La función legislativa en nuestro país, incluido Tamaulipas está degradada hasta el extremo. Los diputados tienen bien ganado el desprestigio. Son groseramente caros y ordinariamente ineficientes.
En teoría los diputados representan a todos los habitantes en las entidades federativas, en los hechos representan los intereses de los poderes ejecutivos estatales, la mayoría por pertenecer al mismo partido y los de la oposición por presunta vía de la cooptación. En los hechos los legisladores deberían estar obligados políticamente a ser defensores, procuradores de la población, en atención al mandato popular que ostentan.
Daniel Cosío Villegas escribió en “La crisis de México” publicada en la revista Cuadernos Americanos en noviembre de 1946, "A los ojos de la opinión nacional, sin miramientos de grupos o clases, nada hay tan despreciable que un diputado. Han llegado a ser la unidad de medida de toda la espesa miseria social.",
Pocos, quizá sólo algunos legisladores del congreso del estado, podrían objetar la definición del autor de “El estilo personal de gobernar”, menos aun después de haber aprobado las recientes reformas a la Ley Estatal del Agua para determinar el mecanismo de cobro de los porcentajes de contribuciones por servicio de alcantarillado sanitario, tratamiento de las aguas residuales y de servicios ambientales, que se sumaran a los metros cúbicos de agua.
El cobro de los servicios ambientales es inconstitucional ya que el artículo 115 de la constitución federal solo incluye los servicios Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. En la referida iniciativa de reforma no define los servicios ambientales, ni el mecanismo ni quién hará el tratamiento de aguas residuales.
En la actualidad los recibos del agua que emite la COMAPA local aparte del precio por cada metro cúbico de agua servida, ilegalmente sin rubor alguno cobra conceptos como inexistentes en la ley como servicio de drenaje, recuperación de créditos y cargos técnicos, lo que en buen romance significa enriquecimiento ilícito.
Por otro lado, de la reforma a la Ley Estatal del Agua se desprende un afán privatizador, al incluir a los particulares como prestadores directos de servicio de este vital líquido y por tal motivo se requería precisar el cobro del servicio de alcantarilladlo sanitario, tratamiento de aguas residuales y servicios ambientales, para coloquialmente dejarles la mesa servida.
La pésima administración, la deficiencia técnica y el caos financiero derivado en banca rota, que dejaron los anteriores consejos de administración de las Comapas, son el pretexto idóneo para que los principales ayuntamientos del estado, tal como aconteció con los parquímetros inicien los trámites para concesionar el servicio de agua y alcantarillado, a particulares trasnacionales o nacionales, previa reformas a legislaciones relativas.
Aumentar las tarifas de servicios en época de crisis para sanear la economía de una entidad paramunicipal o paraestatal, constituye un error, pudiendo resultar una decisión políticamente incorrecta, por lo que mejor medida para reducir el déficit, es el control del gasto, combatiendo la evasión y morosidad de los usuarios, reducir el gasto corriente, subir o incrementar las tarifas tiene siempre un efecto negativo, y lo peor sería la privatización.
El tratamiento de aguas residuales, las paraestatales y paramunicipales en la mayoría de los casos se han hecho de la vista gorda, por lo que se convierte en otro apetitoso mega negocio para los particulares por ser una forma menos grave de apropiación del liquido, ya que ese recurso no lo puede usar nadie para uso domiciliario y es una política que impulsa la Comisión Nacional del Agua. Lo mismo sucederá con los servicios ambientales.
Concesionar al sector privado la extracción, distribución, cobro del líquido potable, tratamiento de aguas residuales y servicios ambientales, constituiría un error, habría que vernos en el espejo de países como Bolivia y Argentina que tuvieron amargas experiencias con la privatización del agua, sin embargo, no obstante eso en Tamaulipas se impulsa ese curso de acción.
En definitiva con la reforma a la Ley Estatal del Agua los precios de las tarifas del servicio de agua se incrementaran con las nuevas contribuciones independientemente de que estos servicio sean operados por entidades paraestatales, paramunicipales o por particulares.
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