Tamaulipas México - La corrupción se ha definido como el uso ilegitimo del poder público para el beneficio privado. Así como un fenómeno social, a través del cual un servidor público es impulsado a actuar en contra de las leyes, normatividad y prácticas implementados, a fin de favorecer intereses particulares.
Viene a colación lo anterior por la caída del ex Gobernador priista de Tabasco Andrés Granier Melo, acusado por el Gobernador Arturo Núñez de un desvío por 20 mil millones de pesos. Según la fiscalía son tan concluyentes las evidencias de cómo Granier Melo y su pandilla saquearon Tabasco, sin embargo es muy probable que a estas horas los aludidos ya se encuentren fuera del país.
Cabe decir que hace apenas unos días Andrés Granier, argumentó, que aquella grabación en la que se le escuchaba presumir de poseer cientos de trajes, zapatos, camisas y pantalones, de sus casas en México, Miami y Cancún, eran el producto de una mala borrachera durante una fiesta, donde había “alardeado”, dijo, de propiedades que no tenía. Como queriendo tapar el sol con un dedo.
Se debe señalar que el “caso Tabasco” se complico en las últimas horas cuando se descubrieron presuntos cargamentos de cajas de cartón con pacas de billetes, estimados en aproximadamente 100 millones de pesos, que el ex gobernador tabasqueño habría ordenado sacar del país, fueron descubiertos cuando eran sacados de una oficina propiedad del ex tesorero de Granier, José Saiz Pineda.
Supuestamente Granier se encuentra en Miami, refugiado en una de sus residencias. De ser así, de tonto regresaría a México pues sabe que al acudir a Villa Hermosa, sería arrestado para ser procesado y tendría que ser extraditado. Lo mismo sucederá con José Manuel Saiz Pineda, presunto propietario de los 88 millones 560 mil 134 pesos, presuntamente también “ya corrió”.
De tal suerte que las pillerías que hoy escandalizan a la opinión pública nacional no son nuevas ni exclusivas de un bando partidista. Es el caso de Luis Armando Reynoso Femat, ex gobernador del PAN en Aguascalientes, acusado de de peculado y ejercicio indebido de funciones, un juez hidrocálido ya le habría dictado una orden de aprehensión.
De igual modo Narciso Agundez ex gobernador perredista de Baja California Sur fue detenido el 26 de mayo de 2012 por peculado por 52 millones de pesos y falsedad de declaraciones, entre otros cargos, al reclasificarse el delito salió en libertad bajo fianza, siete meses despues.
Ahora bien Meter a Granier Melo a la cárcel significaría una acción políticamente correcta para el Presidente Enrique Peña Nieto por que le permitiría fortalecer la relación con los líderes partidistas firmantes del Pacto por México y de paso auxiliar a éstos a contentarse con sus bases. Procesar a Granier le daría al Gobierno federal un bono importante frente a la opinión pública.
Por tanto no encarar el abuso del déspota tabasqueño, este quedaría como un santuario a la impunidad y a la corrupción en la historia del presente sexenio, y porque además procesar a Granier no tendría costos políticos.
Porque no pertenece a la cúpula del PRI, no forma parte de una corriente política priista, llegó a la gubernatura de Tabasco por el PRI sin ser el candidato de la nomenclatura del partido; se le escogió por ser un funcionario con buena imagen, para contrarrestar la amenaza que representaba el PRD en esas elecciones locales. Granier es y ha sido un externo, un forastero en las filas del tricolor.
En otras palabras nadie necesita al ex gobernador tabasqueño. En cambio el enriquecido Granier es una suma de ceros para el PRI. A Peña Nieto le resulta más útil convertir al "Químico" en carne de presidio que en un turista disfrutando las la playas de Miami.
Está visto que el diseño institucional del Estado mexicano está configurado para que la corrupción sea impune y para dejar sin sanción conductas que deben ser objeto de castigo.De ahí que es ineludible que un Estado como México que se precia ser de Derecho debería exigir a sus servidores públicos mucho más responsabilidad, mucho más transparencia y rendición de cuentas.
Por consiguiente el combate a la corrupción es una demanda social muy señalada, es tema de la agenda nacional. El presidente Peña Nieto anunció la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, dedicada a combatir ese cáncer político. La corrupción inhibe el progreso económico y social del país, por un lado, y dificulta el fortalecimiento de las instituciones y la mejora en la gestión pública por el otro.
En definitiva, la corrupción es consecuencia de factores como la debilidad de las instituciones y de la carencia de una política de Estado para combatirla. Además el desafío para controlar la corrupción, exige instituciones sociales y de gobierno que funcionen adecuadamente. Ya no es posible poder seguir concibiendo un país de corruptos y cínicos, expertos en torcer la ley a su favor.
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