en octubre de 1966 por la muerte de un estudiante por agentes de la policía configurándose el trastorno interior previsto en el artículo 122 constitucional (actualmente 119), razones por las que la legislatura michoacana solicitó del gobierno federal su intervención, quien acordó que el ejército se hiciera cargo restableciendo el orden.

De igual forma el 16 de mayo de 1997 el congreso del estado de Sonora solicitó de los poderes de la Unión la protección del gobierno federal por disturbios ocasionados de un grupo de ciudadanos descontentos con la candidatura oficial para gobernador del estado, petición que fue acordada favorablemente por el presidente de la republica quien envío el auxilio federal descrito en el articulo 122.

Sobra decir que Michoacán, Edomex y Tamaulipas guardan diferencias entre sí de acuerdo con la problemática específica que cada uno vive, son entidades federativas que tienen en común la violencia delincuencial, están por encima de la media nacional en los delitos de alto impacto (homicidio doloso, contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas, robo de vehículos y combustible).

Por otro lado la estrategia en contra de la delincuencia organizada hasta ahora, nada muy diferente a lo que se había intentado anteriormente. Pero habrá que darle el beneficio de la duda, porque el hartazgo ciudadano en dichas entidades se ha materializado en forma de organización y habrá, seguramente, una mayor vigilancia por parte de los gobernados.

Tengamos presente que la intervención federal en Michoacán ha rendido frutos, lo que habla positivamente del compromiso presidencial. Desde la trinchera del periodismo, cabe esperar que en las otras entidades no estén equivocados, sobre todo por los habitantes, que han sufrido lo indecible con la violencia, Si resultan buenos sus pronósticos, habrá que decirlo. Si no, lo hablarán las cifras.

En definitiva los Poderes de la Unión tienen la obligación de proteger a los Estados contra toda sublevación o trastorno interior la violencia delincuencial que perturban la paz pública e interrumpen el orden constitucional, que las autoridades de las entidades con sus fuerzas, con sus recursos no han podido o no han querido restablecerlas, el artículo 119 de la constitución tiene su más cabal aplicación.

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Gobierno rico, pueblo pobre y economía estancada.

Tamaulipas Mèxico.- El conjunto de ciudadanos de un país, entidad o ciudad que no tienen lo necesario para vivir o que lo tienen con escasez; que tienen poco valor o calidad, gente común y humilde estamos en presencia de un pueblo pobre.

Viene a cuento lo anterior por el crecimiento de la recaudación del 13% de los ingresos tributarios de la SHCP, de enero-abril de 2014, como consecuencia del alza impositiva aprobada por el Congreso de la Unión a propuesta del Gobierno federal, mientras la economía en el mismo periodo no superó el 1.8% en el crecimiento económico lo que se traduce en un gobierno rico y un pueblo pobre.

De tal suerte que ahora el gobierno federal en época de escasez esta rico cuenta con más recursos y déficit para gastar más, solo que la mayor parte de ese dinero Hacienda lo tomo de los hogares.

De ahí que la reforma fiscal al elevar el impuesto sobre la renta, ha afectado a las personas de altos y medianos ingresos. Pero también la política impositiva ha lesionado de manera desproporcionada a los pobres a través de un impuesto contra la obesidad sobre los refrescos y aperitivos.

En efecto no obstante el poco tiempo de aprobada la reforma ya la mayoría de los contribuyentes o no, ha sentido el golpe en sus bolsillos; algunos más que otros. Esto no tendría nada de particular si dichos impuestos fueran usados de manera eficiente, si se tuviera mejores servicios, si hubiera mayor nivel de bienestar social de la población.

Debemos subrayar que es inconcebible que México sea uno de los países con mayor riqueza natural, con 10,143 kilómetros de costas, con bosques, selvas, minería, petróleo, biodiversidad, servicios, áreas de agricultura, pasos fronterizos, tenga a la mitad de la población sumida en la pobreza, miles de ellos en la pobreza extrema.

Conviene señalar que la gran mayoría de ciudadanos viven en la informalidad, en el desempleo y en la delincuencia, México padece una de las sociedades más desiguales del planeta, cuya tendencia es que continúe aumentando, los barones del dinero controlan el poder político y económico, mientras millones de mexicanos viven en la miseria, carecen de educación, salud, alimentación y vivienda.

Cabe recordar que el viernes 23 de mayo la Secretaria de Hacienda (SHCP) pronosticó a la baja el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año 2014 de un 3.9% pasó a un 2.7%, esto quiere decir que habrá menos empleos, menos inversión, menos oportunidades para los jóvenes, en general para todos.

Sin embargo funcionarios de la SHCP continúan presumiendo el crecimiento de los ingresos públicos como producto de elevaciones impositivas, a la vez que se ufanan del crecimiento del gasto. Sin tomar en cuenta los efectos negativos que esto genera en la economía y a la sociedad

Un importante indicio de irresponsabilidad es el recaudar más sin importar el estancamiento o recesión producida, para luego jactarse que se está salvando a la economía, actitudes que podrían llevar al país al despeñadero económico.

Empero obligadamente cabe preguntar ¿Es válido hoy en día, que México tenga un gobierno rico, un pueblo pobre y una economía estancada? ¿Es políticamente correcto hundir la economía, para tener un gobierno rico que ve el gasto público como la salvación?

Por lo tanto el aumento en los impuestos y los nuevos requisitos fiscales, como la factura electrónica y otros, han llevado a los ciudadanos a destinar una mayor cantidad de recursos económico para estos aspectos y no para la inversión.

No cabria duda que un gobierno responsable primero echaría mano de recortes en el gasto corriente, reduciría el gigantismo burocrático que existe en él, una reestructuración eficiente del número de secretarias, órganos autónomos, fundaciones etc.

En definitiva el incremento al ISR, IVA y el IEPS y otros impuestos han debilitado el potencial de crecimiento económico del país, constituyéndose en una barrera para el desarrollo y que no se han traducido en la reactivación de la economía nacional, que ha contribuido al estancamiento económico.

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