En la actualidad, la política, lejos de ser el principio organizador de los seres humanos en sociedad, aparece como una actividad secundaria, como una construcción artificiosa e incluso inadecuada para abordar con éxito los retos del mundo contemporáneo.
De acuerdo al modelo constitucional las instituciones del poder político en México, las constituyen la presidencia de la republica, congreso de la unión, gubernaturas de los estados, congresos locales, alcaldías y ayuntamientos, quienes determinan la tarea de la formación de la voluntad y decisión política.
En tanto a la administración pública de los tres órdenes de gobierno, se le atribuyen las tareas de ejecución o cumplimiento de esa voluntad.
El éxito político normalmente se asocia con una buena administración. Los niveles de desempeño de los gobiernos y de los congresos en los hechos constituyen un parámetro de evaluación de los ciudadanos a la hora de emitir su voto en los procesos electorales.
La administración Pública en la teoría y la práctica debe ser el ejecutor al servicio del poder político y el depósito de conocimientos técnicos. En la mayoría de las entidades federativas se carece de racionalidad en sus decisiones públicas porque sus aparatos administrativos así se han diseñado para ello.
De ahí, que cuando se conquista el poder político de del país, de un estado y un municipio surge la arraigada lógica del botín y la depredación, la de atrapar beneficios económicos, administrativos, laborales y canonjías para repartirlas entre los amigos, parientes y seguidores, originando como consecuencia el nepotismo, cuatachismo y corrupción.
Con un aparato administrativo improvisado, sin un coherente diseño organizacional, alejado de la visión de lo que debe ser la administración pública entendida como un conjunto orgánico o ente monolítico, el cual bajo la dirección del gobierno persiga el interés público o el de la comunidad.
Hemos supuesto que la simple democratización del sistema político, traería como consecuencia una modernización y una moralización del aparato administrativo. No existe país, comparado con México, que tenga una calidad institucional tan baja. Pocos son los cuerpos de administración pública que alcanzan niveles de desempeño razonables.
La expectativa del ciudadano medio de entrada, es que el sistema funcionará mal. Empezando por los responsables de la seguridad pública, pasando por “planeadores” de la obra pública, el crecimiento económico, el desempleo, el desarrollo social y combate a la pobreza entre otras asignaturas, por lo que la esperanza ciudadana permanece siempre a la baja.
En los estados y municipios del país se perciben las nominas infladas, la chambonearía, la improvisación, el patrimonialismo, ausencia de transparencia y rendición de cuentas, pudiéndose tomar como ejemplo casi cualquier rama de la administración pública de la federación, de cualquier estado y municipio.
La ausencia de un servicio civil de carrera, y el hecho de que el titular del poder ejecutivo en los tres niveles de gobierno designe y remueva a los funcionarios libremente, ha sido la traba para el cumplimiento de los objetivos de estado, prestación eficiente de servicios públicos, así como el manejo de conocimiento técnico y especializado, y desarrollo de la planeación gubernamental.
Donde queden delimitadas y conformadas las secretarias del despacho para desarrollar las cuatro funciones fundamentales: La función de mantenimiento de la estabilidad política y seguridad ciudadana; la función de promoción del crecimiento económico y el empleo; la función del desarrollo social y cultural y la función del control gubernamental de sus dependencias.
De ahí la necesidad de que la administración pública deberá ser realizada con secretarios del despacho que posean una amplia cuota inteligencia política, de capacidad técnica, de confianza y solidez ajenas al patrimonialismo y a la improvisación, basada en la competencia más que en la lealtad y la amistad.
En definitiva en las entidades federativas y sus municipios, donde prevalece la hegemonía de los intereses privados y los particularismos, les vendría de maravilla más rigor administrativo, transparencia y rendición de cuentas, con una mayor defensa del interés público a través de un proceso de racionalización administrativa, sin dejar de lado el ejercicio de la política.
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