EL INICIO DEL NUEVO GOBIERNO

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El inicio del nuevo gobierno encabezado por Egidio Torre Cantù, puede ser considerado como un periodo de "luna de miel" entre gobernantes y gobernados.

A casi un mes de la llegada del nuevo equipo de servidores públicos, su arribo suele ser una inyección de ánimo renovado para desarrollar las tareas encomendadas con creatividad y eficacia, para ganarse el respaldo de la sociedad y la opinión pública, sobre todo, la confianza del Gobernador, quien realiza sus giras de legitimación por los diversos municipios.

Del lado de la sociedad tamaulipeca se han generado expectativas en el nuevo régimen, de que las cosas marchan bien, con esperanzas de cambios para mejorar sus condiciones de vida.

De ahí, lo que haga o deje de hacer el régimen egidista durante los primeros meses es clave para cimentar la credibilidad y confianza en una eficaz conducción pública a lo largo de toda su administración.

El cambio de un gobierno despótico a un gobierno democrático, trae como consecuencia generar cursos de acción tendientes a combatir las prácticas deshonestas, mediante el establecimiento de políticas públicas y mejoramiento de las normas que regulen la conducta de sus funcionarios públicos.

De origen el diseño institucional mexicano en sus tres órdenes de gobierno está configurado para que la corrupción sea impune y para dejar sin sanción conductas que deben ser objeto acción punitiva. La corrupción es consecuencia de factores como la debilidad de las instituciones y de la carencia de una política de Estado para combatirla.

El sexenio que recién concluyó más allá de dejar miles de familias en extrema pobreza, pasivos y otras asignaturas pendientes, también habría dado nacimiento a ex funcionarios estatales millonarios, dentro de los cuales se han señalado al ex secretario de desarrollo Rural Víctor de León Orti y los ex alcaldes Oscar Pérez Inguanzo, Ramón Garza Barrios y Sergio Posadas entre otros que presuntamente se enriquecieron ilícitamente.

Es interesante dejar a la memoria del lector identificar a los otros personajes de la vida pública de la administración pasada y anterior, que han sido mencionados por tal comportamiento.

Velar por el cumplimiento de las normas que previenen los conflictos de intereses, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el peculado, el cohecho, fortalece a las instituciones y las blinda frente a la búsqueda de los beneficios personales.

La transparencia y rendición de cuentas, constituyen una de las conquistas más importantes de la sociedad civil. Es un avance importante en el desarrollo democrático y abre la posibilidad para un cambio profundo en las relaciones entre la sociedad y gobierno.

La otra cara de la transparencia es el cinismo, o la doble contabilidad de los ingresos públicos. El gasto es detectable, pero los ingresos son casi imposibles de identificar, de rastrear y de demostrar, cuando no hay honestidad en el poder público.

Las acciones gubernamentales que se establezcan para combatir la corrupción de los funcionarios públicos, tendrían como objeto hacer más transparente su gestión, dejándolos expuestos al más eficaz escrutinio público, son ejemplos ilustrativos de políticas moralizadoras.

Por ello, someter a la justicia, por corrupción a servidores públicos salientes o a personas muy cercanas a ellos como son sus familiares, previa investigación, suelen ser mecanismos recurrentes de legitimación, recomendables para el arranque de un nuevo gobierno.

En definitiva la corrupción es tan contagiosa y absorbente que mentes abiertas, y de prestigio moral, capaces de generar ideas, programas y proyectos, sean tan vulnerables hasta el punto de perder su propia reputación, permitiendo a quien la practica aparentar una imagen de persona honesta y en oportunidades permanecer en el anonimato.

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