La instalación de parquímetros en el centro de la capital tamaulipeca fue una de tantas herencias dejadas por el cuestionado ex presidente Municipal de Victoria Arturo Diez Gutiérrez, al concesionar con el aval del congreso del estado la instalación y operación de los estacionómetros a la empresa particular Victoria Meters.
El resultado final de esta decisión es la molestia para los victorenses que deben pagar seis pesos la hora y multas excesivas a criterio de la concesionaria por violar el tiempo, lo que conlleva previamente a la anticonstitucional inmovilización del automóvil por medio del artefacto conocido como “La Araña”.
De ahí que Rafael Rodríguez y Moisés Orozco Ramos, Secretario y Director jurídico del Ayuntamiento de Victoria respectivamente, se han visto muy menores para los tiempos y los puestos que ocupan, haciendo enormes esfuerzos por tratar de clarificar conceptos como legalidad, constitucionalidad y concesión.
Ni Cantinflas llego tan lejos con estas aseveraciones de Moisés Orozco Ramos quien señaló: “‘Victoria Meters es una persona moral, y en este caso se le concesionó el servicio y al momento de concesionárseles son los que lo operan y, desde luego, ante la recurrencia en el pago de una multa viene lo que es la inmovilización”.
“No es que actúen como una autoridad, sino que son un ente administrativo”. Además el director jurídico del ayuntamiento de Victoria también admitió que en base al reglamento los representantes de la empresa pueden designar personal para hacer uso de la instalación de “arañas” en las llantas de los autos.
Por su parte Rodríguez Salazar señaló que actualmente operan 290 parquímetros, pero en dos etapas más la cifra pudiera superar los 400 aparatos, que generan un ingreso adicional para la administración municipal por arriba de 130 mil pesos mensuales. ¿Por tampoco sacrificaron a los victorenses?
“Como los comerciantes han aumentado sus ventas con los parquímetros, a petición de ellos se aumentaran los mismos. En cuanto a que muchas personas se verán afectadas con los nuevos estacionómetros el cabildo estudia la posibilidad de ayudarlos”.
“La idea es considerar a estas personas en todo lo que represente esta situación para ellos. Al fin de cuentas la banqueta y la vía pública no son propiedad particular, desde luego entiendo la situación, por eso se estudia conceder algunos beneficios”
No cabe duda que para asumir estos cargos públicos aparte de la falta de talento hay que hacerla también de pinocho, pero lo más grave, es que estos servidores están convencidos que la ciudadanía se chupa el dedo. Tal parece que carecen de las dos sustancias indispensables para la administración pública: competencia y sensibilidad.
La concesión es un acto administrativo público unilateral por medio del cual el municipio llamado concedente faculta a un particular llamado concesionario, para que administre y explote en su provecho en forma regular y continua por un tiempo determinado un servicio público con el fin de satisfacer un interés colectivo, mediante una ley preconcebida y un contrato formulado por las partes.
La concesionaria Victoria Meters es un particular que no debe ni puede tener el carácter de autoridad para imponer sanciones ni mucho menos realizar actos privativos de desposesión e impedir la libertad de circulación al inmovilizar vehículos , aun cuando en el contrato o en el acto administrativo de la concesión le hayan delegado indebidamente esas facultades.
En ese orden de ideas la empresa Victoria Meter avalada por el ayuntamiento victorense, con su actuación al imponer sanciones e inmovilizar vehículos, estaría incurriendo en los delitos de usurpación de funciones públicas y privación de derechos y garantías constitucionales.
En teoría el ayuntamiento de Victoria solo debió reservarse el derecho de vigilar el buen funcionamiento y operación eficiente del servicio público concesionado pero no delegarle atribuciones a la concesionaria, teniendo en cualquier tiempo el derecho de reincorporar el servicio de estacionómetros concesionados mediante la expropiación, conocida como municipalización.
Por otro lado el cabildo que preside Miguel González Salum que padece hambruna de liquidez, proyecta ampliar el número de parquímetros a más de 400, en los hechos se interpreta como un proceso irrefrenable de privatización de las calles de ciudad Victoria.
Por otra parte las autoridades pasadas y las actuales del municipio capitalino no han expresado cuál fue el costó la concesión; adonde va a parar el recurso que se obtiene, ni dónde se está aplicando o en qué condiciones esté funcionando, manteniéndose en la opacidad.
La colocación de los estacionómetros, en el tiempo que llevan establecidos los ciudadanos no han visto mejora alguna de orden colectivo por la entrada de recursos que se obtiene por la concesión de la colocación y operación de los parquímetros.
En definitiva la instalación de los estacionómetros por parte de la concesionaria Victoria Meters ha provocado molestias, arbitrariedades e inconformidad en la ciudadanía victorense, siendo su actuación violatoria de derechos humanos consagrados en la constitución de la republica, cometiendo delitos con la complacencia y coparticipación del Ayuntamiento.
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