El Instituto Federal Electoral que permanece incompleto con solo seis de sus nueve consejeros, se hunde entre los excesos, los escándalos y las ocurrencias de sus integrantes. En lugar de enfocarse en sus funciones fundamentales, ahora legisla y censura sin tener facultades constitucionales para ello.
Extralimitándose en sus funciones, los consejeros electorales pretenden imponer una mordaza al reglamentar en forma regresiva y anticonstitucional el derecho de réplica en medios de comunicación establecido en el artículo 6º de la constitución general de la republica, que atenta contra la libertad de expresión y de paso convierten el al Instituto en un órgano de censura.
Este derecho representa el primer instrumento con que cuenta el ciudadano para acceder a los medios de comunicación a fin de hacer valer sus puntos de vista sobre hechos que lesionen sus derechos humanos.
El derecho de réplica tiene como objetivos o finalidades:
Facultar al particular en la vía extrajudicial para ocurrir a los medios de comunicación a defender su honor, vida privada o imagen afectados por información inexacta, equivocada o injuriosa, mediante la difusión de las aclaraciones, precisiones o correcciones pertinentes en el medio que la origino.
Establecer un vehículo de comunicación entre emisores y receptores, que fomenta la veracidad en la información que transmiten los medios de comunicación a la opinión pública;
Ofrecer a la sociedad civil distintas posturas y puntos de vista sobre actos y hechos controvertidos, lo que brinda mayores elementos de juicio sobre los diversos temas de interés general.
De ahí que el derecho de réplica en materia electoral, el reglamento del IFE ha generado una polémica al pretende forzar a periodistas y medios de comunicación a otorgar un derecho de réplica a políticos y candidatos que se sientan “agredidos” o “maltratados”, en el triple de tiempo superior en la que fueron difundidos los supuestos hechos deformados o denostados.
Quienes deciden dedicarse a vivir de y para la política no deben ni pueden blindarse de la crítica. De ser así, constituiría un abuso de poder, ya que a la ciudadanía se le estaría arrebatando un derecho. Sin derechos no habría ciudadanos y sin ciudadanos habría súbditos por lo que sería impensable la democracia.
Por otra parte es un principio jurisprudencial que los derechos reconocidos por la Constitución sólo pueden ser reglamentados por una ley expedida por el Congreso de la Unión, a diferencia de las prescripciones establecidas en la ley secundaria, que pueden ser desarrolladas por un reglamento. El reglamento solo tiene como objeto explicar y precisar la ley sin alterarla ni modificarla; es decir, sin acotar ni maximizar su alcance.
De ahí, que el IFE de reglamentar el derecho de réplica, no sólo tiene un impedimento constitucional, sino que viola el artículo 233, numeral 4 del Código Federal Electoral qué establece: “El derecho a que se refiere el párrafo anterior (de réplica) se ejercerá en la forma y términos que determine la ley de la materia”.
En definitiva un IFE controlado por los partidos políticos parece empeñado en que su mediocridad no se difunda, razón por cual han convertido al árbitro en un organismo de censura y debilitado por su errantica actuación nos encaminamos a las elecciones del 2012 con un órgano que dejo de ser ciudadano y con autonomía.
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