Tamaulipas, México - Sin sector agropecuario fuerte, México no podrá tener una economía vigorosa, constituyendo aquel un puntal estratégico para el crecimiento económico del país.
Viene a cuento lo anterior por el resultado del experimento neoliberal, donde la "tierra prometida" resultó ser un espejismo, reflejado en la actual crisis financiera global. Una de las víctimas de ese modelo económico sin lugar a dudas es el campo mexicano.
De ahí que el agro mexicano este descapitalizado, endeudado, improductivo, semiabandonado golpeado por la sequia y con altos niveles de pobreza, sin prospectiva para proyectar escenarios futuros posibles de la actividad agropecuaria y determinar su probabilidad para planificar las acciones necesarias para evitar o acelerar su ocurrencia.
En suma una notoria ausencia de estrategia de visión a largo plazo, expresada en el estancamiento y la profundización de la dependencia de importaciones alimentarias y los graves rezagos sociales.
Incuestionablemente la excesiva normatividad ha servido de obstáculo para combatir la corrupción y la opacidad en la aplicación de los recursos, en programas que permiten ocultar desvíos hacia grandes empresarios y pago de peaje a organizaciones corporativistas carentes de legitimidad y representación del sector.
Tengamos presente que la política rural y de fomento fue diseñada conforme las premisas del TELECAN, es decir con los compromisos aceptados. En otras palabras el capitulo agropecuario del tratado no fue diseñado en interés de la agricultura mexicana, sino a la de su extinción.
Así pues mmejorar la calidad de vida rural mediante el combate a la pobreza y a la desigualdad, más allá de la cruzada nacional contra el hambre, debe ser el objetivo central del gobierno federal y del Congreso de la Unión, a través de una vigorosa política pública de fomento a la productividad, rentabilidad, generación de empleos y de riqueza.
Cabe señalar que para lograrlo se debe contar con instrumentos de política de fomento agropecuario, como las que se han insinuado en programas como el de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades y otros, pero que carecen de recursos suficientes para explayar sus bondades.
Como consecuencia se debe instituir un sistema de precios de garantía o soporte, espejo del estadounidense, que en parte está presente en algunas regiones y cultivos con el sistema de precios objetivo, pero se necesita generalizarlo para todo México y los principales cultivos y productos pecuarios básicos.
Ahora bien y a riesgo de tacharnos de Estatolatras, los precios de garantía constituye un instrumento de política agrícola no del pasado, sino del presente y del futuro, mismo que se encuentra en la ley agrícola de Estados Unidos que aplica no sólo a granos y frutas, sino también a productos pecuarios incluida la leche.
Es conveniente observar que en la legislación de la materia no se contempla una política pública con nuevas bases de desarrollo y modernización del campo, que sin prospectiva y sin estrategia de largo alcance, correrá la misma suerte que las políticas y leyes ya derogadas.
De tal suerte que las políticas de la apertura comercial, beneficiaron a ciertos segmentos de la agricultura empresarial, pero tuvieron poco o nulo impacto en la inmensa mayoría del agricultor medio y del campesinado pobre. Es urgente hacer un replanteamiento estructural del problema del campo mexicano, con soluciones de fondo para no poner en riesgo la gobernabilidad y la soberanía alimentaria.
En definitiva, México requiere de una política de fomento agropecuario, para responder al reto dual de elevar la producción interna de alimentos, reducir sus importaciones agropecuarias crecientes y aliviar el problema de pobreza rural, además de disminuir una de las válvulas expulsoras de la población mexicana hacia Estados Unidos.
Twitter: @luiscarrs
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