El Congreso del estado deberá elegir o reelegir en su caso, por votación de las dos terceras partes de los diputados, a tres consejeros electorales para sustituir o ratificar a los que concluyen su función el 15 de marzo del presente año. Trabajos previos que fueron encomendados a la Comisión Plural designada para tal efecto.
En un plano ideal, los tres nuevos consejeros que faltan por renovarse, para el periodo del 16 de marzo del 2011 al 15 de marzo de 2014, deberían ser electos aquellos candidatos donde se privilegie, el perfil profesional, el conocimiento, la calidad moral e intelectual, los méritos y trayectorias, sin tomar en cuenta cuotas partidistas ni vetos políticos.
La ciudadanización del IETAM en teoría constituye una garantía para adoptar decisiones con autonomía e independencia, representando además la vía natural para acercarse en forma permanente a la sociedad en su conjunto, estableciendo con la misma una relación cada vez más abierta, más cercana e incluyente.
En los hechos son los partidos políticos de acuerdo a su peso específico y a través de sus bancadas parlamentarias los que operan la designación o ratificación de los consejeros del IETAM, que resulten más afines, porque tienen la facultad de hacerlo, porque el procedimiento de elección así lo establece y porque de acuerdo a los precedentes recientes así lo indican, por lo que en este proceso así acontecerá.
De ahí que no tiene sentido simular un procedimiento con cariz democrático de convocatoria abierta, que solo tiene como propósito legitimar el proceso de eleccionario y de paso a los palomeados, fingiendo evaluar sin método alguno a la mayoría de los 71 aspirantes que de buena fe han respondido a la convocatoria.
Por lo que sería más honesto y generaría más confianza, que en lo futuro los diputados del congreso, ya no pretendan tomarle el pelo a nadie, solo convocando aquellos ciudadanos, para seleccionar a los que les resulten más cercanos, confiables, tanto por su experiencia y su capacidad probada, como por la suma del respaldo de apoyos partidarios.
Mejor que sea de frente y sin juego de palabras, donde los coordinadores de las bancadas sean más eficaces en su desempeño, persuadiendo a sus fracciones parlamentarias de las bondades técnicas, jurídicas y políticas de sus propuestas y a la sociedad, de las virtudes, preparación y capacidades de los nuevos consejeros.
Ahora bien la real politik nos indica que ningún partido político va a ganar o perder una elección estatal, distrital o municipal, solo por tener consejeros electorales afines o no con su ideología o praxis partidista, que participen en la decisión del Consejo General del IETAM.
Lo anterior en razón de las rutinas institucionales, la vigilancia de los propios partidos políticos, la visibilidad pública que tienen las resoluciones del IETAM, el escrutinio que se ejerce desde la sociedad y medios de comunicación, impedirían cualquier manipulación de resultados y de no ser esto posible, contra sus resoluciones definitivas, procede los juicios de nulidad ante los órganos jurisdiccionales estatal y federal (TEPJT y el TEPJF).
Una aspiración de la sociedad tamaulipeca respecto al IETAM es cumplir con la prescripción constitucional de hacer de dicha institución un organismo de Estado autónomo, con independencia y pleno respeto a las convicciones y posturas que asuman cada uno de sus integrantes, con el compromiso de garantizar las condiciones de gobernabilidad necesarias en la construcción de una democracia de ciudadanos.
Un IETAM donde los actores políticos de las contiendas electorales adquieran el compromiso de aceptar, en principio, sus resoluciones, para abandonar la ya gastada cantaleta de que "si pierden es por la autoridad electoral y si ganan es a pesar de ella".
En definitiva la elección de los tres consejeros electorales, no tendrá ningún problema para el PRI que cuenta con la mayoría calificada en el Congreso del Estado, por lo que los consejeros que resulten electos y los que están en funciones lo menos que pueden hacer es anteponer el interés de la ciudadanía como razón de ser del quehacer institucional y ejercer con autonomía las atribuciones de ley, para alcanzar una democracia eficaz, sin adjetivos.
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