La libertad de hacer y rehacer nuestras ciudades y a nosotros mismos es, uno de los derechos humanos más importantes y trascendentales que deberían ejercer sus habitantes, aunque también es uno de los mas descuidados e inclusive ignorados.
Viene a cuento lo anterior por el surgimiento de luchas urbanas que vienen generando la necesidad del reconocimiento, en el sistema internacional y nacional de los derechos humanos, por lo que el Derecho a la Ciudad, se ha definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social.
Por tanto es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en el respeto a sus diferencias, expresiones y prácticas culturales, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y a un nivel de vida adecuado.
Por otro lado, los Tres principios fundamentales que rigen el derecho a la ciudad son: Ejercicio pleno de los derechos humanos de la ciudadanía, la Gestión democrática de la ciudad y la función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad.
En ese tenor el derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. Es, además, un derecho común antes que individual, ya que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización.
Sobra decir que el Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos.
Como podrá verse, los modelos de desarrollo se han caracterizado por la concentración del ingreso y el poder, generador de pobreza y exclusión, han contribuido a la depredación del medio ambiente, acelerando los procesos migratorios, de urbanización, la segregación social y espacial y la privatización de bienes comunes y del espacio público.
De tal suerte que contribuyen a ello las políticas públicas que, que desconocen el proceso de poblamiento popular en la construcción de ciudad y ciudadanía, que terminan por violentar la vida urbana
De hecho, por su origen y significado social, el Derecho a la Ciudad está sobre todo dirigido a fortalecer los procesos, reivindicaciones y luchas urbanas contra la injusticia y la discriminación social y territorial.
Así pues, desde sus inicios, las ciudades han surgido mediante concentraciones geográficas y sociales del excedente económico.
De tal modo que bajo el capitalismo la urbanización siempre se ha considerado, un fenómeno clasista, ya que los excedentes son extraídos de algún sitio y de alguien, mientras que el control sobre su utilización radica en pocas manos. Surgiendo un vinculo entre el capitalismo y la urbanización.
Cabe subrayar que las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La población urbana, en su mayoría, está desposeída o limitada en virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad, para satisfacer sus más elementales necesidades y derechos.
Ante estos desafíos, un conjunto de redes internacionales, organizaciones sociales y no gubernamentales, gremiales y académicas han estado debatiendo y promoviendo a nivel mundial el reconocimiento y adopción del Derecho a la Ciudad como un nuevo derecho humano colectivo.
Por consiguiente han debatido y asumido el desafío de construir un modelo sustentable de sociedad y vida urbana basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social y fundamentada en el respeto a las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano y lo rural.
Por tanto describe la búsqueda de soluciones contra los efectos negativos de la globalización, la privatización, la escasez de los recursos naturales, el aumento de la pobreza mundial, la fragilidad ambiental y sus consecuencias para la supervivencia de la humanidad y del planeta.
De igual manera en forma paralela a estas iniciativas de la sociedad civil, algunos gobiernos, tanto a nivel regional como nacional y local, han estado generando instrumentos jurídicos que buscan normar los derechos humanos en el contexto urbano. La carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad.
En definitiva con el propósito de responder a las necesidades de las personas que habitan y transitan en las ciudades mexicanas, el Derecho a la Ciudad constituye un instrumento para fortalecer las reivindicaciones y luchas sociales, así como para articular los esfuerzos de todos los actores públicos, sociales y privados para dar efectividad a este nuevo derecho humano.
Twitter: @luiscarrs
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