Las dos iniciativas de ley en materia administrativa y anticorrupción presentadas por el presidente electo Enrique Peña Nieto al Senado por conducto de las bancadas del PRI y del PVEM, constituyen la reingeniería gubernamental que tendría como objeto moralizar y racionalizar el aparato gubernamental que ha crecido desmesuradamente en tamaño y costo.
Dentro de las propuestas peñanietistas figura la creación de un ente que los medios y políticos priistas la han llamado Comisión Nacional Anticorrupción que al decir de ellos, tendría la tarea de combatir y erradicar el uso ilegitimo del poder público para el beneficio privado en otras palabras la corrupción.
Sobra decir que la lucha contra ese cáncer político es inaplazable para México, por ello es necesario que toda implementación de una política pública en ese sentido que tenga como soporte investigaciones o estudios con metodología que demuestren su eficacia.
Del análisis de la iniciativa se desprende que son los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal los que serán responsables de mantener el control interno y de gestión de la dependencia o entidad que encabecen, con el apoyo de unidades de auditoría preventiva, bajo los lineamientos de la secretaria de la SHCP.
De tal modo que los propios titulares tendrán la obligación de nombrar a los auditores preventivos de su respectiva dependencia y entidad, con base en los perfiles que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito, para apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales
Cabe indicar que las unidades de auditoría preventiva se regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, fiscalización superior, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia.
De lo anterior se desprende que la propuesta del presidente electo para hacer frente a la corrupción no parece haber diferencia alguna con la actual Secretaria de la Función pública, salvo el cambio de nombre, cuyas funciones pasaron a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y a los titulares de las demás dependencias y a las unidades de auditoría preventiva, es decir que siguen siendo juez y parte.
Por lo tanto la iniciativa no contempla la creación de un ente o instancia nueva descentralizada, con plena autonomía, patrimonio propio, cuyo fin explicito y único sea el combate a la corrupción, ni tampoco institucionaliza la participación ciudadana en el combate a la corrupción.
En ese tenor y provechando la coyuntura legislativa en el marco de la trasmisión de poderes, se hace necesario rediseñar la estructura institucional para la rendición de cuentas, otorgando plena autonomía al IFAI, a la ASF y a la nueva instancia anticorrupción, así como ampliar la ley de transparencia para incluir a los partidos políticos y al sector privado como sujetos obligados.
De igual manera empoderar la participación ciudadana en el combate a la corrupción, por medio de una reforma a la ley de procedimientos administrativos y de responsabilidades, fortaleciendo los mecanismos institucionales de monitoreo y queja ciudadana y mayor apertura a la sociedad civil a ASF y a la instancia de anticorrupción
Dentro del mismo orden de ideas para nadie es un secreto que en los tres órdenes de gobierno la burocracia es obesa, improductiva, ineficiente y onerosa, que representa un dispendio de recursos que podrían re redireccionarse hacia otros rubros del gasto social, en ese sentido resulta acertada la iniciativa de EPN del redimensionamiento del aparato gubernamental.
De ahí que la propuesta de suprimir las Secretarías de Seguridad Publica y de la Función Pública, fusionar la Sedesol y Reforma Agraria y fortalecer la secretaría de gobernación con más responsabilidades con capacidad para resolver los problemas de gobernabilidad y seguridad pública, pero dentro de los preceptos de la democracia, resulta a todas luces una decisión positiva que debería de imitarse en todas las entidades federativas del país.
Así pues las reformas que vengan habrían de generar un marco legal solido de la acción gubernamental, sino también lograr niveles de eficacia del aparato burocrático y a propiciar un cambio cultural que haga de las prácticas corruptas algo del pasado, que son un cáncer social en el que colaboran tanto quienes lo fomentan como aquellos que lo permiten o lo encubren al no denunciar.
En definitiva las iniciativa de ley presentadas por Peña Nieto parecen ir en la dirección correcta para reorganizar el aparato gubernamental y para hacer frente a la corrupción, sin embargo el congreso deberá enriquecer la propuesta para crear una instancia o ente que tenga explicito como fin la prevención y combate a la corrupción gubernamental y a sus prevaricadores.
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