Aristóteles definió la politeia (constitución) como el ordenamiento, distribución y funciones de las magistraturas en la polis. Viene a cuento lo anterior por la historia constitucional del país, porque este 5 de febrero la Constitución de 1917 cumplió ya 96 años como resultado de las profundas contradicciones sociales y políticas del porfiriato.
A primera vista, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fecha citada, se concretó el primer acuerdo nacional entre facciones revolucionarias después de siete años de lucha.
Cabe decir que la actual constitución aunque longeva en esencia ya no es la misma que aquella que fue promulgada en 1917, ya que a la fecha se le han hecho más de 539 reformas, que incluye la ultima en diciembre de 2012 en materia educativa.
No obstante que los cambios políticos, sociales y económicos que ha sufrido el país, reflejados en las modificaciones perpetradas en la ley Fundamental de México, se ha postergado una autentica reforma del estado de ahí que se pretenda superar cualquier desajuste funcional o institucional con una reforma constitucional.
Tengamos presente que en estos tiempos de cambio, cuando el país está viviendo momentos difíciles, por la realidad política, social y económica que padece México, es la hora de reflexionar sobre la necesidad de un nuevo pacto social, es decir la expedición una nueva constitución.
De tal suerte, vivimos en un país con más de la mitad de la población agobiada por la pobreza, el desempleo, desigualdad social, la inseguridad pública generalizada y deterioro de los servicios públicos, millones de jóvenes sin oportunidades de educación, empleo, corrupción e impunidad rebasada, moral pública al más bajo nivel y escepticismo generalizado.
De tal modo que el riesgo de la ingobernabilidad está presente por el diseño constitucional que se encuentra muy deteriorado, las instituciones muy desgastadas y la propia marcha normal de los procesos políticos se realizan con muchas dificultades.
Como podrá verse, el colosal rezago social, la crisis económica, los problemas acumulados, la inseguridad publica, la violencia delincuencial, el desequilibrio de los poderes, la percepción del entrampamiento del sistema político, que no acaba por quitarse los rasgos autoritarios, que ha generado en diversos actores a proponer cambios constitucionales.
En ese tenor, la idea de una nueva constitución al margen de encauzar el creciente descontento y desasosiego sociales, ha impulsado a políticos, académicos e investigadores a proponer una nueva carta magna pactada entre las principales fuerzas políticas y por la vía pacífica y no como fruto de la violencia, sometiendo el texto final a un referéndum nacional.
Por tanto la constitución ya no goza de legitimidad por los múltiples abusos a que ha sido sometida a sus incontables reformas y a su diseño antidemocrático. Tanto las autoridades como los gobernados incurren en deslealtades constitucionales al dejar de aplicar preceptos de la carta magna o bien al rechazarlos.
Conviene subrayar que el presidente de la republica ha sido el único reformador de la constitución, lo que ha traído como consecuencia reformas parciales, convirtiendo la constitución en plan de gobierno para cada presidente y qué este haya fortalecido el poder ejecutivo en detrimento de los otros dos poderes.
Así pues la nueva economía, la nueva política y las aspiraciones de las nuevas generaciones demandan un nuevo contrato social renovado. Los nuevos factores reales de poder tales como los partidos políticos, el excesivo presidencialismo y el florecimiento de los derechos humanos hacen necesario una revisión integral de la constitución.
En definitiva en este aniversario de la Constitución, es propicia la ocasión para reflexionar sobre una nueva constitución pactada con todas las fuerzas políticas económicas y sociales, como un instrumento de consolidación del régimen, un factor de desmantelamiento de las viejas estructuras de poder y como punto de partida de la modernización democrática de México.
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