Decidido el “gasolinazo” mensual extendido por tres años, ahora resulta que este no tiene paternidad. El PAN dice que es un acuerdo con el PRI. El tricolor dice que no fue su idea, que es problema del gobierno federal facultado para fijar precios a los combustibles, dicho en palabras del monje loco, nadie sabe, nadie supo.
Sin embargo se debe señalar que de acuerdo con el paquete económico aprobado por el Congreso de la Unión, aparecen como responsables el gobierno federal, los diputados federales, senadores y los partidos políticos que no se tentaron el alma para golpear a los mexicanos al aprobar el “gasolinazo”, extendido hasta el mes de diciembre de 2014.
No cabe la menor duda que el PRI y el PAN por conveniencia política permitieron los aumentos propuestos por el Ejecutivo que se materializaran al momento de aprobar la Ley de Ingresos, y los criterios de política económica, de igual manera aprobaron implícitamente los incrementos a los precios del gas doméstico y de la energía eléctrica.
Esta decisión exhibe de cuerpo entero la insensibilidad política, el desinterés y desapego de los legisladores hacia los mexicanos, ahora el PRI y el PAN pretenden eludir su responsabilidad al señalar que no se aprobó ningún incremento al precio de la gasolina en la Ley del IEPS, ni en la de Ingresos de 2012, porque esa es una facultad exclusiva del Ejecutivo y no de la Cámara de Diputados, ni la de de senadores.
En el mismo tenor más que equilibrar el precio de los combustibles automotrices en relación a los precios internacionales por el desequilibrio originado por el subsidio a la gasolina, la justificación de incrementar los precios de los combustibles obedece a razones económicas relacionadas con la recaudación de recursos para el financiamiento del sector público y en especial el de las entidades federativas.
Es incuestionable que la prórroga al IEPS sobre gasolinas, tiene como objetivo extender hasta 2014 la entrega de participaciones por aproximadamente 25 mil millones de pesos a las entidades federativas y que el Gobierno federal es el facultado para determinar los precios de los combustibles.
Por lo que cabe subrayar que el Congreso de la Unión como órgano legislativo tiene constitucionalmente facultades para modificar, suprimir y adicionar las leyes, pues solo bastaría para frenar esos incrementos una adición de un artículo transitorio en la Ley de Ingresos o la del IEPES, para prohibir cualquier aumento deslizado o no de precios a las gasolinas durante ese periodo de extensión. Lo que a legisladores les importo un comino.
De ahí habrá un alza desmesurada de la gasolina y el diesel, de donde los 32 gobernadores y la Federación, se beneficiaran unilateralmente con el aumento del “gasolinazo” porque elevaran sus participaciones federales por este rubro codiciado por los ejecutivos estatales, que no se caracterizan por la transparencia y rendición de cuentas. Y como consecuencia para diciembre de 2014 la gasolina costará $19 pesos litro.
Remontémonos al año 2008, donde se incluyó en la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), una cuota por el impuesto a la venta de la gasolina y el diesel que sería destinada a los estados, que con motivo de la aprobación de la ley de ingresos del 2012 que seguirán recibiendo, hasta el 31 de diciembre del 2014, 25,000 millones de pesos anuales.
Por consiguiente dicha cantidad se obtendrá del cobro adicional de 36 centavos por cada litro de magna, 42 centavos de Premium, y 25 centavos en el caso del diesel, para los estados.
El golpe que recibirá la economía popular, particularmente la de los trabajadores con el deslizamiento mensual del precio de las gasolinas, este incremento afectara directamente el costo de producción y de transporte de los bienes y servicios, al mismo tiempo desatara la inflación y por consiguiente deteriorara todavía más el poder adquisitivo de los salarios.
En definitiva al recaudar el IEPS de gasolina mucho dinero para los estados, es explicable pero no justificable que los responsables del “gasolinazo” los diputados y senadores hayan votado a favor de sus gobernadores y no de la población que diariamente se ve afectada en sus niveles de bienestar por el alza desmedida de los combustibles.
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