El Servicio Profesional de Carrera es una política pública para la profesionalización de los servidores públicos, fomenta la eficiencia y eficacia de la gestión pública, lo que se traducirá en una mejora en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.
¿A qué viene lo anterior se preguntará el lector? A la inminente aprobación por parte del Senado a la reforma de Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para suprimir más de 4,000 puestos de Director General y sus niveles de adjunto, homólogos y cualquier otro equivalente.
En los hechos el impacto de esta reforma en caso de que el Congreso la apruebe, será el despido de de miles servidores públicos de los niveles mencionados y dará luz verde al Gobierno de Enrique Peña Nieto para proceder directamente a la libre contratación de las personas que ocuparan estos mismos puestos.
Los funcionarios que actualmente ocupan dichas plazas y que fueren desplazados por efecto de la reforma poseen derechos adquiridos formando parte de su patrimonio jurídico y en caso de separación podrán defenderse mediante el juicio de amparo contra de la aplicación de una ley con efectos retroactivos en perjuicio de dichos servidores y contra la estabilidad del empleo, sin importar las reformas.
En teoría el Sistema del Servicio Profesional de Carrera permite administrar los recursos humanos de las instituciones sujetas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera y garantizar su ingreso, desarrollo y permanencia en la Administración Pública Federal a través del mérito y la igualdad de oportunidades; en un marco de transparencia y legalidad.
En ese contexto con la llegada de los panistas al poder, se señalaba que independientemente de los vaivenes de la democracia sin importar la alternancia de los distintos gobiernos, el servidor público profesionalizado debería permanecer en su cargo sin importar el signo partidista del gobierno en turno.
Sin embargo, la realidad nos ha mostrado algo distinto, en el gobierno panista de Felipe Calderón se deshicieron de casi todos los funcionarios certificados de origen priista que todavía se encontraban incrustados en los mandos medios de la burocracia federal, sin que les importara que muchos pertenecieran al Servicio Profesional de Carrera, porque el caso era sustituirlos por panistas.
Razones por las cuales el PRI, ahora requiere de esas plazas “liberadas” mediante la reforma, con el argumento de que es necesaria la cercanía con el titular de la institución y de las propias funciones del puesto, además del perfil académico y de experiencia afín al cargo, se requiere de un compromiso directo con su superior para que la dinámica de las instituciones alcance sus puntos máximos.
En suma, queda claro que tanto el PRI como el PAN no respetan el Servicio Profesional de Carrera, lo cual hoy es una nulidad que no garantiza la estabilidad en el empleo aun cuando se pretenda ocultar con una reforma legislativa. De ahí el chiste de que en México no hay leyes que se respeten y que no se cumple ni tan siquiera con la Ley de gravedad.
Al margen de que se puedan despedir a quienes ocupan plazas de director general, sus niveles de adjunto, homólogos y equivalentes, con el fin de ocuparlas con absoluta libertad, el problema es el desánimo que genera en todo el resto de la estructura burocrática ya que de un plumazo les cierra la puerta ascender en el nivel de la estructura y de salario por la vía de sus méritos profesionales.
La razón de ser del servicio profesional de carrera es garantizar a la administración pública la existencia de un ejército de servidores públicos, neutrales políticamente o mejor dicho partidistamente, que cuentan con los perfiles y las competencias adecuadas para los puestos que desempeñan. Pues tuvieron que concursar por sus plazas y aprobar sus evaluaciones.
De lo contrario estaremos en presencia del fortalecimiento de un aparato clientelar, en el que las reglas formales no cuentan y lo que se privilegia son las relaciones personales, el intercambio de favores o de favores por dinero o las influencias políticas.
En definitiva de concretarse la reforma a la Ley del Servicio Profesional de Carrera, esta jurídicamente no se podría aplicar retroactivamente en perjuicio de los más de cuatro mil directores generales, sus niveles de adjunto, homólogo y equivalente y si la tomaran como motivo para despedir a esos funcionarios estos podrían interponer juicios de amparo administrativo demandando su restitución.
Twitter: @luiscarrs
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