Es evidente que uno de los graves problemas que aqueja a México, al que no escapa Tamaulipas ha sido, la impunidad, la corrupción, la disminución de recursos públicos, el aumento de la burocracia, la ineficacia administrativa y crecimiento colosal de la deuda pública estatal y municipal.
Según reporte de la SHCP, Tamaulipas a finales de 2010 registró una deuda pública estatal por la cantidad de 9 mil 111.2 millones de pesos, con un 63.5 por ciento de incremento y más de 1 mil 500 millones de pesos la deuda municipal.
Tal parece que la prioridad del gobiernos estatal y municipales recién concluidos fue gastar, sin importar las consecuencias del mañana. La pasada Legislatura LX del Congreso del estado, la Comisión de Vigilancia y la Auditoria Superior, mediante procedimientos fast track, con coparticipación y falta de seriedad institucional, aprobaron sin el menor rubor cuanta cuenta pública les pusieron enfrente.
Al margen de una deficiente planeación presupuestal, el estado y los municipios de Tamaulipas, a consecuencia de la posible impunidad y corrupción, ahora padecen una profunda crisis financiera que ha crecido como bola de nieve y que, no se ve por dónde sea posible resolverla.
Si a todo lo anterior se le añade el saqueo y despilfarro municipal cobijado por la impúdica opacidad de las cuentas públicas.
De ahí que han surgido denuncias y señalamientos públicos de partidos políticos y medios de comunicación sobre el endeudamiento y presuntos desvíos de recursos públicos por la cual demandan la revisión de las cuentas públicas municipales y estatales e investigación de ex funcionarios públicos de los dos órdenes de gobierno.
El Congreso ya aprobó cuentas públicas del año 2010: la del primer semestre del municipio de Victoria; la primer semestre de N Laredo: primer y segundo trimestre de Madero; primer y segundo trimestre de Tampico; primer semestre de Reynosa; primer semestre de Matamoros y primer, segundo y tercer trimestre de Mante entre otros, así como el 1º, 2º y 3º trimestre de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Todas cuestionadas.
La respuesta del Gobernador Egidio Torre fue en el sentido que es la Auditoría Superior del Congreso del Estado a quien le corresponde atender las denuncias o peticiones para resolver las irregularidades que se pudieran presentar en los municipios endeudados.
Efectivamente la Ley de Fiscalización Superior del Estado faculta a la auditoria superior del congreso Investigar, los actos u omisiones que pudieran configurar alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, administración, custodia y aplicación de fondos y recursos de las entidades sujetas de fiscalización;
Sin embargo la pregunta obligada es ¿qué va a pasar con aquellas cuentas públicas cuando se demuestre o se prueben presuntas desviaciones e inconsistencias que la ASC, la comisión de Vigilancia y el pleno del congreso del estado no detectaron ni encontraron irregularidades y que fueron aprobadas,?
La respuesta podría ser que con motivo de las irregularidades probadas de secretarios de despacho del ejecutivo estatal y alcaldes y síndicos, debe resarcir el daño económico y consignación penal. Surgiendo otra pregunta: ¿se le fincaran responsabilidades al Auditor Gerardo Robles Riestra, a los miembros de la pasada Comisión de Vigilancia y a los diputados que aprobaron cuentas públicas con irregularidades?
Por otro lado si hay voluntad política, las contralorías estatales y municipales podrán practicar visitas de inspección y auditoria en términos de la ley de responsabilidades a los ex funcionarios de las secretarias estatales y de los ayuntamientos, por los signos exteriores de riqueza sean tan ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudieron haber tenido como servidores públicos.
En esas condiciones se hace necesario deslindar responsabilidades, puntualizar que si algunos ex alcaldes y ex funcionarios Estatales son probablemente responsables del deterioro económico del Estado, solo bastaría revisar sus declaraciones patrimoniales iniciales y finales, cuentas personales y propiedades recientes para demostrar que con un decoroso salario de “servidores públicos” no pudieron acumular tanta fortuna.
Residencias, ranchos, vehículos, cuentas bancarias en el extranjero, aviones y edificios, pudieran formar parte de ese enriquecimiento a costa del erario público, y mientras no se les audite y se exijan cuentas, la impunidad prevalecerá, debiéndose actuar también contra aquellos que en su momento consintieron la corrupción y alentaron la impunidad.
En definitiva habría que dar un primer paso encaminado a una limpieza en la fiscalización y transparencia de los recursos públicos ejercidos, para erradicar las conductas patrimonialistas de quienes detentaron el poder estatal y municipal, para no seguir convirtiendo a la sociedad en cómplice implícita de la ineptitud, la simulación, la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad que afectan la legitimidad política.
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