La falta de transparencia, la velocidad del crecimiento exponencial de la deuda pública y pasivos que tienen las entidades federativas y municipios de México, en el corto plazo puede convertirse en un problema macroeconómico grave para el país, debido a que muchas de ellas ya se encuentran fuera de control.
Como podrá observarse los gobiernos estatales y municipales del país enfrentan actualmente una grave y compleja situación económica y financiera, por la reducción de las participaciones federales a causa de los bajos índice de recaudación fiscal y la nula generación de ingresos propios, aunado al despilfarro y presunta corrupción cobijada por la impúdica opacidad de las cuentas públicas.
De ahí que el menor crecimiento económico y la reducción en la recaudación tributaria afectarán directamente el monto de las participaciones.
De tal suerte que la llamada deuda subnacional constituye en los hechos una silenciosa bomba de tiempo, que de explotar, llevaría a todo el país a una severa crisis económica que repercutiría negativamente en el bienestar de la sociedad mexicana.
He aquí que en términos económicos los gobiernos locales y municipales Técnicamente están administrativa, política y tributariamente quebrados.
Al efecto de acuerdo con la SHCP hasta el primer trimestre de 2011, el saldo de las obligaciones financieras de las entidades federativas ascendía a 315 mil millones de pesos de deuda registrada, un 12% corresponde a municipios, donde también hay deuda encubierta, no registrada o no está expuesta para el público o para sus propios Congresos.
La deuda pública de los estados de la republica ha crecido de 2008 a 2011 del 1.5 al 2.5% del PIB. En contrapartida, los estados no han conseguido el equilibrio entre ingreso propio y gasto ni han respondido a la exigencia de transparencia y rendición de cuentas que debería ser concordante con su responsabilidad.
El endeudamiento de las entidades federativas creció el 172% en términos reales del año 2000 al 2010. Datos previos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMNCO) indicaban que tan solo de 2005 a 2008 el endeudamiento de Chihuahua se incremento el 709 %, el de Tamaulipas 427%, Nayarit 407%, y Coahuila el 248%.
Tanto Hacienda como el IMCO y la CNBV señalaron una preocupación constante en la contratación de deuda es la opacidad con que se manejan los recursos públicos estatales. Así mismo han corroborado que los estados han ocultado información, ya que se detecto una diferencia de 50 mil millones de pesos entre lo que reportan a hacienda y su deuda real.
El endeudamiento es consecuencia de una dinámica donde los estados y municipios cada vez gastan más, desvían recursos, disminuyen sus fuentes de ingresos, cada vez recaudando menos, situación difícil de sostener en el largo plazo, ya que se trata de un problema estructural que no puede ser resuelto con un mero incremento en los recursos federales que reciben.
Por tanto el endeudamiento estatal del país debe tener un tope en relación con los ingresos realmente previstos, y con los réditos de las inversiones que se realizan con él. Además, por tratarse de deuda pública, debe estar sometida a controles de transparencia y rendición de cuentas.
Razón por la cual deben de responder aquellos gobernadores y alcaldes de todos los partidos que contrataron deuda a ritmos desproporcionados, algunos a última hora antes de concluir su encargo y otros que coincidieron con los tiempos político electorales y unos más que se salieron de control sin explicar razones amparando su silencio en las soberanías estatales.
En efecto los gobernadores del PRI, PAN Y PRD, disfrutan del privilegio de arrancar a la federación cada vez más recursos sin equilibrar su propia hacienda. Hasta formaron un cuerpo especializado para ello: la Conago. A cambio, no han incrementado sus ingresos propios ni han transparentado y hecho exigible su gasto.
La federación aún carece de “dientes” para obligar a los gobiernos estatales a presentar sus cuentas adecuadamente y sin trucos, como lo ha reiterado una y otra vez la Auditoría Superior de la Federación. Internamente los estados carecen de presión por la inexistencia de un auténtico contrapeso de parte de los congresos y poderes judiciales locales.
Regresando al tema de las participaciones federales es pertinente y necesario revisar dicho esquema, pero siempre con la idea de discutir sin intenciones electorales y con la visión de que el país no se quede sin recursos por una deuda irresponsable que paralice la administración pública y cancele el desarrollo de México.
En definitiva el Congreso de la Unión, deberá reformar la constitución para limitar el endeudamiento de estados y municipios, obligándolos a incrementar el porcentaje de ingresos propios, exigiendo una real transparencia en sus finanzas, para evitar la quiebra de entidades federativas y municipales, mismas que tendrían que ser rescatadas por la Federación con dinero de los contribuyentes.
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