Viene a cuento lo anterior por el debate sobre la reforma energética de Peña Nieto, para modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual el Estado perdería la exclusividad en el manejo de las áreas estratégicas de la industria petrolera, desplazando a Pemex de toda la cadena productiva del petróleo, sustituyéndolo por particulares.
En otras palabras con la reforma se entregaría a la inversión privada extranjera la exploración y la explotación de los yacimientos y consecuentemente el cuidado y manejo de las reservas, hasta la transformación industrial del recurso en la refinación y petroquímica, así como en los servicios complementarios de almacenamiento y transportes.
Con ello el presidente pretende abrir de golpe la energía en un momento en que el Estado mexicano no está fortalecido para procurar e impartir justicia penal en el rubro delincuencial; para la fiscalización del correcto ejercicio de los recursos públicos;
Así como la aplicación de la ley de responsabilidades de los servidores públicos; obligar a los particulares al cumplimiento de las leyes, limitar los poderes fácticos y el combate a fondo de la corrupción y la impunidad.
Conviene señalar que en lugar de que su propuesta fuera enfocada a transformar a Pemex en una empresa pública tecnológicamente de vanguardia, eficiente y transparente para liberarlo de la carga fiscal con que el gobierno se financia y los de la corrupción administrativa y sindical que la devoran, la dirige a dar garantías a la inversión extranjera para acelerar la explotación del petróleo del Golfo y el gas shale.
Ahora bien, quién sabe qué extraño encantamiento padece la tecnocracia neoliberal que lo impulsa a malbaratar el país a como dé lugar Por más que el presidente Peña Nieto afirme que Pemex no se vende ni se privatiza, solo se fortalece y moderniza, cae en el vacío, todo parece indicar que el gobierno se encamina a compartir la renta petrolera con los capitales monopólicos sobre todo los del extranjero.
Sobra decir que todos sabemos que cuando un gobierno afirma enfáticamente que no va a hacer tal o cual cosa siempre resulta que sí lo hace. La palabra "modernidad" es solo un instrumento artificial diseñado para disfrazar la verdad de la privatización de PEMEX, y contribuye a aumentar el poder de persuasión en el discurso y como tal, dicha palabra es vaga y convencional.
Tengamos presente que la oposición de muchos mexicanos a la participación en Pemex de inversionistas privados nacionales y extranjeros, tiene componentes no “solo patrioteros”, sino de pasadas experiencias de privatización como la desincorporación de la Banca, Telmex Imevisión Ingenios azucareros, el ejido, las carreteras y puertos, cuyas privatizaciones en nada beneficiaron a los mexicanos.
Volviendo al tema de la iniciativa de reforma energética cabe preguntar ¿qué dice el texto propuesto?:
Párrafo sexto del artículo 27 constitucional expresa: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se expedirán Concesiones y la Ley Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos. Corresponde exclusivamente a la Nación el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión distribución de energía eléctrica”.
“En dichas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica”
Párrafo cuarto del artículo 28 de la constitución. “Tratándose de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, se estará a lo dispuesto por el artículo 27 párrafo sexto de esta Constitución”
En otras palabras la explotación del petróleo y la electricidad ya no estará reservada al estado, además el párrafo sexto del artículo 27 remite a la ley reglamentaria, perdiendo el control y propiedad sobre dichos recursos que pertenecen a la nación o la exclusividad en las funciones estratégicas.
De igual manera la iniciativa delega en la ley reglamentaria la facultad de determinar la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos, dejando manga ancha al legislador secundario para que a través de una norma de menor jerarquía autorice contratos de utilidad compartida u otras instrumentos jurídicos para la explotación del petróleo desde la exploración hasta las ventas de productos de primera mano.
Del proyecto de modificación constitucional se concluye que la iniciativa de reforma quita el candado de lo estratégico y la exclusividad en el control y explotación del petróleo y derivados, así como de la electricidad, abriendo las puertas a la privatización, mediante los “contratos de utilidad compartida. El Diccionario de la Real Academia Española, privatizar significa “transferir una empresa o actividad pública al sector privado.
Por otro lado el discurso oficial sobre la reforma, pretende arrebatar a la oposición sus banderas y símbolos de manera engañosa como la utilización de la memoria del General Lázaro Cárdenas para justificar lo contrario de lo que él general defendió toda su vida.
En definitiva una iniciativa de reforma constitucional que de aprobarse en los términos propuestos, esta se realizaría en sentido contrario a las tendencias mundiales, Hoy en dia los Estados renacionalizan sus recursos energéticos y fortaleces sus organismos públicos que los explotan sin la participación de inversionistas privados nacionales y extranjeros.
Twitter: @luiscarrs
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