La denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional por el grupo de ciudadanos del "movimiento contra la violencia" en contra del presidente Felipe Calderón y de algunos de sus colaboradores, que motivó una reacción furiosa e intimidatoria, inapropiada de un jefe de estado.
Así pues los 23 mil ciudadanos firmantes de la denuncia acusan a Calderón Hinojosa y a su gabinete de seguridad por supuestos crímenes de guerra y lesa humanidad, cometidos en el sexenio, a causa de la lucha contra de la delincuencia organizada.
Cabe subrayar que la respuesta de la Presidencia de la República fue un comunicado oficial, en el cual expresa que se exploran todas las alternativas para proceder legalmente contra los ciudadanos firmantes, a su vez rechazan de manera categórica dichas imputaciones calificándolas de falsas temerarias y calumniosas que dañan a personas e instituciones y el buen nombre de México.
Más allá de la bravata presidencial y de que no se procederá contra los denunciantes en aras de la libertad de expresión, jurídicamente es improcedente que la acusación contra el presidente Felipe Calderón sea admitida por la Corte Penal Internacional, aunque si estudiada por su Fiscalía General, que tendría que determinar si hay evidencias suficientes para investigar lo que ocurre en México.
¿Por qué afirmamos que es jurídicamente improcedente la denuncia? Porque la CPI de la que México forma parte es una instancia para perseguir genocidas en el mundo, y sólo actúa en aquellos casos dirigidos por el Consejo de Seguridad de la ONU y en países parte de los Estatutos de Roma, cuyas instituciones son incapaces de juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad.
Porque la CPI tiene un carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales, lo que significa que no podría actuar, salvo que los tribunales mexicanos se hubieran negado a conocer la denuncia contra Calderón.
Porque los ciudadanos querellantes antes de acudir a la CPI no agotaron otras instrumentos jurídicos de protección como el juicio de amparo o la controversia constitucional.
Porque los quejosos tampoco cumplieron con los requisitos de admisibilidad que prevé el Estatuto de Roma, porque además la CPI sólo tiene competencia para los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. LO que en términos jurídicos ninguno de estos supuestos se ha configurado.
Comparar crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por Estados autoritarios orientados al exterminio parcial o total de una población por razones étnicas, religiosas o políticas, con la lucha contra la delincuencia organizada por un gobierno de incipiente democracia, no hay materia para sustentarla o fundarla.
Por consiguiente el caso de México no puede compararse con Uganda, Sudan, o la República Popular del Congo, ni Libia o Costa de Marfil donde si hay investigaciones de delitos de lesa humanidad. Tampoco nuestro país se parece a Afganistán, Georgia, Guinea, Palestina, Honduras, Corea y Nigeria, donde la Corte Penal tiene investigaciones preliminares.
Aquí surge la pregunta obligada ¿Qué es lo que persigue ese grupo de ciudadanos al acusar al Presidente Calderón ante la CPI?:
La respuesta podría ser: vengar los agravios por el presunto “robo” de la elección presidencial de 2006, estimulada por un sector mediático adicto a Andrés Manuel López Obrador.
Desacreditar mediáticamente al presidente de la republica como el principal mata mexicanos y contribuir de esta manera a que en las elecciones de 2012 el PAN resulte derrotado, como seguramente así acontecerá, de paso dándole una buena ayudada al PRI, a Enrique Peña Nieto y a la delincuencia en general.
En definitiva, la denuncia presentada ante la CPI por el grupo "movimiento contra la violencia" en contra del presidente Felipe Calderón, jurídicamente es improcedente porque la Corte solo funciona cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal internacional, pero políticamente resta imagen al presidente y contribuye a que el PAN salga derrotado en el 2012.
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