Una de las aspiraciones de los productores agropecuarios, forestales y de pesca del sector social y privado de Tamaulipas es el establecimiento de una política de estado para el desarrollo rural, capaz de construir acuerdos, garantizar metas y programas en el largo plazo, creadora de seguridad, confianza y certidumbre.
¿Por qué traemos a colación lo anterior?
Porque la presentación de la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Tamaulipas, por parte del gobernador Egidio Torre Cantú ante el congreso estatal, constituye una oportunidad para la sociedad rural para participar a la formulación de una política pública de desarrollo rural a través de una ley.
Para tal efecto el Congreso del Estado esta convocando a productores y organizaciones de Tamaulipas, a reuniones regionales con el propósito analizar y enriquecer el contenido del proyecto de dicha legislación.
De ahí que es primordial la participación de los actores del campo en la creación de ese instrumento legal, para sentar las bases de la construcción de un futuro más justo y digno a los habitantes y productores del medio rural de la entidad.
Conviene señalar que el campo tamaulipeco se ha caracterizado por una heterogeneidad productiva, cierta polarización social, un crecimiento sectorial inferior a la tasa de crecimiento demográfico, con una pronunciada dispersión de la población y un marcado deterioro de los recursos naturales.
Así pues los cambios sucedidos en el ámbito rural han perjudicado sobre todo a la agricultura comercial tradicional y a la de subsistencia, mientras que han favorecido a la agricultura de exportación, concentrada en pocas manos.
Cabe subrayar que a dichas características habrá que sumar un arraigado minifundio, regiones en pobreza extrema y con niveles preocupantes de desnutrición.
En ese contexto el reto de Tamaulipas es adaptarse a la nueva realidad, para un mecanismo institucional que concilie la justicia social con la libertad individual y la organización social, en una economía de mercado abierta y altamente competitiva. El desarrollo rural ubica en el centro de la acción gubernamental a los productores y sus organizaciones sociales y económicas.
Del mismo modo el sector rural, requiere de una mano visible, que oriente su desarrollo hacia propósitos claros de justicia social. La llamada mano invisible de las fuerzas del mercado, soslaya este principio fundamental e irrenunciable.
Huelga decir que en ningún otro sector, como en el rural, prevalecen condiciones que hacen indispensable e inaplazable la planeación de su desarrollo económico y social. Se lastima la pobreza de sus habitantes, es inadmisible su atraso; el estado tiene una gran deuda con el campo, que urge empezar a saldar con toda decisión.
Por tanto el Estado, con el concurso de los diversos agentes organizados, debe impulsar un proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social.
En vista de ello se requiere de una ley que contemple los instrumentos para el desarrollo de los integrantes de la sociedad rural; donde destaque la importancia de la infraestructura básica generadora del bienestar; el manejo sustentable de los recursos naturales disponibles y los planes, programas y proyectos de los habitantes del campo, así como sus actividades productivas y empresas.
De igual manera debería inducirse a la diversificación de la actividad productiva en el campo, a la capacitación, a la asistencia técnica, al financiamiento, a la organización y a la utilización de modernas tecnologías que eleven la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población
Cabe señalar que los cambios no se construyen sólo con buenos propósitos, buena voluntad, buenas reuniones; se construyen, invirtiendo esfuerzos y recursos, se construyen asignando responsabilidades y cumpliendo con ellas; haciendo cada quien, lo que le corresponde hacer.
Está visto que Importar alimentos baratos es un criterio meramente económico. Apoyar al campo tamaulipeco en su desarrollo y producción es una acción de sensibilidad política y compromiso social. Por ello habrá que reconocer decisión de consultar a los agentes de la sociedad rural para analizar y enriquecer esta Iniciativa que exhibe la otra cara del Congreso del Estado la de la responsabilidad.
En definitiva la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Tamaulipas, debe contener los instrumentos que hagan de nuestro campo un activo para impulsar el desarrollo municipal y estatal, con una visión de largo plazo, debiendo tener, del Gobierno, respuesta en el cuidado y protección de los intereses de los productores.
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