Finalmente Gerardo Robles Riestra, agobiado por las presiones políticas, mediáticas, lealtades grupales y sus propias pifias, presentó voluntariamente a fuerzas su renuncia como Auditor Superior del Estado por “motivos personales”, sin tener debidamente asegurado otro espacio nominal, viviendo ahora en el error, fuera del presupuesto.
Desde el 9 de septiembre de 2009, en que la LX legislatura lo designo como ASE, fue cuestionado por haber fungido como Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal, no obstante de no reunir el requisito de elegibilidad, consistente en que no transcurrió un año previo a su designación, desde que se separó como Titular de dicha dependencia.
De ahí que el auditor en términos de los partidos de oposición no garantizaba salvaguardar el principio de lealtad e imparcialidad en el desempeño de su función.
El blindaje legislativo establecido con legisladores amigos y auditor superior a modo con el fin de garantizar impunidad a los que se fueron, se está cayendo como castillo de naipes, por lo que ahora los diputados podrán solicitar conforme al artículo 76 de la constitución local de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión.
De no actuar así se pondría de relieve la vulnerabilidad de nuestros legisladores, ya sea por el intercambio de favores políticos, sea por la inclinación hacia argumentos contantes y sonantes.
La dimisión del auditor dejó a la vista los vínculos indisolubles con la administración del Ex Gobernador Eugenio Hernández Flores, la postergación y retardo de la información de interés público, el desaseo en la revisión de cuentas públicas vía fast track, que probablemente propiciaron el endeudamiento y saqueo de las partidas presupuestales de ayuntamientos y gobierno estatal.
Por otro lado carecen de sustento las versiones de que el sacrificio de Robles Riestra es el resultado de un supuesto acuerdo entre el Gobernador del Estado Egidio Torre cantú y el ex Eugenio Hernández Flores en reciente encuentro para dar por concluido el asunto de las cuentas públicas municipales y de dependencias del Poder Ejecutivo, interpretado erroneamente como una amnistía generalizada.
Por el contrario tras la renuncia de Gerardo Robles a la ASE y con la asunción de Miguel Salmán Álvarez a ése mismo cargo la sociedad tamaulipeca recobraría la credibilidad y confianza en las instituciones, para dar respuesta puntual a los señalamientos expresados, que los ex funcionarios hagan de su comparecencia la oportunidad para esclarecer los mismos y así precisar responsabilidades.
Lo que debe quedar muy claro es que la revisión de las finanzas públicas estatales o municipales no debe interpretarse como persecución, linchamiento político o cacería de brujas en contra de ex funcionarios, sino como la investigación de las causas de posibles quebrantos patrimoniales al estado y a los municipios.
Como consecuencia, tendrían que ser llamados a comparecer los ex alcaldes de los municipios más endeudados, como Ramón Garza Barrios, Oscar Luébbert, Erick Silva, Oscar Pérez Inguanzo, Sergio Posadas, Arturo Diez Gutiérrez, Héctor López González, y los ex funcionarios Víctor de León Orti, Alberto Berlanga, entre otros sobre quienes recae la presunción de enriquecimiento ilícito.
En cuanto al desempeño del Auditor Robles fue poco satisfactorio, por la ineficiente evaluación de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas, como los ayuntamientos que terminaron con una deuda de más de 4 mil millones de pesos y el Estado con más de 10 mil millones. Resultado Ayuntamientos y dependencias estatales pobres y ediles y ex funcionarios millonarios.
Por ningún lado se vieron los efectos o consecuencia de la acción fiscalizadora en la gestión financiera y desempeño de las entidades fiscalizadas, en los resultados de los programas y proyectos autorizados en el presupuesto y en la administración de los recursos públicos en el periodo desempeñado por el ASE.
Al ocupar Miguel Salmán Álvarez la titularidad del órgano superior de fiscalización del Congreso se abre una nueva etapa en su desempeño para hacer realidad los principios sustentados en criterios de profesionalismo, objetividad, imparcialidad, honestidad, confiabilidad, responsabilidad e integridad.
La ASE debe ser más proactiva que reactiva, para definir senderos y caminos que impulsen el buen gobierno, e identificar las grandes causas que propician la corrupción, señalando a los tres poderes del estado, las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora, para que éste actúe en su ámbito de competencia.
La corrupción impide el desarrollo político, económico y social, a la vez que socava la eficacia y la eficiencia administrativas. La corrupción mina la legitimidad de los dirigentes políticos y de las instituciones públicas, ya que produce el desprestigio y descrédito de las autoridades gubernamentales, provocando la desconfianza de la sociedad.
En definitiva sería muy saludable, que independientemente de la renuncia de Robles Riestra, quien debía concluir su cometido en septiembre de 2015, el órgano interno de control del Congreso realice una investigación en torno a su gestión y la Comisión de Vigilancia explique las causas por las cuales fue renunciado Robles Riestra.
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