La ofensiva de Grupos evangélicos encabezada por Luis Armando González Isas, presidente de la Asociación Civil Conciencia Ciudadana, contra la creación de la Ley de Sociedades de Convivencia por el Congreso del Estado, que permitiría la unión de personas del mismo sexo, exhiben de cuerpo entero su intolerancia.
He aquí su oposición: “El planteamiento de nosotros es una propuesta legal, asimismo tenemos cinco mil firmas de gente de las iglesias de la ciudad, donde no estamos de acuerdo en que se legisle sobre la ley de convivencia aquí en Tamaulipas, como la que promueve el grupo Lésbico Gay, que encabeza Óscar Medina porque consideran que va en contra de los principios cristianos”.
Los evangélicos sin rubor alguno se han quitado la careta, al pretender con su protesta impedir el ejercicio y respeto de los derechos humanos, a las personas con preferencias sexuales diferentes, pasando por alto que no se trata de una cuestión de moral pública, sino de igualdad jurídica ante la ley que en los hechos para los grupos gay esa igualdad no se ha logrado.
De ahí que una Ley de Sociedad de Convivencia establecería un avance en la lucha por la equidad y tolerancia, ayudará a tutelar los derechos de esas personas que hoy se encuentran en un estado de indefensión, independientemente de sus preferencias sexuales.
Además no sería una norma que pudiera equipararse con el matrimonio, ni pondría en riesgo a la familia, ni atentaría contra nadie, ni obligaría a pensar de manera distinta, por tanto no debería verse como una amenaza o agresión.
Por lo que los dirigentes religiosos evangélicos y de la Iglesia católica, mejor deberían preocuparse más por dar cumplimiento al artículo 130 constitucional y a la Ley de Asociaciones Religiosas que por la Ley de Sociedades de Convivencia y hacia su interior prevenir y/o erradicar en su caso probables violaciones sexuales pastorales y pedofilia respectivamente.
Estos grupos opositores que se resisten a la creación de esta ley, se niegan asumir los nuevos tiempos que vive la sociedad mexicana, y en particular la tamaulipeca, quienes estarían obligados poner el ejempló de justicia y de respeto a los derechos humanos, fundamentados en argumentos que no estén sesgados por los prejuicios y la profunda homofobia que los inspira.
Caer o aceptar la intolerancia significa degradarse como personas. Al no aceptar las razones de grupos minoritarios, al no tener apertura de pensamiento, al cerrarse a luchar por los derechos de los más débiles, discriminados y oprimidos se cae, lamentablemente, en la absolutización de intereses personales o grupales.
Conviene señalar que la ley no sólo beneficiaría a parejas del mismo sexo con una relación sentimental, sino también a otros ciudadanos que decidan vivir juntos sin importar su orientación sexual, su edad o sexo.
De tal suerte que estas personas que por limitaciones económicas decidieran mudarse juntos y adquieren bienes en común o personas mayores que son abandonadas por sus familiares cuentan con alguna persona conocida para hacerse cargo de ellos, estarían protegidas por dicho ordenamiento legal.
También cabe subrayar que dentro de las restricciones de la sociedad de convivencia, podríamos citar el no tener derecho a la adopción de hijos y en materia laboral y de seguridad social no podrían generar derechos derivados de la muerte de un trabajador, en favor de su compañero o compañera.
Del mismo modo para la sociedad tamaulipeca debe quedar muy claro que esta propuesta legislativa no debe confundirse con una "ley gay” por lo que entendida así generaría muchas resistencias y rechazo al respecto.
Tengamos presente que en un Estado democrático de derecho, no existe razón, ni fundamento jurídico alguno, que sustente la falta de reconocimiento de derechos civiles y sociales a miles de ciudadanas y ciudadanos, por causa de la prevalencia de un prejuicio más o menos generalizado respecto de la diversidad sexual y afectiva.
Concedamos que una ley de Sociedad de Convivencia sería un gran paso a la tolerancia y respeto a los derechos humanos. No fomenta ni impulsa la homosexualidad ni ningún otro estado en particular y sólo apela a la democracia social, al reconocimiento de la igualdad y también de la desigualdad de los modelos familiares preestablecidos.
En consecuencia resulta imperativo construir un marco legislativo expresado en una Ley de Sociedad de Convivencia para el estado de Tamaulipas que contemple y proteja las diversas formas de convivencia, erradique y prevenga la discriminación y promueva una cultura de respeto a la diversidad social.
En definitiva discutir, y en su caso, aprobar una Ley de Sociedad de Convivencia para el estado de Tamaulipas representa una verdadera prueba de pluralismo democrático para los diputados locales, también representa para las personas el reconocimiento del derecho a la diferencia y a decidir legítimamente sobre sus relaciones personales
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