El afán irrefrenable de privatización de las calles de ciudad Victoria y la hambruna de liquidez que padece el Ayuntamiento victorense presidido por Miguel González Salum, aprobó ampliar la concesión para la instalación de 800 nuevos parquímetros en las calles Morelos, Francisco I. Madero, Matamoros, Juárez, Zaragoza, mismos que triplicarán los ingresos de la empresa Victoria Meters.
La ampliación de este proyecto neoliberal recaudatorio no tuvo tampoco el aval de la sociedad victorense, se ha pretendido legitimar con las opiniones convenencieras de los directivos de la Canaco, Consejo Cívico de Ciudadanos e Instituciones Sociales (CCCIS) y otros adláteres, que desde luego no representan el interés de la colectividad.
González Salum y compañía consideran que con modificaciones al convenio establecido con la concesionaria, como la creación del comité ciudadano que vigile los ingresos, la reducción de las multas, el envió de un colaborador del alcalde que supervise el ingreso de dinero por concepto de cobros por estacionamiento y por multas, se satisface los requisitos legales y constitucionales del la concesión.
Habría que recordarles a los ediles que la concesión es un acto administrativo público unilateral por medio del cual el municipio llamado concedente, faculta a un particular llamado concesionario, para que administre y explote en su provecho por un tiempo determinado un servicio público con el fin de satisfacer un interés colectivo, mediante una ley preconcebida y un contrato formulado por el cabildo respecto obligaciones y derechos.
Por lo que el Ayuntamiento de Victoria, legal y constitucionalmente solo debe reservarse la atribución de vigilar el buen funcionamiento y operación eficiente del servicio público concesionado, pero no para delegarle a la concesionaria atribución de autoridad.
La concesionaria Victoria Meters es un particular que no debe ni puede tener el carácter de autoridad para imponer multas, ni mucho menos realizar actos privativos de desposesión e impedir la libertad de circulación al inmovilizar o retener vehículos.
De ahí que la empresa Victoria Meter avalada por el ayuntamiento, con su actuación al imponer sanciones e inmovilizar vehículos, estaría incurriendo en los delitos de usurpación de funciones públicas y privación de derechos y garantías constitucionales y si como lo pretenden ahora con la participación del Ayuntamiento incurría esta entidad en el delito de abuso de autoridad.
El resultado final de esta decisión es ampliar la molestia para los victorenses que deben pagar seis pesos la hora y multas a la concesionaria aunque reducidas por violar el tiempo, lo que conlleva previamente a la anticonstitucional inmovilización del automóvil por medio del artefacto conocido como “La Araña”.
Más allá de que las calles del centro de la ciudad dejaron de ser estacionamiento privado y de poder encontrar lugar para el estacionamiento, la ampliación de la concesión en los términos propuestos es ilegal e inconstitucional.
En definitiva el cabildo tiene en cualquier tiempo el derecho de reincorporar el servicio público de estacionómetros concesionados mediante la expropiación, conocida como municipalización o mediante la revocación si existen causas que las fundamenten, para evitar que particulares como Victoria Meters presuntamente propiedad de Salomón Rosas se vuelvan millonarios sin ningún beneficio para la colectividad victorense.
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