El fatal accidente donde perdieron la vida tres adolecentes, que conmovió a la sociedad victorense, provocado presuntamente por Marcelino Loredo Huerta secretario particular de la titular del Instituto Tamaulipeco de la Cultura, nos lleva reflexionar sobre la seguridad vial y el uso indebido de los vehículos oficiales.
Más allá de la determinación de la responsabilidad de quien o quienes ocasionaron el percance mortal, la autoridad municipal tiene la obligación constitucional de brindar seguridad pública a peatones, conductores y pasajeros en el uso de las vialidades municipales bajo su control, derivado del tránsito de vehículos automotores.
En ese tenor las autoridades no tendrían que esperar a que sucedan hechos trágicos para implementar las acciones de prevención en materia de tránsito y vialidad, mismas que deberían ser permanentes para evitar se repitan accidentes tan lamentables con pérdida de vidas humanas como el ocurrido en el 16 Olivia Ramírez.
Dentro de las medidas a realizar, deberá terminarse de tajo con los retenes salteadores y operativos molestia como los polarizados, para enfocar energías en sancionar a conductores o propietarios de vehículos: por manejar en estado de ebriedad, por exceso de velocidad, por circular sin placas; por transitar con autos ilegales de procedencia extranjera; por no usar el cinturón de seguridad.
Así como aquellos que contaminen el ambiente; a quienes se estacionen en doble fila en la hora de entrada y salida de las escuelas; los que no acreditan la legítima procedencia. Educar a los automovilistas en los cruceros con medios altos que nadie respeta la secuencia de paso, verbi gracia como acontece en los del 21 Hidalgo, 9 Olivia Ramírez y 9 Michoacán.
Por otra parte en lo que se refiere al mal uso de los vehículos oficiales del gobierno del estado, es facultad de Gilda Cavazos Literas titular de la Contraloría, vigilar que los vehículos oficiales sean utilizados en un marco de racionalidad evitando en todo momento el uso indebido de las unidades, así como su manejo y traslado en actividades no gubernamentales.
Es una práctica tan común de los servidores públicos utilizar las unidades vehiculares para asuntos personales y fines particulares, no obstante prohibirlo el Reglamento para el Uso y Control de Vehículos Oficiales del Gobierno del Estado de Tamaulipas.
Al efecto el artículo 23 dicho ordenamiento prohíbe estrictamente a los resguardantes: Utilizar la unidad en asuntos particulares que denoten un mal uso del bien mueble; Conducir en estado inconveniente, estacionar las unidades en lugares prohibidos, exceder los límites de velocidad permitidos y en general, violar cualquier disposición del Reglamento de Tránsito en vigor.
En el paisaje tamaulipeco cotidianamente se puede observar en las calles, estacionamientos de las tiendas de autoservicio, escuelas, centros de recreo, restaurantes o paseando a sus familiares dentro y fuera del horario de labores a muchos servidores públicos o parientes cercanos de estos, utilizando vehículos oficiales, consumiendo gasolina con cargo al erario público en asuntos particulares que nada tienen que ver con la función pública.
En el caso de Marcelino Loredo Huerta, cabe preguntar, si contaba con la asignación como resguardante de la camioneta Dodge Durango modelo 2009, si tiene autorización por parte de la titular para disponer de la unidad las 24 horas del día, los siete días de la semana para uso diario, y si la disposición ilimitada del vehículo asignado es indispensable para el desarrollo de sus funciones.
Ahora bien independientemente de la responsabilidad penal que le pudiera resultar por el accidente automovilístico al secretario particular de Libertad García Cabriales, también pudiera haber incurrido en causales suficiente para rescindirle la relación laboral con el ITCA, al disponer de un vehículo propiedad del gobierno del estado para finés particulares.
Por otro lado no sería mala idea que Gilda Cavazos Literas instrumentara e implementara un operativo que podría denominarse programa “Contraloría Centinela”, que tenga como objetivo vigilar el buen uso de los vehículos oficiales, como una medida de preservar el patrimonio institucional y optimizar los recursos.
Este programa no solo tendría como propósito sancionar, sino fundamentalmente cambiar la actitud de los servidores públicos que consideran la unidad en el mejor de los casos como una prestación laboral extralegal y en el peor como una parte de su patrimonio particular.
En definitiva es necesario y urgente que las autoridades de tránsito municipal implementen programas que tiendan a garantizar la seguridad vial de los victorenses y la contraloría estatal vigile el uso y control de los vehículos propiedad del Gobierno del Estado de Tamaulipas. En caso de ser procedente al margen de la responsabilidad penal, fincar responsabilidades administrativas y laborales a Marcelino Loredo Huerta.
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