A 52 días del cierre de las administraciones municipales de Tamaulipas, el cual quedará marcado por la disminución de recursos públicos, el aumento de la burocracia, la ineficacia administrativa, la corrupción y el crecimiento de la deuda pública.
Según reporte de la SHCP, Tamaulipas a finales de 2010 registrará una deuda pública estatal por la cantidad de 9 mil 111.2 millones de pesos, con un 63.5 por ciento de incremento y 1 mil 416.1 millones de pesos de deuda municipal.
Los ingresos de los Estados y municipios dependen prácticamente de la Federación y sus egresos se dirigen a gastos corrientes más que a inversiones productivas y tienen un alto nivel de endeudamiento.
Al margen de una deficiente planeación presupuestal, las entidades federativas y los municipios atraviesan por una profunda crisis financiera que ha crecido como bola de nieve y que, no se ve por dónde sea posible resolverla.
De ahí que urgen cambios profundos que modifiquen el sistema tributario estatal y municipal, para que además en estos niveles de gobierno se haga uso de los recursos públicos de una manera más eficiente y transparente.
En teoría, los financiamientos públicos o privados implican utilizar en el presente recursos futuros, por lo que los provenientes de ellos deberían dedicarse a gasto de inversión productiva, pero si esta no genera ingresos directos, entonces de las obras realizadas el beneficio para la comunidad tendría una duración igual o mayor al plazo de la deuda, salvo casos excepcionales de emergencia.
Los Ayuntamientos de Tamaulipas concluyen su gestión gubernamental el 31 de diciembre de este año, los que dejaran más cargas y menos recursos para atender los servicios municipales y las necesidades de sus respectivas poblaciones.
Heredaran un irresponsable endeudamiento, motivo por el cual van a dejar una administración hipotecada, porque gran parte de las participaciones que reciban de la Federación y los raquíticos ingresos directos se encuentran comprometidos con sus acreedores financieros.
Alcaldes, como Ramón Garza Barrios de Nuevo Laredo; Oscar Luébbert Gutiérrez de Reynosa; Arturo Díez Gutiérrez de Ciudad Victoria y Oscar Pérez Inguanzo de Tampico entre otros, dejaran de legado la enseñanza del ABC de cómo no se debe gobernar, circunstancias que los futuros alcaldes deberían tener en cuenta para no incurrir en los mismos errores y desaciertos, para lograr mejores resultados a favor de sus gobernados.
Por otro lado la falta de transparencia, de rendición de cuentas y corrupción ha llevado a los ayuntamientos no tan sólo a gastar más de lo que reciben, sino a comprometer ingresos futuros a través del endeudamiento de los que esperan recibir en años venideros.
Pareciera que a las autoridades locales les tiene sin cuidado el futuro de sus poblaciones. Endeudan sus haciendas públicas en el afán de salir bien librados en el corto plazo, construyendo algunas obras de relumbrón, incluso con artimañas para desviar recursos. Cínicamente están a la espera de que los nuevos funcionarios que lleguen sean los responsables de resolver el entuerto.
En esas circunstancias se hace necesaria una reforma constitucional con visión estatal y municipalista, para darle mayores potestades tributarias a esos ordenes de gobierno, porque siendo el municipal el más cercano al ciudadano y por lo mismo conoce perfectamente sus necesidades y posibilidades para mejorar sus ingresos.
Por otra parte se considera un error conceptual de los gobiernos estatales y municipales, concebir a los empréstitos como fuente normal de sus ingresos, como si se tratara de contribuciones fiscales y no como un recurso excepcional complementario.
En definitiva el Congreso de la Unión, deberá reformar la constitución para limitar el endeudamiento de estados y municipios, obligándolos a incrementar el porcentaje de ingresos propios, exigiendo una real transparencia en sus finanzas, para evitar la quiebra de entidades federativas y municipales, mismas que tendrían que ser rescatadas por la Federación con dinero de los contribuyentes.
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