La efeméride del día del Abogado ha venido a menos a raíz de ascenso tecnocrático, cuando antes se celebraba con un gran boato en los centros sociales de postín, ayer paso desapercibido para los “dirigentes” de barras, colegios, asociaciones y notarios, cuando antes se celebraba con la presencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Cabe señalar que en esa celebración los abogados fijaban su posición política en relación con el Estado, la política legislativa, de justicia, el ejercicio de la abogacía, su imagen, legislación, la seguridad pública, de la procuración e impartición de justicia. Ante tal ausencia ninguna línea o comentario de trascendencia alusivos en los medios de comunicación.
Tengamos presente que la historia de esta remembranza data de 1960, cuando a instancias de un Diario de México, se declaró el 12 de julio como el Día del Abogado, en conmemoración de la primera cátedra de Derecho, Prima de Leyes, impartida en América en la Real y Pontificia Universidad de México en el año de 1533. Está cátedra fue impartida por el Abogado Bartolomé Frías y Albornoz.
No cabe duda que sin los abogados, los últimos siglos latinoamericanos hubieran carecido de una de sus grandes profesiones y de uno de sus rasgos más característicos. Entre otros tópicos los abogados han ejercido y defendido con las variantes de las épocas la retórica de la República.
De igual modo proclamaron con brío el liberalismo juarista y el ideario de la Revolución y también, en proporción muy menor, han protegido el nulo desarrollo del conservadurismo. Añejaron los códigos y las constituciones a su gusto, y al "respeto a la ley" le han conseguido un nicho de choteo y de incredulidad.
Cabe subrayar que detentaron la mayor parte de las posiciones políticas, en el Congreso, poder judicial, en la administración pública, en una buena parte de la burocracia cultural y una porción muy significativa de las aéreas de prensa y relaciones públicas.
De esta suerte, Interpretaron con solemnidad y el rostro levantado al cielo, el papel por cierto bien remunerado de senadores, diputados, oficiales mayores, secretarios de Estado, presidentes municipales, presidentes de la República, gobernadores y en el plano positivo, han sido eruditos, divulgadores culturales, escritores, intelectuales.
Sobra decir que la abogacía en la política mexicana no fue excepcional, en todo el mundo el derecho ha sido la profesión más común de los políticos. El abogado es apto para mediar conflictos y procurar la conciliación, que es la parte medular de la política.
Sin embargo a partir de 1970 la proliferación de los economistas en la elite del poder político puede explicarse por la expansión del papel del estado en la economía, la respuesta a las demandas de la sociedad, se han vuelto más complejas, que requieren conocimientos científicos y técnicos, que el político con estudios del derecho no puede tener acceso a ellos aunque esté más instruido.
Por tanto los economistas se aprestaron al relevo y los abogados a traicionar la profesión, o más bien a fingir traicionarla, al estudiar celosamente especialidades, maestrías en derecho económico, microeconomía, administración pública y de empresas.
Puesto que el neoliberalismo es seudónimo del saqueo minucioso del Imperio, requiere de economistas y de magnas empresas globalizadoras, para el logro de sus metas, como muestra ahí está el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Siempre harán falta abogados para cotejar cláusulas comerciales y leyes, pero tales expertos no se ilusionan.
De ahí que al neoliberalismo actualmente ya no le interesan tanto los economistas, ya que estos profesionales no deslumbran ni persuaden son portadores de malas noticias disfrazadas de manejo confiado de la econometría y las estadísticas.
Señalemos ante todo que los abogados, han retornado al núcleo duro del poder, al ganar la presidencia de la republica en las elecciones de 2006 Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en la elección del 1º de julio de 2012. Gran parte del poder disponible, se depositara gradualmente en manos de la abogacía.
Por otro lado la carrera de abogado se encuentra saturada, de ahí que las autoridades de educación federal, ni estatal, ni las universidades han implementado una política publica tendiente a evitar la creación de nuevas escuelas de derecho, ni a suspender temporalmente el funcionamiento de las facultades de derecho.
En definitiva los profesionistas jurídicos pertenecen ya sea a una pequeña elite eficaz especializada o al grueso, regular o malo de la profesión, están poco organizados y las asociaciones que existen son débiles, no tiene el peso específico para desempeñar un papel significativo en el gobierno de la sociedad.
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