El creciente número de grupos civiles de autodefensa surgidos en las diversas partes de México, es un síntoma de la incapacidad del Estado para cumplir con su obligación constitucional de brindar seguridad a sus habitantes y de combatir a la delincuencia, mismos que se han convertido en el nuevo Frankestein.
Viene a cuento lo anterior porque en semanas recientes, estos grupos de autodefensa han sido cuestionados como consecuencia de sus abusos y excesos en el sonado juicio sumario a 54 presuntos delincuentes y por un incidente en donde resultaron heridos dos turistas que no detuvieron su automóvil en uno de los retenes instalados por estos grupos en el Estado de Guerrero.
Cabe señalar que esta forma organizativa nació en respuesta a la inseguridad e inoperancia de los tres órdenes de gobierno contra el delito y la violencia delincuencial. Siendo el hartazgo y la desesperación el motivo principal de los habitantes de comunidades de Guerrero, Michoacán, Morelos México, Veracruz y Oaxaca para tomar un rifle, encapucharse y salir a impartir seguridad y justicia.
Sobra decir que el tomarse la seguridad y la justicia por mano propia, por parte de los grupos de autodefensa tolerados por el Estado, constituye un camino muy arriesgado, al permitírseles de facto ejercer funciones exclusivas del Estado, en los hechos los han convertido en un nuevo Frankestein que está creciendo y operando con vida propia.
En ese contexto, esta experiencia pudiera costarle muy caro a los mexicanos, pues basta recordar para constatar las atroces consecuencias que le trajeron a Colombia, el surgimiento de autodefensas que terminaron convertidas a finales de los años 90, en poderoso ejército paramilitar.
Por tanto el gobierno mexicano debe tomar medidas para que estos grupos de autodefensas o policías comunitarias regresen a la legalidad y respeto a la constitución, para evitar que se conviertan en una fuerza paralela al estado, que terminen como paramilitares o siendo parte de la delincuencia organizada y finalmente atenten contra el estado.
Por consiguiente a la luz de los hechos el surgimiento de grupos de autodefensa es una expresión que pinta de cuerpo entero la debilidad del Estado mexicano y de sus autoridades, que pone en riesgo la convivencia y gobernabilidad del país.
De ahí que a conformación de los grupos de autodefensa surgidas en diversas partes de México se explican, pero no se justifican, aun cuando los gobiernos locales sean incapaces de brindar protección, seguridad y justicia a la población, estos deberían de replantear el funcionamiento de su gobierno y de ellos mismos.
Por otro lado más allá de los grupos de autodefensa, el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar a la población el derecho a la seguridad pública, dicho en otras palabras de cumplir con su responsabilidad de de velar y cuidar la integridad física y patrimonial de la población, previniendo, combatiendo y reprimiendo la delincuencia.
En definitiva de ninguna manera se justifica que grupos de civiles decidan tomar la justicia por su propia mano y aun más pretendan sustituir a los poderes públicos, para brindar seguridad y justicia, á pretexto de la inoperancia de las autoridades, situación que no se debe permitir por estar al margen de la legalidad, amén de colocarse por encima del Estado, complicando mas la gobernabilidad.
Twitter: @luiscarrs
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