Los impuestos en teoría cumplen una función social, por que a través de ellos se habrían de garantizar los derechos de la sociedad mexicana, como seguridad, justicia, medio ambiente, educación, salud y cultura, lo cierto es que éstos y todos los derechos tienen un costo de realización que justifican los impuestos.
Cabe decir que de la seguridad fiscal y la moral pública de los gobernantes depende en gran medida el buen gobierno. Actualmente la legitimidad Estatal hacia los contribuyentes está muy deteriorada.
He aquí que el Estado mexicano tiene todas las atribuciones y facultades para cobrarnos más impuestos, imponernos obligaciones, crear “dolorosas pero necesarias”’ contribuciones, reconocer derechos y justas demandas a quienes no producen, ni pagan y los funcionarios tributarios como buenos tecnócratas, cobran lo que ordena una computadora.
De ahí que la más importante, la más difícil de todas las reformas es la hacendaria. Ya que es indispensable para generar los recursos para poder crecer, construir escuelas, universidades, hospitales, carreteras, aeropuertos, dar becas, apoyar a madres solteras, aumentar sueldos de los policías honestos, permitir a Pemex invertir más y ampliar la red de protección social.
Tengamos presente que el cobro de impuestos depende de una condición inexcusable desde hace varios cientos de años: que todos los contribuyentes paguen y que no haya privilegios para algunos solamente porque sean amigos de los gobernantes.
En ese contexto Enrique Peña Nieto propone una reforma hacendaria, que amplié la base de contribuyentes, mejorar el cobro de impuestos, IVA a medicinas y alimentos, combatir la evasión, reducir al máximo las exenciones y los privilegios fiscales y simplificar el sistema fiscal. Siendo necesario actuar decisivamente en impuestos y tasas, y preparar un “menú de opciones”.
Por otro lado por su complejidad lograr una importante reforma fiscal requiere de un acuerdo nacional donde cada grupo incurra en costos y beneficios equitativos, negociación se tendría que pactar por el nuevo gobierno, pero debe diseñarse y preparase desde ya.
Cabe señalar que el momento decisivo para concluir la reforma será el primer periodo legislativo de 2013. Lo que no se haga entonces difícilmente se logrará después. Pero si no se hace una verdadera reforma fiscal estaremos condenados a la mediocridad.
De tal manera que el nuevo gobierno deberá predicar con el ejemplo haciendo un gran esfuerzo por racionalizar su gasto: reducir el gasto corriente dispendioso y aumentar el de inversión. Han proliferado programas sociales asistencialistas y clientelares que no produjeron resultados. Se requieren transparencia y rendición de cuentas.
Está demostrado que elevar los impuestos particularmente al consumo y la reducción a los gravámenes directos a la inversión, solo mejoran los sistemas de recaudación pero no se traducen en mejores condiciones de vida para la sociedad en su conjunto.
Por tanto, es imperante tomar decisiones encaminadas a incrementar los niveles de recaudación tributaria y lograr los entendimientos básicos para poder obtener el financiamiento que permita dar cobertura a las necesidades del gasto corriente, gasto social e inversión en infraestructura económica y social.
En definitiva la reforma tributaria no debe concebirse con criterios pragmáticos de recaudación privilegiando los ingresos, sin reorganizar el gasto, sin cambiar un ápice el modelo neoliberal de desarrollo económico que ya está agotado y los resultados están a la vista de todos. Una reforma fiscal que haga enojar a los empresarios será una reforma que valga la pena.
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Bueno los politicos, prometen una cosa y hacen otra. Dicen que hacen, pero en el fondo deshacen.
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