La Cámara de Diputados pospuso indefinidamente la elección de los tres nuevos integrantes del Consejo General del IFE, para el periodo 30 de octubre de 2010 al 30 de octubre de 2019, debido a la imposibilidad de alcanzar un acuerdo mayoritario.
La Comisión de Gobernación de dicha Cámara aprobó una lista con 17 candidatos, de entre 136 aspirantes, y la entregó a la Junta de Coordinación Política, que debe elegir una terna para someterla a votación en el pleno. La elección de los nuevos integrantes del IFE debió haberse realizado de acuerdo a la constitución a más tardar el 29 de octubre pasado.
El grupo parlamentario del PRI demanda designar a dos de los tres consejeros electorales, en tanto el PAN y el PRD rechazaron esa posibilidad y exigieron un consenso “más amplio” entre los legisladores.
Los priistas tratan de imponer a Enrique Ochoa y Cecilia Tapia, mientras que los panistas impulsan a Jacinto Silva y David Gómez y los perredistas a Emilio Álvarez y Arely Cano, como una forma de presionar a la negociación de cara a su alianza con los panistas en el Estado de México.
Ante la dificultad de los partidos políticos para destrabar sus propios vetos para elegir a los consejeros electorales, los diputados están violando la Constitución, justificándose con argumentaciones baladíes, de que en la ley no existe un plazo fatal para designar a los nuevos integrantes del IFE, con apoyo en el principio jurídico: lo que no está prohibido está permitido.
Sin embargo jurisprudencialmente ese principio general, es un derecho que solo corresponde hacerlo valer a los particulares y no así a las autoridades, porque estas están obligadas a hacer solo lo que la ley les permite.
En los hechos los partidos políticos a través de sus bancadas parlamentarias en la cámara baja, designarán a los tres nuevos consejeros del IFE que les resulten más afines, porque tienen la facultad hacerlo, porque el procedimiento de elección así lo establece y porque de acuerdo a los precedentes indican que así acontecerá.
La verdad monda y lironda es que la propuesta de los tres candidatos a consejeros electorales, los propios partidos políticos son los que los promueven, no tienen el respaldo de la sociedad civil, porque lo único que buscan de ellos es confianza y cercanía; por lo que no tiene sentido simular un procedimiento democrático, fingiendo calificarlos con rigor científico, por carecer del elemental criterio para hacerlo, y de la forma para justificarlo.
El único criterio determinante para la integración del máximo órgano electoral es la distribución de espacios, el cuotismo, que no privilegia los méritos y las trayectorias de los candidatos en una decisión trascendental, de ahí que se hable del retroceso del IFE a partir del año 2003, de una partidocracia total en una incipiente y muy frágil democracia.
Por lo que sería más honesto y generaría más confianza, que en lo futuro los integrantes de la cámara de diputados ya no pretendan tomarle el pelo a nadie, solo convocando aquellos ciudadanos, para seleccionar a los que les resulten más confiables, tanto por su experiencia y su capacidad probadas, como por la suma del respaldo de apoyos partidarios.
Mejor que sea de frente y sin juego de palabras, donde los coordinadores de las bancadas sean más eficaces en su desempeño, persuadiendo a sus fracciones parlamentarias de las bondades técnicas, jurídicas y políticas de sus propuestas y, a la sociedad, de las virtudes, preparación y capacidades de los nuevos consejeros.
En definitiva para alcanzar un acuerdo de la mayoría calificada de la Cámara de Diputados sobre el nombramiento de los tres nuevos consejeros del IFE, debería optarse por el método de insaculación entre los 17 candidatos finalistas, a fin de evitar que haya un reparto de cuotas entre el PRI, el PAN y el PRD, de no ser esto posible conforme al tripartidismo actual, designar un consejero electoral por cada una de estas fuerzas políticas.
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