IV INFORME DE FCH

Luis Lauro Carrillo.

El presidente Felipe Calderón Hinojosa precedido en un marco aderezado por manifestaciones de protesta y marchas sociales, rindió por escrito el IV Informe de Gobierno al Congreso de la Unión, sobre el estado que guarda la administración pública federal como lo establece la constitución.

En una apertura de sesiones donde el informe del Ejecutivo pasó a segundo término, al privilegiarse diferencias internas relativas a la integración de la mesa directiva de la cámara de diputados, entre las fracciones parlamentarias del PRI y PRD, que ha puesto en riesgo la gobernabilidad de ese órgano del Congreso.

El diferendo entre priistas y perredistas ya generó la violación de la ley orgánica del Congreso, virtud del acuerdo de coordinadores parlamentarios se evitó que los partidos políticos fijaran su postura respecto al IV Informe de gobierno difiriéndola para fecha posterior aun cuando este ejercicio es una obligación legal.

¿Qué informó el presidente Calderón al Congreso y a los mexicanos más allá de cifras, datos y porcentajes de avances en obras o de gasto público, seguro popular, cambio climatico, captura de capos?

Esperemos que a con realismo y autocritica sean abordados los temas como la inseguridad, la violencia, la impunidad, el desempleo, la pobreza, la corrupción, los ninis, y la justificación de los festejos millonarios del Bicentenario y centenario cuando en la realidad no hay nada que Festejar.

Problemas graves como el de Mexicana de Aviación, evidenciaron un gobierno carente de capacidad para solucionar, una política exterior zigzagueante, por lo que se antoja difícil por no decir imposible encontrar algún rubro donde el ejecutivo federal haya tenido éxito.

En lo que si tiene razón el presidente es que el país está convulsionado por la violencia de la delincuencia organizada, donde amplias zonas de la república el orden público está roto, los mexicanos viven atemorizados donde se advierte la ausencia del estado y la ya existencia de entidades federativas fallidas.

Con el informe del Presidente del cuarto año de gobierno se podría resumir un
sexenio que pasará a la historia como el más violento, el de mayor crisis económica política y social de la historia reciente.

Calderón expreso: “Seguirá la violencia”. Si leemos con atención el discurso del ejecutivo observamos que está sustentado en conceptos:“guerra”, “lucha”, “combate”, “violencia”, “enfrentamientos”, “ejecutados”, “sicarios”, “capos” etc.

Por otro lado al presidente Calderón le cayó como anillo al dedo la captura de Édgar Valdez Villarreal La Barbie, que en los hechos le salvó el IV Informe, pues el saldo en materia de seguridad se presentaba negativo, con la creciente percepción ciudadana de que la guerra la va perdiendo el gobierno.

La detención de este personaje es un innegable triunfo oficial, que abona en favor de la causa calderonista los escasos logros.

En cuanto al balance de las acciones de gobierno estas no permiten ser positivas. La inseguridad está desbordada, el desempleo sigue en las alturas, mas pobreza y el crecimiento económico es poco o nada y además muy lento.

La calidad de la educación esta rezagada, es un país de reprobados, debido en buena medida al deficiente diseño de políticas públicas, a la falta de competitividad de docentes y arcaicos métodos de enseñanza aprendizaje.

El campo mexicano se mantiene en el olvido. Las reformas que le urgen a nuestro país se encuentran enterradas: ni la de estado, ni la fiscal, ni la política, ni la económica, ni la laboral se han cristalizado.

Lo que se anunció como uno de los grandes proyectos del sexenio la construcción de una nueva refinería en Tula Hidalgo está paralizada.

El ambiente político está enrarecido. No se percibe una Presidencia fuerte, por la baja estatura política de sus colaboradores para desempeñarse como secretarios del despacho, cuya mejor cualidad para accesar a ellos es el cuatachismo.

En definitiva México va de tropiezo en tropiezo, muy poco se ha avanzado en las prioridades del gobierno calderonista, a sabiendas de que la mayoría de éstas deben pasar por el Congreso y no dependen exclusivamente de la voluntad del Presidente pero si de su capacidad y oficio político para alcanzar acuerdos.
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