IMAGEN DE LOS DIPUTADOS.

La función legislativa en nuestro país, incluido Tamaulipas está degradada hasta el extremo. Los diputados tienen bien ganado el desprestigio. Son groseramente caros y ordinariamente ineficientes. Es una función de tipo parasitaria muy lucrativa, que los hace extremadamente improductivos.

Los diputados son considerados lo peor de la clase política, según todas las encuestas de percepción ciudadana. Es una imagen que arrastran desde hace años y en el caso particular de la LX Legislatura del Congreso del Estado cuyas funciones concluyeron en diciembre pasado, no pudo ser la excepción.

Viene a cuento lo anterior por lo expresado por la diputada Guadalupe Flores Valdez ante la red de mujeres periodistas: “los nuevos legisladores de Tamaulipas trabajan para resarcir el deterioro de su imagen ciudadana que en consulta reciente los ubica con mas descredito social, que policías, incluso alcaldes y funcionarios estatales al grado de sentirse reyes ante los legisladores”, cuestionando su intervención en la revisión de cuentas públicas.

La falta de transparencia, de rendición de cuentas y corrupción llevó a los ayuntamientos y a dependencias estatales, no tan sólo a gastar más de lo que recibieron, sino a comprometer ingresos futuros a través del endeudamiento de los que esperan recibir en años venideros, amén de la posible desviación de recursos vía corrupción.

Tamaulipas a finales de 2010 registró una deuda pública estatal por la cantidad de 9 mil 500 millones de pesos, con un 63.5 por ciento de incremento, aunque expertos la ubican la deuda real en el orden de 14 mil millones de pesos y de más 3 mil millones de pesos la deuda municipal en la entidad.

De ese endeudamiento partidos políticos, organismos de la sociedad civil y medios de comunicación han denunciado presunto saqueo y despilfarro municipal cobijado por la impudicia en la opacidad de las cuentas públicas, por la probable coparticipación de la Auditoria superior de Congreso y de la Comisión de Vigilancia y diputados de la LX legislatura, por las cuales exigen su revisión.

La LX Legislatura pasada aprobó entre otras cuentas públicas del año 2010: la del municipio de Victoria el primer semestre; la de N. Laredo primer semestre: la de Madero primer y segundo trimestre; la de Tampico primer y segundo trimestre; la de Reynosa primer semestre; la de Matamoros primer semestre y la de Mante primer, segundo y tercer trimestre, así como el 1º, 2º y 3º trimestre de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Todas cuestionadas.

De ahí que es políticamente correcto atender los reclamos de la sociedad civil, investigando las posibles irregularidades en las cuentas públicas estatales y municipales aprobadas o no y en su caso fincar responsabilidades legales.

De existir voluntad política en forma separada las contralorías del estado y municipios respectivamente deberían investigar en términos de la ley de responsabilidades a aquellos ex funcionarios estatales y municipales, que por los signos externos de riqueza estos sean tan ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos recibidos.

Para conocimiento de Gustavo Torres presidente de la Comisión de Vigilancia quien pide denuncias con pruebas, habría que aclararle al vigilante que los denunciantes no son investigadores, conforme la ley de fiscalización, es la Auditoria Superior el órgano competente para investigar los actos u omisiones que pudieran configurar alguna irregularidad o conducta ilícita en materia administración y aplicación de recursos públicos

La Auditoria Superior debe allegarse los medios probatorios necesarios para determinar si existieron o no irregularidades en el gasto público, la denuncia no debe confundirse con la acusación que es la imputación directa de una conducta ilícita o antisocial y la denuncia es hacer del conocimiento bajo protesta de decir verdad, determinados hechos u omisiones que pudieran constituir alguna irregularidad o conducta ilícita.

El costo-beneficio de todos los legisladores de la pasada legislatura, reflejó una carencia de mayores y mejores resultados legislativos, a pesar de los millones de pesos invertidos en el sistema legislativo, las cientos de horas-diputados empleadas para “legislar”, no se logro la eficacia parlamentaria. Resultó carísima cada iniciativa de ley aprobada, cada cuenta pública aprobada, decreto emitido y punto de acuerdo.

De todo hay y de todo ha pasado por ahí. Ingenieros, economistas, abogados, médicos maestros, contadores, administradores, comunicadores, campesinos, ganaderos, burócratas, júniors, dipsómanos, adictos, conversos, personas con antecedentes dudosos y con presente o futuro delictivo; deportistas, luchadores (sociales y del ring), historiadores y por supuesto, profesionales de la grilla y gandayas.

Al menos Guadalupe Flores Valdez presidenta de la actual Junta de Coordinación política ya tiene bases para que, solucionadas las formas, los diputados se concentren en dar resultados. Sólo así saldrán del sótano donde la opinión pública los tiene colocados.

En teoría los diputados representan a todos los habitantes en las entidades federativas, en los hechos representan a los ejecutivos estatales, la mayoría por pertenecer al mismo partido y los de oposición por presunta vía de la cooptación. Por lo tanto deberían estar obligados políticamente a ser defensores, procuradores de la población de los distritos y de la entidad misma en atención al mandato popular que ostentan.

Los diputados tienen una doble función, constitucional y tradicional a desempeñar, la de actuar como legisladores presentando iniciativas o colaborando en el trabajo legislativo en la construcción de legislaciones que contengan las aspiraciones o demandas de la sociedad y las gestiones a la comunidad, de las cuales en su mayoría frecuentemente se apartan.

En definitiva la actual legislatura (LXI) tiene el reto de superar la insolvencia legislativa, permanecer en los linderos de la política seria, la de verdad, la de servicio a la comunidad, reivindicar la dignidad ética y el profesionalismo legislativo; aunque vivan de y para la política o deambulen en ese ámbito, representen los intereses de los tamaulipecos.

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