EL WAL-MART GATE

El escándalo desatado por el artículo publicado por el New York Times en el que se revela que empresarios de WalMart México (Walmex) incurrieron en actos de corrupción pagando sobornos por 24 millones de dólares a funcionarios públicos mexicanos de los tres órdenes de gobierno para instalar tiendas en diferentes partes de la República Mexicana, aún en zonas prohibidas.




De igual modo el diario neoyorquino reveló que Wal-Mart encontró evidencia creíble de que su subsidiaria en México había pagado sobornos y que una investigación interna sobre el affaire fue desestimada en la sede corporativa en Arkansas, sin haber hecho del conocimiento al Departamento de Justicia de EEUU.



Por tanto el escándalo ha crecido como bola de nieve, a pesar de la apatía de las autoridades de procuración de justicia, contralorías y bursátiles de México. El Washington Post informó que el Departamento de Justicia norteamericano abrió una investigación a WalMart por presunta práctica de “soborno sistemático” en México.



De ahí que los ejecutivos de WalMart se justificaron ante la Comisión de Valores del Departamento de Justicia Estadounidense argumentando que el soborno denunciado hasta por 24 millones de dólares ocurrió en 2006, año electoral mexicano y que a la fecha se encuentra prescrito.



Por otra parte la Procuraduría General de la República (PGR) “abrió” un acta circunstanciada sobre el caso de WalMart de México lo que significa que podría solicitar información tanto a particulares, personas morales como a dependencias federales, estatales y municipales.



Sobra decir que en México la corrupción es endémica, abrir y operar un negocio prácticamente no puede hacerse si no hay de por medio algún tipo de “pago” a algún funcionario público gubernamental.



Huelga decir que no se conocen nombres de funcionarios públicos mexicanos sobornados que facilitaron y agilizaron la edificación y apertura de las tiendas del gigante de los supermercados, con la expedición de permisos de construcción, los estudios de impacto ambiental de la agencia correspondiente, protección civil, salud, cambio de uso de suelo etc., del gobierno federal estatal y municipal.



Cabe señalar que también se ignora si los gobiernos de los estados, los ayuntamientos municipales del país, donde se encuentran ubicadas las tiendas de autoservicio WalMart, a través de sus contralorías hayan iniciado o no una investigación para deslindar responsabilidades.









Tengamos presente que la generación de empleos en México constituye un objetivo político estratégico de los tres órdenes de gobierno mexicano, que en algunos casos ha llegado al extremo de dar facilidades de todo tipo a las empresas inversionistas, llegando al extremo de la donación de terrenos para la instalación de empresas comerciales e industriales.



Cabe señalar que WalMart confirmó al Presidente Felipe Calderón en la reunión de Cartagena de Indias, Colombia, que invertirá en México 19 mil 740 millones de pesos, con lo cual se crearán 23 mil nuevos empleos permanentes en el país, razón por la cual esta trasnacional minorista es considerada por el presidente de la republica como el modelo ideal de inversión extranjera.





No podría explicarse de otra manera, México representa a WalMart ganancias netas por 11 mil millones de dólares en una década. Es el segundo país, después de Estados Unidos, en mayor número de establecimientos. Su valor de capitalización pasó de 255 mil millones de pesos en 2005 a 678 mil 500 millones en 2011, según especialistas financieros.





De este modo surge escepticismo generalizado de que en México puedan prosperar la averiguación y la investigación en contra de la corrupción de ejecutivos del monopolio de los supermercados y los servidores públicos involucrados.





En ese contexto WalMart ha sido objeto de frecuentes demandas gubernamentales, demandas de sus propios empleados y de clientes, así como acusaciones de violaciones a las leyes sobre trabajadores, inmigrantes, ilegales, horas extras, discriminación de géneros, seguridad social, y ocultamiento de pruebas en aras de exageradas ganancias.



En ese tenor la ley anticorrupción estadounidense establece que es ilegal que las compañías sobornen a funcionarios extranjeros fuera del país en el marco de su actividad.



Al efecto David Tovar, un vocero de Wal-Mart expresó “Tomamos muy en serio el acatamiento de la Ley de los Estados Unidos de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y establecemos un programa global anticorrupción fuerte y efectivo en todos los países donde operamos”. “No vamos a tolerar que no se cumpla la FCPA en cualquier lugar o nivel de la compañía”.



En cuanto a la filosofía de WalMart basada en “los altos costos de los precios bajos” esta se expresa en la precarización del trabajo de miles de jóvenes caracterizado por la incertidumbre y la falta de garantías laborales. Pago de bajos salarios por hora, sin seguridad social. Se da el lujo de discriminar por razones de embarazo u orientación sexual. En suma.



Además tiene sindicatos blancos que firman los llamados contratos colectivos de “protección” quienes no le rinden cuentas a nadie. Promueve no sólo el consumo sino la falsa idea de que formamos parte del primer mundo.



Vemos que el ex ejecutivo Eduardo Castro-Wright aparece entre las personas que negociaban la expansión de Wal-Mart en México a cambio de sobornos, quien dio nombres, fechas y cantidades entregadas a funcionarios, agregando que él sabía mucho porque durante años había sido el abogado encargado de la obtención de los permisos de construcción de Wal-Mart de México.



Como acción reactiva para salvar su reputación WalMart tomó la decisión de crear un zar anticorrupción para facilitar la investigación por parte de las autoridades de los Estados Unidos, decisión que fue bien recibida, ganó credibilidad para la empresa y en 24 horas sus acciones se recuperaron de las pérdidas sufridas en Wall Street.



En contraste en México sus autoridades guardaron silencio, se lavaron las manos o defendieron a WalMart. No hay ninguna investigación para conocer la verdad de los hechos de corrupción que contribuyeron a la expansión del rey de los supermercados.



Mientras en Estados Unidos, WalMart da un buen golpe en su defensa, en México se guarda silencio, al igual que lo hacen las autoridades federales, estatales y municipales. Habrá que ver el desenlace y en qué país sale menos dañada la imagen pública del gigante minorista.



De este affaire surge la urgente necesidad de un sistema de control administrativo, un régimen fiscal eficiente, capaces de detectar el patrimonialismo ilícito, y de aquellos actos donde se presuman las prácticas corruptas y la evasión fiscal, así como una legislación mucho más severa para delitos de cuello blanco.



En definitiva el escándalo de WalMart exhibe de cuerpo entero el alto grado de corrupción e impunidad que prevalece en el sector público de los tres órdenes de gobierno y la sociedad, que constituye un síntoma inequívoco de la descomposición del sistema político mexicano.