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Tamaulipas, México.- La perversidad de los políticos mexicanos del PRI, PAN y PRD, ha logrado hacer fracasar toda la normatividad para impedir la compra ilegal de votos. Los nuevos candados a la política social en época de elecciones, establecidos en el adéndum del Pacto por México no van a resolver por sí solos el problema de fondo.
De ahí que la firma del añadido al Pacto para evitar el uso electoral de los programas sociales fue cuestionada por senadores Ernesto Cordero y Miguel Barbosa y diputados como Silvino Aureoles, por considerar que es insuficiente ante las irregularidades y abusos en los estados donde se realizarán comicios electorales.
Sobra decir que en el compromiso del “blindaje electoral pactista” participan priistas, panistas y perredistas, quienes forman parte del Pacto por México, y son gobierno en las 14 entidades donde se renovarán alcaldías y congresos locales, así como una gubernatura.
Cabe señalar que los candados aseguran las rejas pero no tapan las grietas por donde los programas sociales se pueden fugar para el apoyo a la lealtad partidista de los electores traducida en votos. Hay muchos casos a nivel local y federal que ilustran la poca utilidad de los compromisos del adéndum al Pacto por México.
En este contexto, para un eficaz adéndum al Pacto por México convendría ir más allá de la suspensión de programas sociales 45 días antes de las elecciones, tomando en cuenta que no existen los recursos suficientes para adelantar este subsidio a los beneficiarios, con lo que se les causara un grave perjuicio.
Si de verdad el panismo y el perredismo pretendieran ser congruentes con el escándalo que armaron con las denuncias en contra de la Titular de la SEDESOL y El Gobernador de Veracruz y demás funcionarios federales y estatales, en lugar de haber firmado esos acuerdos light debieron:
Prohibir en el adéndum que los servidores públicos de las áreas de desarrollo social y obra pública pudieran ser candidatos a cargos de elección popular en las elecciones locales que se realizarán este año. Pactar una reforma constitucional para suprimir los Institutos Estatales Electorales y Municipales y crear un Instituto Nacional Electoral para que ya no dependan del poder de los gobernadores.
Por otro lado, si bien es cierto que tratándose de leyes, México está muy bien. Pero también lo es que si hay violaciones a las mismas es porque se puede, es decir porque no se sanciona a los que la cometen delitos electorales, que medran con la pobreza de la gente. Configurándose lo que jurídicamente se conoce como derecho vigente no positivo, en otras palabras la impunidad.
Aquí surge la pregunta ¿Cuándo se va a resolver esta cuestión? Se resolverá el día que exista voluntad política para aplicar la ley, para castigar con cárcel los servidores públicos y operadores políticos que utilicen los programas sociales con fines electorales.
En otro orden nada de qué extrañarse en México, la sociedad está acostumbrada a los chantajes de los políticos de todos los partidos. Lo que sí resulta muy sorprendente, empero, el intempestivo cambio de posición de los dirigentes del PAN y PRD, para volver a la mesa de negociación despues de tanta alharaca con el supuesto juicio político de Rosario Robles Y el Gobernador Javier Duarte.
En definitiva, el adéndum del Pacto por México, el escándalo de Veracruz quedarán en mera cuestión anecdótica, con resultado nada practico, ni funcional en la equidad electoral, mientras el PAN, PRD y PRI no decidan ir a fondo en las reformas que impidan no solo el uso de los programas sociales y las obras públicas, sino evitar que sirvan de fabrica de candidatos ganadores de elecciones.
Twitter: @luiscarrs
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