martes, 29 de octubre de 2013

Reprobado México en derechos humanos.


Consejo de Derechos Humanos Ginebra Swisa 
Tamaulipas México. - Cuando un gobierno falla en proteger la vida de los ciudadanos, cuando permite su maltrato a los mismos por parte de sus autoridades o ignorar reglas de un juicio justo, transgrede flagrantemente los derechos humanos de la población.

Los derechos humanos como su nombre lo indica, son las garantías que tiene cada mujer y cada hombre por el simple hecho de serlo y formar parte de la sociedad en que vive, que el propio Estado los reconoce como principio y está obligado a protegerlos.

Viene a cuento lo anterior porque el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) efectuada en Ginebra, Suiza, reprobó a México en el Examen Periódico Universal en materia de derechos humanos, al no cumplir con muchas de las recomendaciones emitidas, e impedir el crecimiento de graves violaciones a los derechos fundamentales sin hacer algo para evitarlas.

En ese tenor el citado organismo internacional emitió a México 188 recomendaciones que constituyen el doble de las que se le emitieron en la anterior evaluación practicada hace cuatro años.

Sobra decir que durante la evaluación, los países participantes hicieron señalamientos muy críticos al Estado mexicano en temas como violencia de género, migración, fuero militar, arraigo, desaparición forzada, derechos de los pueblos indígenas, protección a los defensores de derechos humanos y de periodistas, la persistencia en las leyes de la figura del arraigo entre otros temas.

En particular, preocupa el incremento exponencial de las violaciones de derechos humanos en el país, como consecuencia de la aplicación de políticas de seguridad basadas en la militarización de los espacios públicos. Dicha estrategia lejos de frenar la espiral de la violencia delincuencial, la ha potenciado.

Cabe señalar que de acuerdo con la ONG denominada Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, durante la presente administración federal se registran alrededor de 27 ejecuciones diarias; a lo que se agregan 25 mil desparecidos, miles de desplazados, centenares de periodistas, ambientalistas y defensores de derechos humanos perseguidos y asesinados.

Está visto que la comunidad internacional está preocupada por las graves violaciones a derechos humanos que ocurrieron en México en el sexenio pasado y las acontecidas en lo que va de este 2013, no obstante los avances como la reforma constitucional en derechos humanos, sin embargo, ello no implica olvidar la realidad que vive el país.

Estas medidas adoptadas por el gobierno de Peña Nieto son significativas pero no suficientes para hacer frente al grave deterioro de los derechos humanos, aun cuando se ha encomendado por la ONU su eliminación todavía persiste la figura del arraigo y el fuero militar, para que las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército sean investigados únicamente por tribunales civiles.

Por otro lado el desempleo, la pobreza y la marginación lejos de disminuir han aumentado. Nuestro aparato productivo no ha sido capaz de satisfacer las necesidades de la población, mientras que el campo está en el total abandono y la criminalidad crece.

De ahí que todos los indicadores están a la baja: los ingresos petroleros, la recaudación fiscal, la actividad industrial, las exportaciones y el PIB, No vemos inversión sólida en materia de infraestructura, el combate a la pobreza y el hambre no se lleva de manera integral y con firmeza.

Como podrá observarse México está en una grave crisis: violencia, desigualdad, pobreza, recesión económica, alimentaria, regresiones antidemocráticas y violaciones de derechos sociales y humanos de la población.

Un Estado democrático como el mexicano que no los respeta, según afirma Human Rights Watch (HRW) institución internacional encargadas de la vigilancia de las libertades relativas a bienes básicos necesarios para una vida digna. Los tres organismos estuvieron en México este mes y dieron a conocer su diagnóstico y recomendaciones.

En definitiva México salió reprobado del examen al que fue sometido por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no obstante los avances del Gobierno de Peña Nieto, persiste una crisis humanitaria, por las graves violaciones a las garantías fundamentales de los ciudadanos, que siguen ocurriendo y que tienden a incrementarse.
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sábado, 26 de octubre de 2013

La Normatividad municipal.


Integrantes del Ayuntamiento de Victoria
El conocimiento del ordenamiento jurídico y más específicamente de las leyes que regulan al Municipio mexicano es de capital importancia para todo servidor público que se encuentra inmerso en este orden de gobierno, pero también para el ciudadano que se interesa por conocer las atribuciones que la autoridad local puede ejercer y los derechos que le asisten para exigirlos y defenderlos.

Viene a cuento lo expresado por el ejercicio indebido de la facultad reglamentaria municipal, que realizaron por los miembros de los últimos Ayuntamientos de Victoria, así como de los demás cabildos municipales del Estado de Tamaulipas, que sin el menor recato legislaron a diestra y siniestra, transitando por las fronteras de la inconstitucionalidad.

¿Por qué afirmamos lo anterior? Se preguntara el lector. Por la aprobación anticonstitucional entre otros del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Victoria de fecha 19 de junio de 2007 y del Reglamento Municipal de Protección de Animales de Victoria de 15 de febrero de 2013.

Porque ambos ordenamientos son autónomos e independientes de la Ley de Transito del Estado y de la Ley de Protección a los Animales del Estado de Tamaulipas, respectivamente.

Porque dichos reglamentos comprenden un amplio contenido normativo en materia de transito y de protección animal, lo que en rigor se trataría de dos Leyes de facto, al no haber pasado por el proceso legislativo del Congreso del Estado.

Y porque conforme al Código Municipal los ayuntamientos solo tienen la facultad de formular reglamentos que tengan como finalidad el establecimiento de impuestos y la prestación de servicios públicos. De ahí que ese ordenamiento no prevea la reglamentación de transito y la protección animal.

Al efecto, de conformidad con el artículo 115, de la Constitución Federal, las legislaturas de los estados son las únicas que tienen facultades para legislar en todo lo relativo a los municipios, por lo que esas facultades de ninguna manera se han delegado a los ayuntamientos municipales, por qué romperían el principio de la división de poderes.

Por tanto en estricto derecho los ayuntamientos solo tienen la facultad de expedir reglamentos que tengan por objeto la ejecución de una ley y por excepción los reglamentos autónomos como los de policía y buen gobierno cuando estos no regulen ni afecten garantías individuales, limitándose a cuestiones meramente de control sin estorbar ni impedir o afectar derechos humanos de los gobernados..

En otras palabras un reglamento autónomo es aquel que no reglamenta ni afecta en forma sustancial los derechos antes señalados, sino que se limita a dar disposiciones sobre cuestiones secundarias que no los vienen a coartar, cuando el requisito impuesto es meramente de control, sin que venga a estorbar ni a impedir o afectar un derecho básico de los particulares.

En la especie los reglamentos de Tránsito para el Municipio de Victoria y el de Protección de Animales, constituyen reglamentos autónomos sin reglamentar ley alguna y como tales no pueden ni deben ser materia de afectación de los derechos constitucionales de los ciudadanos, en relación con su libertad, propiedades y posesiones, y derechos.

Más allá de tratarse de reglamentos autónomos, el ayuntamiento de victoria se excedió en el uso de la facultad reglamentaria, incurriendo en una violación indebida al principio de separación de poderes, al expedir los citados ordenamientos ejerciendo indebidamente facultades legislativas, reuniendo el poder legislativo y el municipal en uno solo, lo cual prohíbe la constitución.

En ese tenor deben tener presente los ediles del Ayuntamiento de Victoria que reglamentar solo tiene como objeto explicar y precisar la ley que previamente existe, sin alterarla ni modificarla; es decir, sin acotar ni maximizar su alcance. En consecuencia reglamentar no es legislar para ampliar atribuciones o de plano para suplantar la ley.

En definitiva el cabildo victorense presidido por Alejandro Etienne Llano, quien fuera funcionario judicial observo la constitucionalidad y legalidad, ahora tiene la oportunidad actualizar la normatividad municipal en materia de reglamentos, que para las administraciones pasadas fue más relevante el pragmatismo, que el respeto a la Constitución que tan mal conocieron y tan bien despreciaron.
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viernes, 25 de octubre de 2013

Juventud y crisis: La generación perdida.


Estudiantes excluidos de la educación superior.
Tamaulipas México - La situación desventajosa en la que se encuentra la juventud mexicana es el reflejo de las condiciones de precariedad que padece la mayoría de las familias del país. La pobreza, la educación y el empleo son entre otras las causas fundamentales que generan la falta de oportunidades para los jóvenes.

La población de México en los albores del siglo XXI en términos de potencial de crecimiento económico ha permitido al grueso de los habitantes ubicarse en edades productivas. Se trata del llamado bono democrático que no fue aprovechado para detonar el desarrollo debido al modelo económico neoliberal.

Viene a cuento lo anterior por la llegada de millones de jóvenes a la edad productiva en un escenario de lento o nulo crecimiento de la economía con pocas posibilidades de desarrollo, que conjugado con la deficiencia del sistema educativo los vuelve vulnerables, provocando la exclusión temprana de las generaciones que lleguen a la edad adulta en la segunda década del presente siglo.

Apuntado en esa dirección las previsiones demográficas del Consejo Nacional de Población para la década de 2010 a 2019, en México llegaran a cumplir 18 años, 20 millones 500 mil personas, de tal suerte que México tendrá el más grande desafío para satisfacer la demanda de salud, educación y empleo a esa población en edad de estudiar, trabajar y producir riqueza. Llamada la Generación perdida.

Tengamos presente que en la educación existe el problema de abandono temprano, debido a dificultades económicas en los hogares de los adolecentes para costearles estudios, así como la necesidad de trabajar y sobre todo la pérdida de legitimidad de la escuela como vehículo de movilidad social.

Es importante subrayar que la escuela ya no despierta expectativas para el futuro, tampoco ganas de aprender, ni sentido de pertenencia. Asociado a esto está la ineficiencia del sistema educativo que arroja un saldo de deserción anticipada que es la antesala a la vulnerabilidad de los jóvenes y de su exclusión permanente.

En ese tenor el sociólogo Gonzalo Andrés Saravi escribe: “El consumo adquiere cada vez mayor preeminencia como valor y eje de la vida individual y social e incluso como factor clave de integración -exclusión, al mismo tiempo los jóvenes en particular los más desfavorecidos perciben que la escuela no presta utilidad en este sentido”.

Por lo hasta ahora visto la educación no se ha convertido en un igualador social, ni en un espacio de cohesión.

De tal suerte que la educación superior a la que podrá llegar en el mejor de los caos uno de cada tres jóvenes y en la que tiene que costear su educación con recursos familiares, constituye un modelo de reproducción de las asimetrías en las oportunidades de la población, cuando la escuela ha perdiendo legitimidad ante los propios jóvenes.

Por otro lado el desempeño de la economía mexicana caracterizada por el bajo o nulo ritmo crecimiento y un profundo desequilibrio en el mercado de trabajo, donde la población económicamente activa (PEA) aumenta sistemáticamente a una velocidad muy superior a la creación de empleos formales.

De ahí que la escasez del empleo formal hace que la experiencia laboral de la juventud sea insatisfactoria, en vez de representar el inicio de una ruta de trabajo este se convierte en frustración continua y duradera, porque la incorporación al mercado de trabajo no contribuye a construir la identidad y la autoestima juvenil.

Pongamos como ejemplo a los jóvenes menos favorecidos, que luego de las primeras experiencias laborales comienzan a percibir la precariedad de su empleo y la escasez de posibilidades de obtener otros mejores.

Conviene señalar que el ritmo de creación de empleos de la década anterior registró un promedio de 140 mil puestos de trabajo formales al año, lo que a todas luces es insuficiente para dar cabida a miles jóvenes que continuaran llegando al mercado laboral en los próximos años.

He aquí algunos datos: de los 20 millones de personas que accederán a la edad adulta entre 2010 y 2019, del 70% uno de cada diez podrá contar en algún momento con un puesto de trabajo que cuente con toda las prestaciones legales (1.4 Millones). En la década mencionada nueve de cada 10 jóvenes engrosaran a las filas del autoempleo, la informalidad y el empleo precario o el desempleo.

No pasa inadvertido que los Jóvenes poseen deseos de consumo, por tanto la escuela y el trabajo están compitiendo con otras alternativas de ingreso como son las actividades delictivas y violentas de la delincuencia organizada, circunstancias que evidencian la crisis económica, de seguridad y de institucionalidad incapaz de interpretar y satisfacer las demandas del sector juvenil.

Sobra decir que no hay mejor política de seguridad pública, ni estrategia anticrimen que la inclusión social de los jóvenes que hoy habitan las calles. En esta materia no hay razón para recortar el gasto hay que ampliarlo para ellos.

En definitiva mientras México no crezca y genere oportunidades de educación y ocupación formal creciente y sostenida, nuestros contingentes juveniles seguirán siendo un amplio ejercito delincuencial activo y de reserva y con ellos el resto de la sociedad.
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martes, 22 de octubre de 2013

CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBA REFORMA FISCAL


Pleno de la Camara de diputados aprobando reforma fiscal.
Tamaulipas México - No existe medida más impopular que el pago de más impuestos en estos tiempos de recesión económica, aunque esto pudiera significar que el Estado cuente con suficientes recursos para mejorar en teoría la infraestructura, la competitividad o la redistribución del ingreso.

¿A qué viene todo lo anterior se preguntará el lector?

Viene a cuento por la aprobación de la llamada Reforma Hacendaria por parte de la Cámara de Diputados que no es otra cosa que una modesta Miscelánea Fiscal, que no dejó contentos ni a tirios ni a troyanos, es decir a millones de contribuyentes cautivos de este sistema recaudatorio que poco o nada regresa como contraprestación a quienes pagan impuestos.

Al efecto los Diputados reformaron diversas disposiciones a la Ley del IVA, IEPS, ISR. Se elimina el IVA al arrendamiento de casa habitación A los intereses por créditos hipotecarios para la adquisición, reparación o construcción de casa habitación. La enajenación de inmuebles destinados a casa habitación.

Así como a la prestación de servicios educativos (colegiaturas) y los espectáculos públicos. Se mantiene la exención al transporte público terrestre en áreas urbanas. Se elimina la tasa 0% en la enajenación de oro, como piezas de joyería en general y lingotes.

Ahora se gravará con el IVA la venta del chicle, alimento para mascotas y a las mismas mascotas, con la tasa general. Homologacion de la tasa general del IVA de 16% para la zona fronteriza y gravamen a los bienes internados bajo regímenes aduaneros de importación temporal.

En el Impuesto sobre la Renta (ISR) Tributarán a una tasa de 31% las personas físicas con ingresos mayores de 500 mil pesos. Tasa de 32% a los ingresos superiores a 750 mil pesos. Tasa de 34% a los que obtengan ingresos por encima de un millón de pesos anuales.

Establece también Una Tasa máxima de 35% a los que perciban ingresos superiores a 3 millones de pesos. Gravamen de 10% a las ganancias generadas en la Bolsa Mexicana de Valores.

En lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) con Tasa del 5% entre otros a la enajenación e importación de alimentos no básicos con alta densidad calórica. (Dulces, gelatinas, chocolates, flanes y púdines cremas de cacahuete o avellana, dulces de leche, alimentos preparados a base de leche, los helados, nieves y paletas de hielo)

Un peso por cada litro a las bebidas saborizadas, los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que contengan cualquier tipo de azúcares añadidos.

Por otro lado la aprobación de Ley de Ingresos por los diputados se realizó acorde al viejo guión de las negociaciones tradicionales de siempre entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Regresando a la reforma hacendaria el merito para descarrilar parcialmente la misma deviene de la negativa de la los contribuyentes a pagar más impuestos, de la ineficiencia y desacreditamiento del estado como administrador, al no regresar a la sociedad bienestar traducido en bienes y servicios, que el Estado está obligado a proporcionar.

Cabe mencionar que también se atendió el viejo juego de las estimaciones en el precio del petróleo, al calcular un poco menos para que al final sea la tabla salvadora de los legisladores; llevan años haciéndolo que le han atinado al precio, incluso con excedentes. Así será hasta que cambie la suerte o baje el precio.

Por tanto la reforma fiscal fracasó, dejando la puerta abierta a la salida peligrosa de la matemática fácil de las variables más volátiles y a la deuda. La novedad para el próximo año es que el gasto se va a completar con una importantísima cantidad de deuda, como no se veía en mucho tiempo.

Esta visto y explicado que aparentemente esto no es el regreso a los viejos tiempos del PRI, cuando el desorden en el endeudamiento generó las peores crisis de este país. La promesa oficial es que se trata de una medida extraordinaria que tendrá que pagarse de alguna manera a partir del 2015.

Luego entonces los diputados, que no parecen dispuestos a sacrificar un centavo del gasto, habrán de recurrir a más deuda o a un cálculo mayor de las variables ya quebrantadas en lo aprobado.

En cuanto al seguro del desempleo y el uso de la subcuenta de vivienda como fuente de financiamiento, los diputados para evitar el bloqueo de la reforma fiscal proponen que dicha figura se incluya en la constitución y dejar a la ley secundaria definir una alternativa para fondearlo.

Tengamos presente que la minuta de la reforma fiscal ya se encuentra en el Senado y seguramente en esta instancia legislativa los panistas volverán a hacer lo que ya hicieron el pasado como oposición, al rechazar una reforma energética, a pesar de ser parte de su naturaleza política.

En ese espacio legislativo el panismo buscara echar abajo la homologaciòn del IVA fronterizo y su aplicación en importaciones temporales y transporte foráneo, así como la imposición del ISR al sector agropecuario y el financiamiento al seguro del desempleo con la subcuenta de vivienda de los trabajadores.

En definitiva la reforma fiscal volvió a fracasar, el paquete económico se recarga en los ingresos petroleros, quedando pendiente hacer los cambios de fondo, otra vez los partidos políticos deciden poner sus intereses sobre el resto de a ciudadanía, el gasto no es el que carga los sacrificios de la impericia fiscal, es la deuda pública la que aumenta para cumplir las metas del gobierno.
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viernes, 18 de octubre de 2013

Las cuotas electorales de género.

INICIATIVA DE EQUIDAD DE GENERO EN LA POLITICA
Tamaulipas México - La política de reconocimiento a los sectores sociales históricamente excluidos como algunos grupos étnicos, las mujeres, homosexuales, los enfermos de sida y preferencias raciales, tiene como propósito reducir o eliminar las prácticas discriminatorias de que han sido objeto a través de la acción afirmativa o positiva.

¿A qué viene lo anterior? se preguntará el lector. Viene a cuento por acción afirmativa contenida en la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto enviada al Senado para reformar del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para obligar a los partidos políticos a garantizar la postulación del 50 por ciento de las candidaturas sean entregadas a mujeres.

Está visto que la discriminación de las mujeres es la más antigua y persistente en el tiempo, la más extendida en el espacio, la que más formas ha revestido desde la simple y brutal violencia, hasta los más sutiles comportamientos falsamente protectores y la primaria por genero, porque siempre se añade a todas las demás.

Tengamos presente que el objetivo de la acción afirmativa es mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, y compensarlos por los prejuicios o la discriminación de la que han sido víctimas en el pasado. Se debe privilegiar a quien ha estado más discriminado.

Cabe decir que el principio de las discriminaciones compensadas está basado no solo en la importancia de las diferencias, sino en aquellas que se evidencian públicamente mediante movilizaciones para favorecer intereses económicos o electorales.

En ese contexto las cuotas electorales de género no se construyen porque se piense que las mujeres tienen menos méritos, sino porque las relaciones de poder realmente existentes en nuestras sociedades les impiden aplicar esos méritos en las instituciones de representación política.

Al efecto el proyecto del ejecutivo federal establece la cuota obligatoria tanto para candidaturas plurinominales, como de mayoría relativa, y aún cuando los aspirantes sean producto de un proceso democrático de elección interna en los partidos. Instituyéndose además la obligación de que la fórmula completa, propietario y suplente, sea ocupada por candidatos de un mismo género.

De ahí que la propuesta de que el 50% de las candidaturas a cargos de representación popular constituye una forma para asegurar un incremento sustancial de la participación de las mujeres en la política, constituyendo otro paso significativo muy importante y valioso al que debemos apoyar.

Conviene resaltar que México está lejos de contar con una presencia masiva de mujeres en la política. En el Senado hay 44 senadoras de 128 y 187 diputadas de 500, lo que representa el 34% y el 37.4% de sus integrantes respectivamente.

Huelga decir que en muchos congresos locales la situación es todavía peor. Por eso se necesitan fuertes cuotas electorales, que permitan a las mujeres romper el famoso tabú, que en un país machista y profundamente conservador como México les impide desarrollarse completamente en el ámbito político.

Sobra decir, que viendo el nefasto desempeño que han tenido los varones al frente de instituciones públicas, cierto y lógico es suponer que con la presencia de mujeres se obtendría una mejoría. No hay lugar para el empeoramiento, luego de todo lo que hemos visto en los años recientes. Ellas podrán hacerlo, mucho mejor.

Por tanto con las cuotas se pretende compensar lo que estadísticamente se conoce como probabilidad objetiva, misma que pesa en contra de las mujeres y de acuerdo con la cual la posibilidad real que tienen las féminas de acceder a los cargos representativos es mínima en comparación con la de los hombres.

Por otro lado el Congreso de la Unión en la modificación del COFIPE debería redactar la cláusula de temporalidad basada en informes sobre la persistencia de bajos porcentajes de candidatas en las listas electorales, que podría rendir el IFE al poder legislativo para limitar las futuras decisiones. ¿Qué pasaría con esa ley si en unos años decide el Congreso de la Unión derogarla?

En el mismo orden de ideas la constitución política mexicana y leyes secundarias en materia discriminación tienen por objeto prevenir y eliminar todas las formas discriminatorias que se ejerzan contra cualquier persona o grupo étnico, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

No pasa inadvertido que la acción afirmativa en México ha beneficiado preferencialmente a las mujeres con el COFIPE que hoy se reforma y la Ley de Cuotas introducida en la legislación federal y estatal, para una mayor participación de las mujeres en los cargos de mayor jerarquía en las entidades y órganos de la administración pública, así como en los partidos y movimientos políticos.

En definitiva la acción afirmativa del presidente Peña Nieto a favor de las mujeres es positiva pero discriminatoria en relación con otros grupos no favorecidos, a pesar de tener los mismos derechos de acceder a recursos y servicios, agravando la situación de segregación contra estas personas no favorecidas, generando sentimientos de inconformidad hacia los beneficiados objeto de estos privilegios.
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martes, 15 de octubre de 2013

Avanzando al pasado.


Tamaulipas México - La transición democrática, improvisada, trunca y la obsesión neoliberal, quitaron poder a la Presidencia de la república mexicana, para distribuirlo entre el Congreso, la Suprema Corte y los medios de comunicación como poderes facticos.

Viene a cuento lo anterior por el regresó del PRI al poder, con condiciones para otra prolongada hegemonía. Los cambios en la ley de Amparo, la ley de Transparencia, Telecomunicaciones, Educativa, iniciativa de reforma para el combate a la corrupción; iniciativa de la Ley de Coordinación Fiscal.

Así también la propuesta de creación del Instituto Nacional de Elecciones en sustitución del IFE y los 32 órganos correspondientes en las entidades federativas. Igual suerte correrán tribunal electoral del poder judicial de la Federación y los tribunales estatales electorales, la propuesta para instituir Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo y código penal único.

De ahí que las reformas a la constitución, los cambios en las leyes mencionadas y la concentración de poder que ellas implican, con atribuciones específicas de aplicación nacional sin considerar a las estructuras y organismos estatales y municipales, así como los programas asistencialistas constituyen indicadores de un regreso al pasado.

En esas condiciones el presidente Peña se perfiló como el nuevo “jefe de las instituciones”: con una izquierda fraccionada y cooptada; la derecha panista corrompida y desprestigiada; los medios dados a la propaganda; la intelectualidad, el clero y el empresariado, convenencieros, y una sociedad desarticulada, entre indolente y expectante.

Cabe señalar que en el antiguo régimen existía una estrecha relación de los hombres del poder con el corporativismo sindical y empresarial, la correlación de fuerzas daba la preeminencia al “jefe de estado” sobre el sindicalismo y el empresariado.

Tengamos presente que Peña Nieto ha logrado, volver a colocarse como jefe de los sindicatos, que hoy difícilmente van a decir o hacer algo que pueda molestar a quien los puede poner en la cárcel, y como jefe de los empresarios, que han aceptado pagar algunos costos no sin ciertos jaloneos por la reforma hacendaria a cambio de seguir teniendo grandes espacios para los negocios.

Por tanto, horizontalmente no es factible una regresión a nivel nacional difícilmente puede volverse al pasado autoritario. Verticalmente sí es viable, veintiún gobernadores del país son del PRI y tendrán más temprano que tarde que escriturar sus feudos al presidente.

Basta recordar que los gobernadores estatales fueron los ganones del final del presidencialismo autoritario, mismo que reprodujeron en sus reinos, el poder ilimitado con todas las facultades constitucionales y metaconstitucionales y que el futuro político de los que son de extracción priísta dependerá otra vez del primer mandatario.

Por otro lado las cúpulas del PAN y PRD fueron presuntamente cooptadas por Peña Nieto a través del Pacto por México que ahora agoniza, les ha pretendido arrebatar algunas de sus banderas electorales y las ha confrontado con sus propios grupos internos, neutralizándolas para tomar iniciativas decisivas contra el poder presidencial y hasta el de los gobernadores priistas.

Huelga decir que el gobierno peñista en las cámaras no tiene contrapesos. Beltrones controla la Cámara de Diputados, y Emilio Gamboa, tiene mucho margen de maniobra en el Senado. En esas cámaras, la única oposición que hay es precisamente la facción lopezobradorista en Diputados, y la calderonista en el Senado. Aun cuando la reforma hacendaria peñista no paso en los términos propuestos.

En definitiva, nadie puede negar que en términos pragmáticos el presidente Enrique Peña Nieto pese a sus errores y rechazo a sus reformas, está en vías de consolidar el regreso del viejo régimen al poder, asumiendo la recuperación y su posición de árbitro de las corporaciones que dejó de tener en 1997.
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sábado, 12 de octubre de 2013

Reforma hacendaria que terminará en miscelánea fiscal



Tamaulipas México.- No existe medida más popular que evitar el pago de más impuestos en estos tiempos de recesión económica, aunque esto pudiera significar que el Estado no cuente con suficientes recursos para mejorar la infraestructura, para promover la competitividad o que dificulte la redistribución del ingreso.

¿A qué viene todo lo anterior se preguntará el lector? Viene a cuento por la discusión en el congreso de la Unión de la iniciativa de reforma fiscal, la cual mediante presiones de actores económicos y políticos se hicieron ajustes al dictamen para quedar fuera el IVA a medicinas y alimentos, hipotecas, rentas colegiaturas, servicios educativos y la homologación del 11 al 16% del IVA.

Cabe decir que el merito de descarrilar parcialmente una reforma fiscal deviene de la negativa de la los contribuyentes a pagar más impuestos y de la ineficiencia y desacreditamiento del estado como administrador.

Así pues, si el gobierno tuviera excelentes servicios públicos y evidencias irrefutables de que las políticas sociales son eficientes para avanzar en la equidad social en el país, seguramente algunos sectores de la sociedad estarían más dispuestos a contribuir, a pesar que nadie le gustaría pagar más impuestos de lo que paga ahora.

Por otro lado hay quienes afirman que lo gravámenes que quedaron excluidos de la reforma fueron meros señuelos o distractores de la atención de la sociedad del resto de contribuciones y cargas al contribuyente con la citada reforma que quieren aprobar con propósitos meramente recaudatorios.

De tal suerte que los grandes contribuyentes empresa trasnacionales y nacionales tienen dientes, y se podrán defender. En cambio, la clase media, el contribuyente cautivo, el empresario pequeño o mediano, el agricultor, el ganadero etc. son las verdaderas víctimas.

Por tanto los que pagan impuestos son todos aquellos mexicanos que trabajan legalmente, menos los políticos, ya sean estos de derecha, de izquierda o de centro.

Tengamos presente que con los ajustes al IVA es un grave error eliminar el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) y el impuesto a los depósitos en efectivo (IDE), que son los más productivos y con bajos o nulos costos de operación.

Por otra parte el sector agropecuario el más golpeados por las crisis económicas, descapitalizado, impactado por fenómenos climatológicos, enfermedades y plagas, asistencia técnica, retiro gradual de apoyos, insumos por las nubes, ahora le quitan las ventajas fiscales cuyos afectados serán los pequeños y medianos productores esperan que el Congreso de la Unión modifique la iniciativa.

Aquí surge la pregunta obligada ¿Por qué la iniciativa no enfocó sus baterías para aumentar la base gravable de los contribuyentes y no buscar que las personas que cumplen paguen más de lo correspondiente?

Está visto que los gobiernos federal y estatal carecen de legitimidad para pedir más dinero si antes no demuestran su eficacia e integridad para gastar bien. El gobierno ha prometido que los ingresos de la reforma hacendaria serán para el seguro de desempleo y la llamada pensión universal

Como podrá verse la experiencia pone en duda la capacidad de dirección y administración de los gobiernos para diseñar y ejecutar con eficacia programas de desarrollo social. Después de más de dos décadas de gastos históricos en materia social la cifra de pobreza sigue aumentando en forma exponencial.

Conviene hacer notar que si una reforma fiscal implica el sacrificio de algunos segmentos de la población, es muy importante que la sociedad perciba un sacrificio también de sus gobernantes.

Pongamos como ejemplo, reducir el gasto corriente, acotar el financiamiento de los partidos políticos, contener y transparentar las subvenciones a los grupos parlamentarios de todos los congresos del país, eliminar la publicidad gubernamental y sólo mantener los de campañas de interés público.

Cierto que no se ha determinado cuál va a ser la pérdida recaudatoria que va a presentarse como producto de los ajustes que van a realizarse, sin embargo contará con los ingresos petroleros cuya reducción va realizarse en forma gradual a partir de 2015

De ahí que la receta del Gobierno para evitar la recesión -o para impedir que ésta empeore va a aumentar el déficit de presupuestal. Hacienda dice que lo llevará a 1.5 por ciento del PIB para 2014, pero a costa de un aumento bestial de la deuda pública.

En definitiva la reforma hacendaria de Peña Nieto, aun cuando tiene un cariz social, pretende avanzar en la formalización de la economía, al final terminara en una miscelánea fiscal, quedando en duda su viabilidad, particularmente en la financiación de programas sociales en un país con recesión económica, además estar lejos de resolver la baja recaudación en México.
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jueves, 10 de octubre de 2013

Tránsfugas parlamentarios.


Tamaulipas México.- El nomadismo político, la fragmentación partidista, ideológica y política por razones de deslealtad o conveniencia, es uno de los problemas que ha generado la democracia representativa. De ahí que el juego de las traiciones y simulaciones es consustancial a la hora de hacer política.

Viene a cuento lo anterior por la renuncia de los diputados locales Olga Patricia Sosa Ruíz y Juan Diego Guajardo Anzaldua, al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para incorporarse como miembros del grupo parlamentario del PRI, sumando con esto un total de 19 legisladores tricolores constituyendo la mayoría absoluta en el Congreso del Estado.

Para ello, Sosa Ruíz y Guajardo Maldonado fueron postulados por el PVEM, quienes ganaron las diputaciones de mayoría relativa, la primera por el distrito XXII de Tampico Sur; mientras que el segundo el distrito VIII con cabecera en Río Bravo respectivamente. Cabe señalar que la Diputada Sosa originalmente milito en el PRI y Guajardo Anzaldua en el PAN.

Pero vayamos por partes ¿Qué debemos entender por transfuguismo? En sentido gramatical son aquellas personas que huyen de una parte a otra; esto es, el transfuguismo político en sentido amplio será aquellos que pasan de un partido a otro, independientemente de las causas, el móvil y las circunstancias.

En otras palabras el transfuguismo parlamentario es la forma de hacer política de aquellos representantes que, traicionando a sus compañeros de partido, pactan con otras fuerzas políticas para cambiar o mantener la mayoría en los parlamentos. Es una práctica donde la deslealtad, la traición y la disidencia partidista se han convertido en una actividad de rentabilidad política y económica.

No cabe duda que la finalidad de los tránsfugas parlamentarios no es ir por el cargo de elección popular, porque ya lo tienen, sino por un espacio legislativo de amplias expectativas y diferente al que los llevó a la representación política.

Dicho de otro modo, Ir por otro partido cuando el suyo no le garantiza poder, ventajas y acenso político, sea porque se le considere un demócrata ejemplar o un oportunista inmoral, o las dos cosas al mismo tiempo, su comportamiento no es ilegal, pero está tomando carta de naturalización como práctica común del juego político mexicano.

Por consiguiente el transfuguismo plantea un debate desde la filosofía política: si es aceptable o no permitir las traiciones en el marco de la libertad política ¿Es válido imponer reglas de derecho que limiten la libertad de los transfuguistas? ¿Es razonable o no prohibir el derecho a la participación política por la movilidad partidista?

A juicio nuestro juicio la respuesta es no, porque prohibir la libertad de postularse por otro partido que no es el suyo o cambiar ya electo de fuerza política diferente al que pertenece, sería anticonstitucional porque violaría la garantía de la posibilidad de ser votado y por otro lado se violentaría el derecho a la titularidad del cargo elegido, que no corresponde al partido, justificándose el transfuguismo.

Sin embargo en los hechos la traición, la indisciplina o el disentir partidista comienzan son recompensados, lo cual viene a desquebrajar la unidad partidista, debilitar su ideología, desplazar indebidamente a militantes y, por ello, defraudar a la base electoral de un partido.

Por tanto, el tránsfuga, se guía por su pragmatismo y convicción de la defensa de sus derechos individuales, manteniendo intactos sus valores “democráticos”, con lo cual el romper con quienes le proporcionaron los medios para su elección, puede ser una conducta lícita pero moral y políticamente incorrecta.

Por otra parte con la tránsfuga de los legisladores Sosa Ruíz y Guajardo Maldonado a la bancada del PRI en el Congreso del Estado también permitió que la Junta de Coordinación Política recayera en Ramiro Ramos Salinas todo el trienio en su calidad de coordinador parlamentario del PRI, esto por tener la mayoría absoluta los integrantes de la actual legislatura.

En definitiva la tránsfuga de Olga Patricia Sosa y Juan Diego Guajardo del PVE al PRI, si bien se hizo en el marco de la libertad política, también lo es que su comportamiento está asociado con los aspectos más negativos de la naturaleza humana como son la traición, deslealtad, codicia, oportunismo, avaricia, doblez e inmoralidad política, que fueron los medios para romper con sus partidos.
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martes, 8 de octubre de 2013

México hacia un estado unitario.




Tamaulipas México.-El Estado federal se forma con la existencia de un territorio, una población, un gobierno y un régimen jurídico que determina una federación, titular de la soberanía, en donde cada una de las partes mantiene cierta autonomía en tanto que constitucionalmente limita el poder del gobierno central.

El federalismo en México ha sido una idea, un debate público, un proyecto político, un motivo de guerras internas y, actualmente, una forma inacabada de organización del Estado, que actualmente los actores políticos abiertamente promueven el regreso al estado unitario.

Viene a cuento todo lo anterior, porque gobierno, partidos políticos y legisladores impulsan la reconstrucción de un estado centralista, aunque constitucionalmente México es una federación, pero su estructura y funcionamiento es la de un Estado unitario.

Al efecto el artículo 40 constitucional establece: “es voluntad del pueblo mexicano constituirse República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

Por tanto en los regímenes liberales comprendidos de 1867 a 1911 y post revolucionario de 1920 a 2000, se caracterizaron por el centralismo político que prevaleció en el país, convirtiéndose en factor contrario al federalismo.

En ese tenor la centralización del poder político y de los recursos gubernamentales alcanzó un nivel excepcional de concentración en el Ejecutivo Federal. Tras el fin del régimen priísta en el 2000, el control político del centro sobre los estados se debilitó, consolidándose los gobernadores como los nuevos monarcas sexenales del viejo régimen mexicano.

De tal suerte que el federalismo actual constituye un drama. Si los elementos definitorios de un Estado son la seguridad y el cobro de impuestos, entonces las entidades soberanas no existen. Porque ni recaudan, ni garantizan seguridad.

Así pues, durante los 12 años de alternancia en el Ejecutivo federal, los gobiernos estatales ganaron en márgenes de maniobra y duplicaron su participación en el gasto público como unos de los principales beneficiarios de la bonanza petrolera, aunque en los últimos años empezó a declinar la producción.

Sobra decir que los gobiernos estatales sin el contrapeso de los Congresos locales Es muy difícil para un diputado local enfrentar a un gobernador.

Tengamos presente que para limitar a los gobernadores, y hacer viable el federalismo, es necesario apoyar a los Congresos locales para que puedan jugar el papel de contrapeso, esto puede lograrse otorgándole facultades al Senado de la República para remover o destituir a los gobernadores.

Está visto que el federalismo mexicano es muy frágil por la dependencia de los gobiernos locales a las participaciones federales, ya que únicamente recaudan directamente la quinta parte de los ingresos que reciben. Sus atribuciones y facultades se obtienen más por exclusión, por aquello de que lo que no está expresamente señalado para la federación se entiende reservado a los estados.

Ahora bien en el tema del centralismo este se concreta en el arreglo institucional por la vía de la legalización.

De ahí que las iniciativas de reformas en materia de transparencia y combate a la corrupción les dan a las instancias federales atribuciones específicas de aplicación nacional sin considerar a las estructuras y organismos estatales y municipales, con lo cual se vulneran sus autonomías de esas entidades públicas.

De igual manera en la iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, el gobierno nacional propone transformar el actual Fondo de Aportaciones para la Educación Básica en Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo.

En los hechos y jurídicamente se da marcha atrás a la descentralización educativa, quitándole a los gobernadores el control de los pagos al magisterio y por consiguiente de un plumazo se termina con la doble negociación salarial, que trajo beneficios a los profesores, quienes con ese modelo triplicaban salarios y prestaciones.

En ese contexto, las dirigencias y legislaturas del PAN y del PRD proponen la creación del Instituto Nacional de Elecciones en sustitución del Instituto Federal Electoral y los 32 órganos correspondientes en las entidades federativas. Igual suerte correrán las autoridades jurisdiccionales electorales en los estados, cuyas funciones las cumpliría el tribunal electoral del poder judicial de la Federación.

De idéntico modo acontece con la propuesta de código penal y procesal penal único para toda la república.

En definitiva para la viabilidad del federalismo en México es necesaria la construcción de las nuevas instituciones y de los nuevos instrumentos para el acuerdo intergubernamental nacional, o en su caso desaparecerlo usando organismos federales o nacionales y homologando las leyes para hacerlas cumplir.
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viernes, 4 de octubre de 2013

La visita de Peña Nieto.




Enrique Peña Nieto presidente de Mexico 
Tamaulipas México.- La desarticulación entre las demandas sociales y las acciones gubernamentales para enfrentar y solucionar problemas políticos económicos y sociales de un país, aunado a la toma de malas decisiones conducen a la inoperancia gubernamental.

Viene a cuento lo anterior por la breve visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Tamaulipas se reunió en el Polyforum Victoria con productores agrícolas y ganaderos, La misma no cumplió las expectativas de los hombres del campo tamaulipeco, que anhelaban anuncios espectaculares de mayores apoyos y subsidios al equipamiento e infraestructura, desarrollo de capacidades, energía, al ingreso rural y a la comercialización.

Sobra decir que el recinto fue aderezado y atiborrado por elementos de seguridad adentro y afuera, desde militares, marinos, federales, estatales y los elementos del Estado Mayor Presidencial, quienes establecieron varios filtros antes de ingresar, incluido los detectores de metales.

Cabe indicar que en la reunión, intervinieron el gobernador Egidio Torre Cantú; el vicepresidente del Consejo Nacional Agropecuario, Rogelio García Moreno; el presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, Homero García de la Llata; el secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez y finalmente el presidente Peña Nieto.

De tal modo que lo único destaca ble de Rogelio García Moreno fue el solicitar tenuemente al presidente de la república su comprensión para el sector agropecuario en la reforma hacendaria, en tanto Homero García de la Llata se deshizo en ditirambos y cebollazos para el presidente, gobernador y secretario y no dio los verdaderos problemas de los productores pecuarios.

En cambio para Enrique Martínez y Martínez México no enfrenta peligro de desabasto alimentario, ni está en riesgo la producción del país, o sea que el mensaje fue que todo en el campo está bien y que los campesinos y productores son los que están mal. Luego entonces no se justifican las quejas de los productores.

Tambien declaró que “México acaba de vivir la peor sequía de la historia, el efecto de heladas atípicas devastadoras y recientemente el impacto de dos fenómenos meteorológicos, Ingrid y Manuel; pese a ello, el campo está de pie”.

En su intervención el Presidente Peña Nieto acusó recibo al vicepresidente del Consejo Agropecuario al expresar que existen resistencias contra las reformas estructurales que él empuja en el Congreso de la Unión para darle a México el crecimiento y el desarrollo que merece pero que se le ha negado por egoísmos.

Tengamos presente que Peña Nieto en su mensaje defendió y justificó el paquete de reformas librecambistas, al manifestar que países más pobres que el nuestro, han salido adelante mediante la modernización de sus instituciones al grado de que tienen ahora ingresos percápita más altos que México.

En otra parte de su discurso el mandatario presidencial instruyo a Enrique Martínez para acelerar el proceso, para combatir los trámites burocráticos para que realmente las personas afectadas y los cultivos que fueron dañados, reciban la indemnización correspondiente.

Así mismo el presidente le dio la instrucción para que los productores tengan desde ahora y de manera anticipada cobertura a los precios en este seguro de cobertura que la Sagarpa tiene y que se han abierto ya ventanillas en todas las entidades del país para que puedan los agricultores realmente cubrir o adquirir estos seguros de cobertura a los precios futuros que tendrán sus cosechas.

Vemos por tanto que en lo político, Peña Nieto se fue muy contento con el apapacho, los besos de sus fans, las porras y las fotos tomadas con la gente con cámaras y el celulares. Tardó más de 20 minutos en llegar al presídium porque se estaba tomando fotos con la gente y hasta prometió regresar muy pronto, todo parece indicar que el presidente levantó el supuesto o real castigo a Tamaulipas.

Por otra parte parece que para la tecnocracia gobernante, la estrategia de desarrollo rural es continuar con el desmantelamiento del ejido y el minifundio particular mediante la privatización, para expulsar a los productores “ineficientes” dejando su lugar a la economía a escala con formación de unidades agropecuarias de grandes extensiones y con grandes inversiones de capital.

Si falla la estrategia anterior se activa la segunda consistente en que el mercado determine las condiciones de sobrevivencia de las unidades agropecuarias.

Por otro lado en la Unión Europea subsidian su producción agropecuaria por razones de seguridad estratégica y los estadounidenses lo hacen como instrumento de manipulación comercial. En México la tendencia es la eliminación generalizada de los subsidios, así como la supresión gradual de programas.

En definitiva la reunión del presidente Peña Nieto con productores agrícolas y ganaderos se convirtió en una reunión de evaluación de los daños de Ingrid y Manuel, fue un éxito político para el gobierno de Tamaulipas y un fracaso y frustración para el sector agropecuario tamaulipeco al no cumplir las expectativas que esperaban los productores respecto al incremento de los apoyos y subsidios a la producción.
lucarrso@hotmail.com
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martes, 1 de octubre de 2013

La Nueva Secretaria General de Gobierno.


Ernesto Solis Gomez presidente de la junta de Coordinación
Política del Congreso del Estado
Tamaulipas Mexico.- Las reformas de la administración pública no deberían quedar en esfuerzos aislados de los Congresos locales, sino integrarse a la orientación estratégica de un gobierno. En otras palabras, deben encontrarse en los principios generales y objetivos de la buena gobernanza.


Dichas reformas deben prever las necesidades y los cambios a futuro, de tal suerte que esté preparada para enfrentar los retos del mañana, en lugar de tener que reaccionar repentinamente ante las demandas abrumadoras o a decisiones políticas improvisadas del propio aparato gubernamental.



Viene a cuento lo anterior por la reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado (LOAPET), para que la Secretaría General de Gobierno reasuma algunas de las facultades y funciones, que fueron quitadas con las reformas publicadas Periódico Oficial del Estado con fecha 30 de agosto de 2012 que crearon la “supersecretaria” del Trabajo y Asuntos Jurídicos.



Al efecto la flamante reforma aprobada por el Congreso del Estado de Tamaulipas estableció como propósito que la nueva Secretaría General de Gobierno reasuma las siguientes funciones jurídicas:



“La participación en Ia propuesta y elaboración de iniciativas de ley o de normatividad del Ejecutivo; intervención en la elaboración y revisión de convenios y acuerdos del Ejecutivo con los sectores público, social y privado; atención de los asuntos contenciosos que impliquen el señalamiento directo del Ejecutivo Estatal como autoridad responsable o como demandante o demandado.



La coordinación de Ia Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno del Estado, como espacio para armonizar y homologar criterios jurídicos aplicables a Ia generalidad de Ia administración estatal; Incorpora el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a Ia Secretaría General de Gobierno,



Incorpora como facultad la coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública”.



Cabe señalar que la Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos, con la reforma conserva la atención de los servicios jurídicos de carácter público mediante la coordinación del Instituto Registral y Catastral del Estado, la atención normativa de la función de mediación, los servicios notariales y el otorgamiento de permisos y legalizaciones que corresponden al Ejecutivo.



En esas condiciones quedó evidente el desconocimiento de los diputados de del Congreso del Estado de Tamaulipas de la planeación legislativa, de la incapacidad para distinguir el ámbito sectorial gubernamental en sus aspectos de bienestar social, político y económico, circunstancia que dio como resultado un Frankestein administrativo como o es la “supersecretaria” del Trabajo y Asuntos Jurídicos.



En otro tenor los diputados son considerados lo peor de la clase política, según todas las encuestas de percepción ciudadana. Es una imagen que arrastran desde hace años y en el caso particular de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas cuyas funciones concluyeron el dia de ayer, no fue la excepción.



Sobra decir que la LXI legislatura pasada aprobó cuanta cuenta pública lee pusieron enfrente, designación manipulada de Consejeros del IETAM, ninguna reforma política de trascendencia, baja productividad legislativa, poco nada de gestiones a la comunidad, de las cuales en su mayoría frecuentemente se apartaron.



Por otro lado el costo-beneficio de todos los legisladores del Congreso local, reflejó una carencia de resultados legislativos, a pesar de los millones de pesos invertidos en el sistema legislativo, las cientos de horas-diputados empleadas para “legislar”, no se logro la eficacia parlamentaria. Resultó carísima cada iniciativa de ley aprobada, cada cuenta pública aprobada, decreto emitido y punto de acuerdo.



De todo hubo y de todo ha pasado por ahí. Desde ingenieros, abogados, médicos maestros, contadores, administradores, comunicadores, campesinos, ganaderos, burócratas, júniors, dipsómanos, adictos, conversos, personas con antecedentes dudosos y con presente o futuro delictivo; deportistas, luchadores (sociales y del ring), historiadores y por supuesto, profesionales de la grilla y gandayas.



Por tanto la actual legislatura (LXII) tiene el reto de superar la insolvencia legislativa, permanecer en los linderos de la política seria, la de verdad, la de servicio a la comunidad, reivindicar la dignidad ética y el profesionalismo legislativo; aunque vivan de y para la política o deambulen en ese ámbito, representen los intereses de los tamaulipecos.



En definitiva con la reforma a la LOAPET, la Secretaria General de Gobierno recuperó parcialmente de la “supersecretaria” del Trabajo y Asuntos Jurídicos las dependencias que le fueron quitadas por el propio Congreso mediante el Decreto LXI-495 publicado en el periódico oficial de fecha 30 de agosto de 2012.

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