miércoles, 11 de enero de 2012

CHAVIRA POLITICO PRESO.


Cumplimentada la orden de aprensión de Francisco Chavira Martínez precandidato a Senador del PRD y puesto a disposición de Santiago Espinoza Camacho juez Segundo Penal, se abstuvo de rendir su declaración preparatoria, acogiéndose al beneficio otorgado por el Artículo 20 Constitucional; solicitando la ampliación del término para ofrecer pruebas a su favor.

Con ello se dio inicio a la preparación del proceso penal para determinar la responsabilidad del político perredista por los delitos de privación ilegal de la libertad, robo de vehículo, robo con violencia, lesiones y los que resulten, que le fincó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), sin tener derecho a la libertad bajo fianza por tratarse de delitos graves.

Con este proceso penal, previo auto de formal prisión en su caso, el precandidato del PDR posiblemente se vea impedido para participar el proceso interno partidista para alcanzar la candidatura para senador de la república por Tamaulipas.

Una observación importante en el caso de Chavira Martínez, no aparece el Estado como agraviado, sino militantes perredistas como es el caso de Felipe Durán, Gustavo Almansa Arenas, Ricardo Santos y Rubén Velásquez quienes fueron objeto de la conducta antisocial del político perredista, mismos que interpusieron la denuncia penal desde hace tres años sin habérseles procurado justicia.

En esas circunstancias al grupo de allegados al precandidato del PRD le resultan políticamente más útiles los plantones de protesta frente a Palacio de Gobierno para exigir la liberación del detenido, que la defensa jurídica del mismo ante los tribunales.

En efecto con pancartas y mantas con leyenda alusivas a la represión a políticos de la oposición, a la corrupción, a la dimisión del ejecutivo estatal que colgaron a lo largo y ancho del edificio del poder ejecutivo en Ciudad Victoria, cuyos seguidores adelantaron que permanecerán ahí el tiempo que sea necesario en tanto Chavira siga como preso político en el penal de esta capital.

Ahora bien en el caso Chavira habría que distinguir si se trata de un político preso o preso político.

Un preso político o prisionero político es cualquier persona física a la que se mantenga en la cárcel o detenido, porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido.

Un político preso o político en prisión es la persona privad de su libertad no por sus ideas políticas sino por la realización de actos u omisiones calificadas como delitos sancionados por la ley penal.

En el presente caso Francisco Chavira Martínez esta privado de su libertad pero no por sus ideas políticas, ni por disentir o críticas al gobierno del estado, que amenacen al sistema político estatal, sino por la probable comisión de los delitos del orden común como privación ilegal de la libertad, robo de vehículo, robo con violencia, lesiones y los que resulten.

Por tanto la historia no puede ser borrada con palabras ni plantones Porque de la averiguación se desprenden pruebas, testimonios y evidencias, de los presuntos delitos que cometió Francisco Martínez Chavira que hoy se hace llamar preso de conciencia.

Por otro lado si las indagaciones practicadas por gente del procurador Bolívar Hernández Garza en la averiguación previa penal, no estén debidamente sustentadas y se encuentran prendidas con alfileres, las imputaciones a Martínez Chavira corren el riesgo de no ser comprobadas, mediante un juicio de amparo, como siempre sucede, podrían, caerse como castillo de naipes en los tribunales.

Surge la pregunta obligada ¿Entonces con qué cara viene a mostrarse como víctima Chavira Martínez?: Como una persona sujeta a juicio penal, no por su disidencia política, sino por sus acciones delictivas, penadas en cualquier entidad federativa de la republica.

En definitiva la campaña opositora de los perredistas allegados a Francisco Chavira por la “Libertad a presos políticos”, no es más que una vieja práctica y una nueva forma de victimizar a los delincuentes proveniente la derecha e izquierda tamaulipeca, quienes han incurrido en graves delitos y son pintados ante la comunidad estatal como perseguidos y apresados por el Gobierno de Tamaulipas.
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